ALICANTE.- Como era previsible, será el Tribunal Supremo el que al final tendrá la última palabra en el proceso por el falseo de las cuentas de la CAM. Una causa que acaba de sentenciar un
tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que ha condenado
a penas que van de los 2,9 a los cuatro años de prisión a los
exdirectivos Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y
Francisco Martínez por un delito de falsedad contable que, en opinión de
la sala, no ha provocado perjuicio alguno. Motivo por
el que no contempla ninguna responsabilidad civil. A los penados
únicamente se le obliga a abonar una multa que, en el peor de los casos,
supera en poco los 18.000 euros.
Un fallo que no comparte el fiscal Luis Rodríguez Sol (en la imagen), quien ya ha anunciado su intención de interponer un recurso
ante el Supremo por entender que, en contra de lo que mantiene el
tribunal, sí está acreditado el perjuicio causado por la actuación de
los condenados. Un daño que el representante del Ministerio Público
circunscribe a quienes compraron cuotas participativas cuando las cuentas de la entidad estaban falseadas (se declararon beneficios cuando se arrastraban pérdidas), periodo que fija entre marzo y julio de 2011, según publica hoy el diario Información.
Sin
cuestionar las absoluciones del expresidente Modesto Crespo (a quien
no acusaba) y de los exdirectores Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y
Salvador Ochoa, el acusador público interpone el recurso por infracción
de ley, es decir, porque los hechos considerados probados por el
tribunal no se han calificado como debieran, según su criterio.
Para
Rodríguez Sol, los exdirectivos condenados no sólo tenían capacidad
para causar daño sino que se lo hicieron a todos aquellos que compraron
cuotas cuando la imagen que se ofrecía de la caja de ahorros no se
correspondía con la real.
Sobre el cobro de remuneraciones,
que la sentencia valida «porque tenían las autorizaciones pertinentes»,
Rodríguez Sol no tiene previsto plantear objeción alguna pese a que en
este punto el tribunal tampoco ha estimado sus tesis.
El
recurso del fiscal, que ahora se anuncia pero que después será
formalizado por la Fiscalía del Supremo, no va a ser el único contra una
sentencia que, salvo a los absueltos, a Caser como responsable civil
directo y al Banco Sabadell como subsidiario, no ha dejado contento a
nadie.
A los recursos que con toda seguridad
interpondrán los cuatro exejecutivos condenados se suman los que ya han
anunciado los grandes perdedores de este proceso: los cuotapartícipes.
El letrado murciano Diego de Ramón, los valencianos Bon Llar y el
mallorquín Cristóbal Pons (con 600.000 euros en cuotas) ya confirmado
que apelarán en defensa de sus intereses.
Un camino que es más
que probable que seguirán la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de
Depósitos, otro de los damnificados del procedimiento.
La
heredera de la Obra Social de la CAM, que ha respirado como responsable
civil subsidiaria por la comercialización de las cuotas, reclamaba cerca
de 60 millones por lo que ha dejado de percibir por el hundimiento de
la caja mientras el Fondo pretendía recuperar parte de los 5.249
millones que le inyectó a la caja para venderla saneada al Sabadell.
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