MADRID.- España ha perdido su segundo arbitraje internacional por el recorte
de las primas a las energías renovables, el cual le condena a pagar otra
millonaria indemnización a una compañía extranjera que invirtió en base
a una rentabilidad que luego se vio frustrada por el cambio normativo y
con carácter retroactivo aprobado por el Gobierno central en 2013.
En
este caso, el laudo procede del Instituto de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Estocolmo (Suecia), y obliga a España a pagar 53 millones de
euros a una sociedad con sede en Luxemburgo, según un comunicado de la
Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).
La
compañía denunciante es Novenergía, un inversor institucional con
domicilio en Luxemburgo que posee siete instalaciones en Castilla-La
Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña
Este laudo se suma al que dictó en mayo pasado el Centro
Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi),
que multó a España con 128 millones de euros.
El Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital estudia la respuesta al laudo de la
Cámara de Comercio de Estocolmo, ya que cabe recurso por la vía
judicial, aunque aún no ha tomado una decisión, según fuentes de ese
departamento.
Los inversores extranjeros reclaman a España al
menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de
arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los
recortes en las primas a las energías renovables.
Anpier señaló
que «el escenario es desolador, puesto que estos son tan solo los dos
primeros laudos de una treintena que faltan por resolver».
A
juicio de la asociación de productores de energía fotovoltaica que
preside el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, «la reforma que elaboró
el ministro Soria miró para otro lado a la hora de acabar con los
motivos de los precios altos de la energía, y trató de minorar donde no
correspondía, lo que ha resultado contraproducente para el desarrollo de
un mix energético más eficiente y barato para el ciudadano».
A
ello habría que añadir, recalca Martínez-Aroca, «las multimillonarias
indemnizaciones a los inversores extranjeros, los gastos millonarios en
abogados contratados para que defiendan un marco regulatorio legalmente
insostenible, el difícilmente cuantificable daño a la credibilidad de
seguridad jurídica en las inversiones realizadas en los sectores
regulados españoles, y, lo que es más grave, la condena a la ruina de
62.000 familias españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus
bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España
solicitado por el propio Estado».
El presidente de Anpier subraya
que el quebranto sufrido por estas 62.000 familias «es insoportable,
tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que, por
una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes
inversores internacionales y abandone a sus nacionales».
Anpier
recuerda que los productores fotovoltaicos han soportado recortes de
hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que
la banca sí les exige el pago íntegro de la financiación.
Por ello
reclama a Mariano Rajoy «que escuche al sector y trate de articular una
solución consensuada, que sea definitiva y restaure el daño causado a
los inversores, especialmente a las decenas de miles de familias
españolas fotovoltaicas que sufren un sistema profundamente injusto», y
que no pueden recurrir, como las compañías extranjeras, al arbitraje
internacional.
El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto esta
desigualdad, ya que, «el cambio retributivo de la energía fotovoltaica
únicamente comportaría un sacrificio singular sobre los inversores
españoles, al no tener a su alcance los medios que el Tratado de la
Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros y, en
particular, del recurso al arbitraje internacional».
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