MADRID.- El Tajo se desangra, pero el Gobierno ha vuelto a abrir el 'grifo' del trasvase. El acueducto Tajo-Segura, paralizado desde junio por la sequía de los embalses de la cabecera, ha derivado más de dos hectómetros cúbicos desde el viernes hasta el sábado por la noche, cuando la tubería dejó de funcionar. La medida se debe a una cesión de agua entre los regantes de la Comunidad de Madrid y los de Levante, y ya se ha cobrado la primera víctima política. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Miguel Antolín, fue destituido el pasado jueves, coincidiendo con una derivación de agua a Murcia a modo de trasvase encubierto, según revela El Mundo.
La Plataforma en Defensa del Tajo y el
Alberche dio la voz de alarma el viernes por la noche tras comprobar que
se estaba trasvasando agua en una cantidad de 10 metros cúbicos por
segundo. El sábado por la mañana el bombeo alcanzó los 28 metros cúbicos
por segundo, el máximo de capacidad que permite el canal del
Tajo-Segura.
El trasvase se ha materializado a pesar de la merma de reservas en los embalses de la cabecera del Tajo.
Los pantanos de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) apenas
suman 235,5 hectómetros cúbicos -por debajo del 10% del total de la
capacidad-, lo que contrasta con los 438,18 hectómetros (17,7%) de hace
un año. De hecho, el acueducto Tajo-Segura ha llevado estos últimos dos
días más caudal que el propio río antes de llegar a Aranjuez. El sábado
registraba 203 hectómetros menos que hace un año y está casi ocho puntos
por debajo del volumen de septiembre de 2016.
Maraña legislativa
Según
el Memorándum del Tajo pactado en 2013 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y las comunidades autónomas implicadas, la cota mínima no
trasvasable en 2017 está fijada en 368 hectómetros. Es decir, esa es la
línea roja que impide trasvasar. A partir de 2018 será de 400
hectómetros.
"No sabemos con exactitud cuánta agua se han llevado, y mucho menos el precio
que se ha pagado por ella. La maraña legislativa que rodea al trasvase,
donde confluyen muchas normas, permite al Estado prácticamente hacer lo
que quiere con el río", señala a El Mundo Miguel Ángel Sánchez,
portavoz de la Plataforma del Tajo.
La medida ha causado
una profunda indignación en Castilla-La Mancha. La consejera de Fomento
de esta región, Agustina García Élez, avanzó que recurrirá el último
trasvase -tal como lleva haciendo desde que arrancó la legislatura- y
consideró que es "un ataque directo y realizado con alevosía, con
premeditación y con nocturnidad por parte del Gobierno nacional y de la
Confederación del Tajo".
Pero no sólo la propia cesión de agua ha causado indignación en Castilla-La Mancha. También la opacidad levanta ampollas. Ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Confederación del Tajo informaron
de una decisión que, según la Plataforma en Defensa del Tajo y el
Alberche, "pone en riesgo aún más el ecosistema, ya muy dañado de los
embalses de cabecera y del propio río, que acusa una suciedad y una
falta de limpieza en la zona de Toledo y Talavera".
Repentina destitución del presidente de la CHT
"Este
trasvase es demencial e ilegal. El Ministerio lleva a cabo un trasvase
sorpresa al máximo de su capacidad en situación de Estado de Emergencia
por la sequía", según Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de la
localidad alcarreña de Sacedón y presidente de la Asociación de
Municipios Ribereños, que agrupa a más de una veintena de municipios del
entorno de la cabecera del Tajo. "Se ha hecho sin previa autorización, sin aviso y sin vergüenza, es evidente que nos consideran españoles de segunda", añade.
Las
ventas de los regantes de Estremera (Madrid), que salen del agua
procedente de la cabecera del Tajo, se produjeron justo después de que
el Ministerio de Medio Ambiente comunicara el pasado viernes a Miguel
Antolín su cese como presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. El sustituto al frente de la CHT es Juan Carlos de Cea, hasta
ahora director técnico de esta confederación. De perfil protrasvasista,
se trata de un estrecho colaborador de la directora general del Agua,
Liana Ardiles.
El Ejecutivo enmarca esta decisión en un
relevo ordinario en el equipo ministerial. Sin embargo, el Gobierno de
Castilla-La Mancha considera que esta destitución se debe al rechazo de
Antolín a aprobar el último trasvase, perpetrado a través de una argucia
legal que ha permitido a Medio Ambiente eludir la raya no trasvasable
que fijan las reglas del Tajo.
Venta entre particulares
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente asegura que "se ha cumplido la ley", niega
que durante los últimos días se haya registrado un trasvase y se limita
a calificar la derivación como "una cesión acordada entre particulares
contra la cual no había ningún argumento técnico, como establecen los
informes solicitados". Además, según publicó el digital
Encastillalamancha.es, el departamento que dirige Isabel García Tejerina
recuerda que la autorización cuenta con el beneplácito de la Abogacía
del Estado.
La especulación hídrica no está vetada por la ley.
La venta de agua del trasvase entre particulares se ampara en un
decreto ley de 2005, que regula las transacciones de derechos para el
aprovechamiento del agua. Sin embargo, este decreto tenía una vigencia
limitada hasta que fue derogado en 2009. Así pues, la distinción entre
trasvase y cesión de derechos se basa en una legislación que no está en
vigor.
"Nosotros consideramos que lo que se ha hecho
ahora es ilegal porque no se garantizan los derechos de la cuenca
cedente, que es lo que marca la ley", sostienen desde la entidad social
que actúa de ariete de la lucha por el Tajo. Es una posición compartida
por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que sigue esperando que la
Justicia resuelva todos los trasvases recurridos desde mayo de 2015. El
presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ya ha adelantado
que la situación agónica del Tajo será uno de los asuntos que pondrá encima de la mesa en su próxima reunión con Mariano Rajoy.
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