Señor: Ignoro quién está detrás de unas siglas, en este caso el IMAS (Instituto Murciano de Acción Social), pero la muerte de Miriam Pérez García, a sus 29 años y con un grado de discapacidad del 91%,
te hace reflexionar sobre cómo funciona la Administración, y no solo la
murciana, sino todas, en temas tan sensibles (que no sensibleros) como
este.
A Miriam el IMAS no solo le había retirado la pensión por discapacidad, sino que ha exigido a la familia que devuelva 11.798,75 € en el plazo de un mes.
La Ley, señor responsable de tal decisión, debe estar discutiblemente
de su parte, pero la razón, el sentido común, lo que todos vemos, desde
luego juega en su contra.
Tienen que devolver esa cantidad y le quitaron
la pensión cuando aún vivía Miriam porque los ingresos familiares pasaban 500 euros
del máximo anual que el Gobierno murciano exige para conceder esa
pensión (39.917,15 euros anuales). No voy a entrar a juzgar si es mucho o
poco. Soy consciente de que muchas familias sin ningún discapacitado
desgraciadamente viven con menos y no reciben ayudas.
El problema son
las formas, la distinción absolutamente injusta entre las comunidades para recibir las ayudas y lo más discutible: la devolución a la que el IMAS obliga a la familia.
Seguramente usted no sabe lo que es convivir desde el nacimiento y
durante 29 años con una discapacidad del 91% originada, además, por un fallo médico.
Pero le puedo asegurar que cuesta muchísimo más de lo que las
administraciones dan.
Había un dicho en este país cruel antes de que
fuera políticamente correcto que afirmaba: "Es más caro que tener un
hijo tonto". Y los que tenemos un hijo o una hija ‘tontos’ sabemos
cuánta verdad contiene ese dicho brutal. Cuesta mucho dinero, mucho dolor, mucha incomprensión, mucha soledad, y eso no se paga.
Cuesta tenerlos en casa, cuidarlos, dedicarse a ellos 24 horas al día,
y eso no se paga. Cuesta batallar con un sistema sanitario injusto,
porque dependiendo de que Miriam fuera de una Comunidad u otra, no
hubiera tenido ese problema. Cuesta, en resumen, infinitamente más que
firmar una carta retirando la pensión y exigiendo una devolución de nada
menos que casi 12.000 euros.
Y le insisto, señor: claro que sé que hay familias con menos ingresos
que no reciben ninguna ayuda. ¿Justifica esto su decisión? Desde mi
punto de vista, desde luego que no. Poner una injusticia para tapar otra no parece el mejor camino.
Andrés Aberasturi
Periodista
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