La deuda de la Región de Murcia alcanzó el 32,3% del PIB en 2022, la cifra más alta por CCAA

MURCIA.- La deuda de la Región de Murcia alcanzó el 32,3% del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre de 2022, la tercera cifra más alta del país en términos relativos tras las anotadas por la Comunidad Valenciana (44%) y Castilla-La Mancha y Cataluña (33%, en ambos casos), según el informe 'Endeudamiento de las Comunidades Autónomas', publicado por BBVA Research.

En términos per cápita, la deuda en la comunidad autónoma ha pasado de 5.191,9 euros en 2015, cuando representaba el 26,7% de su PIB, a 7.450,6 en 2022. Por su parte, la carga financiera ha pasado de 17,6 hace ocho años a 29,74 el pasado año.

Cataluña se sitúa como la región con una mayor deuda per cápita hasta el cierre de 2022, unos 10.981 euros por habitante, mientras que en relación al PIB, la Comunidad Valenciana (44,5%) es la región más endeuda, seguida de Castilla-La Mancha (33,7%) y Cataluña (33,5%).

El estudio de BBVA Research se publica en pleno debate sobre la deuda autonómica, después de que partidos independentistas catalanes plantearan una condonación como condición para investir al candidato socialista, Pedro Sánchez.

En este contexto, BBVA Research ha dado a conocer que Cataluña es la comunidad con una mayor deuda per cápita al cierre del año pasado y la tercera región con una mayor deuda respecto al PIB.

En cuanto a la deuda per cápita, después de Cataluña se sitúan la Comunidad Valenciana (10.810 euros); Castilla-La Mancha (7.528,3); Murcia (7.450,6); Baleares (7.529,5); Aragón (6.890,3); Cantabria (5.745,5); Castilla y León (5.605,7); Madrid (5.170); La Rioja (5.107,1); País Vasco (4.987,6); Extremadura (4.876,6); Navarra (4.796,2); Galicia (4.446,5); Andalucía (4.432,6); Asturias (4.199,4); Canarias (2.874).

En términos del PIB regional, la Comunidad Valenciana (44%), Castilla-La Mancha, Cataluña (33% ambas) y Murcia (32%) son las cuatro comunidades más endeudadas. Al contrario, las comunidades con una ratio menor son Navarra, Canarias, País Vasco y Madrid, estas tres últimas con una deuda por debajo del 14% de su PIB regional.

Según apunta BBVA, los instrumentos utilizados por las comunidades autónomas para financiarse han evolucionado en función de las condiciones de los mercados. Entre 1995 y 2011, la emisión de valores fue ganando peso.

En ese periodo, de media, la emisión de valores representaba un 47% del total de la financiación, frente al 53% de los préstamos. No obstante, el cierre de los mercados en 2012, provocado por la crisis financiera, y la entrada en vigor de mecanismos de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), restó peso a estos instrumentos de financiación.

El FLA forma parte de los mecanismos que el Gobierno central creó en 2012 para facilitar liquidez a las comunidades autónomas en un momento de cierre de los mercados financieros. Actualmente, el FLA representa casi el 59% de la deuda autonómica, frente al 14% de los valores emitidos en el mercado.

A partir de 2020, algunas de las comunidades recurrieron de nuevo a las instituciones financieras para captar financiación y los préstamos ganaron peso hasta representar el 27% del endeudamiento autonómico.  

Murcia, la tercera CCAA que más porcentaje de su presupuesto dedica a Educación, con un 23%

MURCIA.- La Región de Murcia es la comunidad autónoma que más porcentaje dedicó a Educación en 2022, con un 23,7 por ciento, lo que supone 1.078 euros por habitante, ambas cifras por encima de la media nacional cuyo porcentaje presupuestario fue del 10,6 por ciento y 1.028 euros por habitante, según el informe 'La inversión social por comunidades. Sanidad, Educación y Servicios Sociales' de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En concreto, en cuanto a Educación la Comunidad fue la décima que más creció entre 2009-2022 con 17,12 por ciento (+241,4 millones de euros), por debajo de la media nacional que se situó en el 19,37 por ciento.

Nueve comunidades aumentaron por encima de la media, lideran Valencia, Navarra y La Rioja, con un aumento del 38,10 por ciento, del 36,65 por ciento y de un 35,25 por ciento. En el otro extremo se encuentra Castilla y León y Galicia y Castilla-La Mancha que aumentaron únicamente en un 5,94 por ciento, 6,88 por ciento, y 9,91 por ciento respectivamente.

La Región de Murcia dedicó el 62,11% de su presupuesto a políticas sociales --Sanidad, Educación y servicios sociales-- en 2022, con 2.823,20 euros por habitante. A nivel nacional, el porcentaje presupuestario fue del 58,78 por ciento y se destinaron a este fin 2.939,80 euros por habitante.

En concreto, según los datos extraídos de este informe el presupuesto de la Región de Murcia en políticas sociales aumentó un 21,87 por ciento entre 2009 y 2022, lo que supone 776 euros más, lo que la sitúa como la novena comunidad con mayor crecimiento, superior al incremento de la media nacional (19,02%).

Desde 2009 todas las comunidades autónomas han incrementado su inversión en el conjunto de áreas. Baleares (+48 por ciento), Valencia (+40 por ciento) y Navarra (+34 por ciento) son en las que más crecen.

Por su parte Cataluña se estanca con un incremento del 4,68 por ciento en 13 años. La inversión por habitante solo baja en la Cataluña (-6,38 euros), y crece muy ligeramente en la Comunidad de Madrid (+167,84 euros).

No obstante, Castilla La Mancha, Aragón, Canarias y Murcia crecen por debajo de la media nacional. Es especialmente significativo el aumento en más de 800 euros por habitante de inversión en políticas sociales de Valencia, Navarra y Asturias.

Sobre gasto en Sanidad, la Comunidad ha incrementado su presupuesto en un 22,10 por ciento, lo que la sitúa como la octava región con mayor crecimiento entre 2009 y 2022, en este caso por encima de la media nacional que registró un incremento del 13,40 por ciento.

En este caso, el aumento en la Región supone 398 millones de euros más en 2022 con respecto a 2019 y 186,33 euros más por habitante.

En este caso, Cataluña redujo su gasto en Sanidad en un 12,22 por ciento, mientras que Aragón (3,16 por ciento) y Madrid (5,74 por ciento) lo incrementaron muy por debajo de la media. En el otro extremo Baleares aumentó en un 51 por ciento el gasto en sanidad y Navarra, Cantabria y Andalucía lo hicieron por encima el 25 por ciento.

Además, la Región de Murcia dedicó en materia sanitaria el 31,6 por ciento del presupuesto total, con 1.435,62 euros por habitante. Por su parte, la media nacional supuso un 30,8 por ciento del presupuesto y 1.538,66 euros.

Por último, el gasto en Servicios Sociales en la Región se incrementó un 40,55 por ciento, el décimo porcentaje más elevado por comunidades e inferior a la media nacional --48,13 por ciento--.

Este incremento supone, en términos absolutos 136,8 millones de euros y un aumento de 75,54 euros por habitante frente a una media nacional del 114,30 euros.

En 2022, la Región dedicó el 6,8% de su presupuesto a Servicios Sociales, con un gasto por habitante del 309,49 euros, inferior a la media nacional que fue del 372,23 euros.

El número de adultos condenados en la Región crece un 9,7% en 2022

 

MURCIA.-La Región de Murcia registró 11.142 adultos condenados en 2022, lo que supone un aumento del 9,7% con respecto a los 10.157 del año 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los delitos cometidos por los condenados por cada 1.000 habitantes de 18 y más años, Murcia se encuentra entre las comunidades con mayores tasas (12), en quinto lugar junto a Canarias.

