Juan Pablo Lozano se encargará de los delitos urbanísticos y José Luis Díaz Manzanera de la protección del medio ambiente
La reestructuración forzosa, y ahora acelerada, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia tras la dimisión del antiguo delegado de la Fiscalía Anticorrupción, José María Alcázar, parece ir tomando cuerpo de forma progresiva y rápida. Según fuentes próximas a la Fiscalía, el encargado de investigar los delitos relacionados con la corrupción urbanística será Juan Pablo Lozano, fiscal especializado en urbanismo y con fama de ser muy profesional, escrupuloso y serio.
De hecho, Lozano ya se ha hecho cargo de varias de las investigaciones abiertas en la Región, como es el caso de la denuncia contra el alcalde de San Javier por un presunto trato de favor al empresario Santiago Martínez Esparza en la cesión de los terrenos para la construcción del Hospital del Mar Menor.
El martes, Lozano estrenó su cargo de forma oficiosa en el I Congreso italo-español sobre Derecho Patrimonial que se celebra en nuestra ciudad. Allí, el que será de forma inminente responsable de la lucha contra la corrupción en nuestra región, exigió más dureza a los tribunales de Justicia a la hora de enjuiciar los delitos urbanísticos y calificó como "permisiva" la actitud de algunas audiencias provinciales, en clara alusión preventiva a la nuestra.En cambio,destacó la "contundencia" con que el Tribunal Supremo se pronuncia en los últimos años en los delitos relativos a la ordenación del territorio.
Lozano señaló que estas figuras delictivas se incorporaron al Código Penal de 1995 al considerar el legislador que esta vía podría ser más eficaz que el Derecho Administrativo en la lucha contra estos delitos, "al conllevar, entre otras, la posibilidad de verse sentado en un banquillo y de ser condenado a penas de prisión".
El fiscal de delitos urbanísticos, en lo que parece un claro aviso a políticos ya imputados, reclama mano dura a los jueces en materia de urbanismo y asegura que los políticos pueden prevaricar aunque los técnicos no les adviertan de que están obrando ilegalmente. Explicó las dificultades prácticas que deben afrontar los fiscales a la hora de investigar cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio.
Este fiscal, que desde hace semanas también viene ejerciendo como fiscal Anticorrupción en funciones, tras la dimisión de José María Alcázaz, señaló,durante su intervención en este I Congreso Italoespañol sobre Derecho Patrimonial -organizado por la Universidad de Murcia y la Universidad Roma-, que «hay jueces más proclives que otros y más sensibles a estos asuntos».
Lozano explicó exhaustivamente durante su intervención la figura de la prevaricación urbanística. En este sentido el conferenciante reiteró que gobernantes y políticos pueden incurrir en delito cuando adopten resoluciones injustas a sabiendas, «aunque previamente no hayan sido advertidos de ilegalidad por los técnicos municipales». De esta forma daba a entender la doctrina en que basará sus futuras y muy cercanas actuaciones respecto a las denuncias presentadas en la Fiscalía en estos temas y todavía pendientes de cerrar.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción también se mueve en la frontera del derecho medioambiental. Así, junto a Lozano y al propio fiscal jefe, Manuel López Bernal (en la fotografía superior), se creará en nuestro TSJ la figura del fiscal encargado de perseguir delitos contra el medio ambiente. Esta plaza, que tampoco es oficial de momento, será ocupada por José Luis Díaz Manzanera, en la foto inferior.
Díaz Manzanera niega que exista politización en el ámbito judicial a propósito de las denuncias por presunta corrupción urbanística. Apunta que la Fiscalía ejerce «un filtro importante» sobre los casos que le llegan, de tal forma que aquellos que finalmente terminan en una denuncia firme ante los tribunales «acaban casi siempre en juicio». Finalmente dice que las denuncia de tipo urbanístico que alcanzan el ámbito penal se corresponden casi siempre con los casos más graves.
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