No es nada
esperanzador el arranque de la Comisión para la evaluación y la
modernización del Estado autonómico. La sesión constitutiva
de la misma está previsto que se celebre el miércoles por la tarde
una vez que finalice el pleno que comienza mañana martes.
Los
populares acabaron aceptando esta comisión a regañadientes porque no
consideraban que fuera el momento adecuado para plantear la reforma del
modelo autonómico que supondría justificar en parte las presiones de los
nacionalistas catalanes para celebrar su referéndum ilegal.
Aunque han acabado admitiéndola, quieren que sus propuestas
permanezcan dentro de los parámetros actuales de la Constitución.
Fuentes parlamentarias conservadoras consideran que hasta que no se
celebren las elecciones catalanas las reuniones no podrán avanzar de
forma significativa. Aunque no se puede dejar pasar más tiempo y
tratarán de que algunas de las comparecencias previstas de los padres de
la Constitución que todavía viven se puedan celebrar antes de los
comicios catalanes.
La agenda de la comisión está prevista dividirla en tres partes.
Primero comparecerán los padres de la Constitución Miquel Roca, Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca. En una segunda
fase lo harán expertos constitucionalistas y la tercera parte se
destinará a elaborar la propuesta de reforma de la Constitución. Aunque
el calendario previsto es de 6 meses, las fuentes parlamentarias
consultadas consideran que es demasiado corto. Desde el propio Gobierno
consideran que va para largo y así nos lo aseguraban fuentes de Moncloa
tras finalizar el pasado viernes la rueda de prensa del consejo de
ministros.
Parlamentarios del PP recuerdan que desde la creación de la Comisión
Constitucional el 26 de julio de 1977 hasta su publicación en el Boletín
oficial del Estado el 13 de octubre de 1978 transcurrieron 15 meses.
Aunque la modificación debería exigir menos tiempo, la crisis de la
cuestión catalana hace vaticinar que los problemas que se van a afrontar
podrían retrasar claramente las propuestas a llevar a cabo.
Pese a las dificultades, los populares como muestra de buena voluntad
parecen dispuestos a que la Comisión la presida el diputado socialista
José Enrique Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Felipe González,
de José Luis Rodríguez Zapatero y de Alfredo Pérez Rubalcaba. Se le
considera especialmente sensible y conocedor de la cuestión catalana.
Durante los dos últimos años del mandato de Felipe González, entre 1995 y
1996, contó con Miquel Iceta, actual primer secretario del Partido
Socialista de Cataluña, como subdirector del Gabinete de la Presidencia
del Gobierno.
La comisión contará con la presencia de Ciudadanos y todos los
componentes del Grupo mixto, menos los nacionalistas catalanes del
PDeCAT. Sus representantes en la comisión serán Íñigo Alli (UPN), Joan
Baldoví (Compromís), Marian Beitialarrangoitia (Bildu), Isidro Martínez
Oblanca (Foro), Ana Oramas (Coalición Canaria) y Pedro Quevedo (Nueva
Canarias). Ninguno de ellos destaca por ser un renombrado
constitucionalista.
Tampoco lo son los representantes de los demás partidos. La
delegación de los 14 representantes del PP estará liderada por el
coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo. Le
acompañarán la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Rosa
Romero, y la secretaria primera y diputada catalana, Alicia
Sánchez-Camacho.
Tampoco destaca en el currículo de la delegación de los socialistas
su investigación en materia constitucional. Forman parte de la misma
como portavoz la vicesecretaria general del partido Adriana Lastra,
Patxi López, portavoz adjunto, y los diputados Meritxell Batet, Susana
Sumelzo y Gregorio Cámara.
La delegación de Ciudadanos la dirigirá el vicepresidente primero del
Congreso, Ignacio Prendes, y contará con el apoyo de los diputados
Javier Cano y Virginia Millán.
Horas después de que se constituya la Comisión para la evaluación y
la modernización del Estado autonómico debe comparecer ante la Cámara
del Consejo de Bruselas Carles Puigdemont y los exconsellers que se
encuentran en Bélgica para que este órgano examine la petición de
transferencia a España de todos ellos para ser juzgados por rebelión,
sedición y otros delitos.
(*) Periodista
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