De los 11.142 adultos condenados en la Región, 8.060 son de nacionalidad española y los 3.082 restantes extranjeros.

Asimismo, la Región registró 14.751 delitos. Del total de delitos cometidos por adultos en la Región de Murcia, 12.773 fueron cometidos por hombres y 1.978 por mujeres.

La inflación industrial cae en la Región de Murcia un 12,7% en agosto, el séptimo mayor descenso por CCAA

MADRID.- El Índice de Precios Industriales (IPRI) en la Región de Murcia ha caído un 12,7% en agosto en relación al mismo mes del año anterior, el séptimo mayor descenso por comunidades autónomas, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la variación mensual, los precios industriales en la Región han aumentado un 3,6%, mientras que en lo que va de año han bajado un 4,9%.

El sector que impulsó la caída anual de los precios industriales en la Región de Murcia en agosto fue el de la energía, con un descenso del 25,5%, mientras que en términos mensuales aumentó un 7,8% y en lo que va de año bajó un 11,3%.

En términos interanuales, el resto de sectores experimentaron subidas, a excepción de los bienes intermedios, cuyos precios decrecieron un 3,6%.

Un total de 34 menores fueron condenados por delitos sexuales en 2022 en la Región, un 12,5% más que en 2021

MURCIA.- Un total de 34 menores fueron condenados por delitos sexuales en 2022 en la Región de Murcia, un 12,5% más que en 2021, según datos de la Estadística de Condenados del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, los 34 menores condenados representan el 6,79% del total de 501 menores condenados por este motivo en toda España durante 2022.

También en 2022, un total de 138 adultos fueron condenados por delitos sexuales en la Región de Murcia, lo que supuso un aumento del 11,29% respecto a los 124 registrados en el ejercicio anterior. Estos cometieron 176 delitos, un 6,02% más.

¿Se ha visto obligado el gobierno británico a renunciar 'de facto' a la agenda municipal de 15 minutos?

LONDRES.- "En el Reino Unido, el gobierno se ha visto obligado a renunciar a la agenda municipal de 15 minutos porque se destruyeron casi todas las cámaras y más de 50.000 personas se niegan a pagar las multas", ha dicho en su blog el prestigioso, por bien informado periodista, Benjamin Fulford. Pero Inglaterra no "renuncia" a la ciudad de los 15 minutos, pese a lo que se dice en las redes sociales, según la agencia internacional de noticias Associated Press.

 "Las cámaras no pueden ser protegidas porque han desfinanciado a la Policía. Los tribunales no pueden procesar a ese número de personas".

Los posts afirman que el Foro Económico Mundial (FEM) y otras organizaciones de mentalidad global están conspirando para imponer ciudades de "15 minutos" en las que sus libertades se verán gravemente recortadas por las tecnologías avanzadas.

Pero el principio de diseño urbano hace hincapié en la construcción de comunidades más compactas donde las necesidades cotidianas puedan encontrarse a 15 minutos a pie. No se trata de restringir los movimientos ni las libertades de las personas.

La idea de que Inglaterra está "abandonando" el concepto tampoco es exacta. Funcionarios británicos afirman que se están confundiendo erróneamente los esfuerzos basados en estos conceptos con las controvertidas normativas anticontaminación impuestas en otras partes del país.

El Plan de Mejora Medioambiental del Reino Unido, que pretende "restaurar la naturaleza" y "atajar la contaminación ambiental", por ejemplo, compromete al gobierno a garantizar que todo el mundo viva a menos de 15 minutos a pie de "espacios verdes" como parques y campos o "espacios azules" como ríos, estanques y otras vías fluviales.

"En la actualidad, el 38% de las personas no tienen espacios verdes o azules a menos de 15 minutos a pie de su casa", según el plan de 25 años, revisado en enero para incluir el nuevo objetivo y otros esfuerzos. 

"Por eso establecemos un nuevo y ambicioso compromiso de trabajar en todo el gobierno y más allá para garantizar que cualquier persona pueda llegar a un espacio verde o azul a menos de 15 minutos de la puerta de su casa".

Anna Calder, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, que dio a conocer el plan, confirmó que los esfuerzos para hacer realidad ese objetivo siguen en marcha.

Citó el Marco de Infraestructura Verde, un conjunto de directrices y normas dirigidas a planificadores y promotores comunitarios.

Funcionarios británicos afirman que el país insular sigue avanzando en los esfuerzos relacionados con el concepto de diseño urbano, sobre todo invirtiendo en más parques y espacios abiertos. 

Además, dicen, las cámaras y multas a las que se hace referencia en los posts están asociadas a esfuerzos no relacionados para reprimir a los vehículos viejos y contaminantes en Londres y otras ciudades.

"El Marco incluye una herramienta cartográfica galardonada que puede ayudar a identificar los lugares donde más se necesitan los espacios verdes", escribió la agencia en un comunicado de prensa de febrero.

 "El gobierno ya ha utilizado la herramienta para garantizar que el fondo de 9 millones de libras "Levelling Up Parks" llegue a las zonas de bajos ingresos con acceso limitado a espacios verdes".

El concepto de ciudades de 15 minutos tampoco tiene "nada que ver" con las cámaras y las multas a las que se hace referencia en las publicaciones de las redes sociales, según Carlos Ratti, profesor de estudios urbanos del MIT y director de su Laboratorio de Ciudades Sensibles.

Las 50.000 multas mencionadas en los mensajes de las redes sociales se refieren probablemente a las casi 50.000 multas impugnadas con éxito en Birmingham por su Zona de Aire Limpio.

Las cámaras, por su parte, se refieren probablemente a la destrucción de cientos de cámaras de tráfico por los opositores a las restricciones de emisiones de Londres, conocidas como Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ).

Todo cerca, pero no tan bonito como parece

La idea es reducir las emisiones provocadas por los desplazamientos protegiendo a los vecinos de la contaminación. Por eso resulta imprescindible lo de moverse a pie o bicicleta, utilizando el coche solo en contadas ocasiones. 

Y estas restricciones de tráfico han sido, precisamente, las que han provocado la protesta de los ciudadanos que en algunas ciudades como Oxford, en el Reino Unido, ven en ellas una limitación de la movilidad.  

las restricciones se han ido poco a poco ampliando en la ciudad. Han ido llegando desde el centro a la periferia y actualmente ya hay muchos problemas circulatorios para poder llegar a muchos puestos de trabajo.

Y las restricciones en Oxford iban a ir más. A partir de 2024 se pondrían en marcha los llamados filtros de tráfico de seis vías por las que solo podrán circular libremente los autobuses y taxis (el transporte público), peatones y ciclistas. Los residentes que tengan coche tendrían permiso para conducir, pero solo 100 días al año -25 si eres habitante del condado y no residente en la ciudad-.

Y aunque desde las autoridades han anunciado que habría excepciones, como las personas con movilidad reducida o trabajadores sanitarios, hay muchos habitantes enfadados, tanto como para que el concejal de Movilidad haya denunciado en la BBC amenazas de muerte.

El Gobierno presiona para que más de 100 ciudades españolas apliquen las ZBE

MADRID.- Más de nueve meses después de que entrase en vigor la normativa que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, menos del 10% de los municipios españoles que deben activar la suya han cumplido con la ley, según el digital www.motorpasion.com

El Gobierno ya ha dejado claro que no habrá sanciones para los Ayuntamientos que no pongan en marcha su ZBE, pero acaba de avisar a decenas de localidades de que, si no lo hacen, tendrán que devolver los fondos europeos destinados a poner en marcha estas ZBE.

A nivel político, las ZBE han sido motivo de conflicto desde el primer día. A pesar de ello, la normativa que obliga a establecer una ZBE en las ciudades de más de 50.000 habitantes entró en vigor a principios de este año.

