España se aleja de su objetivo del 20 % de consumo de renovables para 2020

LUXEMBUGO.- El consumo final bruto de energía proveniente de fuentes renovables en España se situó en el 17,4 % en 2018, por debajo de la media del 18 % de la Unión Europea (UE) y lejos del objetivo del 20 % fijado para 2020, según datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

España retrocedió así dos décimas respecto al 17,6 % registrado en 2017, pero avanzó 9,1 puntos porcentuales en relación con el 8,3 % marcado en 2004, informó en un comunicado la oficina de estadística comunitaria.

El conjunto de la UE, que partía de un 8,5 % en 2004 y también tiene fijado un objetivo del 20 % en 2020, superó en 2018 en medio punto el consumo de energía renovable respecto al 17,5 % de 2017.

Sólo doce de los veintiocho Estados miembros de la UE igualan o superan actualmente la meta marcada para el cierre del presente ejercicio (Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Chipre, Finlandia y Suecia).

Suecia se sitúa a la cabeza de la lista y es el único país de la UE que obtiene más de la mitad de su energía (54,6 %) de fuentes renovables, seguido de Finlandia (41,2 %), Letonia (40,3%), Dinamarca (36,1 %) y Austria (33,4 %).

A la cola de la clasificación se sitúan Países Bajos (7,4 %), Malta (8 %), Luxemburgo (9,1 %) y Bélgica (9,4 %), siempre según Eurostat.

Con un consumo de energía verde del 7,4 % en 2018 y una meta en 2020 del 14 %, Holanda es el país que más se aleja de su objetivo nacional junto con Francia, que registró en 2018 un consumo del 16,5 % mientras que su objetivo nacional está fijado en el 23 %.

La organización ecologista Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés), celebró en un comunicado que la UE mantenga su tendencia al alza en renovables, pero avisó de que "la ralentización en el progreso debe de corregirse" y pidió que los países eleven su ambición en 2030, fijada actualmente en "al menos un 32 %.

El editor oriolano Diego Marín prescinde de una de sus cuatro librerías en Murcia tras racionalizar espacio

MURCIA.-El  librero y editor oriolano afincado de tiempo en nuestra ciudad, Diego Marín, cierra uno de sus cuatro establecimientos en Murcia. La histórica Expo Libro, situada en el número 9 de la calle de La Merced, muy cerca del campus del mismo nombre en la Universidad de Murcia, luce un cartel en su escaparate que indica a sus clientes que serán atendidos en González Palencia, otra de las librerías emblemáticas del grupo, situada a apenas 50 metros de la anterior, según revela hoy https://murciaeconomia.com

González Palencia y Antaño, las otras dos librerías del grupo en el centro de Murcia, continuarán funcionando, al igual que el Centro del Libro situado junto a la entrada principal del Campus de Espinardo.

Las referencias que hasta ahora se comercializaban en Expo Libro, que estaba especializada sobre todo en publicaciones técnicas y científicas, están a la venta desde ahora en González Palencia, donde se ha habilitado un nuevo espacio para este tipo de libros.

Diego Marín continuará vendiendo libros tanto en las tres tiendas que continuarán abiertas como a través de internet.

El popular librero de Orihuela, quien tiene en su catálogo más de medio millón de libros y todavía atiende personalmente en González Palencia, lleva en el sector desde 1960 pues comenzó de aprendíz en la desaparecida librería Biblión, situada en la céntrica calle Pascual.

'El Corte Inglés' planea cerrar su almacén de El Tiro (Myrtea) y reducir la de Cartagena, según El Confidencial

MURCIA.- El Corte Inglés planea cerrar su tienda del centro comercial Myrtea (antiguo El Tiro) de Murcia y reducir la superficie de su establecimiento en Cartagena, dentro de un plan de reestructuración que afectaría a uno de cada cuatro de sus grandes almacenes en España, que serán vendidos, transformados o cerrados, según El Confidencial.

Así lo refleja un documento interno de la compañía al que ha tenido acceso el periódico digital El Confidencial, que incluye las instalaciones situadas en las afueras de Murcia en la lista de establecimientos condenados al cierre para "transformar en real estate" (espacio inmobiliario para alquilar o vender) y el de Cartagena en la lista de "reducir metros cuadrados de tienda".

