MADRID.- El juicio contra el empresario murciano Luis Nicolás Mateos, fundador
del grupo del mismo nombre, quedó ayer visto para sentencia. Este
murciano está acusado de presunta estafa, falsificación de documento
mercantil y apropiación indebida por la construcción del complejo
turístico Lagoa do Coelho en Brasil, que nunca llegó a levantarse.
En
total, Mateos habría recibido cerca de 15 millones de euros con la
promoción de este proyecto urbanístico frustrado. Según consta, el
promotor realizó desde esas cuentas transferencias por importe de unos
13 millones de euros, sin que haya podido acreditarse el destino final
de dichas cantidades.
Durante los cuatro días que duró la vista, los testigos
coincidieron al señalar que el empresario murciano era el que tomaba
todas las decisiones acerca del destino de los fondos, y de si había que
destinar cantidades al pago de facturas o al desarrollo de promociones.
En
su alegato final, la Fiscalía remarcó que Mateos mantuvo su política de
ventas aunque no contaba ni con la financiación ni con las licencias
necesarias para construir. En este sentido, el Ministerio Público
destacó el testimonio de José Patricio García, que relató que en enero
de 2007, cuando se ha probado que Mateos no tenía «ni licencia ni
permisos ni nada», le reclamó en una carta que efectuase un pago y le
aseguró que las obras ya habían comenzado, por lo que el testigo
efectivamente hizo un ingreso en las cuentas de Mateos.
Mateos
también está acusado de un delito contra la Hacienda Pública, en el que
figuran como cooperadores necesarios Segundo Francisco Clemente Lozano y
Francisco Clemente Lozano, por haber obtenido en el año 2006 la
devolución indebida de 94.145 euros por la autoliquidación del IVA, y
otros 631.191 en 2007, mediante la presentación de facturas falsas
emitidas por los Clemente Lozano.
También sobre este
punto la Fiscalía reiteró los argumentos expuestos en su escrito de
acusación, tanto en lo relativo a Nicolás Mateos como en cuanto a los
Clemente. El abogado de algunos afectados incidió en la declaración de
los hermanos Lozano, que reconocieron que «los empleados se limitaban a
hacer facturas falsas».
El letrado de Mateos, Mariano Bó,
defendió su solvencia como promotor inmobiliario en Murcia, para lo
cual siempre contó con el respaldo de entidades financieras. Una de
estas -Banco Popular-, sostuvo, «se habría quedado con gran parte de los
fondos». Para Mateos la Fiscalía mantiene su petición de una pena de
ocho años y nueve meses de cárcel y una multa de 418.800 euros.
Los
hechos se remontan a 2003, cuando Nicolás Mateos comenzó a ofrecer
13.500 apartamentos de lujo en el complejo residencial de lujo Lagoa do
Coelho, en el estado de Río Grande do Norte, en Brasil, que
supuestamente debía contar también con centros comerciales, un lago, un
teatro e instalaciones deportivas.
Entre 2005 y 2008
fueron muchos los que adquirieron apartamentos en el complejo, cuyo
precio oscilaba entre los 76.500 y los 130.758 euros, con el compromiso
de que la primera fase de las viviendas comenzaría a entregarse en junio
de 2008, y las segundas, en el primer trimestre de 2009.
Inicialmente,
los compradores entregaron en concepto de señal 4.500 euros, pudiendo
optar entre abonar el 25% del total a la firma del contrato y otro 15% a
los seis meses mediante transferencia; o bien abonar un 15% del precio
más un pagaré avalado por una entidad bancaria por un 25 % del precio
final.
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