El problema es que, como reconoció hace unos días Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo hay 14 ciudades con una ZBE activa, menos del 10% de las 151 localidades españolas con más de 50.000 habitantes.

También tienen obligación de tener ZBE las ciudades de más de 20.000 habitantes para activarla, puntualmente y siempre que sea necesario, en episodios de alta contaminación.

Teresa Ribera reconoció, también hace unos días, que no habrá sanciones para las ciudades que no están cumpliendo con la normativa. Según la ministra, “no puede haber sanciones entre administraciones”. Pero eso no significa que el Gobierno esté dispuesto a mirar hacia otro lado.

El Ejecutivo acaba de avisar de lo que sucederá con las ciudades que sigan sin poner en marcha su ZBE a través de una carta que ha enviado a cerca de 200 ayuntamientos, según señala Público.

En esta carta, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana advierte a todos estos consistorios de que tendrán que devolver los fondos europeos que han recibido para impulsar la movilidad sostenible si no activan su ZBE.

Algunas ciudades todavía no tienen su ZBE porque están necesitando tiempo para establecerla, pero otras se han negado directamente a implantar esta zona con restricciones al tráfico y al aparcamiento, como Gijón.

El mismo aviso también va dirigido a las ciudades que están revirtiendo o modificando proyectos. Es algo que llevamos viendo desde hace unas semanas en varias ciudades, como en Barcelona, donde ya ha comenzado la demolición de la Barcelona peatonal de Colau.

Valencia es otro ejemplo porque ha decidido quitar un carril bici construido por el anterior Gobierno regional con fondos europeos Next Generation para devolvérselo a los coches. En Logroño también hay guerra política por el mismo motivo.

El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez, recordó “el fuerte compromiso de su ministerio con la transformación sostenible de la movilidad urbana, que, por ejemplo, se ve reflejado en la concesión de 1.500 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación a 196 municipios y dos entes supramunicipales para desarrollar 1.064 actuaciones encaminadas a implantar ZBE, a adquirir autobuses cero emisiones, a peatonalizar calles y a desplegar carriles bici, entre otras actuaciones”.

Según apunta El Nacional.cat, la carta que ha enviado el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a estos casi 200 ayuntamientos, señala que “el régimen de modificación de las inversiones establece que el beneficiario de los recursos tiene que cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, ejecutar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones".

El aviso deja claro que incumplir cualquiera de estos proyectos o actividades implicará la devolución de los fondos europeos recibidos para llevarlos a cabo. En caso de que algunas ciudades quieran llevar a cabo cambios en estos proyectos, deberán aprobarse por la secretaría de Transportes.

En España, solo funcionan 14 de las 149 zonas de bajas emisiones obligatorias por ley

MADRID.- Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una opción. Son un requisito legal desde el 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor la Ley de Cambio Climático, que persigue entre otras cosas “mejorar la calidad del aire”.  Los municipios (y los territorios insulares) tenían más de un año y medio para implementarlas. La fecha tope era el 1 de enero de 2023. 

Este proyecto de zonas de bajas emisiones, además de la obligación legal, ha contado con financiación proveniente de los fondos de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros aprobado y entregado por el Gobierno central. 

A septiembre de 2023 hay vigentes esas 14 ZBE más otras tres de municipios alrededor de Barcelona (en Cataluña se llegó al acuerdo de extender la implantación de áreas con menos tráfico a poblaciones de más de 20.000 vecinos).

“Vamos con muchísimo retraso y tendría que darse un avance gigantesco en este trimestre final para que se pusieran en marcha este año”, reflexiona la encargada de Movilidad en Greenpeace, Cristina Arjona.

 “Primero se ralentizó porque el real decreto sobre ZBE llegó en diciembre de 2022, de hecho el Ministerio está siendo flexible por eso, pero, después de la elecciones municipales han llegado cambios de gobiernos locales y se ha pasado de retrasar a, en algunos casos, dar pasos atrás”, remata.  

En el registro del Ministerio se califica como “en trámite” a la mayoría de ciudades restantes, aunque hay más de 15 “pendientes”, es decir, “sin trámites iniciados”, según describe Transición Ecológica.  

Lo que ha hecho García Albiol en Badalona es anunciar que aprobará una moratoria a las restricciones de tráfico de la ZBE. “No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”, justificó el político del PP. En realidad, la normativa explica que esta medida debe buscar “impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público”. 

Y dentro de ese objetivo incluir “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”. 

Tres meses (con las vacaciones de por medio) le ha durado al nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), la Zona de Bajas Emisiones puesta en marcha en el cuarto municipio más poblado de Cataluña. Pretende desactivarla al dejar sin efecto sus restricciones. 

Era una de las únicas 14 zonas en funcionamiento –de 149– en poblaciones de más de 50.000 habitantes, donde es obligatorio desde el 1 de enero pasado, según el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Es apenas un 9%. 

Carmen Duce, coordinadora de Transporte en Ecologistas en Acción, explica que “como ni la ley ni el real decreto que desarrolla las zonas contempla sanciones eso ha permitido dilatar el proceso”.

 “Lo que hemos podido ver in situ es que, en un principio, los ayuntamientos no tenían ni idea de lo que significa una zona de bajas emisiones y como el decreto del Gobierno no llegó hasta diciembre de 2022, eso les permitió echar balones fuera”, abunda Duce. 

La cuestión es que antes de eso, en noviembre de 2021, Transición Ecológica publicó unas directrices sobre cómo podrían implementarse estas áreas. Un documento para orientar a las ciudades que estaban obligadas a desarrollar su ZBE.  

Ahí se recogieron cuatro vías para sacar coches de las urbes. Incluso el real decreto que se elaboró un año después contempla que aquellos municipios que hubieran puesto en marcha zonas de tráfico restringido antes del real decreto tendrían 18 meses para retocar sus planes y adecuarlos a la normativa si no encajaban.

“Luego llegaron las elecciones municipales del 28M”, prosigue Duce. “Donde había voluntad política nos decían que hacerlo antes de la votación era un suicidio. Y después hemos detectado que donde ha habido cambio, parece que hubiera una consigna de esto no porque es lo que hacían lo otros, obviando, eso sí, el compromiso legal y, además, unos fondos asignados”.

La vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha avisado a partir del anuncio de García Albiol que “el Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”. Badalona ha recibido un millón de euros de fondos europeos solo para el proyecto de implementación de esa zona de bajas emisiones.  

Arjona entiende que en el asunto de las zonas de bajas emisiones ha habido “una falta divulgación y difusión a la población sobre qué suponen porque, al final, parece que sean una molestia en lugar de algo positivo”. 

Duce coincide: “Se ha explicado muy mal. Se ha jugado con la idea de que solo podrían usarse coches eléctricos, es decir, algo para ricos, y en realidad se trata de un montón de cosas más como la movilidad activa, la bicicleta o el transporte público”.

Además, Carmen Duce apunta otra circunstancia: “Todos los recursos ante tribunales que se han presentado cuando había medidas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Gijón... han hecho que los ayuntamientos optaran por hacerlo vía ordenanza municipal que, si bien tienen su lado positivo porque hay más información pública, hacen el proceso más lento”.

La idea de que haya estas áreas con menos tráfico es “reducir las emisiones [de gases] derivadas de la movilidad”, explica la ley. Más de un cuarto de las emisiones en España son producidas por automóviles, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. 

En Barcelona, por ejemplo, el 60% del dióxido de nitrógeno proviene de los vehículos, según el Ayuntamiento. En Madrid, aproximadamente un tercio de todos los gases de efecto invernadero salen de los tubos de escape. Es, con mucho, el principal contaminador, según las tablas municipales.  