El plan afecta a unos 25 de los aproximadamente 100 puntos de venta de la cadena en España. El objetivo de la cúpula de la empresa, encabezada por Marta Álvarez Guil y Víctor del Pozo, presidenta y consejero delegado, es modificar el uso que se da a aquellos puntos de venta que dan pérdidas recurrentes, para mejorar la cuenta de resultados de la compañía.

Así, quince establecimientos están abocados al cierre, incluyendo el situado en el centro comercial Myrtea (El Tiro) de Murcia, y una decena de ellos seguirá funcionado, pero con menos metros cuadrados, recolocando al personal sobrante en otras tiendas del grupo. Este último sería el caso de la tienda de Cartagena.

La reducción del espacio comercial de algunos establecimientos está destinada a evitar que aumente el número de cierres, no ya solo por el coste reputacional que supone para la empresa, sino por el coste de los despidos. 

Cada tienda de El Corte Inglés tiene una plantilla media de 300 empleados con una antigüedad media de diez años, lo que supondría unos tres millones de euros solo en indemnizaciones (de media) por cada tienda cerrada.

La lista también incluye establecimientos que serían reconvertidos en formato 'outlet' y algunos que están pendientes de nuevos análisis. El Corte Inglés ya se desprendió el año pasado de cinco edificios y recolocó a los empleados. 

La mayor parte de los establecimientos afectados por esta reestructuración fueron abiertos a principios de este siglo, durante la época del 'boom' económico.

Entre los abocados al cierre, se encuentran el del popular centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos (Madrid), el de Vistalegre (también en Madrid), uno en Sevilla, y los de Mijas Costa (Málaga), y Ademuz (Valencia), además de otro en Valladolid. 

Además de al gran almacén de Cartagena, las reducciones de espacio comercial afectarían a centros como los de Elche, Éibar, Linares, Algeciras, El Ejido, Jerez, Talavera y Leganés.

La empresa niega que vaya a cerrar centros

La empresa ha insistido en restar validez al documento y ha asegurado que no existe ningún plan de reestructuración y que todos sus centros comerciales tienen un resultado de explotación positivo.

No obstante,  en un informe dirigido a posibles inversores emitido hace algo más de un año, la empresa reconocía que podría "llevar a cabo transformaciones o clausuras selectivas" de centros "que han funcionado por debajo de las expectativas", aunque no especificaba cuáles.

Además, el año pasado, El Corte Inglés ya cerró varios establecimientos justo después de negar que tuviera ningún cierre en marcha.

El Ayuntamiento de Cartagena pone en marcha autobuses urbanos gratuitos este viernes por la contaminación

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido la gratuidad de todas las líneas urbanas de la ciudad y sus barrios adyacentes y de las que la unen a las poblaciones de Santa Ana, El Albujón, Miranda, La Ajorra, La Palma y Pozo Estrecho, como medida complementaria a a los consejos emitidos este mediodía a la población para restringir el suo del vehículo particular ante el episodio de contaminación de nivel 3 por partículas en suspensión, activado en el municipio por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Ayer miércoles Alumbres, Valle de Escombreras y puente de Mompeán en Santa Lucía triplicaban los valores permitidos de 50 microgramos por metro cúbico de aire de partículas en suspensión, por la llegada de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica y las Islas Baleares, con concentraciones de polvo mineral en el rango 50-200 microgramos por metro cúbico en zonas del sureste y del levante peninsular. 

Las previsiones apuntan a que esta situación se mantenga en los próximos días, lo que además de la activación del nivel 3 por parte de la Comunidad Autónoma ha llevado al Ayuntamiento a adoptar toda un serie de medidas contempladas en el protocolo marco de actuación municipal en episodios ambientales de contaminación por dióxido de nitrógeno y PM10, entre las que se encuentran restricciones a la circulación por el Casco Histórico y la reducción del uso de los vehículos particulares y el cese de actividades que aumenten la presencia de polvo u otras partículas en suspensión.

Para facilitar la movilidad a los ciudadanos y mejorar las condiciones ambientales, el Ayuntamiento ha decido que mañana viernes, durante todo el día sean gratuitos los autobuses urbanos; al igual que dejar de utilizar sopladoras en la limpieza de las calles y prohibir el arado de los campos o la quema de rastrojos, entre otros.

El PP-A "se sentará" con Vox para "racionalizar el sinsentido" sobre el pin parental y pide "calma" a las familias

SEVILLA.- El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda (PP-A), ha señalado, ante la exigencia del grupo parlamentario Vox de implantar el pin parental, que "habrá que sentarse" con ellos para "racionalizar este sinsentido", al tiempo que ha pedido "calma y absoluta tranquilidad a las familias".

