CARTAGENA.- El Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) exigió este viernes que el Ayuntamiento anule la prórroga del contrato con Hidrogea hasta 2042, antes las presuntas irregularidades en su aprobación en el año 2003 destapadas por Vigilancia Aduanera en un informe del ‘caso Pokemon’ de corrupción.
Podemos reaccionó así a las
noticias sobre el contenido de la citada diligencia
judicial, que advierte de que el Pleno autorizó una ampliación del
contrato en 25 años, a pesar de que había un informe contrario del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
En una rueda de
prensa convocada de manera urgente, la portavoz del grupo, Pilar Marcos,
y la también concejal Teresa Sánchez indicaron que, “ante las noticias
referentes a nuevas actuaciones en el ‘caso Pokemon’, causa en la que
nuestro partido está personado como acusación y que han sido publicadas
en el diario ‘La Verdad’, nuestro grupo quiere comunicar a la ciudadanía
las siguientes exigencias que hace al Gobierno del Ayuntamiento: es
imprescindible, ahora más que nunca, la anulación de la ampliación del
contrato con Hidrogea hasta 2042, que el Gobierno debiera llevar a Pleno
para hacerla efectiva antes del cumplimiento del plazo para la
ejecución de la prórroga, que es el día 26 de diciembre de este año”.
“Además –dijo Marcos- el PSOE tiene pendiente, tal como propuso en una moción aprobada en noviembre del año pasado, un informe sobre las consecuencias jurídicas y económicas de anular ese contrato. La prórroga, para nuestro partido, es absolutamente ilegal, cuenta con dos informes en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y es por esa razón que nuestro grupo presentó un recurso de nulidad ante el Ayuntamiento que no fue contestado, obligándonos a ir a un contencioso administrativo en el que actualmente estamos inmersos”.
Podemos también insta a PSOE y MC a que realicen una “auditoría completa del servicio, con un presupuesto y recursos adecuados, tal como nuestro grupo viene exigiendo desde principios de legislatura”.
“Es una exigencia al Gobierno de este Ayuntamiento que, como está personado en la causa, emprenda cuantas actuaciones judiciales se valoren oportunas en defensa del interés general de la ciudadanía de Cartagena”, manifestó la portavoz de Podemos.
De igual forma, su grupo solicita nuevamente al Ejecutivo local, “y con carácter de urgente, una reunión con ellos en cumplimiento del acuerdo de los 40 puntos de investidura de Ana Belén Castejón como alcaldesa y de los respectivos programas de MC y PSOE que contienen, entre otros aspectos, la anulación de la prórroga en cuestión”.
“Exigimos a la alcaldesa de Cartagena el respaldo absoluto a los informes de costes de servicio elaborados por los técnicos municipales de cara al establecimiento de la nueva tarifa: la tarifa del agua no se negocia con empresas presuntamente corruptas y calificadas como asociación ilícita ya en un auto de 28 de julio de 2015”, indicó Marcos.
Y señaló asimismo, que “la tarifa del agua simplemente se calcula en base a los informes de los técnicos municipales, que representan el interés general y no el de un monopolio”.
Otra medida exigida por Podemos es la restitución inmediata del exdirector general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, “que durante estos dos años ha demostrado ser un profesional excelente y una persona honrada que ha sabido defender el interés público y no ceder a las presiones empresariales”.
Este dimitió por diferencias con Castejón, tras destituir esta a José López (exalcalde) como concejal de Servicios.
También quiere Podemos la “conversión del agua en tasa, justamente para que los gastos e ingresos de la empresa figuren en el presupuesto municipal con la máxima transparencia”.