“En realidad implementarlas va a mejorar la salud, el espacio urbano, va a dar más espacio a peatones, hará que el transporte público funcione mejor...” detalla Cristina Arjona. “Ha sido un hándicap que no se haya hecho esa difusión positiva porque, una vez que se implantan estas medidas, la población ve cómo son y nadie las quiere revertir”, comenta esta ingeniera civil que ilustra el argumento con el caso de la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona que una jueza ha ordenado eliminar una vez ejecutada, tras la denuncia de un grupo de comerciantes. Ahora, ninguno allí desea perderla. “Fui detractor, pero me gusta”, comentaba un vecino a elDiario.es tras conocerse el fallo judicial.

Tanto Arjona como Duce insisten en la necesidad de que se completen todas las áreas previstas. Este pasado jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes, en medio de actos por la Semana de la Movilidad, han insistido conjuntamente en la importancia de las ZBE ya que “priorizan los desplazamientos a pie o en bicicleta y el transporte público, colectivo y descarbonizado, frente a otros modos de transporte más contaminantes”.

“No puede entrarse en el revanchismo político”, remata Duce. “Lo primero debería ser la salud y el bienestar población. Los pasos atrás es que son a veces ridículos y también hay que decir que la mayoría de los trayectos diarios son a pie o en transporte publico y los coches son un minoría”.

En este sentido, los datos oficiales de la Comunidad de Madrid dicen que el automóvil privado representa el 39% de los viajes a diario. En la ciudad de Barcelona, el coche supone solo el 25% de todos los desplazamientos. En el área metropolitana de Valencia y en Sevilla es un 40%.

“Pero –remata la ecologista– los coches ocupan mucho espacio en las calles y parece que también en las mentes”.

La ONU pretende crear una autoridad mundial contra la pandemia con poderes de aplicación del confinamiento

NUEVA YORK.- La declaración de la ONU sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias ha sido aprobada por Dennis Francis, presidente de la Asamblea General de la ONU (AGNU), a pesar de las objeciones de 11 países. Esta aprobación se llevó a cabo sin someterla a una votación de la asamblea completa. El propósito de esta declaración es establecer una autoridad pandémica global con poderes disruptivos, como la capacidad de imponer confinamientos, promover la vacunación universal y censurar lo que considera "desinformación".

La declaración respalda el uso de tecnologías de salud digital para "implementar y respaldar medidas de salud y fortalecer los esfuerzos nacionales de respuesta" en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia. Algunos de los puntos que se solicitan incluyen una mayor vigilancia y la implementación de documentos sanitarios digitales. Los pasaportes de vacunas serían considerados como tecnologías de salud digital.

La caída de las tasas de vacunación en todo el mundo es motivo de "profunda preocupación", según la declaración. Se compromete a respaldar la investigación y el desarrollo de vacunas, considerando que la vacunación de rutina es una intervención rentable y eficiente en salud pública. 

Para mejorar la inmunización, se insta a fortalecer las capacidades de divulgación y proporcionar información basada en evidencia para fomentar la confianza, aceptación y demanda. Además, se busca ampliar la cobertura de vacunación para prevenir brotes y evitar la propagación y reaparición de enfermedades transmisibles.

La declaración enfatiza la necesidad de convertir los poderes temporales relacionados con COVID-19 en permanentes de manera sostenible, aprovechando las prácticas y lecciones aprendidas de la pandemia. Además, busca el establecimiento de un fondo pandémico de 30 mil millones de dólares por año para "inversiones críticas" relacionadas con la preparación y respuesta a las pandemias.

La nueva declaración expresa su preocupación por el impacto negativo de la desinformación y la desinformación relacionadas con la salud en los servicios de inmunización sistemática a nivel mundial. Además, se solicita la implementación de medidas para abordar la información errónea, especialmente en las plataformas de redes sociales. También se busca contrarrestar la vacilación de la vacuna y generar mayor confianza en las autoridades de salud pública.

La colaboración mundial en la prevención de pandemias y la mejora de la salud pública es creída por los partidarios de la declaración como algo que será ayudado por ella. Algunas de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 serán aplicadas, según afirma la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo, aquellos que entienden las implicaciones de esta medida están muy preocupados, incluyendo al presidente del Centro de Política de Seguridad, Frank Gaffney, quien la describe como "sin precedentes". 

Él dijo: "No hay forma de evitar el hecho de que va a venir a expensas de la soberanía de las diversas naciones a las que posteriormente se les dirá que tienen una emergencia y se les dirá lo que tienen que hacer al respecto".

"Esta es una prensa de corte completo para que la totalidad de la Organización de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y sus organizaciones afiliadas, respalden y apoyen su propuesta globalista de la OMS en todo el mundo estado policial totalitario médico y científico", dijo Francis Boyle, J.D., Ph. D., experto en armas biológicas y profesor de derecho internacional de la Universidad de Illinois.

También preocupa a los críticos que, al apoyar las restricciones al estilo COVID-19, se cierren las escuelas y se obligue esencialmente a las mujeres a abandonar sus trabajos, lo cual podría llevarlas potencialmente a la pobreza.

Una carta fue escrita por los representantes de 11 países al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual expresaron sus reservas sobre la declaración. En dicha carta se afirmaba: "Creemos firmemente que esta no es la manera adecuada de gestionar las negociaciones multilaterales e inter gubernamentales sobre temas de gran importancia para la comunidad internacional, especialmente para los países en desarrollo". 

Boyle ha acusado a la Asamblea General de la ONU de distorsionar la declaración al obtener la aprobación del presidente de la AGNU, ya que sabían que no sería aprobada como una resolución de consenso por parte de la Asamblea General debido a las 11 objeciones presentadas.

Dr. Manuel Jesús Rodríguez, forense español, relata lo que ha visto en autopsias de muertes instantáneas

La Junta de Explotación del embalse de La Cierva propone los nuevos cánones

MULA.- La Junta de Explotación de las Vegas del Segura de la Confederación Hidrográfica del Segura, (CHS), O.A., ha llevado a cabo su reunión anual en la que han tomado parte los diferentes usuarios afectados por la explotación del embalse de La Cierva y que fue presidida por el Director Técnico de la CHS, Carlos Marco.

Uno de los aspectos más destacados tratados en esta Junta de Explotación ha sido el análisis de la propuesta del estudio económico del Canon de Regulación para el año 2024, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Aguas y en su Reglamento de desarrollo en cuanto a la participación de los Órganos representativos de los usuarios o beneficiarios existentes.

De este modo, el resultado de la propuesta del estudio económico del Canon de Regulación de los usuarios del embalse de La Cierva para el año 2024 es para la Comunidad de Regantes Embalse de La Cierva un canon de 28,89 euros/ha aplicable a 1.621,40 hectáreas.

Por su parte, la Comunidad de Regantes La Purísima de Yéchar tendrá un canon de 53,03 euros/ha, de aplicación a 28,48 hectáreas. Finalmente, el Heredamiento de Aguas La Puebla de Mula dispondrá de un canon de 28,90 euros/ha que será de aplicación a 187,99 hectáreas.

Según la Ley de Aguas, los beneficiados por las obras hidráulicas de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, satisfarán un canon de regulación destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales obras.

Esta propuesta de estudio económico, que emana de la Junta de explotación, pasa a continuación a una fase de información pública para que se puedan realizar las alegaciones pertinentes. Una vez finalizada la fase de información pública es al presidente de la CHS a quien corresponde la aprobación del Canon de Regulación, para a continuación proceder a su liquidación.

Por último, señalar que la finalidad del embalse de La Cierva es doble, por un lado, la laminación de avenidas y, por otro, la regulación de recursos. 