Y ha insistido en que "hace falta menos pin parental y más sentido común", porque el sistema educativo "ya tiene los cauces para que los padres puedan decidir este tipo de actividades que se deciden antes de que empiece el curso".

Por tanto, Imbroda ha insistido en que "no hay debate" y en que "quisiera sacar de los centros educativos algo que no tiene mucho sentido", toda vez que ha pedido "absoluta tranquilidad a las familias porque ya hay mecanismos a través de la delegaciones territoriales, de los equipos directivos, de la inspección, y si algo surgiera, que si surge con dos millones de alumnos, se interviene inmediatamente".

"No ha lugar a este debate, se lo trasladé a Vox y le dije que vamos a racionalizar este sinsentido", ha afirmado Imbroda, quien cuestionado sobre la exigencia de este grupo de implantar el pin parental, ha contestado que "habrá que sentarse, como es nuestra obligación, para racionalizar esta posición", y ha añadido que "tampoco es normal la reacción virulenta del Gobierno central hacia Murcia".

"Vamos a centrarnos, a tener calma y nos sentaremos a matizar todas estas cuestiones, sobre todo para transmitir tranquilidad a ellos y a las familias, porque no sucede nada, y si sucediera algún caso aislado, se interviene para corregirlo", ha concluido el titular de Educación.

Desde Valencia piden implicación del Gobierno para actuar ante los efectos del calentamiento global en el Mediterráneo

VALENCIA.- La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha pedido este jueves "la implicación urgente y efectiva" del Gobierno central, a través del Ministerio de Transición Ecológica, para actuar ante los efectos del calentamiento global en el Mediterráneo y, en consecuencia, en zonas de su entorno como la Comunitat Valenciana.

Así, ha resaltado que este es "un territorio altamente vulnerable a la situación de emergencia climática" y ha reclamado para esta autonomía fondos destinados a dicho fin y las infraestructuras adecuadas.

 "Necesitamos repensar, organizar muy bien, nuestro territorio pero también esa acción conjunta y decidida del ministerio", ha indicado preguntada por los efectos de la borrasca Gloria en la Comunitat Valenciana.

Mollà se ha pronunciado de este modo tras el acto en el que se ha conmemorado la declaración por parte de Naciones Unidas del regadío histórico de la Huerta valenciana como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

La consellera ha destacado que "en seis meses" esta autonomía ha sufrido "dos episodios catastróficos" -la Dana de septiembre y la borrasca Gloria ahora-, tanto para el sector agrícola como para el conjunto del territorio, que "se han llevado por delante cultivos, infraestructuras, litorales y elementos naturales importantes", además de "vidas humanas".

"Tenemos que hacer una reflexión potente. Necesitamos la implicación urgente y efectiva del ministerio. Tenemos que hacer un replanteamiento de cómo está afectando la emergencia climática a nuestro territorio", ha planteado la responsable autonómica, que ha señalado que "cuando los científicos dicen que el Mediterráneo es el epicentro del calentamiento global, quiere decir que su territorio es el que va a padecer más las consecuencias" de ese fenómeno.

Así, ha subrayado que "el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica, debe decir algo sobre lo que piensa hacer para ayudarnos ante esta circunstancia, ante Gloria o ante la Dana de septiembre".

Mireia Mollà, que ha apuntado que no es capaz de decir cuál de estos dos temporales "ha sido más grave, ha afirmado que "los dos forman parte de lo que estamos padeciendo los valencianos" por ser la Comunitat Valenciana "un territorio altamente vulnerable a la situación de emergencia climática".

La consellera ha insistido en que es "evidente" que el Mediterráneo y esta autonomía son el "epicentro del calentamiento global" y ha manifestado que "cuando el ministerio o Europa hablan de dotar de muchos fondos sobre todo a los territorios más vulnerables" para hacer frente a esa circunstancia, "se está diciendo que nosotros tenemos que recibir esos fondos".

Preguntada por si se ha hecho una estimación económica de los daños provocados por la borrasca Gloria en las tres provincias valencianas, la responsable autonómica ha señalado que todavía no aunque ha aseverado que hay daños importantes". Al respecto, ha explicado que se está haciendo el balance correspondiente por parte de los servicios territoriales dependientes de su departamento.