Corrupción trascendida
Corría abril de 2008 cuando la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro; el vicealcalde, Agustín Guillén, y la exconcejal de Hacienda y ya consejera de Sanidad del Gobierno regional, María Ángeles Palacios, todos ellos del PP, viajaron a Nueva York con los gastos pagados por Aquagest, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas. Apenas tres meses antes, la compañía, denominada ahora Hidrogea, vio cómo la Junta de Gobierno Local aprobó por la vía de urgencia y fuera del orden del día una propuesta suya y del concejal de Hacienda, José Cabezos, para invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de los años 2009 y 2010. Cuatro años antes de que el Ejecutivo adoptara ese acuerdo, el Pleno autorizó en noviembre de 2003 una prórroga de 25 años, hasta 2042, en el contrato de Aquagest, a pesar de que existía un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Todo ésto lo desvela hoy el diario La Verdad.
A ojos de los investigadores de Vigilancia Aduanera en Galicia, un organismo del Estado que pertenece a la Agencia Tributaria, ese desplazamiento a Estados Unidos fue, en apariencia, uno de los «viajes de placer» a distintas ciudades de España, Europa y América que, desde 2005 a 2012, disfrutaron al menos cinco concejales de los distintos equipos de gobierno, todos del PP, y un funcionario local. Billetes de avión, alojamiento en hoteles, cuestiones «alimenticias», «excursiones, etcétera» conformaron, según los agentes encargados de investigar para el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo una de las ramas del 'caso Pokemon' de presunta corrupción, un «continuo pago de prestaciones de servicios».
Fue durante años, o después de años, en los que el Ayuntamiento de Cartagena tomó «una serie de decisiones que han beneficiado a la empresa Aguagest, ahora Hidrogea, del grupo Agbar, ahora Suez», afirma Aduanas. A través de una portavoz, Hidrogea y Grupo Suez declinaron ayer hacer declaraciones
El informe, de 121 páginas, fechado el 4 de octubre, comunicado esta semana a las partes presentes en el proceso, detalla, a partir del estudio de facturas de una agencia de viajes contratada por Aquagest y de distinta documentación municipal y de la compañías de aguas, presuntas irregularidades respecto a una de las grandes concesionarias de servicios durante ocho de los veinte años (1995-2015) que los populares gestionaron el Consistorio, con mayorías absolutas. En el caso del viaje a Nueva York, volaron nueve personas y costó 53.683,53 euros.
En concreto, cita como beneficiarios de los viajes turísticos, además de a varios directivos locales y regionales de Aquagest, y sus respectivas parejas, a Pilar Barreiro, actual senadora; a Agustín Guillén y su mujer; a María Ángeles Palacios y su marido; y a los exconcejales de Infraestructuras María Dolores Soler y José Vicente Albaladejo. En el caso del esposo de Palacios, José Miguel Rodríguez», fue presidente de la Junta Municipal Vecinal de El Albujón en representación del PP.
“Además –dijo Marcos- el PSOE tiene pendiente, tal como propuso en una moción aprobada en noviembre del año pasado, un informe sobre las consecuencias jurídicas y económicas de anular ese contrato. La prórroga, para nuestro partido, es absolutamente ilegal, cuenta con dos informes en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y es por esa razón que nuestro grupo presentó un recurso de nulidad ante el Ayuntamiento que no fue contestado, obligándonos a ir a un contencioso administrativo en el que actualmente estamos inmersos”.
Podemos también insta a PSOE y MC a que realicen una “auditoría completa del servicio, con un presupuesto y recursos adecuados, tal como nuestro grupo viene exigiendo desde principios de legislatura”.
“Es una exigencia al Gobierno de este Ayuntamiento que, como está personado en la causa, emprenda cuantas actuaciones judiciales se valoren oportunas en defensa del interés general de la ciudadanía de Cartagena”, manifestó la portavoz de Podemos.
De igual forma, su grupo solicita nuevamente al Ejecutivo local, “y con carácter de urgente, una reunión con ellos en cumplimiento del acuerdo de los 40 puntos de investidura de Ana Belén Castejón como alcaldesa y de los respectivos programas de MC y PSOE que contienen, entre otros aspectos, la anulación de la prórroga en cuestión”.