En la actualidad, los recursos regulados por esta infraestructura se utilizan para satisfacer las demandas de tres aprovechamientos de regadío diferenciados como son los de la Comunidad de Regantes del Embalse de La Cierva, la Comunidad de Regantes de La Purísima de Yéchar y el Heredamiento de Aguas de la Puebla de Mula.

La CHS propone nuevos cánones para regadíos, abastecimientos y aprovechamientos hidroeléctricos

MURCIA.- La Junta de Explotación de las Vegas del Segura de la Confederación Hidrográfica del Segura, (CHS), O.A., ha celebrado su reunión anual en la que han participado los diferentes usuarios afectados por la explotación de los ríos Segura, Mundo y Quípar y que ha estado presidida por el Director Técnico de la CHS, Carlos Marco.

Uno de los aspectos más destacados tratados en esta Junta de Explotación ha sido el análisis de la propuesta del estudio económico del Canon de Regulación para el año 2024, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Aguas y en su Reglamento de desarrollo en cuanto a la participación de los Órganos representativos de los usuarios o beneficiarios existentes.

De este modo, el resultado de la propuesta del estudio económico del Canon de Regulación de las Vegas del Segura para el año 2024 es para regadíos anteriores al año 1933 la propuesta de canon es 20,40 euros por hectárea (€/ha). Será aplicable a 41.799 hectáreas.

En regadíos posteriores al año 1933 en Lorca, Cartagena y Mula el canon propuesto es de 20,10 €/ha. Será aplicable a 25.899 hectáreas. La zona regable de Hellín, el canon ofertado es de 8,03 €/ha. Será de aplicación a 3.135 hectáreas.

En los abastecimientos el canon ofrecido es de 0,013728 euros por metro cúbico (m3). Será de aplicación a 40.627.700 m3. Por último, para los aprovechamientos hidroeléctricos se ha valorado un canon de 0,000820 euros/Kwh. Será de aplicación a 22.428.918 Kilovatios-hora.

Esta propuesta de estudio económico, que emana de la Junta de Explotación, pasa a continuación a una fase de información pública para que se puedan realizar las alegaciones pertinentes. Una vez finalizada la fase de información pública es al presidente del Organismo de Cuenca a quien corresponde la aprobación del Canon de Regulación, para, a continuación, proceder a su liquidación.

Las Juntas de Explotación son órganos de gestión, en régimen de participación, y tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Las propuestas formuladas por las Juntas de Explotación en el ámbito de sus competencias se trasladan al presidente de la CHS.

En la Junta de explotación de las Vegas del Segura están representados los usuarios de regadío, unas 70.000 hectáreas, los diferentes usuarios de abastecimiento a población, y los aprovechamientos hidroeléctricos existentes.

Murcia, entre las CCAA que el Consejo de Ministros declarará como 'Zona Catastrófica' por las lluvias

MADRID.- La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy que este lunes el Consejo de Ministros declarará Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil aquellos territorios que sufrieron las precipitaciones persistentes y generalizadas de principios de este mes de septiembre, que registraron un balance de ocho fallecidos y cuantiosos daños personales en prácticamente todas las provincias.

Especialmente se ha referido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Un acuerdo, ha explicado la ministra en funciones, que "responde al compromiso del Gobierno con la reducción de los plazos de tramitación de las ayudas a entidades locales por catástrofes naturales a un tercio del tiempo empleado en antiguas legislaturas".

Si en 2015 pasaban 461 días hasta la publicación de la convocatoria, en la actualidad se ha reducido el periodo de tramitación a 148 días, a pesar de que ha habido que afrontar en este periodo la gestión de la pandemia y las consecuencias económicas de la guerra.

Isabel Rodríguez ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones públicas durante la pasada legislatura en la pandemia."Tuvimos que gestionar desde la adversidad y, desde el impulso del Gobierno de España, participamos todas las administraciones juntas en la recuperación, aportando lo mejor de este país, con la colaboración de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, presidentes de diputaciones elegidos por ellos, y la sociedad".

"Todas las administraciones públicas estuvieron a la altura ante la mayor amenaza desde la guerra civil en términos humanitarios y económicos. Mi reconocimiento a quienes gestionaron aquellos momentos, a la sociedad y a las administraciones públicas por la cooperación leal que nos dimos", ha añadido.

Programa para mejorar las condiciones de vida en las pedanías del Campo de Murcia

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó en su reunión del pasado lunes la participación en la nueva programación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

Murcia entra con todas las pedanías del Campo que son consideradas territorio LEADER: Baños y Mendigo, Cañada de San Pedro, Carrascoy-La Murta, Corvera, Gea y Truyols, Jerónimo y Avileses, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina y Valladolises-Lo Jurado.

Además, el Pleno acordó que el Consistorio siga adherido a la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder, de la que es socio fundador. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que lleva 20 años promoviendo el desarrollo integral y sostenible del territorio rural, de forma conjunta con los agentes locales, a través de una serie de programas y proyectos.

Entre los objetivos de Campoder, destacan la conservación, mejora y restauración del medio físico y medioambiental: la conservación, promoción y explotación de los recursos de la comarca; la mejora de las infraestructuras y servicios; el fomento del empresariado autóctono; la promoción del empleo, el turismo y las costumbres; la restauración del patrimonio histórico-artístico; la mejora de la educación y la cultura; el desarrollo agrícola e industrial; y el fomento de la identidad territorial.

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, que fue facultada por el Pleno para realizar las gestiones con Campoder, ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento de Murcia será "la implantación de fórmulas y cauces adecuados de apoyo económico para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en las pedanías del Campo de Murcia, mediante el establecimiento de convenios y la solicitud y obtención de nuevas subvenciones y otro tipo de ayudas económicas para estos programas e iniciativas".

Ballesta entra en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias

MURCIA.- El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha sido elegido miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias en el XIII Pleno celebrado durante la jornada de este sábado en Madrid.

José Ballesta, ha acudido a este Pleno, que se celebra cada cuatro años, acompañado por la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y por la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé. Además, también han asistido alcaldes y representantes de Ayuntamientos de toda España.

De esta manera, Murcia, como séptima ciudad de España y entre las cincuenta primeras de Europa, coge peso político y se hará escuchar, pues estará representada en el máximo órgano de gobierno del municipalismo español, principal interlocutor ante el Gobierno para defender los intereses de las entidades locales, además de tender puentes de entendimiento y capacidad para llegar a acuerdos.

El alcalde de Murcia ha destacado que "representamos a municipios y provincias unidos por la cohesión territorial y un desarrollo local sólido. Estamos comprometidos por el futuro y el bienestar de nuestros vecinos".

La ejecutiva de la Federación de Municipios y Provincias, que será presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García - Pelayo, estará integrada por el alcalde de Murcia, José Ballesta, así como por las alcaldesas de Valencia, Zaragoza y Santander, y por los alcaldes de Badalona, Valladolid, Cáceres, Córdoba y Logroño, entre otros.

A partir de este momento, el máximo órgano de gobierno de la Federación de Municipios, al que pertenece el alcalde de Murcia, se reunirá periódicamente una vez al mes con el fin de abordar las nuevas líneas estratégicas para mejorar la vida de los ciudadanos españoles.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación. En total representa a 8.131 Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.

La finalidad de la FEMP es el fomento y la defensa de la autonómica de las Entidades Locales; la representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales ante otras Administraciones Públicas; el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en la autonomía y la solidaridad entre los Entes Locales; la promoción y el favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las Entidades Locales y sus organizaciones, especialmente en el ámbito europeo, el iberoamericano y el árabe; la prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de estas y cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a los asociados de la Federación.