"Las organizaciones de agricultores están hablando de 24 millones de euros, sobre todo de hortalizas y cítricos. Los servicios territoriales desde ayer, igual que hicieron con la Dana, están haciendo la concreción. Tenemos daños importantes, también en medio natural y en infraestructuras de depuración. Todo eso se está contabilizando", ha expuesto.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha agregado que hay también daños en caminos y ha resaltado que en el caso del "litoral es desastroso" el estado en el que ha quedado.

Preguntada por las reivindicaciones de alcaldes de comarcas como los de las Riberas que reclaman infraestructuras para evitar inundaciones en núcleos urbanos y por si es momento de acometerlas o de replantearlas, Mollà ha comentado que está viendo "planes hasta, incluso, del año 2000 que dicen cuáles son las que se tienen que hacer no solo en el entorno de los ríos sino en el litoral" y ha dicho que se pregunta "en qué momento el Gobierno va a tomar nota de sus propios planes y compromisos concretos con las infraestructuras que se deben hacer".

"Creo que es el momento de que se ponga las pilas y tenga dotaciones presupuestarias concretas en los presupuestos que vendrán para esas infraestructuras", ha aseverado la consellera, que ha indicado que hay algunas "que se deben hacer" y que "no se pueden sustituir" y "otras que no se pueden estar planteando como si fuera lo que arreglara".

Mireia Mollà ha instado a "hacer una reflexión", a tener en cuenta que se han cometido "negligencias urbanísticas evidentes" y a asumir que "en algún momento de su historia se ha tenido una política territorial y urbanística inadecuada".

"No podemos estar ganando al mar constantemente lo que es suyo ni al río lo que es suyo. El agua reclama lo que es suyo y normalmente no pide permiso para pasar", ha expuesto, tras lo que ha considerado que se debe "acertar con las actuaciones que hacemos" porque "eso va ligado a nuestro entorno urbano, vidas y casas". 

Ha agregado que la actual política territorial y urbanística del Consell está encaminada a que "no se hagan las negligencias obvias que se han hecho en los últimos veinte años".

Preguntada por los daños en las depuradoras y por si alguna de ellas ha quedado fuera de servicio por el temporal, la consellera ha afirmado que no pero ha indicado que han sufrido algunas incidencias que requerirán "pequeñas actuaciones" en "muchas".

"Daría una lista enorme de muchas depuradoras. Son pequeñas actuaciones que se tienen que hacer, algunas simplemente para acceder y otras en las propias depuradoras. La lista es bastante extensa", ha resaltado, a la vez que ha apuntado que como se hizo en el caso de la Dana se llevarán a cabo las reparaciones y se agilizarán "las obras por parte de la Epsar" y ha resaltado que la depuradora de Pinedo funciona sin problema.

El Ayuntamiento de Cartagena restringe el tráfico en el Casco Histórico y pide colaboración ante el nivel 3 por contamin

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena ha adoptado una serie de medidas para atenuar los efectos de los altos niveles de contaminación por partículas en suspensión (PM10), detectadas por la red de estaciones medidoras de la Comunidad Autónoma en diferentes zonas del municipio. Entre las medidas se contemplan restricciones a vehículos en el Casco Histórico y diversos consejos a la población en general para atenuar los efectos de este episodio.

La Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia ha comunicado al Consistorio la activación en Cartagena el nivel 3, el máximo de alerta, por la superación de los valores permitidos de partículas en suspesión (PM10) en las estaciones medidoras de La Aljorra, Alumbres, Valle de Escombreras y puente de Mompeán en Santa Lucía.

En concreto, los valores de ayer miércoles casi triplicaron el límite de 50 microgramos de partículas en suspensión PM10. 

Según ha comunicado la administración regional a la municipal la concentración media diaria de ayer fue en La Aljorra de 147 microgramos por metro cúbico; en Alumbres, de 132 microgramos por metro cúbico; en Santa Lucía, de 149 microgramos por metro cúbico y en el Valle de Escombreras, de 147 microgramos por metro cúbico.

Esta situación ha estado motivada por la intrusión de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica y las Islas Baleares, con concentraciones de polvo mineral en el rango 50-200 microgramos por metro cúbico en zonas del sureste y del levante peninsular, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los modelos consultados prevén que persista la intrusión de estas masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica y las Islas Baleares durante hoy y los próximos días y que puedan llegar a registrase concentraciones polvo mineral en el rango 50-500 *g/m3 en zonas del sureste ibérico y las Islas Baleares.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cartagena ha aplicado las medidas contempladas en el protocolo marco de actuación municipal en episodios ambientales de contaminación NO2 y PM10 que incluye solicitar la colaboración de la población para que adopte una serie de hábitos dirigidos a reducir la contaminación.

