MADRID.- El cierre total de la industria para combatir el coronavirus acordado por el Gobierno no es uniforme. Las comunidades autónomas han aprovechado la manga ancha que dejó el Ejecutivo para proteger la industria local. Mientras Cataluña abogaba por el cierre total, Valencia permite mantener abiertas fábricas de calzado y mueble
y Asturias opta por permitir cementeras y plantas de carbón.
El
Confidencial ha analizado cuatro notas de distintas comunidades, País
Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana y Andalucía, para delimitar qué
actividades pueden seguir abiertas, y se constatan diferencias de
sectores. Tras el fiasco y las críticas de sus socios del PNV, Pedro
Sánchez ya ha anunciado que ese parón total fallido concluirá en una
semana al no prorrogarlo, atendiendo así las opiniones de algunos
barones territoriales.
El domingo 29 de marzo, después de ir aprobando medidas graduales, el
Gobierno decretó lo que anunció como el parón de toda la industria. La
decisión, que llegaba después de que Unidas Podemos y comunidades como
Cataluña o Murcia lo pidieran, molestó al PNV, influenciado por la industria vasca.
Mientras el 'president' Quim Torra insistía en un confinamiento total, también en lo económico, el PNV llegó a votar con el PP en el Senado como toque de atención al PSOE y forzó un cambio de estrategia del Ejecutivo pidiendo pactos.
El decreto ley establecía que podrían funcionar "aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas
de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y
materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades
esenciales". Pero sin decir cuáles.
Tras el malestar de los socios del
PSOE, el lunes pasado el Ministerio de Industria suavizó el cierre por
la puerta de atrás. En una "nota interpretativa para el sector
industrial", el Gobierno aclaraba que las fábricas podrían seguir al
ralentí y, lo más importante, que podrían seguir operando "las actividades de importación y exportación de todo tipo de productos". Ese nota agradó al PNV, que cambió de actitud.
Con esa norma, todo el que exportase algo, y la industria española está volcada en la exportación, podía
seguir funcionando a pesar de que España está oficialmente parada. Pero
eso no acabó con la incertidumbre.
Un importante industrial con plantas
por media España explica desesperado las diferencias que se está
encontrando por comunidades: "Asturias ha dejado claro quién puede
funcionar, pero Castilla y León no. He mandado burofaxes a la consejería
y a la delegación del Gobierno pidiendo que me aclaren si puedo
funcionar porque no quiero que venga la inspección de Trabajo y tener un
problema, pero no me contestan".
Algunas comunidades fueron
detrás del ministerio a emitir sus notas dejando claro qué consideraban
industria esencial, ya que no estaba en el decreto ley. La Comunidad
Valenciana ha sido otra de las autonomías que lo han interpretado con
manga ancha.
El 'conseller' de Economía, Rafael Climent, de Compromís, lanzó el pasado uno de abril una nota aclaratoria en la que incluyó como “actividades que pueden considerarse imprescindibles para las catalogadas como esenciales”
muchas industrias muy pegadas y consolidadas en el tejido productivo
autonómico.
El escrito permite seguir abiertas, por ejemplo, a la
industria del cuero y el calzado, la de la madera y fabricación del
mueble, la de material de equipos electrónicos, informáticos y ópticos,
maquinaria en general y hasta fabricación de vehículos de motor y otro
material de transporte si suministran a sectores esenciales.
Con esa lista son muchas las empresas que han mantenido ciertos ritmos de funcionamiento. Ford, con factoría en Almussafes, ha parado su producción en toda Europa hasta mayo. Pero firmas manufactureras como Power Electronics,
que se han ofrecido a fabricar respiradores, han sostenido a la vez
producción propia. Las azulejeras han optado por la vía de la
exportación para seguir trabajando, aunque a menor ritmo. Igualmente,
esto abre una vía productiva a la industria auxiliar del automóvil.
Arturo León, secretario general de Comisiones Obreras
en la Comunidad Valenciana, señala directamente a las presiones de las
patronales valencianas como elemento clave en la interpretación que ha
hecho la Generalitat.
"Con nosotros no ha hablado la 'conselleria'. Ya
están llegando algunos escritos de la patronal planteando a los
trabajadores que se tienen que incorporar a trabajar. Ha habido un
movimiento para intentar mantener la actividad que se estaba haciendo
antes del decreto ley. Nosotros estamos por salvar el tejido productivo,
pero hay que atender a lo que vienen informando las autoridades
sanitarias y científicas. Para evitar mayores consecuencias, es necesario que hagamos todos el esfuerzo durante unos días y parece que la Generalitat ha abierto la mano por la puerta de atrás para saltarse el decreto", explica a El Confidencial.
Los empresarios valencianos no han ocultado nunca su resistencia a
parar la actividad económica por completo. Tanto la autonómica Confederación Empresarial Valenciana (CEV), adscrita a la CEOE, como el poderoso ‘lobby’ de la Asociación valenciana de Empresarios (AVE), que preside Vicente Boluda y en el que Juan Roig
ejerce mucha influencia, han lanzado comunicados y han protagonizado
intervenciones públicas reclamando al Gobierno una repuesta moderada en
lo relativo al confinamiento económico. “AVE considera que el parón de
la actividad económica tendrá efectos devastadores sobre el empleo y la
economía. No es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione
la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación
excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad y el
empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas. El Gobierno de
España debe adoptar medidas urgentes para preservar la actividad económica y
mantener el empleo, como han hecho los países de nuestro entorno”,
señalaba el último comunicado de AVE, lanzado el 29 de marzo, tras
aprobarse el decreto ley.
