MURCIA.- El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Totana aseguró, en un comunicado de prensa, que "el PP, con su presidente a la cabeza, Ramón Luis Valcárcel, siguen prestando todo el apoyo necesario a los dos principales actores de la trama de corrupción política en Totana", en referencia al alcalde, José Martínez Andreo; y al diputado del Grupo Mixto, Juan Morales.
De este modo, reprochó al presidente del PP en la Región que "no admita que su partido ha creado un gravísimo problema en Totana", y que, "en vez de asumir la responsabilidad que le corresponde, se dedique a aparentar ante la opinión pública firmeza ante la corrupción".
Así, consideró que "la suspensión de militancia de Morales y Martínez Andreo o la expulsión del primero del Grupo Parlamentario Popular, son medidas sólo de cara a la galería".
"Valcárcel sabe perfectamente que no se está ante una conspiración para derrocar al PP del poder, sino que en este municipio existe una trama de corrupción política de graves consecuencias para el futuro de la ciudad", esgrimió el PSOE, quien dejó claro que "esta trama de corrupción política está amparada por el PP y diseñada por Morales de la que el alcalde, guste o no, parece que forma parte".
Es por ello por lo que los socialistas en Totana pusieron de manifiesto que "el primer paso para resolver la grave crisis política y económica que se ha creado en el Ayuntamiento es que el PP admita que tiene un problema y depure las responsabilidades políticas que corresponden".
A continuación, explicaron, "debe formar un nuevo gobierno y nombrar un nuevo alcalde, ya que ellos son quienes ganaron las elecciones y a ellos les corresponde gobernar en Totana hasta junio del año 2011". No obstante, advirtieron que "el nuevo gobierno y el nuevo alcalde deben estar provistos de la autoridad, no sólo legal sino también moral para gobernarnos".
Ante esta situación, el PSOE destacó que "sea quien sea el nuevo gobierno y el nuevo alcalde, ofreceremos todo nuestro compromiso para que, en lo que queda de legislatura, la gobernabilidad sea lo más eficiente posible".
Igualmente, ofrecieron su compromiso "para sacar adelante un plan de viabilidad que resuelva la grave crisis económica en la que está el ayuntamiento, y para apoyar un PGOU que saque al municipio de la parálisis en la que se encuentra y cubra las necesidades reales de los vecinos".
Y es que, a juicio del PSOE, el PP "está mostrando su incapacidad para resolver sus problemas y mirar al futuro, ya que lejos de asumir que tienen un gran problema que resolver, se está dedicando a manipular a los vecinos haciéndoles creer que se está ante una conspiración política para derrocarlos del poder".
En esta misma línea, dejaron claro que el alcalde de Totana "no está en la cárcel por leves irregularidades administrativas, tal y como dicen desde el PP, sino que lo está por haber cometido presuntamente delitos graves que están penados en el Código Penal con cárcel".
Desmintieron, por tanto, que haya conspiración "para derrocar al PP del poder", al tiempo que dijeron estar sorprendidos de que este partido "diga que hay que dejar trabajar a la Justicia y que ellos la respetan, cuando llevan un mes poniendo en duda la independencia de la juez, el fiscal, la Audiencia Provincial de Murcia y la Guardia Civil, haciéndolos participes de una teoría conspiratoria para derrocarlos del poder".
Por último, subrayaron que "el PP ha propiciado y diseñado una plataforma ciudadana para defender sus intereses y no el buen nombre de Totana", ya que, precisaron, "el buen nombre de Totana se defiende erradicando la corrupción política, enviando a la cárcel a quienes hayan cometido delitos y se aprovecharon de su cargo para defender intereses privados y no el interés general de los ciudadanos".
Por otra parte, el diputado regional y ex alcalde de Totana Juan Morales, que puede ser llamado a declarar en los próximos días por presunta corrupción urbanística, está "tranquilo y con el deseo de contribuir cuanto antes al esclarecimiento de los hechos", según ha señalado su letrado, José María Caballero.
