MADRID.- La dimisión de Arturo Canalda
como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid por su imputación en
el caso Lezo pone ahora el foco sobre Juan Bravo, actual presidente de
Adif, que también ha sido llamado por el juez a declarar en calidad de
investigado por su relación con la compra de la sociedad en América
Latina Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, publica elEconomista.
Bravo es de los
pocos exconsejeros del Canal imputados el miércoles que todavía ostenta
un cargo público por lo que todas las miradas están puestas sobre él y
su jefe, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
De momento, lo único
que se sabe es que el ministro tiene previsto reunirse con el a su
"regreso a Madrid", tal y como aseguró en la mañana del jueves en
declaración a los medios de comunicación tras un acto en Burgos.
Ni
desde Adif, ni desde Fomento han confirmado a este diario la fecha
concreta del encuentro. En este punto, desde el gestor ferroviario
aseguran que la imputación "no les afecto como empresa" puesto que es
"algo personal del presidente que ocurrió mucho antes de su llegada a la
compañía".
Las
primeras presiones públicas para que dimita Bravo están llegando desde
PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. No en vano, el acuerdo de investidura
firmado por el partido de Albert Rivera y el PP el año pasado para
permitir que Mariano Rajoy fuera nombrado presidente incluye un
compromiso para "separar inmediatamente a los cargos públicos que hayan
sido imputados formalmente por delitos de corrupción".
Así, Ignacio
Aguado, portavoz del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, señaló
que la dimisión de Canalda no debería ser considerara "algo
extraordinario" y que "no debe ser la única dimisión" ya que "también
debería hacerlo Juan Bravo".
En este punto, aseguró que si no dimite "se
lo debería exigir el Gobierno de España".
En esta línea, el portavoz de
Fomento del Grupo Socialista, César Ramos, pidió también este jueves la
salida del presidente de Adif. Ramos considera que Bravo debe dejar
Adif, ya que un ente público "no puede estar presidido por alguien de
quien el juez tiene indicios de que ha participado en una operación
fraudulenta".
"Si Bravo no quiere dimitir, deberá ser el ministro de
Fomento quien le cese de sus responsabilidades", añadió Ramos.
Unidos Podemos se ha sumado a las
reclamaciones de PSOE y Ciudadanos y ha dado un paso más allá
registrando en el Congreso una solicitud de comparecencia dirigida al
ministro de Fomento con el fin de que explique si va a cesar al
presidente de Adif.
Bravo, que era consejero de
Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de Madrid cuando
aprobó la compra de la colombiana Innasa, era muy cercano a Alberto Ruiz
Gallardón.
Otro de los imputados con una estrecha relación con el
exministro de Justicia es Pedro Calvo, concejal de Ayuntamiento de
Madrid hasta 2015. Calvo dimitió de sus cargos como delegado de Economía
y Empleo y como portavoz del grupo municipal en 2002 tras ser imputado
en el caso Madrid Arena aunque no dejó su acta hasta 2015. Hoy trabaja
en un bufete privado. Entre los imputados también destaca Francisco Díaz
Latorre, actual director general de la Federación Española de
Municipios de España (FEMP).
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