Por ejemplo, solicita la bajada de la temperatura de la calefacción o aire acondicionado de las casas y edificios públicos con el objeto de minimizar el consumo energético; así como el uso compartido del coche privado; incrementar el uso del transporte público en los desplazamientos; y realizar una conducción eficiente.

También aconseja evitar en la medida de lo posible, las paradas y los arranques bruscos; y, con carácter preventivo, no realizar ejercicio físico intenso al aire libre.

El Ayuntamiento también ha ordenado a la Policía Local que aumente la vigilancia y el control para minimizar las obstrucciones en las vías de circulación, con el objetivo de aumentar la fluidez del tráfico, reduciendo las obstrucciones en las vías por el estacionamiento incorrecto de vehículos o debido a trabajos de construcción.

Asimismo, ha emplazado a la Policía Local a restringir el tráfico en el casco histórico entre las 8.30 y la 13.30 horas, a excepción de vehículos de servicios esenciales. Así, los vehículos de reparto y de carga y descarga podrán acceder entre las 8.30 y las 11.00 horas. De la misma forma, los agentes deberán extremar las medidas de vigilancia y el control para el cumplimiento de las velocidades máximas permitidas.

Otras medidas adoptadas por el Ayuntamiento son no utilizar sopladoras por parte de los servicios de limpieza viaria y, en aquellos puntos de la vía publica en donde se detecten acumulaciones de polvo o sedimentos, proceder a su limpieza por lavado del firme de rodadura.

También procederá a adoptar restricciones en obras y derribos que generan contaminantes, así como a la prohibición de las quemas agrícolas, y a limitar las labores agrícolas que supongan riesgo por emisión de polvo.

Por último, se recomienda a los organismos competentes que suspendan o limiten las operaciones de carga y descarga que puedan originar emisiones de partículas pulverulentas.

Ciudadanos niega datos al juez que investiga sus primarias en Murcia alegando que los tiene una empresa

MADRID.- Lazarus Technology, una pequeña firma informática de la periferia de Madrid, guarda los datos sobre la emisión de voto telemático en las primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia que están bajo investigación judicial.

Ciudadanos ha dado el nombre de esa empresa al titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, Ignacio Munitiz, que instruye un caso de supuesto fraude electoral.
Un escrito remitido por Ciudadanos niega al juez un listado de IPs (Identificadores informáticos) ligadas a votos emitidos en las primarias murcianas, alegando la "imposibilidad de poder aportarlo", y responde que el listado lo tiene Lazarus.
Pese a ser su cliente, Ciudadanos no le pide a su suministrador el listado, sino que le sugiere al juez que se lo pida él "ante la imposibilidad de conseguirlo por este partido".
La respuesta de la formación naranja no detalla por qué no puede pedirle esos datos a la empresa que ahora desvela que contrató.
El magistrado que instruye el caso preguntó en octubre pasado y a requerimiento del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que pedía un "listado completo de las IPs, asociadas cada uno de los votos efectuados en las últimas primarias de la Región de Murcia, y en dónde se debe hacer constar fecha y hora exacta del momento en el cual se efectuó la votación", según el escrito.
Por segunda vez en esta investigación, la Policía se queda sin esos datos. En otros casos de investigación de supuestos pucherazos en las primarias, el partido sí ha reconocido disponer de los datos.
Lazarus Technology es una firma de pequeño tamaño, administrada por el experto informático Manuel Huerta. Tiene sede en un edificio de oficinas de San Sebastián de los Reyes (Madrid), un capital de 113.000 euros y 13 empleados dedicados al borrado y la recuperación de datos informáticos.
Su cifra media de negocio es de un millón de euros anuales. En 2018 (último dato que ha publicado) obtuvo unos beneficios de 61.587 euros.
Los intentos por recabar una versión de Huerta han sido de momento infructuosos.  A través de una secretaria, el empresario se ha excusado asegurando que "no hará declaraciones porque es un asunto bajo investigación judicial".
Ciudadanos cita a Lazarus pese a que el partido, en la reciente investigación por fraude en las primarias de Castilla y León, alegó que ya no utiliza servicios externos en sus primarias. En 2018, Ciudadanos había roto su contrato con otra firma, Monomo Media, y declaró a diversos medios que todo el sistema de votación se controlaba desde el partido, sin empresas.
La líder de Ciudadanos en la Región de Murcia, Isabel Franco, es hoy vicepresidenta autonómica en virtud de un pacto con el PP y con apoyo de Vox. Leonardo Pérez, su rival en las primarias cuyos datos guarda Lazarus, fue derrotado por 599 votos contra 237 según el escrutinio oficial. Pérez llevó a la policía posibles irregularidades y manipulación en la votación telemática.
Según la prueba pericial, Leonardo Pérez, el candidato a las primarias de Murcia que quedó segundo en el proceso y que denunció un presunto delito de fraude, recibió exactamente los mismos 21 votos que la ganadora, la actual vicepresidenta de la Región, Isabel Franco, concentrados también en dos direcciones IP estáticas.
Pérez obtuvo, por un lado, 11 votos de una misma dirección y otros diez procedentes de otro ordenador distinto, exactamente el mismo caso que el de Franco.
De acuerdo con Ciudadanos, Pérez habría recibido también votos fraudulentos y lo que pretende con la denuncia que presentó en abril es anular la victoria de Isabel Franco, la candidata apoyada por la entonces dirección de Albert Rivera, y llegar así a la vicepresidencia de Murcia por una carambola.
Aún en el caso de que se anularan esos presuntos sufragios irregulares en Murcia, Isabel Franco seguiría siendo la ganadora puesto que consiguió un total de 599 votos frente a los 237 que obtuvo Pérez.

