MADRID.- Definitivamente,
arranca el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que
están en quiebra. Seis años después de que se produjera el mayor
fiasco de la construcción de las grandes vías españolas que trajo el
boom, el Gobierno se hará cargo provisionalmente de las mismas hasta
una próxima licitación. Un final infeliz para el Estado, los
contribuyentes y hasta para las empresas afectadas, a juicio de www.capitalmadrid.com.
El
desplome de los tráficos por la crisis y los sobrecostes de las
expropiaciones de los terrenos para su construcción han sido la causa
real de las insolvencias. Demasiadas vías de pago para un país con
muchos trabajadores en las listas del paro.
El Estado ha reconocido que deberá abonar unos 2.000 millones de
euros en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración
(RPA), una cifra que no aceptan los fondos que compraron gran parte la
deuda a los bancos acreedores, pues estiman que supera los 4.000
millones de euros. El gran dilema por resolver sigue siendo este desfase
entre las partes. Las constructoras insisten en que la inversión
inicial fue mucho más elevada.
En el plan de estabilidad que el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió el
pasado otoño a Bruselas reconoce una cifra de 2.000 millones que tendrá
que compensar a las partes afectadas. El Ministerio de Fomento espera
recuperar unos 1.000 millones de euros con la posterior cesión a
empresas privadas, con lo que el impacto en las cuentas públicas, es
decir en el déficit, alcanzaría los 1.000 millones de euros.
Baile de cifras
Desde el estallido de la amenaza de quiebra, la compensación
económica que, primero, reclamaban los bancos, y ahora los fondos de
inversión adquirientes de dicha deuda, ha sido y es el gran caballo de
batalla. En los dos últimos años, se ha producido un baile de cifras que
van, desde los 2.200 millones que ha fijado la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los 3.500 millones que estima el
Tribunal de Cuentas y la cifra de 5.500 millones que considera la
patronal de la construcción Seopan.
Al margen de la cifra que el Estado
reconoce, el Ejecutivo deberá añadir otros 550 millones de euros en
concepto de préstamos participativos, que se concedieron para construir
las citadas vías y que la Administración Central no cobrará.
La primera de las autopistas que será asumida por el Ministerio de
Fomento el 21 de febrero será la R-4 Madrid-Ocaña que está participada
por Ferrovial, Sacyr y Liberbank. El tramo de la AP-7 Cartagena-Vera y
la Circunvalación de Alicante pasaran al Estado el próximo 1 de abril.
El resto de las autopistas quebradas -las radiales R-3 Madrid-Arganda y
R-5 Madrid-Navalcarnero, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid
Aeropuerto de Barajas y la AP-36 Ocaña-La Roda- serán asumidas en el
primer semestre.
El Ministerio de Fomento prevé asumir en los próximos meses el resto
de las autopistas en quiebra, aunque la fecha dependerá de los juzgados
que han acordado la liquidación y de los administradores concursales.
Respecto a la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo no ha anulado todavía el
contrato al no haberse alcanzado la fase de liquidación en el proceso
de concurso de acreedores.
Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo
rescinde el contrato están participadas por constructoras como
Ferrovial, ACS, Sacyr y OHL, además por las concesionarias Abertis y
Golbalvía y diversos fondos de inversión que compraron su deuda a bancos
acreedores.
Seis meses para pagar la RPA
El Ministerio de Fomento dispone de un tiempo de seis meses para
pagar a las concesionarias la Responsabilidad Patrimonial de la
Administración a partir de la fecha en que se resuelven los contratos y
el Departamento se queda con las autopistas.
Con este “rescate”, el Estado garantiza que las autopistas sigan
abiertas tras la quiebra, mientras se resuelve también la cesión de su
posterior explotación a empresas, mediante concurso público que se
lanzará en los próximos meses. La Sociedad Estatal de Infraestructuras
Terrestres (Seittsa) asumirá el 100% de las obligaciones de
conservación, explotación y licitación de las nueve autopistas que
saldrán a concurso.
El Ejecutivo quiere que las nueve autopistas vuelvan a manos privadas
antes que concluya 2018. En un principio, la relicitación de cada una
de ellas se hará por separado pero la intención del ministro Íñigo de la
Serna es colocarlas en paquetes para que la venta sea más atractiva.
Fomento estima que el conjunto de carreteras generen en 2018 un
beneficio neto de 34,4 millones de euros, una cifra que no llega para
cubrir el coste que el Estado deberá asumir en concepto de
Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Los ingresos
previstos para este año ascienden a 103,7 millones de los que 93,5
millones corresponden a peajes y 10,2 millones a ingresos de explotación
de las áreas de servicio.
Una de las concesionarias que ha anunciado que espera acudir a la
licitación es Abertis. “Habrá que revisar el pliego de condiciones, pero
es una inversión que no descartamos en la empresa”, declaró el director
general, José Aljaro, en la presentación de los resultados de la
compañía. Otros fondos de inversión como Ardian han mostrado también
interés en participar.
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