TOTANA.- El PP presentó al pleno de septiembre del Ayuntamiento de Totana una moción para que no se
aplicaran las tarifas del agua de riego hasta que no hubiese trasvases. El concejal independiente, Juan Carlos Carrillo, manifestó
que "esta moción sería innecesaria si la intención del Gobierno de la
nación no fuese la de variar la forma de pago de las tarifas. Pero del
debate, se dedujo que la moción del PP no reflejaba la "maniobra" que
oculta el último decreto de sequía. ¿Cuándo se acabe este decreto de
sequía que va a pasar con las tarifas?. Porque hasta ahora, sino le
venía agua al agricultor, las tarifas no las pagaba".
El Real
Decreto-ley 10/2017 de 9 de junio es por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en
determinadas cuencas hidrográficas y modifica el texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio.
"Lo que no se dice es que camufla un nuevo sistema de cálculo
claramente recaudatorio que castiga las economías de los agricultores
del sureste español. Cambiando el criterio interpretativo dado hasta
ahora desde la entrada en vigor de la ley 52/1980 de ese año que
regulaba del régimen económico de la explotación del acueducto. Es por
esto que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha
recurrido por la vía contencioso-administrativa la reforma tarifaria del
Gobierno central por el uso de ese trasvase que los obligará a pagar 12
millones de euros reciban o no agua por ese canal. Es decir, las
comunidades de regantes abonarán cantidades fijas de dinero, se trasvase
agua o no", dice Carrillo.
Se toma un modelo de “tarifa plana” similar a la de
otros tipos de suministros, como el de la energía eléctrica, telefonía,
etc…, pero con la “ligera salvedad”, de que en este caso la posibilidad
de consumir no está siempre garantizada. Los agricultores quieren agua y
pagar, por ese orden. "Lo que resulta insostenible, por no decir un
atraco a mano armada, es el establecer una tarifa para 421 hectómetros
cúbicos sin que se trasvasen un solo metro cúbico a sus tierras. A la
extremada sequía y sus efectos y el tener que asumir aguas desalinizadas
con costes desorbitados a día de hoy, con respecto al resto de regantes
del país. Ahora los agricultores van a tener que pagar por algo que no
recibirán si este Real Decreto-ley 10/2017 de 9 de junio no se detiene
en los tribunales.
Además, este decreto de sequía, que pretendía
eximir del pago parcial del agua consumida este año, queda en suspenso,
puesto que la Confederación Hidrográfica del Segura no lo aplica al
interpretar que está supeditado a la llegada de caudales que sumen o no
la mitad o menos de las dotaciones totales normales de los agricultores.
Queda patente que este decreto último de sequía, se ha utilizado por el
Gobierno de la nación como un instrumento de maquillaje para cambiar el
criterio de aplicación de las tarifas de aguas trasvasadas.
La
moción del PP no atendía a la verdadera problemática que se avecina en
relación a las tarifas que los agricultores pagan por el trasvase
Tajo-Seguro. La Región de Murcia no existe para los políticos
nacionales, la prueba es su política sobre el agua y la dejadez de todos
los gobiernos en buscar una solución definitiva a este gran problema.
Los intereses de los partidos y los votos, siempre han primado y nada
parece hacer pensar que esto vaya a cambiar".
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