Caballero añadió que su defendido "espera con ansiedad el momento de declarar, ya que su deseo es el de colaborar en el esclarecimiento de los hechos para que acabe cuanto antes la persecución contra él y termine el juicio paralelo al que está sometido".
El letrado adelantó que ya tiene preparada una serie de actuaciones para el caso de que, como parece presumible, Morales sea llamado a declarar por el Tribunal Superior de Justicia, que es el encargado de juzgarle si ve indicios racionales de criminalidad contra él.
Caballero no quiso concretar cuáles serán esas actuaciones, aunque se ha sabido que las mismas girarán en torno a la supuesta vulneración de derechos de que supuestamente ha sido víctima el parlamentario regional.
Con esta estrategia de defensa, el objetivo del abogado es conseguir que las diligencias practicadas hasta ahora por el Juzgado de Totana sean declaradas nulas por vulneración de derechos.
El letrado sostiene que el Juzgado, "de hecho", ha llevado a cabo actuaciones en las que se ha "extralimitado", ya que "la ley le obligaba a elevar el caso al Tribunal Superior tan pronto advirtió la presunta intervención de mi cliente en los hechos".
La Fiscalía del Tribunal Superior esperaba "para hoy o mañana", la entrada en la Sala de lo Civil y Penal del informe que la jueza que instruye este caso tiene que preparar sobre la supuesta intervención de Morales en un caso de cohecho.
Una vez que se reciba el documento, el tribunal dará traslado del mismo a la Fiscalía para que ésta, en el plazo de cinco días, se pronuncie sobre la competencia del mismo para investigar al diputado regional y ex alcalde y sobre si los hechos revisten caracteres de delito.
Según el contenido de las cintas en las que se recogen diversas conversaciones telefónicas mantenidas entre algunos de los implicados en las diligencias, Morales habría pedido la entrega de tres millones de euros a un empresario gallego por la recalificación de unos terrenos para su urbanización.
Según "La Verdad", los cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se han desplazado a la Región tienen previsto proceder a la detención de otra persona involucrada con la presunta trama de corrupción urbanística que se investiga en Totana dentro de la Operación Tótem, según fuentes próximas al caso.
Esta detención se producirá en el transcurso o al final del proceso de toma de declaraciones que se ha abierto de nuevo para recabar más pruebas en torno a esta operación que mantiene en prisión al alcalde de Totana.
Los interrogatorios se iniciaron el miércoles por la tarde, cuando se tomó testimonio a tres personas citadas como testigos. Esta nueva misión de los agentes de la UCO se prolongará hasta hoy, indicaron las mismas fuentes de la investigación. Está previsto que la detención se produzca a resultas de las declaraciones, y en función del grado de implicación sobre presuntas irregularidades urbanísticas en Totana.
A partir de ahí, quedará en manos de la juez que instruye el caso, María Asunción Navarro, en el sentido de si toma alguna medida cautelar. Los interrogatorios de los testigos, algunos de ellos empresarios, se están llevando a cabo también en el cuartel de Alhama.
En relación al informe razonado que va a elevar la juez al TSJ para imputar al ex alcalde y diputado regional Juan Morales, la oficina del fiscal no tiene decidido aún si solicitará que ingrese en prisión, como hizo con el primer edil actual. Esta medida la evaluará a partir de la semana que viene, cuando presente sus alegaciones.
Como ha venido informando "La Verdad", el fiscal del caso, José Luis Días Manzanera, le imputa a Juan Morales el presunto delito de cohecho, por el supuesto cobro de algunas comisiones, o de haber acordado las mismas.
Pero, según "La Opinión", de paisano, silenciosos y en ocasiones, por la noche, están actuando los agentes de la Unidad Central Operativa encargados de realizar los interrogatorios a los testigos que tienen relación con la 'Operación Tótem' durante estos días en los municipios de Totana y Alhama.