El Pleno ha concluido con la adopción de una serie de resoluciones y acuerdos que reflejan la voluntad de los municipios y provincias de trabajar en conjunto para abordar los desafíos actuales y futuros. La FEMP continuará siendo un pilar esencial en la promoción del municipalismo y el bienestar de la ciudadanía española.

Cánceres que aparecen de forma nunca vista tras las vacunas COVID, denuncia el Dr. Harvey Risch

NEW HAVEN.- El Dr. Risch es profesor emérito de epidemiología en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Salud Pública y la Facultad de Medicina de Yale. Sus investigaciones se han centrado ampliamente en las causas del cáncer, así como en la prevención y el diagnóstico precoz.

En una entrevista para el programa "American Thought Leaders" de EpochTV, el Dr. Risch dijo que ahora los pacientes deben esperar meses, no semanas, para conseguir una cita en una clínica oncológica de Nueva York.

Es difícil observar si una vacuna puede causar cáncer, porque el cáncer suele tardar en desarrollarse, dijo el Dr. Risch. Puede tardar entre dos y 30 años, dependiendo de los distintos tipos de cáncer, desde la leucemia hasta el cáncer de colon.

"Lo que los clínicos han estado viendo", dijo el Dr. Risch, "son cosas muy extrañas: por ejemplo, personas de 25 años con cáncer de colon, que no tienen antecedentes familiares de la enfermedad -eso es básicamente imposible según el paradigma conocido de cómo funciona el cáncer de colon- y otros cánceres de larga latencia que están viendo en personas muy jóvenes."

Dijo que no es así como se desarrolla normalmente el cáncer.

"Tiene que haber algún estímulo iniciador para que esto ocurra", afirmó.

Lucha contra el cáncer

El Dr. Risch dijo que, en su opinión, el cáncer es algo que un cuerpo humano sano puede combatir y desactivar, ya que las células cancerosas no normales son engullidas cuando se detectan en un cuerpo con un sistema inmunitario funcional.

 Sin embargo, si el sistema inmunitario está comprometido, no puede hacer frente a la tarea de neutralizar las células cancerosas, y éstas se dejan multiplicar y crecer, dando lugar a los síntomas del cáncer.

"Ese es el mecanismo que considero más probable en este caso", afirma el Dr. Risch. "Sabemos que las vacunas COVID han causado diversos grados de daño al sistema inmunitario en una fracción de las personas que las han tomado".

Ese daño podría traducirse en contraer COVID más a menudo, contraer otras enfermedades infecciosas o contraer cáncer.

Otro ejemplo que dio el Dr. Risch fue el cáncer de mama, que normalmente, si hay una remanifestación después de la extirpación quirúrgica, la remanifestación se produce después de dos décadas. Sin embargo, ahora se observa que las mujeres vacunadas remanifiestan los cánceres de mama en periodos de tiempo mucho más cortos.

"Ésas son las señales iniciales que hemos estado observando, y debido a que estos cánceres se han estado produciendo en personas que eran demasiado jóvenes para contraerlos, básicamente, en comparación con la forma normal en que funciona, se han designado como cánceres turbo", dijo el Dr. Risch.

"Algunos de estos cánceres son tan agresivos que, entre el momento en que se detectan por primera vez y el momento en que vuelven a recibir tratamiento al cabo de unas semanas, han crecido de forma espectacular en comparación con lo que los oncólogos habrían esperado por la forma en que el cáncer progresa normalmente", añadió.

"Esté en sintonía con su cuerpo", recomendó el Dr. Risch, para notar cualquier nueva señal que pueda dar el organismo.

Efectos adversos tras la vacunación

El Dr. Risch también se refirió al aspecto de que los organismos médicos oficiales no reconozcan a alguien como vacunado dentro de las dos primeras semanas de vacunación. Esto sucede, dijo, porque las agencias médicas dicen que los efectos de la vacuna necesitan dos semanas para empezar a manifestarse. Los efectos adversos que se producen unos días después de la vacunación se contabilizan oficialmente como afecciones que se manifiestan en personas no vacunadas, dijo.

Sin embargo, los efectos adversos graves tras recibir la vacuna se han producido en los primeros cuatro días, dijo el Dr. Risch. Dijo que tres cuartas partes de los efectos adversos se están registrando como ocurridos en personas no vacunadas.

Los responsables de la toma de decisiones durante la pandemia "tiraron por la borda los principios de la salud pública a los seis días de la pandemia e hicieron lo contrario de todo lo que sabíamos que debía hacerse para los virus respiratorios", afirmó.

Un ejemplo fue la negación de un tratamiento precoz eficaz y las vacunaciones innecesarias, que muestran un "fracaso colosal de la salud pública durante este periodo", afirmó.

El Dr. Risch dijo que mucha gente es ahora menos propensa a dejarse "propagandizar" con respecto al COVID, y que las noticias sobre una nueva variante que va a conquistar el mundo en el próximo mes son "propaganda para vender el próximo lote de vacunas que saldrá en unas semanas."

"La gente está harta de esto y va a haber mucha más contestación", dijo.

Riesgos para la sociedad

El Dr. Risch dijo que, aunque el riesgo individual de una reacción adversa a la vacuna es relativamente bajo, una vez que ese riesgo se manifiesta a mayor escala, cuando millones de personas han recibido la vacuna, el resultado es que cientos de miles de personas quedan con lesiones y acontecimientos adversos graves que a menudo son peores que el propio virus.

La opinión del Dr. Risch es que nadie debería vacunarse con una vacuna de ARNm, ya que las nuevas variantes son leves y no ponen en peligro la vida. Ha oído hablar de algunas hospitalizaciones que duraron algunos días, pero como la mayoría de las personas tuvieron COVID en el pasado, también tienen cierta inmunidad a estas nuevas variantes.

"No hay razón para que la gente se vacune ahora, en ningún grado", afirmó.

Dijo que el COVID se ha convertido en una enfermedad similar a la gripe en su grado de gravedad, y que la propaganda para asustar a la gente está siendo impulsada por el gobierno en nombre de las compañías farmacéuticas para vender más vacunas.

"Vivimos en contacto social unos con otros y, por tanto, propagamos infecciones de bajo nivel. Esto es parte de la vida humana que damos por sentado e intentamos tratarlo lo mejor que podemos", dijo.

 "Así es como deberíamos gestionar esto".

 

https://www.zerohedge.com/covid-19/cancers-appearing-ways-never-seen-after-covid-vaccinations-dr-harvey-risch

Malas noticias para el Mar Menor / Miguel Sánchez *

 

La Oficina Técnica del Mar Menor surge de la colaboración conjunta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Dirección General del Agua que depende del Gobierno de España, en concreto del Ministerio de Transición Ecológica. Ha emitido recientemente un informe, en el que se afirma que en 2022 entraron al Mar Menor 456 toneladas de nitratos directamente a través de las ramblas. 

Así mismo, y según el citado informe, también entraron 18,5 toneladas de fosfatos, llegados a través de avenidas u originados por arrastres de tierras de cultivo o lavados de suelos en los que se encuentran elevadas concentraciones, debido a fertilizantes orgánicos. 

El Ministerio apunta al regadío intensivo como uno de los causantes de la contaminación.  

Esto son datos tangibles, y poco susceptibles a la manipulación. Aún así, cada vez abundan más los negacionistas con respecto al ecocidio diario del Mar Menor. Y esto no sería lo peor, si los negacionistas no estuvieran instalados en el propio Gobierno de la Región de Murcia.

Y claro que no hay que criminalizar a los agricultores, creo que nadie lo hace. Sobre todo al agricultor tradicional, el de toda la vida, el que se ha bañado desde pequeño en el Mar Menor y, que a la postre, resulta mas ecologistas que cualquiera de nosotros. Pues es su hábitat natural, y lo protege y lo cuida. 