“Exigimos a la alcaldesa de Cartagena el respaldo absoluto a los informes de costes de servicio elaborados por los técnicos municipales de cara al establecimiento de la nueva tarifa: la tarifa del agua no se negocia con empresas presuntamente corruptas y calificadas como asociación ilícita ya en un auto de 28 de julio de 2015”, indicó Marcos.
Y señaló asimismo, que “la tarifa del agua simplemente se calcula en base a los informes de los técnicos municipales, que representan el interés general y no el de un monopolio”.
Otra medida exigida por Podemos es la restitución inmediata del exdirector general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, “que durante estos dos años ha demostrado ser un profesional excelente y una persona honrada que ha sabido defender el interés público y no ceder a las presiones empresariales”.
Este dimitió por diferencias con Castejón, tras destituir esta a José López (exalcalde) como concejal de Servicios.
También quiere Podemos la “conversión del agua en tasa, justamente para que los gastos e ingresos de la empresa figuren en el presupuesto municipal con la máxima transparencia”.
Corrupción trascendida
Corría abril de 2008 cuando la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro; el vicealcalde, Agustín Guillén, y la exconcejal de Hacienda y ya consejera de Sanidad del Gobierno regional, María Ángeles Palacios, todos ellos del PP, viajaron a Nueva York con los gastos pagados por Aquagest, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas. Apenas tres meses antes, la compañía, denominada ahora Hidrogea, vio cómo la Junta de Gobierno Local aprobó por la vía de urgencia y fuera del orden del día una propuesta suya y del concejal de Hacienda, José Cabezos, para invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de los años 2009 y 2010. Cuatro años antes de que el Ejecutivo adoptara ese acuerdo, el Pleno autorizó en noviembre de 2003 una prórroga de 25 años, hasta 2042, en el contrato de Aquagest, a pesar de que existía un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Todo ésto lo desvela hoy el diario La Verdad.
A ojos de los investigadores de Vigilancia Aduanera en Galicia, un organismo del Estado que pertenece a la Agencia Tributaria, ese desplazamiento a Estados Unidos fue, en apariencia, uno de los «viajes de placer» a distintas ciudades de España, Europa y América que, desde 2005 a 2012, disfrutaron al menos cinco concejales de los distintos equipos de gobierno, todos del PP, y un funcionario local. Billetes de avión, alojamiento en hoteles, cuestiones «alimenticias», «excursiones, etcétera» conformaron, según los agentes encargados de investigar para el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo una de las ramas del 'caso Pokemon' de presunta corrupción, un «continuo pago de prestaciones de servicios».
Fue durante años, o después de años, en los que el Ayuntamiento de Cartagena tomó «una serie de decisiones que han beneficiado a la empresa Aguagest, ahora Hidrogea, del grupo Agbar, ahora Suez», afirma Aduanas. A través de una portavoz, Hidrogea y Grupo Suez declinaron ayer hacer declaraciones
El informe, de 121 páginas, fechado el 4 de octubre, comunicado esta semana a las partes presentes en el proceso, detalla, a partir del estudio de facturas de una agencia de viajes contratada por Aquagest y de distinta documentación municipal y de la compañías de aguas, presuntas irregularidades respecto a una de las grandes concesionarias de servicios durante ocho de los veinte años (1995-2015) que los populares gestionaron el Consistorio, con mayorías absolutas. En el caso del viaje a Nueva York, volaron nueve personas y costó 53.683,53 euros.
En concreto, cita como beneficiarios de los viajes turísticos, además de a varios directivos locales y regionales de Aquagest, y sus respectivas parejas, a Pilar Barreiro, actual senadora; a Agustín Guillén y su mujer; a María Ángeles Palacios y su marido; y a los exconcejales de Infraestructuras María Dolores Soler y José Vicente Albaladejo. En el caso del esposo de Palacios, José Miguel Rodríguez», fue presidente de la Junta Municipal Vecinal de El Albujón en representación del PP.
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