Para no levantar expectación y para que los testigos que puedan aportar datos importantes en relación a la trama urbanística no se vean inmersos en el revuelo mediático, ya que no están, por el momento, imputados en el caso, los agentes actúan de forma silenciosa. Según ha podido conocer este periódico, los agentes llegaron a realizar una declaración a una persona a las cuatro de la madrugada.
Durante el miércoles los agentes de la UCO no tomaron declaración a ninguna persona relacionada con el caso, en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Totana. Para no levantar revuelo no utilizarán los cuarteles de los municipios para realizar los interrogatorios y optan por recoger al testigo en su casa.
Entre los testigos, no sólo se encuentran empresarios que tienen relación con el mundo de la construcción, sino que también hay personas anónimas que pueden añadir datos cruciales a la investigación y, actuando de forma silenciosa como lo están haciendo, protegen a los testigos.
Del mismo modo, los agentes han interrogado ya a empresarios importantes de la zona del Bajo Guadalentín y cuyo testimonio se sumaría a las numerosas pruebas que los agentes ya han requisado desde que se iniciara la operación.
Todos los indicios apuntan a que el verdadero objetivo de la 'Operación Tótem' es el ex alcalde de Totana y actual diputado en la Asamblea Regional -en el caso también están imputadas su ex mujer, María del Carmen Jordán, y su actual pareja Vaneide Freitas, de nacionalidad brasileña-.
Para Morales, no se han puesto las cosas fáciles en estos días, ya que ahora es la Asamblea Regional la que estudiará, en un plazo de tres meses, que a raíz de las ausencias injustificadas y reiteradas del diputado existe la posibilidad de rebajarle o retirarle el sueldo.
El pasado 28 de noviembre Morales no acudió a ninguna de las dos sesiones del pleno de la Asamblea Regional y desde entonces no ha vuelto a acudir al parlamento regional.
El diputado de IU+Los Verdes, José Antonio Pujante, recordó que "tras lo ocurrido hubo un acuerdo no escrito de todos los grupos políticos de no ponerle las cosas fáciles a Morales".
La situación del diputado sigue pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia reciba tanto el informe de la juez de Totana, como de la Fiscalía.
De este modo, reprochó al presidente del PP en la Región que "no admita que su partido ha creado un gravísimo problema en Totana", y que, "en vez de asumir la responsabilidad que le corresponde, se dedique a aparentar ante la opinión pública firmeza ante la corrupción".
Así, consideró que "la suspensión de militancia de Morales y Martínez Andreo o la expulsión del primero del Grupo Parlamentario Popular, son medidas sólo de cara a la galería".
"Valcárcel sabe perfectamente que no se está ante una conspiración para derrocar al PP del poder, sino que en este municipio existe una trama de corrupción política de graves consecuencias para el futuro de la ciudad", esgrimió el PSOE, quien dejó claro que "esta trama de corrupción política está amparada por el PP y diseñada por Morales de la que el alcalde, guste o no, parece que forma parte".
Es por ello por lo que los socialistas en Totana pusieron de manifiesto que "el primer paso para resolver la grave crisis política y económica que se ha creado en el Ayuntamiento es que el PP admita que tiene un problema y depure las responsabilidades políticas que corresponden".
A continuación, explicaron, "debe formar un nuevo gobierno y nombrar un nuevo alcalde, ya que ellos son quienes ganaron las elecciones y a ellos les corresponde gobernar en Totana hasta junio del año 2011". No obstante, advirtieron que "el nuevo gobierno y el nuevo alcalde deben estar provistos de la autoridad, no sólo legal sino también moral para gobernarnos".
Ante esta situación, el PSOE destacó que "sea quien sea el nuevo gobierno y el nuevo alcalde, ofreceremos todo nuestro compromiso para que, en lo que queda de legislatura, la gobernabilidad sea lo más eficiente posible".