Las 10 tendencias de consumo que triunfan en Japón y que imitaremos

BARCELONA.- El comercio español mira a Japón como referente del futuro consumidor. Consumidores cada vez más mayores y personas que viven solas marcan algunos de los perfiles que crecen para los próximos años. Esto está pasando en Japón y pasa progresivamente en España, como consecuencia de una pirámide de población en la que los más mayores predominan y los hogares con niños, antaño motor del consumo, tienden a ser excepción, relata El Periódico.

Productos saludables, raciones individuales y lineales adaptados a personas mayores son algunas de las medidas que los distribuidores japoneses han tomado para adaptar su negocio a dos perfiles poblacionales que también crecen en España, los mayores y los 'singles'.
La asociación multisectorial Aecoc llevó a Tokio a 12 directivos del sector de la distribución español para analizar cómo la industria japonesa ha adaptado su oferta y sus servicios a los cambios, especialmente en lo que respecta el envejecimiento de la población.
Todo indica que en el futuro el comercio debe adaptar su oferta a ese cliente habitual tipo que se avecina. Aseguran los expertos de Aecoc que "Japón es uno de los mercados que mejor anticipa dos de los fenómenos que marcarán el futuro de la distribución en España: el envejecimiento de la población y el crecimiento de los hogares unipersonales". 

En España, los mayores de 65 años equivalen al 30% de la población activa, y se calcula que este porcentaje llegará al 50% en no más de 15 años. En Japón, el peso de los seniors es aún mayor: el 36% de los japoneses tiene más de 65 años, y en el 2060 duplicarán la población infantil.
Además, la tasa de natalidad de ambos países no augura que estas proporciones puedan cambiarse: en España, el índice de hijos por mujer es de 1,3, mientras que en Japón es de 1,4.
Las similitudes entre ambas pirámides de población invitan a pensar al sector de la distribución que soluciones exitosas en el país nipón podrían tener cabida en el mercado español.

El responsable del área de Retail Knowledge de Aecoc, Pablo de la Rica, considera que el conocimiento del mercado japonés de gran consumo permite avanzar tendencias de mercado.
Las principales detectadas apuntan a que los consumidores apuestan por hacer compras pequeñas y frecuentes. De media, los japoneses acuden a los supermercados entre 3 y 4 veces a la semana, por lo que su volumen de compra es pequeño. Las grandes compras hipermercadistas de hace 20 años ya han dejado de ser frecuentes. 

LAS 10 TENDENCIAS EN AUGE

1.- Impulso El 80% de las compras en Japón no son planificadas. El impulso es cada vez más motor de adquisiciones. 

