MADRID.- El control ejercido por el
Ministerio de Hacienda sobre las finanzas autonómicas y locales
funciona. Tras una década de problemas y controles, las administraciones
territoriales españolas se preparan para cerrar 2017 con un superávit
presupuestario de entre 1 y 500 millones, escenario olvidado desde antes
de la crisis económica, según elEconomista.
El
saldo positivo parece garantizado por la mejora de las autonomías, que
apuntan a un desvío inferior al 0,6% que en su día pactaron con
Hacienda; y a la magnífica evolución de las Corporaciones Locales, cuyo
saldo positivo puede ser este año más elevado que el de los últimos
cinco ejercicios y superar, por tanto, el 0,6% previsto hasta ahora.
Según los datos facilitados por
el Gobierno en el plan presupuestario remitido hace un mes a Bruselas,
el saldo de los territorios españoles se situará, en términos de
porcentaje, en el 0 por ciento, esto es, el equilibrio. Sin embargo, ni
el Ejecutivo espera que el déficit autonómico exceda este año los 6.500
millones de euros; ni es previsible que el superávit local caiga por
debajo de los 7.000 millones que ya logró el año pasado. De esa manera,
ese primer superávit territorial será modesto, pero cobrará especial
relevancia al comprobar la evolución histórica.
En el año 2010, cuando estalló la
crisis de deuda y gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero,
autonomías y municipios acumulaban un desvío conjunto superior a los
42.000 millones de euros. Todo ello además poco después de que entrara
en vigor la última reforma de la financiación, que en principio iba a
ser aprobada para mejorar la posición financiera de los territorios pero
que por sorpresa se topó de frente con una crisis económica mucho más
severa de lo que era previsible.
El cambio desde entonces ha sido
vertiginoso, con dos momentos especialmente importantes: el año 2012,
con la llegada del PP, de fuertes ajustes en todos los niveles de la
administración; y el trienio 2015-2017, cuando estas administraciones
han contado con más recursos por efecto de la recuperación económica y
han podido reconducir sus finanzas con más brío que en los ejercicios
anteriores.
Cabe recordar en este punto que las autonomías lograron
7.483 millones extras en 2015 y otros 5.400 millones este mismo año,
dinero que les ha servido para cumplir con regularidad la Ley de
Morosidad en los plazos de pago a proveedores; atender vencimientos; y
financiar con una mayor holgura financiera el eterno problema de déficit
público.
Especialmente meritorio es el
caso de los ayuntamientos y las diputaciones, que a finales de 2017
lograrán su quinto superávit presupuestario consecutivo. Sus buenos
datos han venido sirviendo a lo largo del último lustro para cubrir los
desvíos de otras administraciones, especialmente la Seguridad Social y
también las propias comunidades autónomas. El año pasado su saldo
positivo ascendió a 7.083 millones de euros, equivalente a más de seis
décimas del PIB, y contribuyó al primer cumplimiento global del objetivo
de déficit desde el año 2009 y con Cristóbal Montoro como titular de
Hacienda.
En
ese plan presupuestario remitido a Bruselas, el Ejecutivo reconoce que
el problema del déficit será el próximo año únicamente del Estado. Las
autonomías bajarán su desvío al 0,4% o incluso menos, pues está previsto
que cuenten con otros 4.020 millones extraordinarios en concepto de
financiación. Las corporaciones locales, por su parte, caminarán al que
será su sexto superávit consecutivo.
La Administración Central se ha
reservado para sí misma una meta de déficit del 0,7%, altamente
improbable por varias circunstancias. Primero, porque es previsible que
este año el desvío supere el doble, del 1,4%. Segundo, por el menor
crecimiento económico esperado y, por tanto, un avance de la recaudación
inferior a la deseada. Y tercero, por la responsabilidad patrimonial a
asumir por el rescate de las autopistas de peaje, cuyo impacto en las
cuentas superará los 2.000 millones.
En el caso de la Seguridad
Social, Montoro ha previsto un déficit del 1,1 por ciento, meta algo más
optimista de lo que sugieren las cifras hasta ahora. Pese a que es
previsible que las cotizaciones continúen mejorando, no parece probable
que el dinero extra que dejen en las arcas pueda servir para absorber un
aumento del gasto en pensiones de al menos 4.000 millones; y para
rebajar el déficit del sistema en más de 3.000 millones de euros. Pese a
ello, su posible desvío quedaría limitado a una o dos décimas de PIB.
La baza de Montoro, de nuevo, el
previsible buen dato de la Administración Local, para la que ha previsto
el equilibrio presupuestario (0% de déficit) pese a que en el propio
plan presupuestario se reconoce que el superávit está previsto en el
horizonte. El 2,2% de agujero pactado para 2018 sí está al alcance de la
mano.
Ni
el Ministerio de Hacienda ni la Autoridad Fiscal AIReF descartan la
salida del procedimiento de déficit excesivo antes de lo previsto,
incluso este mismo año. No es descartable que el desvío pueda bajar
alguna centésima del 3% a finales de 2017 y Bruselas nos extraiga de la
vigilancia intensiva. Será entonces cuando la atención recale en la
deuda, en 1,13 billones (el 99,6% del PIB).
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