Están teniendo que contrarrestar la inquietud de los inversores y
muestran su enfado por los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades.
Los gestores de fondos españoles de private equity han
tenido que dar muchas explicaciones este año a sus inversores
internacionales, pero no tanto por la crisis política en Cataluña como
por culpa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El
decreto ley aprobado en septiembre de 2016 que recogía iniciativas
dirigidas a reducir el déficit público ha acabado convirtiéndose en el
peor de los quebraderos de cabeza de esta industria, donde el enfado
ante la falta de soluciones no para de crecer. «Esta situación es una
auténtica vergüenza», se queja el responsable de una de las principales
gestoras de capital riesgo. «Es un sinsentido», constata otro
profesional del sector.
Entre las medidas tributarias que
incorporó aquella norma se incluían los pagos a cuenta del impuesto de
sociedades. Se imponía a las empresas con una cifra de negocio superior a
10 millones de euros (en el ejercicio anterior) el abono de un importe
mínimo equivalente al 23% del resultado positivo de su cuenta de
pérdidas y ganancias como anticipo de dicho tributo (correspondiente al
año en curso).
Quedaron fuera de esta obligación las instituciones de
inversión colectiva (IIC) y las socimis (sociedades cotizadas anónimas
de inversión en el mercado inmobiliario), pero no las entidades de
capital riesgo (ECR), que gracias a su régimen fiscal específico
disfrutan de una exención casi total en el impuesto de sociedades.
Según
explicaron entonces representantes del Gobierno a los responsables de
la patronal del sector, Ascri, la no inclusión del capital riesgo entre
los excluidos del pago a cuenta de Sociedades fue «una incidencia
regulatoria». Se comprometieron a ponerle remedio lo antes posible y a
devolver los abonos.
Sin embargo, ya han pasado 18 meses y nada ha
cambiado. Mientras, la disposición sigue agitando a los inversores,
sobre todo a los internacionales, que aportan recursos a los fondos
españoles para realizar sus adquisiciones. «Nos hacen dos preguntas:
cuándo van a corregir el error las autoridades y si es posible que haya
otras modificaciones de este tipo», admite un directivo.
Las
entidades de capital riesgo se dedican a comprar empresas, tratar de
revalorizarlas y vender las participaciones tomadas al cabo de los años.
Si todo va bien, en el momento de la desinversión estos fondos obtienen
unas plusvalías que derivan a sus inversores en buena medida
(descontando las comisiones acordadas de antemano).
La aplicación del
decreto ley de 2016 está afectando precisamente en este punto. Ahora las
gestoras deben retribuir a sus partícipes y también han de destinar una
parte de los beneficios obtenidos a los pagos a cuenta de Sociedades,
pese a estar exentas en la liquidación definitiva del impuesto.
Algunos
fondos han optado por pedir créditos para poder cumplir con Hacienda
sin que sus inversores se vean afectados, señalan en la industria.
Otros, por el contrario, no han tenido más remedio que trasladar la
situación a sus partícipes. En cualquiera de los dos casos, no obstante,
se han despertado las dudas de los aportantes de recursos.
Solución
Las
entidades que han salido a recaudar en estos meses se han visto
particularmente afectadas. «Con lo que nos ha costado atraer a
inversores internacionales a nuestros fondos, ahora viene Montoro a
estropear las cosas», se lamenta el fundador de una de las primeras
gestoras del país.
«Esto nos ha hecho más daño que Cataluña», indica
otro directivo de la industria. «Se ha tenido que afrontar más inquietud
por esta medida que por la crisis catalana, que para la mayoría de los
inversores resulta casi anecdótica», añade un asesor experto en
constituir y levantar vehículos de private equity.
Además
de las dudas que se plantean sobre la seguridad jurídica que ofrece el
país, la persistencia de este problema abre una vía a la deslocalización
de los fondos. «Las gestoras que estén pensando en iniciar el proceso
de fundraising podrían optar por constituir sus vehículos en Luxemburgo
para neutralizar las vacilaciones de sus potenciales inversores»,
apuntan desde el sector.
La última promesa que los
responsables políticos trasladaron a Ascri es que el conflicto se
solucionaría a través de la ley de Presupuestos Generales. Pero el
bloqueo en el que parecen haber entrado las negociaciones para aprobar
las cuentas del Estado augura un desenlace incierto por este cauce y
está obligando a la patronal a tratar de hacer valer otras alternativas,
aunque ninguna con visos de producir un efecto inmediato.
Entre
tanto, las gestoras todavía no han percibido ni un euro en concepto de
devolución, aseguran en la industria. Cuando eso suceda, el problema
dejará de ser sectorial para implicar a todos los españoles porque esos
reintegros han de efectuarse con intereses de demora.
(*) Periodista
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