Pero es que, de un tiempo a esta parte se han roturado centenares de metros cuadrados de terrenos, se han expandido los regadíos, y han proliferado grandes explotaciones alrededor de la laguna. Es verdad que no todas son iguales. La primera pieza del Caso Topillo, que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Murcia, apuntaba a casi 40 compañías o agricultores del Campo de Cartagena por deshacerse de excedentes con nitratos de sus desaladoras ilegales en las ramblas o en el subsuelo.

Pero también las hay que cumplen la legalidad, e invierten gran cantidad de recursos empleando una tecnología disruptiva, a través de una economía circular, transformando residuos en productos, y desnitrificando a través de novedosos mecanismos inorgánicos que eliminan por completo los nitratos del acuífero. 

El problema es que nadie, a excepción de la Fiscalía de Medio Ambiente, y el citado Juzgado de Instrucción, le pone el cascabel al gato. Pero es que además, la Fiscalía, no está para solucionar los problemas del Mar Menor. Está para encausar a los que hayan incurrido en presuntas conductas delictivas, en este caso delitos medioambientales. 

Pero amén de los pocos medios con los que cuentan, es que ademas, cuando ellos llegan, el daño ya está hecho y resulta irreparable. Se requiere de medidas preventivas, y de implementar medios para vigilar que se cumplan. Y esto son los responsables políticos quienes lo tienen que hacer. Para eso se supone que creó la Comunidad Autónoma una Dirección General del Mar Menor.

Pero a tenor del desalentador informe de la Oficina Técnica del Mar Menor con el que comenzaba este artículo no parece que nuestros políticos se hayan puesto las pilas, y si es que lo han hecho, no tiene pinta de que estén dando con la tecla.

La única buena noticia, en relación con el Mar Menor, y que bien podría servir de oasis en este desierto de impotencia y desánimo, es que un juzgado de Cartagena ha aplicado por primera vez la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor (de la que por cierto tuve el honor de ser ponente en Cortes Generales). 

El problema es que aún no se ha formado el Comité de Representantes contemplado en el artículo 3 de la citada ley. Debido a que el Consejo de Ministros todavía no ha aprobado el reglamento que desarrolla esta ley. Aunque según parece, la ministra se ha comprometido en fechas recientes a hacerlo a la mayor brevedad. 

Algo es algo.  

 

(*) Ex diputado y senador de C's por Murcia. Abogado y criminólogo. Administrador de Fincas.

 

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/malas-noticias-mar-menor_132_10534059.amp.html

Tres padres denuncian a Sanidad por la muerte súbita de sus hijos tras ponerse la vacuna covid

Daniel Herce (14 años), Marvellous Ounanefe Johnson Andrews (13) y Juan José Quirós (12).

MADRID.- Sus nombres son Juan José Quirós López, Marvellous Ounanefe Johnson Andrews y Daniel Herce Rodríguez. Tenían 12, 13 y 14 años, respectivamente. Sin historial previo de patologías. Murieron súbitamente por cardiopatía hipertrófica -los dos primeros- y arritmia cardíaca.

 Sus padres, que aseguran a THE OBJECTIVE que estaban «perfectamente sanos» antes de la inoculación, lo achacan a la vacuna contra la Covid-19, y el pasado  jueves han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por homicidio por imprudencia grave, manipulación genética, amenazas, coacciones, salud pública, prevaricación, contra la integridad moral con daño a la vida y abuso de autoridad.

THE OBJECTIVE ha acompañado a los progenitores a interponer la denuncia, que ha sido redactada por la Asociación Liberum, y que se dirige contra los ex ministros de Sanidad Salvador Illa y Carolina Darias. A posteriori, se han dirigido al Ministerio que se ubica en el madrileño Paseo del Prado para entregarla con la intención de que se investiguen sus casos. Llevan un año pidiéndolo, pero ha sido en balde.

«Queremos que se haga justicia, y que se unan más padres a nuestra denuncia», sollozan ante el periodista. Daniel murió repentinamente mientras estaba echado en el sofá de su casa. «Pensé que se había quedado dormido, pero luego no se levantaba», recuerda Diana, su madre. Su hijo se había inoculado con el lote FG7898, que ha registrado efectos adversos. Marvellous y Juan José, por otro lado, se habían inyectado el mismo lote de la vacuna de Pfizer, el FG9428. Ambos murieron de forma repentina, uno jugando a fútbol y otro en el patio del colegio. 

La denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en su integridad, lamenta que «desde las administraciones y autoridades sanitarias pretendan que crean [los padres] que estas muertes deben ser calificadas de muerte natural, y que ni siquiera se hayan planteado la posibilidad del efecto adverso reconocido de las vacunas contra la COVID-19, para que, además uno de los menores [Juan] se infectara del SARS-CoV-2, después de dos inoculaciones, dando positivo a la PCR post mortem».

Los progenitores denuncian que sus descendientes estaban «perfectamente sanos», y que sólo comenzaron a experimentar complicaciones respiratorias tras la inoculación. «Mi niño comenzó a asfixiarse cuando corría, no le había pasado nunca», asevera Soledad en representación de los padres del joven malagueño, que siguen muy «afectados» para haberse podido personar en la Fiscalía. Aún llora cuando, al revisar el texto de la denuncia, ve la imagen del cadáver de su sobrino.

¿Una «muerte natural»?

Los progenitores denuncian que la única explicación que recibieron es que sus hijos, menores de edad, habían muerto «de forma natural», y que probablemente se debería a una cuestión «hereditaria».

 «¿Cómo va a ser natural que un niño de 12 años, deportista, muera de forma súbita?», clama Soledad, la tía de Juan José. A Félix, el padre de Marvellous, le han sometido ya a numerosos análisis cardíacos.

«Parece que el instituto de Medicina Legal está a la desesperada buscando que alguno de los padres tenga una dolencia cardíaca», denuncia Alexis Aneas, abogado de Liberum que representa a los denunciantes. Este recuerda que el hijo de Félix «tuvo el reconocimiento federativo en septiembre y lo declararon apto para jugar». Murió en diciembre. La denuncia recoge que el corazón del fallecido estaba «aumentado de tamaño»: 480 gramos cuando debía oscilar en torno a los 344.

«Pfizer reconoció de manera temprana que se habían registrado decenas de miles de efectos de miocarditis en jóvenes», recuerda Aneas, que también es experto en temas sanitarios, que abunda: «Tiene sentido porque la franja de edad donde aparecen patologías es de 12 a 15 años, quienes recibieron la dosis de adultos. De 5 a 11, la vacuna tiene un tercio de la composición. 

La dolencia se puede producir porque la proteína Spike que se replica mediante la vacuna se aloja en los receptores del tejido cardíaco y genera una enfermedad auto inmune, que provoca el engrosamiento del miocardio, lo que se conoce como pericarditis o arritmia».

Efectos de las vacunas covid

Alexis Aneas también se pregunta «cómo va a ser natural que un niño deportista muera de una arritmia». El portavoz de Liberum dice que están «hartos de que las administraciones nos digan que la gente muere por casualidad», y apunta al caso de Daniel. 

«Tenía daños neuronales que podrían deberse a que la sustancia genera priones que traspasan la barrera encefálica, como demuestra un estudio que adjuntamos en la denuncia», barrunta, ya que «lo que queremos es que se investigue».

La denuncia también se dirige contra la presidenta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Silvia Calzón, y la directora, María Jesús Lamas, así como a «cualquier otra autoridad que, de las actuaciones de investigación, se derive responsabilidad penal por los hechos denunciados».