Igualmente, ofrecieron su compromiso "para sacar adelante un plan de viabilidad que resuelva la grave crisis económica en la que está el ayuntamiento, y para apoyar un PGOU que saque al municipio de la parálisis en la que se encuentra y cubra las necesidades reales de los vecinos".
Y es que, a juicio del PSOE, el PP "está mostrando su incapacidad para resolver sus problemas y mirar al futuro, ya que lejos de asumir que tienen un gran problema que resolver, se está dedicando a manipular a los vecinos haciéndoles creer que se está ante una conspiración política para derrocarlos del poder".
En esta misma línea, dejaron claro que el alcalde de Totana "no está en la cárcel por leves irregularidades administrativas, tal y como dicen desde el PP, sino que lo está por haber cometido presuntamente delitos graves que están penados en el Código Penal con cárcel".
Desmintieron, por tanto, que haya conspiración "para derrocar al PP del poder", al tiempo que dijeron estar sorprendidos de que este partido "diga que hay que dejar trabajar a la Justicia y que ellos la respetan, cuando llevan un mes poniendo en duda la independencia de la juez, el fiscal, la Audiencia Provincial de Murcia y la Guardia Civil, haciéndolos participes de una teoría conspiratoria para derrocarlos del poder".
Por último, subrayaron que "el PP ha propiciado y diseñado una plataforma ciudadana para defender sus intereses y no el buen nombre de Totana", ya que, precisaron, "el buen nombre de Totana se defiende erradicando la corrupción política, enviando a la cárcel a quienes hayan cometido delitos y se aprovecharon de su cargo para defender intereses privados y no el interés general de los ciudadanos".
Por otra parte, el diputado regional y ex alcalde de Totana Juan Morales, que puede ser llamado a declarar en los próximos días por presunta corrupción urbanística, está "tranquilo y con el deseo de contribuir cuanto antes al esclarecimiento de los hechos", según ha señalado su letrado, José María Caballero.
Caballero añadió que su defendido "espera con ansiedad el momento de declarar, ya que su deseo es el de colaborar en el esclarecimiento de los hechos para que acabe cuanto antes la persecución contra él y termine el juicio paralelo al que está sometido".
El letrado adelantó que ya tiene preparada una serie de actuaciones para el caso de que, como parece presumible, Morales sea llamado a declarar por el Tribunal Superior de Justicia, que es el encargado de juzgarle si ve indicios racionales de criminalidad contra él.
Caballero no quiso concretar cuáles serán esas actuaciones, aunque se ha sabido que las mismas girarán en torno a la supuesta vulneración de derechos de que supuestamente ha sido víctima el parlamentario regional.
Con esta estrategia de defensa, el objetivo del abogado es conseguir que las diligencias practicadas hasta ahora por el Juzgado de Totana sean declaradas nulas por vulneración de derechos.
El letrado sostiene que el Juzgado, "de hecho", ha llevado a cabo actuaciones en las que se ha "extralimitado", ya que "la ley le obligaba a elevar el caso al Tribunal Superior tan pronto advirtió la presunta intervención de mi cliente en los hechos".
La Fiscalía del Tribunal Superior esperaba "para hoy o mañana", la entrada en la Sala de lo Civil y Penal del informe que la jueza que instruye este caso tiene que preparar sobre la supuesta intervención de Morales en un caso de cohecho.
Una vez que se reciba el documento, el tribunal dará traslado del mismo a la Fiscalía para que ésta, en el plazo de cinco días, se pronuncie sobre la competencia del mismo para investigar al diputado regional y ex alcalde y sobre si los hechos revisten caracteres de delito.
Según el contenido de las cintas en las que se recogen diversas conversaciones telefónicas mantenidas entre algunos de los implicados en las diligencias, Morales habría pedido la entrega de tres millones de euros a un empresario gallego por la recalificación de unos terrenos para su urbanización.
Según "La Verdad", los cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se han desplazado a la Región tienen previsto proceder a la detención de otra persona involucrada con la presunta trama de corrupción urbanística que se investiga en Totana dentro de la Operación Tótem, según fuentes próximas al caso.
