No valen las excusas que pretenden hacer pasar como explicaciones
los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista para
que no comparezca ante la comisión de investigación de la crisis
financiera en el Congreso de los Diputados el expresidente de
Banca Mare Nostrum y con anterioridad de Caja Murcia.
Lo
hacen contra el criterio de Ciudadanos que ha pedido su comparecencia
para que Carlos Egea Krauel explique lo que ha sucedido en una entidad
significativa en la crisis y sobre la que los expertos del FMI hicieron
sus salvedades.
El portavoz socialista en la comisión, Pedro Saura, fue consejero de
Caja Murcia y el ministro de Economía, Luis de Guindos, presidente de la
comisión de auditoría. No tiene justificación que Egea no acuda. Como
deberían comparecer otros muchos presidentes de cajas intervenidas, las
gallegas por ejemplo, que han aludido razones de edad para no hacerlo.
Hoy nos centraremos en el caso BMN. Ha recibido como mínimo 1.747
millones de euros de ayudas públicas. Tras constituirse en diciembre del
2010, tras inscribirse en el registro oficial de entidades del Banco de
España, Recibió 915 millones de euros por parte del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mediante el compromiso de
suscripción de participaciones preferentes convertibles.
La petición de que comparezca Carlos Egea, es sencilla, para que
explique lo que pasó y por qué las ayudas públicas no se han devuelto.
La incorporación a Bankia ha provocado que la entidad que la ha
absorbido haya registrado una caída del beneficio del 37 % respecto de
los resultados del 16. No está claro que BMN fuera tan buen negocio para
Bankia.
La operación exige más análisis de los expertos que todavía no se han
hecho, pero el Parlamento no puede obviar este caso. Porque hubo más
ayudas.
En noviembre de 2012, debido a los problemas de tesorería y de deuda
que estaban afectando a la entidad, hasta el punto que llegó a dudarse
de su viabilidad, aceleró el proceso de venta de activos que no formaban
parte del negocio central.
Poco tiempo después el Banco Sabadell que venía negociando la compra
de Caixa Penedès, una de las cuatro entidades fundadoras de BMN, se hizo
con ella, comprando así el negocio de BMN en Cataluña y Aragón, que
operaba con la marca BMN-Caixa Penedès.
Unas semanas más tarde, el 20 de diciembre de ese mismo año, Bruselas
aprobó el plan de reestructuración para BMN.
Para que pudiera cumplirlo
recibió una inyección de capital público de 730 millones de euros.
Sumados a los 915 millones del FROB suman 1.747 millones de ayudas
recibidas. Bruselas impuso en aquella ocasión que en el 2017 la entidad
debería haber reducido su tamaño en un 40% con respecto a lo que era en
2010.
La Comisión también fijó el plazo para que para esa fecha tenía que
estar privatizada y cotizando en Bolsa. Nunca pudo lograr este objetivo.
El capital privado no encontró suficiente atractivo en el grupo BMN. Y
tras muchos rumores finalmente tuvo que ser absorbida por Bankia ante la
imposibilidad de colocarla en el mercado.
No han sido los últimos años buenos momentos para las colocaciones.
Pero con todo lo que ha sucedido en este Sistema Institucional de
Protección (SIP) del negocio financiero de estas cuatro cajas de
ahorros, conocido como BMN, que no ha podido devolver las ayudas
recibidas, no tiene sentido que sus responsables no comparezcan ante la
comisión de investigación, que justamente investiga la crisis de las Cajas.
Sería muy saludable que explique cómo el programa de ajuste propuesto
a los sindicatos supone la rescisión de 2.510 empleados de ambas
plantillas con la reducción de 1.118 profesionales de la red de
oficinas, 817 de servicios centrales, 200 afectados por el proceso de
digitalización más 375 en excedencia y cedidos a otras entidades.
Sin olvidar el contrato como nuevo consejero ejecutivo de Bankia que
está dotado con 500.000 euros fijos y 300.000 variables en el
cumplimiento de objetivos. Sería una triste ironía que los cobrara por
cumplir con los objetivos de recorte de personal.
(*) Periodista
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