Justo a la misma hora que el vicepresident Oriol Junqueras comparecía
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pidiendo una revisión de
la prisión provisional sin fianza ordenada por el juez Pablo Llarena, la
cadena Ser divulgaba unas imágenes de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina y tres de sus hijos de vacaciones en Roma, saliendo de una conocida pizzería del Campo dei Fiori.
No es este el espacio para analizar la pena de seis años y tres meses
de prisión impuestos por la Audiencia de Palma el pasado mes de febrero
al cuñado del rey Felipe VI por sus contratos con los gobiernos de
Balears y del País Valencià. Ni tampoco para recordar una sentencia que
ya fue polémica en su momento.
Pero sí para destacar el escandaloso contraste que
supone la libertad de Urdangarin, su capacidad de movimiento al no tener
retirado el pasaporte y la lentitud del Tribunal Supremo para fijar la
vista por el recurso presentado para evitar el ingreso en prisión.
Y
frente a ello, Junqueras, Forn y los Jordis en prisión provisional en
Estremera y Soto del Real y el president Puigdemont y cuatro consellers exiliados en Bruselas ya que pesa sobre ellos una orden de detención en España.
En el caso de Urdangarin estamos hablando de un caso juzgado y
fallado por la Audiencia de Palma. En el caso de los miembros del Govern
disuelto por Rajoy, una muy polémica decisión primero de la Audiencia
Nacional y después del Tribunal Supremo.
Tan discutible que incluso una
figura tan venerable en el ámbito de la judicatura, el magistrado
emérito del TS José Antonio Martín Pallín ha declarado que las querellas
están forzadas y que no se dan los delitos de rebelión, sedición y
malversación.
Y que todo ello suceda mientras se delibera sobre la libertad o no de
Junqueras por parte de la Sala Penal del TS no deja de ser una metáfora
de lo que sucede y no debería suceder nunca en un Estado que se
presenta ante el mundo con una clara separación de poderes.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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