El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, denunció ayer que la delegación de eurodiputados que visitará distintas localidades valencianas para evaluar la política urbanística es "pura y estrictamente partidista" y supone una "intromisión" en el "debate electoral" previo a los comicios autonómicos del 27 de mayo.
Camps señaló en Bruselas, donde transmitió "la inquietud que nos produce ver cómo hay eurodiputados que con dinero público van a nuestro país a entrometerse en el debate estrictamente electoral".
El Parlamento Europeo autorizó recientemente que una delegación de eurodiputados viaje entre el 28 de febrero y el 3 de marzo a doce localidades de la Comunidad Valenciana (algunas de la Vega Baja), así como a la Comunidad de Madrid y Almería, para ver sobre el terreno la actividad urbanística que ha provocado numerosas denuncias de particulares ante la Eurocámara.
Sin embargo, Camps señaló que "todos somos conscientes en el Parlamento Europeo y en toda España de que se trata de una visita partidaria que pretende distorsionar el legítimo debate electoral en nuestro país".
Afirmó que los eurodiputados que viajarán "proceden casi todos de partidos socialistas o coaligados, y van a Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, y lo hacen porque lo que pretenden es exclusivamente ayudar a sus correligionarios en nuestro país".
Por tanto, dijo estar "completamente convencido" de algo que también "saben" los "propios eurodiputados": que "no llevan una tarjeta de presentación europea, sino de presentación pura y estrictamente partidista".
Recordó que será la tercera ocasión en la que eurodiputados visitan la Comunidad con el mismo propósito y recordó que en las ocasiones anteriores "se les ha explicado una y otra vez cuál es la realidad en estas cuestiones".
Como ejemplo citó que "Murcia y la Comunidad tienen los litorales menos desarrollados urbanísticamente de toda España" y que "nuestras respectivas comunidades autónomas son las que más territorio tienen protegido". También que "la legislación de la Comunidad Valenciana, de Madrid o de Murcia es exactamente igual a la que tienen la inmensa mayoría de las comunidades autónomas".
Lamentó sin embargo que "esto no ha servido" e insistió en que "se trata de una visita estrictamente partidaria". Aseguró que desde el Consell "no solo criticaremos, sino que pondremos en cuestión una tarea (de la delegación del Parlamento Europeo) que no busca la verdad, sino otro tipo de cuestiones".
La política urbanística de la Comunidad Valenciana no sólo es objeto de investigación por parte de la Comisión Europea -que declaró ilegal tanto la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) como algunos aspectos de su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV)--. La Eurocámara emitió, en diciembre de 2005, un duro informe contra esta política en Valencia.
En este sentido, Camps deseó que la nueva presidencia de la Eurocámara -en manos ahora del democristiano Poettering en sustitución del socialista español Josep Borrell- suponga también cambios por lo que respecta a este aspecto. "Me gustaría que esto fuese así", dijo, y añadió que "el Parlamento posiblemente merece otro tipo de actividades".
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El sector zaplanista en la CAM fiel al ex presidente de la Generalitat, aliado tácitamente con el PSPV en el último y controvertido proceso electoral, decidió ayer rebajar la tensión de las últimas semanas. Aunque se había especulado con la posibilidad de que estos dos grupos, enfrentados a la parte oficial de la CAM, forzaran una votación para dejar en evidencia al presidente Vicente Sala y recortarle su poder, esa votación no se produjo. Lejos de resucitar recientes batallas a cuerpo descubierto, zaplanistas y socialistas dieron ayer por hecho que el reparto de cargos presentes y futuros es «aceptable».
Uno de los puntos del orden del día del primer consejo de administración tras la polémica asamblea general de elección de Vicente Sala, de principios de febrero, tenía que ver con el debate para la ampliación de atribuciones del presidente.
Las fuentes consultadas indican que no se planteó nunca forzar una votación en el consejo (que hubiera revelado con precisión quién controla la entidad, si Camps o la alianza zaplanista-socialista) «porque las atribuciones a que se refería el punto del orden del día eran las mismas que ya tenía el presidente hace un mes». La introducción de ese punto había levantado suspicacias, que ayer se difuminaron cuando los miembros del consejo se convencieron de que era un trámite preceptivo más tras la reelección del presidente que viene marcado por los estatutos de la entidad.
La facción crítica de la CAM tomó ayer el mismo camino que el presidente de la Cámara, Antonio Fernández Valenzuela, el cual optó por apagar la escandalera tras reunirse con Ripoll en la Diputación, justo un día después de que la comisión de control designara al murciano Juan Ramón Avilés en la presidencia, pese a que, al parecer, se había pactado que el cargo lo asumiera el vicepresidente de la Cámara, el turronero José Enrique Garrigós.
Ese supuesto incumplimiento de un acuerdo ha dejado relegada a un segundo plano a la Cámara de Comercio, en beneficio de Coepa, que sí ha colocado a su presidente Modesto Crespo en el destacado puesto de la secretaría general del consejo. Crespo, además, accedió ayer a la comisión ejecutiva, un órgano de máximo poder ejecutivo que se halla en un escalón inmediatamente inferior al consejo de administración.
Hasta «de guante blanco» llegaron ayer a calificar varios consejeros de la CAM el primer consejo de administración oficial tras la formidable polémica formada por controlar la entidad, la cuarta caja de ahorros de España en volumen de negocio. «Hemos hecho lo que teníamos que hacer después de un período de confrontación», aseguran desde el consejo. Otras fuentes aseguran que «no había motivo para seguir con la polémica» y aseguran que el reparto de cargos en las direcciones territoriales y en las comisiones específicas de la Caja ha sido «aceptable y equilibrado». Ese reparto deja fuera de la comisión de inversiones al promotor Armando Sala, adalid del zaplanismo en la Caja y aspirante hasta el pasado 2 de febrero de la presidencia de la Caja. Aunque la crisis de la entidad se ha cerrado en falso y pende aún la posibilidad de una votación que deje en minoría a Vicente Sala, el actual vicepresidente de la entidad no se ha tomado a malas su defenestración en dicha comisión. Armando Sala debía abandonar dicho cargo en medio año y, además, acapara ya demasiados puestos. Permanecerá en el consejo de Sol Melià, participada por la CAM.
El ciclo de tranquilidad también llega con el anuncio por parte de Vicente Sala del inicio del proceso para crear dos nuevas vicepresidencia. Una de ellas será con total seguridad para Jesús Navarro, empresario propuesto por Ignasi Pla. La otra plaza será, previsiblemente, para Crespo, candidato de Camps con el que el PP oficial quiso, de manera infructuosa, tomar todo el control de la entidad financiera.
De "La Verdad"
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