2.- Hogares pequeños Las raciones individuales ganan peso en la cesta de la compra. Los hogares están compuestos por pocos miembros y cada uno de ellos tiene un rol intrafamiliar distinto y autónomo. Los pisos compartidos también son cada vez más en número en las grandes ciudades españolas, algo que también agudiza el fenómeno de las familias monoparentales japonés, también creciente en Europa.

3.- Salud El consumidor quiere cada vez más productos vinculados con la salud. En los lineales de los productos japoneses destacan los productos saludables, con menos grasas y surtidos muy orientados a la prevención de enfermedades. 

4.- Apariencia La importancia de la apariencia: el hecho de que la mayor parte de las compras no sean planificadas lleva a que los 'retailers' japoneses dediquen grandes esfuerzos a la presentación de sus productos. Destacar en la estantería es fundamental para atraer la atención del consumidor. La apariencia de los alimentos es un elemento clave en la decisión de compra 

5.- Frescura Las marcas saben que sus consumidores exigen productos frescos, por lo que los supermercados reponen hasta cuatro veces al día su surtido de alimentos, en función de los momentos de consumo diario

6.- Conveniencia La comida lista para comer es un área de fuerte crecimiento en Japón, que llega a representar el 20% de la venta de alimentos en algunos de los distribuidores más relevantes. Los supermercados dedican grandes espacios para la venta de bentos -bandejas preparadas-, congelados, refrigerados y frescos a temperatura ambiente que tienen especial éxito entre los jóvenes de 20 a 30 años que viven solos y no cocinan, y para los trabajadores de la ciudad, que no suelen contar con el tiempo para cocinar. En España se registraron crecimientos del 10% en la venta de productos precocinados, una de las áreas de mayor crecimiento en el sector de la distribución alimentaria.

7.- Comercio 'on line' El alto volumen de población single también ha llevado a un crecimiento del e-commerce en la alimentación, que ya representa un 7,5% sobre el total del negocio, mientras que en España tan solo supone un 1,8%. 

8.- Inversión tecnológica El gran peso de la población mayor de 65 años ha hecho que las empresas dediquen grandes inversiones a aumentar el uso de tecnologías como las cajas automatizadas y el pago a través de reconocimiento facial para mejorar la experiencia de compra y, a la vez, combatir la escasez de mano de obra. En España, algunas cadenas de distribución también han optado por la automatización de las líneas de caja. Pero la automatización del proceso de compra puede no tener tanto éxito como en Japón por la propia naturaleza del consumidor español. 

9.- Población senior Además de estas tendencias generales, algunos de los distribuidores japoneses se han convertido en referentes a la hora de adaptar sus servicios a la población senior o single. Entre las medidas adoptadas se encuentran algunas pragmáticas, como el diseño de cartelería con letras de gran tamaño, estanterías más bajas de lo habitual para facilitar el acceso a los productos, carros de aluminio muy ligeros y con lupa de lectura de envases, pasillos más anchos que, en muchos casos, incluyen información sobre la distancia a recorrer para llegar a las diferentes secciones. La organización de los lineales está tan condicionada por el impacto de la población mayor de 65 años en Japón que incluso existen zonas de alimentación en la que los productos se ordenan de mayor a menor dificultad a la hora de masticarlos. 

10.- Servicios  Se abren posibilidades también en el campo de los servicios específicos en los centros comerciales a los más mayores. Los de más éxito son los de pedicura, atención médica y nutrición, así como zonas de descanso y puntos para la descarga del carro de la compra y envío a domicilio pensados para la población mayor de 65 años. Algunas poblaciones en España ha abierto servicios de autobuses para acercar a supermercados a los más mayores. El supermercado se convierte en una especie de centro cívico de cada barrio, lo que aumenta la fidelidad de los consumidores y lleva a un aumento notable de las ventas: el 70% de las personas que participan en estas actividades acaban comprando. La firma AEON es una de las más activas en Japón en esa sofisticación de los servicios.

Tres marcas murcianas de Calzado aterrizan en Japón para presentar sus nuevas colecciones

MADRID.- La Federación de Industrias del Calzado Español e ICEX España Exportación e Inversiones coorganizan los días 29 y 30 de enero en Japón la edición 33ª de la exposición comercial de calzado español Shoes from Spain Exhibition. Tres empresas de la Región estarán presentes en esta Muestra para presentar sus nuevas colecciones. Otra decena proceden de la provincia de Alicante.