El propio ‘president’ valenciano, el socialista Ximo Puig,
admitió esta semana que en la última videoconferencia de presidentes
con Pedro Sánchez, horas antes de la aprobación definitiva del decreto,
tanto él como otros barones regionales como el lendakari Íñigo Urkullu
advirtieron de la dificultad de hacer un cierre inmediato.
De esta
conferencia y la presión de los presidentes autonómicos salió la
moratoria de un día para facilitar la parada a las empresas y
la excepción a las compañías exportadoras. “Hay sectores industriales
en los que no se puede apretar el botón de cerrar y pasado mañana
apretar y volver a funcionar”, insistía Puig este domingo a preguntas de
El Confidencial en su comparecencia tras la conferencia de presidentes.
El barón socialista, que habló el sábado personalmente con Sánchez por
teléfono, sostiene que es posible hacer un esfuerzo por garantizar “la
máxima seguridad de los trabajadores” y a la vez mantener determinadas
actividades productivas. “No se han parado industrias que hubieran
sufrido un gravísimo daño de haberse cerrado”, admitía.
El País Vasco, gobernado por el PNV, el partido que más se opuso, pidió a Sánchez por carta
decidir qué empresas eran esenciales. Y así lo hizo en una nota en la
que interpretó que las empresas podían mantener "un estado interno
óptimo y una actividad productiva suficiente y que permita evitar
situaciones traumáticas (pérdida de pedidos, sanciones por
incumplimientos contractuales...)".
La nota de Euskadi en su listado de
actividades esenciales incluye la industria textil, la de muebles y la
del calzado, pero solo si se dirigen al sector sanitario, informa José Mari Alonso.
Otra
comunidad en manos socialistas, Asturias, hizo también un listado. En
este caso, incluyó directamente nombres de empresas que podían seguir
abiertas. "Por el peso que el sector metalúrgico tiene en España en
general y en Asturias en particular, es imprescindible que ArcelorMittal y otras industrias metalúrgicas fundamentales como Glencore Asturiana de Zinc o Alu Ibérica sigan en funcionamiento".
El Principado justifica que "la parada del único horno integral existente en toda España podría derivar en la no reactivación en el futuro, con la consiguiente deslocalización".
En su listado, incluye la fabricación de cemento como esencial, cuya producción está vinculada a la familia Masaveu,
que cita la nota. "El cemento, aunque en menores cantidades que en
situación habitual, sigue siendo necesario para, entre otras cosas, el
proceso de estabilización de la jarosita, un residuo generado en el
proceso de fabricación de Glencore".
"La central de Aboño del grupo
Masaveu es clave para el normal funcionamiento del sector refracatrio",
justifica.
El Gobierno asturiano mantuvo también la actividad
minera pese a la caída de la demanda eléctrica con el estado de alarma.
"Una parada de un par de semanas en una mina, sobre todo subterránea,
puede acarrear la pérdida de zonas de explotación de un modo irrecuperable". Por eso autoriza el mantenimiento de Hunosa y del Pozo San Nicolás.
La última en sumarse fue Andalucía. El viernes, la Consejería de
Hacienda e Industria de la Junta de Andalucía emitió su nota sobre qué
actividades considera esenciales. Son en total una veintena.
La
Secretaría General de Industria de la Junta, que dirige el exdirectivo
de Riotinto, Levantina o Holcim Fernando Araúz, ha
establecido "de forma aproximativa y no limitativa" las siguientes
actividades como "imprescindibles para el correcto desarrollo de las
actividades esenciales".
Son, entre otras, la minería extractiva
metálica y no metálica (yeso, cal, dolomitas) así como la producción y
transporte de explosivos, industria textil, de calzado, papel, refino de
petróleo, química, metalurgia, fabricación de muebles, producción, venta y reparación de vehículos y remolques, o fabricación de productos metálicos o informáticos.
Todos
los proveedores de estos sectores están igualmente incluidos en la
opción de seguir operativos. Además de todo ello, también abre el
Gobierno andaluz la posibilidad de seguir operando con ese nivel mínimo a
aquellas empresas que puedan reorientar su producción hacia la
producción o prestación de servicios esenciales.
Y a quienes provean a
esas empresas reorientadas a su vez de todo tipo de productos y
servicios. Y por último, se permite también terminar obras que sean imprescindibles para
la realización de actividades esenciales, o para que cualquiera de los
otros eslabones de la cadena de actividades autorizadas desarrolle su
labor.
Fuentes del sector explican que la paralización de la
industria ha sido desigual y menor y que muchos empresarios criticaban
la inseguridad jurídica y temían una inspección de Trabajo o un problema
en caso de accidente laboral. La CEOE ha pedido levantar el parón total
y Sánchez anunció que, aunque el estado de alarma seguirá, no mantendrá el parón de la industria.
