Tiene toda la
razón el sindicato UGT en alertar que los planes de pensiones
suponen un fiasco para los ahorradores y son solo un negocio para
las entidades financieras. Además, no resuelven el importante
problema que afronta la sociedad española con el envejecimiento
exponencial de su población.
Este
año debe ser clave para encauzar el modelo que aporte estabilidad al
futuro de las pensiones y transmita tranquilidad a los más de 9 millones
de pensionistas existentes en España. Para hacernos una idea de la
magnitud de lo que estamos hablando, cabe recordar, que para los
Presupuestos Generales del Estado pagar las pensiones supone ya el
40,7%. Cuatro de cada diez euros que gasta el Estado va destinado a las
pagas a jubilados y demás personas que perciben este tipo de
prestaciones.
El Ejecutivo no tiene más remedio que afrontar este año el asunto y
más teniendo en cuenta que durante este ejercicio se va a acabar el
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las
pensiones. Un sistema que en su día creó el ministro de Hacienda
Cristóbal Montoro, el mismo que ve mes a mes como se acaba.
La comisión del Pacto de Toledo tiene que emitir su informe lo más
rápidamente posible, por lo que afecta al lado público de las pensiones.
Pero también hay una parte privada muy importante, por lo que se hace y
por lo que se deja de hacer.
Así, desde el lado privado de los planes de pensiones, como acaba de
reiterar el sindicato socialista, es urgente que el Gobierno se
replantee la ineficacia de las medidas adoptadas recientemente por el
ministro de Economía, Luis de Guindos.
La asociación de las gestoras de los planes de pensiones, Inverco,
alertó tras el anuncio del ministerio de Economía de la reforma de los
planes el pasado mes de noviembre de que en el proyecto del Ejecutivo
quedan muchos flancos por resolver.
Reiteraba la asociación que para que se desarrollen los planes en
España, que están mucho menos desarrollados que en los países de nuestro
entorno, deberían explicar con detalle a los empleados primero, entre
otras medidas, cuál será en el futuro la pensión que cobrarán cuando se
jubilen, para que sean consciente de la reducción de los ingresos que se
va a producir.
Por otra parte, deberían restablecer las ventajas fiscales que tenían
antes de 2006 y acabar con el maltrato al que se somete en la
actualidad a estos productos y explicarles que la última reforma tendrá
efectos importantes del cálculo desde el próximo año.
Ni que decir tiene que, así como se ha emprendido una campaña de
formación financiera por parte de la Asociación Española de Banca, AEB,
habría que hacer algo similar con los productos destinados a los planes
de pensiones.
En términos generales se ha transmitido la idea de que, a partir de
las modificaciones introducidas por Economía, se rebajan las comisiones y
los planes se pueden rescatar prácticamente al momento.
No es así si entramos en detalles, como advierte UGT al pedir que se
informe adecuadamente a los partícipes. La reforma anunciada por
Economía, en términos generales, consiste en permitir rescatar el dinero
a los 10 años sin ninguna limitación y en una rebaja de las comisiones
máximas que se pueden cobrar. Ambas premisas tienen mucha letra pequeña.
La reducción de las comisiones no se dará en todos los productos,
pues solo afectará a los de renta fija y renta fija mixta. En cambio,
podrán seguir cobrando la comisión máxima del 1,5% los de renta variable
y los garantizados. Estos últimos presentan la paradoja que son los que
menos costes tienen.
De ahí que los expertos de UGT adviertan de que, junto al fiasco para
los ahorradores, es un negocio para las entidades financieras. En el
caso de los fondos garantizados -los que menos coste tienen- seguirán
pudiendo cobrar el máximo de coste de gestión, con lo que priman su
comercialización dado que son los más rentables para ellos.
También el Ejecutivo deberá ejercer una labor de asesoramiento a los
españoles para orientarles de cara a la mejor elección de su plan. Como
recogía un reciente estudio del IESE sobre la realidad de los fondos, de
los 335 planes de capitalización individual comercializados en los 15
últimos años, 278, es decir el 83 %, han tenido pérdida de poder
adquisitivo. No han llegado al 37,6% que ha subido la inflación en ese
mismo período de tiempo. ¿Urge o no urge una reforma de los planes de
pensiones?
(*) Periodista
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