El día amaneció con mensajes oficiosos del Gobierno de
España en favor de una resolución del Tribunal Supremo que evitase, en
lo posible, la prisión para Carme Forcadell y los demás miembros de la
Mesa del Parlament de Catalunya.
Mensajes oficiosos, a primera hora. Evitar una mayor
irritación en la sociedad catalana cuando faltan cuarenta días para las
elecciones convocadas por Mariano Rajoy. Evitar que esas elecciones se
giren en contra de la parte convocante. (José María Aznar ya avisó el
miércoles en la Cadena Ser: “Si el 22 de diciembre estamos como antes de
la aplicación del artículo 155, estaremos todos peor”).
Evitar que la prensa extranjera titule: “España encarcela a la presidenta del Parlamento de Catalunya”. Evitar que The Times de Londres vuelva a sugerir en un editorial que Rajoy se está comportando como Vladímir Putin. Evitar que The Washington Post vuelva a escribir que “la represión en Catalunya evoca recuerdos de los días oscuros de la dictadura”.
Evitar que la prensa extranjera titule: “España encarcela a la presidenta del Parlamento de Catalunya”. Evitar que The Times de Londres vuelva a sugerir en un editorial que Rajoy se está comportando como Vladímir Putin. Evitar que The Washington Post vuelva a escribir que “la represión en Catalunya evoca recuerdos de los días oscuros de la dictadura”.
Evitar las críticas de políticos europeos de cierto
relieve, como la socialista francesa Ségolène Royal o el expresidente
de Finlandia, Martti Ahtisaari, después de haber conseguido que ningún
país del mundo reconozca a la república catalana. Evitar que Antonio
Muñoz Molina tenga que volver a escribir lo mal que le sabe que
periodistas e intelectuales anglosajones sigan creyendo que en España
aún hay ecos del franquismo. Evitar que Carles Puigdemont se haga fuerte
en Bélgica, pese a sus errores increíbles –atacar en público a la Unión
Europea– y pese al contundente voto negativo del Parlamento de Flandes a
la independencia catalana.
Ayer por la mañana, la narrativa oficial no era la de hace
una semana, cuando se dictaron nueve órdenes de prisión. Al filo de las
once, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, magistrado de
profesión y exjuez decano de Sevilla, verbalizaba los deseos
gubernamentales: “Los jueces se deben a las leyes, pero también deben
tener en cuenta los hechos que concurren en el entorno”. La frase de la
jornada.
Hace una semana estaba muy mal visto en Madrid decir que la
justicia no puede olvidar el contexto. Hace una semana la frase de moda
era: “La toga inmaculada de la Justicia no puede mancharse con el polvo
del camino”. Olé. La Justicia es ciega. La Justicia es ciega, pero oye.
Escucha algunas tertulias mañaneras –“¡todos a prisión”!–, y también oye
los mensajes oficiosos del Gobierno sobre los hechos que concurren.
Concurrieron ayer la lógica profunda del Estado –evitar que
la crisis empeore después del fracaso estratégico del independentismo– y
la línea defensiva de los imputados. Forcadell y los demás imputados
dijeron acatar el artículo 155 de la Constitución y afirmaron que la
declaración de independencia fue un acto político, sin acción. Ni
siquiera arriaron la bandera española. Fue un verbo intransitivo.
Aquella declaración con caras de funeral fue un simulacro. Ya lo
sabíamos.
Pasadas las diez de la noche, el juez decretó
prisión eludible con fianza para Forcadell. Una noche en Alcalá-Meco.
Catalunya, la serie más seguida por los europeos politizados, da un
nuevo giro: el Estado quita un poco de presión.
(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia
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