En esta, se carga contra Pfizer y Moderna, recogiendo que «según el ensayo clínico, en el grupo vacunado se registraron ocho casos de COVID-19 de un total de 18.198 participantes 7 días después de recibir la segunda dosis; mientras que en el grupo placebo se registraron 162 casos de entre 18.325 participantes». 

Con estos datos el laboratorio publicitó una eficacia del 95% de la vacuna en comparación con los no inoculados. Pero desde Liberum denuncian que «esta forma de expresión de eficacia de un medicamento es tendenciosa y engañosa»: «En términos absolutos, la realidad fue que la incidencia de PCR+ había sido del 0,8% en el grupo placebo (162/18.325), en comparación con el 0,04% del grupo vacunado (8/18.198), una diferencia de 0,76%». Con arreglo a estos datos, se preguntan «por qué se tenían que vacunar los niños, cuando debería prevalecer el interés superior del menor, si no son reservorio de esta enfermedad».

Llamada a más padres

Esta es la primera denuncia en la que los progenitores piden cuentas a las autoridades por la muerte de sus infantes tras la inoculación contra la Covid-19. El Diario de Sevilla informó el pasado mes de junio de cómo al menos siete personas habrían denunciado a Sanidad por lesiones graves tras recibir alguna de las dosis del remedio contra el coronavirus. Uno de ellos, representado por el bufete del abogado Fernando Osuna, reclamó más de un millón de euros por haber perdido «el 97% de su visión», amén de tener limitaciones en las piernas.

La intención de la denuncia es, también, llamar a la acción a otros padres que se encuentren en una situación similar. «Estas tres muertes de jóvenes deportistas, o realizando una actividad física, no son las únicas en nuestro país», reza la denuncia, que expone decenas de casos, con capturas de publicaciones periodísticas, de fallecimientos de otros menores haciendo deporte.

Desde la Asociación Liberum lanzan una pregunta a las autoridades sanitarias: «¿Cuántos niños fallecidos más necesitan para comenzar a investigar?».

 

https://theobjective.com/espana/2023-09-22/padres-denuncian-sanidad-muerte-covid/ 

El Grupo Fuertes reparte 12 millones de euros entre los accionistas familiares

ALHAMA DE MURCIA.- El Grupo Fuertes, propietario de El Pozo, Fripozo y Bodegas Luzón, entre otra veintena de empresas, cerró 2022 con una cifra de negocio consolidada de 2.337 millones de euros, un 15,7% más que un año antes, marcando así su récord histórico.

Sin embargo, según recoge el periódico Expansión, el beneficio de las empresas del grupo cayeron un 46%, hasta los 74 millones debido al aumento de los costes de materias primas, además de la energía, el transporte y otros insumos.

Lideradas por ElPozo Alimentación (1.662,5 millones, un 15% más), las empresas de su área agro alimentaria presentaron números positivos, a excepción de las fincas de cultivo. También presentó crecimientos en sus ramas inmobiliaria y de hoteles (+46,5%).

España fue el principal mercado del grupo, con unas ventas de 1.837 millones (+16), en tanto los mercados exteriores aportaron el resto, con un crecimiento del 14%.

En cuanto a las empresas en las que participa, el grupo presidido por Tomás Fuertes, recibió 8,9 millones, que se destinaron a reservas.

Del total de las reservas, el grupo repartió 12,06 millones entre sus accionistas: la familia Fuertes.

El Gobierno ofrece casi 10 millones de euros a aquellos transportistas autónomos que abandonen la profesión en 2023

MADRID.- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también conocido como Mitma, ha concedido 9,6 millones de euros en ayudas con el objetivo de respaldar a los autónomos a que abandonen el sector del transporte por carretera a lo largo de este 2023, según la Sexta tv.

Más concretamente, el Mitma ha concedido una ayuda de 30.000 euros a un total de 320 autónomos transportistas, los cuales se han comprometido a cesar su actividad o a los que se les haya declarado una incapacidad permanente total o absoluta para realizar las tareas correspondientes al sector del transporte.

Este ayuda ha sido concedida, de forma preferente, a aquellas personas que hayan sido declaradas con una incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez para desempeñar la profesión habitual, tal y como mencionábamos antes. El resto han sido seleccionados por orden descendente de edad hasta completar las plazas disponibles.

Estas personas que han sido ya seleccionadas deberán presentar toda la documentación pertinente antes del 20 de octubre relacionada con el artículo 10 de la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, para proceder al cobro de la ayuda.

En la mencionada documentación se requerirá hacer una declaración responsable donde el transportista se comprometa al abandono definitivo, tanto del transporte público como auxiliar, junto con la complementaria que disfruta al actuar como figura fiscal de empresario. 

También deberá renunciar al carnet de conducir que le otorga la capacidad de desempeñar la labor de transportista, por lo que únicamente mantendría el permiso B.

Por último, deberá comprometerse a no hacer uso de sus títulos. Así como la certificación de baja de autorizaciones que le haya expedido la Comunidad Autónoma en la que resida, renunciando en todo momento a ejercer la profesión en un futuro.

ANSE y Salinera Española firman un acuerdo para la conservación de las salinas de Marchamalo

CARTAGENA.- La Fundación de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Salinera Española han suscrito un acuerdo para colaborar en la conservación de las salinas de Marchamalo, ubicadas en el entorno del Mar Menor, según han informado fuentes de la organización ecologista en un comunicado.

El acuerdo incluye la cesión del Molino de la Calcetera o la Ezequiela, con el objetivo de restaurar este bien y ponerlo en funcionamiento para elevar de nuevo el agua de Las Encañizadas hacia las salinas.

De esta manera se formaliza la colaboración entre la empresa y el proyecto RESALAR, mediante el que la Fundación ANSE restaura las salinas viejas de Marchamalo. Gracias a su asesoramiento para la reconstrucción y recuperación de la actividad salinera, durante 2023 ha sido posible obtener una primera cosecha simbólica de flor de sal.

Además, Salinera Española es titular de los derechos de explotación de las Salinas de San Pedro del Pinatar, de gran valor ecológico, incluidas en la Red Natura 2000 y declaradas como humedal de importancia internacional por el convenio RAMSAR.

Estas salinas, las únicas marítimas en funcionamiento en la Región de Murcia, son objeto de un estudio con ostra plana en sus canales dirigido por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), que participa también como socio del proyecto RESALAR.

ANSE y Salinera Española también han llegado a un acuerdo para la cesión del Molino de la Calcetera o la Ezequiela, con el objetivo de restaurarlo y ponerlo en funcionamiento para elevar de nuevo el agua de Las Encañizadas hacia las salinas. Este molino es uno de los dos que aún se conservan en las salinas de San Pedro y están declarados como Bien de Interés Cultural.

Además, el documento suscrito declara la necesidad de la colaboración entre los distintos sectores --Administración, ONG, propietarios de terrenos y titulares de otros derechos-- para poder trabajar en la conservación de los ecosistemas y de las especies silvestre, a través de los aprovechamientos tradicionales, ante el "progresivo abandono" de estos espacios y su importancia ecológica, económica, social y cultural.

El convenio establece una duración hasta finales de 2025, siendo prorrogable en periodos de tres años.

El proyecto RESALAR tiene el objetivo de regenerar espacios del litoral del Mar Menor y su biodiversidad para reducir los impactos de las actividades humanas, fortalecer la resiliencia del litoral frente al cambio climático y mejorar e incrementar los servicios ecosistémicos que proveen a la sociedad.

En este proyecto, que coordina la Fundación ANSE, participan la Asociación de Naturalistas del Sureste, WWF-España y el Instituto Español de Oceanografía, Centro Nacional de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IEO-CSIC).

RESALAR cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. Se encuentra vinculado al Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor del MITECO.