La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia parece que ha presentado por fín hoy, en los juzgados de Lorca, una querella, por varios presuntos delitos, contra cinco cargos públicos del PP y el actual lider del MASd (Movimiento Aguileño Socialdemócrata), expulsado del PSRM, por su actuación en la recalificación urbanística del paraje protegido de La Zerrichera, dentro del término municipal de Águilas.
Se especula, en medios periodísticos y del TSJ, que podría tratarse del actual alcalde, Juan Ramírez Soto (que repetirá como cabeza de lista en las próximas elecciones municipales), del concejal de Urbanismo y secretario local del PP, Fernando Martínez (en su día ex candidato por el MIRA del empresario Alfonso García Zapata), y el exsocialista y promotor inmobiliario Pedro Gil, hoy al frente del MASd.
El resto de querellados pueden ser los directores generales del Medio Natural, Calidad Ambiental y Obras Públicas del gobierno autónomo, que preside Ramón Luis Valcárcel Siso, pero hasta esta noche ningún nombre había trascendido con seguridad.
La Fiscalía tenía de plazo hasta mañana viernes, 23 de febrero, para decidir sobre las denuncias presentadas sobre este caso. (NEM)
(En la fotografía, propaganda electoral con la cara de Pedro Gil, en el mobiliario urbano aguileño)
4 comentarios:
El caso Zerrichera, el escándalo urbanístico más importante de los últimos años en la Región, ha tomado cuerpo. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, presentó ayer una querella contra diversos responsables políticos -entre los que figura el alcalde de Águilas y altos cargos del Gobierno regional; así como varios funcionarios-, como colofón a una investigación que ha durado un año y en la que ha indagado en la supuesta comisión de delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, a raíz de la recalificación de unos terrenos protegidos como LIC y ZEPA destinados a la construcción de una urbanización del Grupo Hispania.
Según ha podido saber La Verdad de fuentes de toda solvencia, la querella va dirigida contra el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez; un promotor y dos o tres funcionarios de la Administración regional. El fiscal jefe del TSJ les imputa en su querella los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Treinta declaraciones
Otras fuentes del mismo crédito confirmaron que la querella fue presentada ayer tarde en el Juzgado Decano de Lorca, que será ahora el encargado de darle traslado al juzgado de instrucción correspondiente según las normas de reparto. La primera decisión del juez será, a partir de ese momento, establecer si existe base suficiente para admitir a trámite la querella, lo que daría origen con toda probabilidad a una prolija investigación judicial, o considerar que sólo cabe el archivo.
Desde el 14 de febrero, día en que tomó las últimas declaraciones sobre este asunto, el fiscal jefe ha permanecido alejado del Palacio de Justicia y se ha recluido en su casa para estudiar con tranquilidad y sin presiones la abundante documentación y los numerosos testimonios que, bien en calidad de testigos o como sospechosos, ha recabado durante meses de investigación.
Ayer tarde, un día antes de que expiraba el plazo legal para presentar denuncia o, en su caso, archivar las diligencias, López Bernal interpuso la mencionada querella. El hecho de que el fiscal jefe haya optado por esa fórmula procesal -la querella, en vez de una denuncia- constituye en sí mismo una firme apuesta por el futuro de la investigación judicial, ya que anuncia la voluntad de la Fiscalía de sostener la imputación contra las personas que son objeto de la misma.
La Fiscalía del TSJ abrió diligencias informativas hace un año tras las denuncias presentadas por los grupos ecologistas y el PSOE, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.
Por la oficina de Manuel López Bernal han pasado a prestar declaración más de 30 personas desde que inició la toma de testimonios en junio del año pasado, entre ellos dos ex altos cargos de la Administración regional, ocho altos cargos en ejercicio y 8 funcionarios.
Las citaciones empezaron con cinco antiguos propietarios de los terrenos. Le siguió, en enero pasado, el alcalde de Águilas y siete concejales de todos los grupos que participaron en una Comisión de Urbanismo clave. A continuación lo hicieron altos cargos y funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente; y por último otros altos cargos y funcionarios de Obras Públicas, además del jefe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Al menos cinco de ellos acudieron con sus abogados.
De "La Verdad"
Parece que ha dejdo de parecer para ser verdad
El parece ser, será verdad cuando no archive el caso de la Zerrichera el juez de Lorca.
Querellarse se ha querellado.
Publicar un comentario