Así mismo, y según el citado informe, también entraron 18,5 toneladas de fosfatos, llegados a través de avenidas u originados por arrastres de tierras de cultivo o lavados de suelos en los que se encuentran elevadas concentraciones, debido a fertilizantes orgánicos.
El Ministerio apunta al regadío intensivo como uno de los causantes de la contaminación.
Esto son datos tangibles, y poco susceptibles a la manipulación. Aún así, cada vez abundan más los negacionistas con respecto al ecocidio diario del Mar Menor. Y esto no sería lo peor, si los negacionistas no estuvieran instalados en el propio Gobierno de la Región de Murcia.
Y claro que no hay que criminalizar a los agricultores, creo que nadie lo hace. Sobre todo al agricultor tradicional, el de toda la vida, el que se ha bañado desde pequeño en el Mar Menor y, que a la postre, resulta mas ecologistas que cualquiera de nosotros. Pues es su hábitat natural, y lo protege y lo cuida.
Pero es que, de un tiempo a esta parte se han roturado centenares de metros cuadrados de terrenos, se han expandido los regadíos, y han proliferado grandes explotaciones alrededor de la laguna. Es verdad que no todas son iguales. La primera pieza del Caso Topillo, que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Murcia, apuntaba a casi 40 compañías o agricultores del Campo de Cartagena por deshacerse de excedentes con nitratos de sus desaladoras ilegales en las ramblas o en el subsuelo.
Pero también las hay que cumplen la legalidad, e invierten gran cantidad de recursos empleando una tecnología disruptiva, a través de una economía circular, transformando residuos en productos, y desnitrificando a través de novedosos mecanismos inorgánicos que eliminan por completo los nitratos del acuífero.
El problema es que nadie, a excepción de la Fiscalía de Medio Ambiente, y el citado Juzgado de Instrucción, le pone el cascabel al gato. Pero es que además, la Fiscalía, no está para solucionar los problemas del Mar Menor. Está para encausar a los que hayan incurrido en presuntas conductas delictivas, en este caso delitos medioambientales.
Pero amén de los pocos medios con los que cuentan, es que ademas, cuando ellos llegan, el daño ya está hecho y resulta irreparable. Se requiere de medidas preventivas, y de implementar medios para vigilar que se cumplan. Y esto son los responsables políticos quienes lo tienen que hacer. Para eso se supone que creó la Comunidad Autónoma una Dirección General del Mar Menor.
Pero a tenor del desalentador informe de la Oficina Técnica del Mar Menor con el que comenzaba este artículo no parece que nuestros políticos se hayan puesto las pilas, y si es que lo han hecho, no tiene pinta de que estén dando con la tecla.
La única buena noticia, en relación con el Mar Menor, y que bien podría servir de oasis en este desierto de impotencia y desánimo, es que un juzgado de Cartagena ha aplicado por primera vez la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor (de la que por cierto tuve el honor de ser ponente en Cortes Generales).
El problema es que aún no se ha formado el Comité de Representantes contemplado en el artículo 3 de la citada ley. Debido a que el Consejo de Ministros todavía no ha aprobado el reglamento que desarrolla esta ley. Aunque según parece, la ministra se ha comprometido en fechas recientes a hacerlo a la mayor brevedad.
Algo es algo.
(*) Ex diputado y senador de C's por Murcia. Abogado y criminólogo. Administrador de Fincas.
https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/malas-noticias-mar-menor_132_10534059.amp.html
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