Esta detención se producirá en el transcurso o al final del proceso de toma de declaraciones que se ha abierto de nuevo para recabar más pruebas en torno a esta operación que mantiene en prisión al alcalde de Totana.
Los interrogatorios se iniciaron el miércoles por la tarde, cuando se tomó testimonio a tres personas citadas como testigos. Esta nueva misión de los agentes de la UCO se prolongará hasta hoy, indicaron las mismas fuentes de la investigación. Está previsto que la detención se produzca a resultas de las declaraciones, y en función del grado de implicación sobre presuntas irregularidades urbanísticas en Totana.
A partir de ahí, quedará en manos de la juez que instruye el caso, María Asunción Navarro, en el sentido de si toma alguna medida cautelar. Los interrogatorios de los testigos, algunos de ellos empresarios, se están llevando a cabo también en el cuartel de Alhama.
En relación al informe razonado que va a elevar la juez al TSJ para imputar al ex alcalde y diputado regional Juan Morales, la oficina del fiscal no tiene decidido aún si solicitará que ingrese en prisión, como hizo con el primer edil actual. Esta medida la evaluará a partir de la semana que viene, cuando presente sus alegaciones.
Como ha venido informando "La Verdad", el fiscal del caso, José Luis Días Manzanera, le imputa a Juan Morales el presunto delito de cohecho, por el supuesto cobro de algunas comisiones, o de haber acordado las mismas.
Pero, según "La Opinión", de paisano, silenciosos y en ocasiones, por la noche, están actuando los agentes de la Unidad Central Operativa encargados de realizar los interrogatorios a los testigos que tienen relación con la 'Operación Tótem' durante estos días en los municipios de Totana y Alhama.
Para no levantar expectación y para que los testigos que puedan aportar datos importantes en relación a la trama urbanística no se vean inmersos en el revuelo mediático, ya que no están, por el momento, imputados en el caso, los agentes actúan de forma silenciosa. Según ha podido conocer este periódico, los agentes llegaron a realizar una declaración a una persona a las cuatro de la madrugada.
Durante el miércoles los agentes de la UCO no tomaron declaración a ninguna persona relacionada con el caso, en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Totana. Para no levantar revuelo no utilizarán los cuarteles de los municipios para realizar los interrogatorios y optan por recoger al testigo en su casa.
Entre los testigos, no sólo se encuentran empresarios que tienen relación con el mundo de la construcción, sino que también hay personas anónimas que pueden añadir datos cruciales a la investigación y, actuando de forma silenciosa como lo están haciendo, protegen a los testigos.
Del mismo modo, los agentes han interrogado ya a empresarios importantes de la zona del Bajo Guadalentín y cuyo testimonio se sumaría a las numerosas pruebas que los agentes ya han requisado desde que se iniciara la operación.
Todos los indicios apuntan a que el verdadero objetivo de la 'Operación Tótem' es el ex alcalde de Totana y actual diputado en la Asamblea Regional -en el caso también están imputadas su ex mujer, María del Carmen Jordán, y su actual pareja Vaneide Freitas, de nacionalidad brasileña-.
Para Morales, no se han puesto las cosas fáciles en estos días, ya que ahora es la Asamblea Regional la que estudiará, en un plazo de tres meses, que a raíz de las ausencias injustificadas y reiteradas del diputado existe la posibilidad de rebajarle o retirarle el sueldo.
El pasado 28 de noviembre Morales no acudió a ninguna de las dos sesiones del pleno de la Asamblea Regional y desde entonces no ha vuelto a acudir al parlamento regional.
El diputado de IU+Los Verdes, José Antonio Pujante, recordó que "tras lo ocurrido hubo un acuerdo no escrito de todos los grupos políticos de no ponerle las cosas fáciles a Morales".
La situación del diputado sigue pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia reciba tanto el informe de la juez de Totana, como de la Fiscalía.
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