Shoes from Spain Exhibition es la principal plataforma para que las marcas de calzado españolas presenten las colecciones a los clientes japoneses. La exposición se celebra dos veces al año y está dirigida exclusivamente al público profesional. La oferta de producto es amplia e incluye colecciones de mujer, hombre y niño.

En la próxima edición de enero participarán empresas con alto reconocimiento en mercados internacionales como Carmela, Chie Mihara, Igor, Maypol, Ria Menorca, Victoria, Wonders o XTI. En total, la exposición contará con 30 marcas españolas, una cifra récord para una muestra de invierno.

Los expositores presentarán en primicia al mercado nipón las colecciones de otoño-invierno 2020/21 en el recinto EBiS303 del distrito Shibuya, centro neurálgico de la ciudad donde se concentran las sedes y oficinas de muchas empresas de moda en Tokio. La última edición de verano 2019 reunió a más de 700 visitantes.

A través de esta actividad, que se ha organizado de forma ininterrumpida durante los últimos 16 años, el sector calzado español confirma su fuerte compromiso con el mercado nipón.

El tratado de libre comercio entre la UE y Japón entró en vigor el 1 de febrero de 2019. Desde entonces, el tradicional sistema de cuotas para el calzado en piel deja de ser obligatorio para el calzado de origen europeo. 

Por otro lado, los aranceles para toda tipología de calzado se reducirán anualmente hasta llegar al arancel cero en 10 o 15 años, en función de la partida arancelaria.

La liberalización del comercio suele tener un impacto positivo en las exportaciones españolas de calzado. Así, las exportaciones a Corea del Sur han aumentado más de un 500% en volumen y 450% en valor desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio en 2011.

Y una situación similar está ocurriendo con Canadá tras la firma en 2017 del acuerdo CETA: las exportaciones españolas al país norteamericano han ascendido un 20% en pares y 23% en valor solo un año después de la entrada en vigor.

En la actualidad, las exportaciones de calzado español a Japón superaron los 28 millones de euros en los diez primeros meses de 2019. El segmento de calzado en piel de mujer, de mayor valor añadido, presenta una evolución positiva con un crecimiento del 16,1% en valor. Se espera que la nueva relación comercial con Japón sea un revulsivo a corto y medio plazo para las exportaciones de calzado español, ya que se abaratará el coste del producto y desaparecerán los intermediarios que no aportan valor a la cadena de suministro.

El mercado nipón tiene gran importancia para el sector español de calzado, tanto por su alto nivel de renta como por la propensión al consumo. Además, funciona como puerta de entrada al continente asiático, ya que el resto de los países del entorno se nutren de las tendencias de moda vigentes en Japón.

Está compuesta por un total de 23 expositores, en representación de 30 marcas. 22 de los expositores son marcas de calzado y uno, el stand promocional de Shoes from Spain.

En relación con la participación por zonas geográficas, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking de expositores con 10 empresas (el 45% del total). 

En segundo lugar, se sitúa La Rioja con 5 empresas (23%).

 En tercera posición, Murcia con 3 expositores (14%). 

Madrid ocupa la cuarta posición con 2 expositores (9%).

Por último, Castilla-La Mancha y las Islas Baleares estarán representadas por un expositor cada una (5%).

El tratado de libre comercio entre la UE y Japón entró en vigor el 1 de febrero de 2019. Desde entonces, el tradicional sistema de cuotas para el calzado en piel deja de ser obligatorio para el calzado de origen europeo. Por otro lado, los aranceles para toda tipología de calzado se reducirán anualmente hasta llegar al arancel cero en 10 o 15 años, en función de la partida arancelaria.
La liberalización del comercio suele tener un impacto positivo en las exportaciones españolas de calzado. Así, las exportaciones a Corea del Sur han aumentado más de un 500% en volumen y 450% en valor desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio en 2011.
Y una situación similar está ocurriendo con Canadá tras la firma en 2017 del acuerdo CETA: las exportaciones españolas al país norteamericano han ascendido un 20% en pares y 23% en valor solo un año después de la entrada en vigor.
En la actualidad, las exportaciones de calzado español a Japón superaron los 28 millones de euros en los diez primeros meses de 2019. El segmento de calzado en piel de mujer, de mayor valor añadido, presenta una evolución positiva con un crecimiento del 16,1% en valor. Se espera que la nueva relación comercial con Japón sea un revulsivo a corto y medio plazo para las exportaciones de calzado español, ya que se abaratará el coste del producto y desaparecerán los intermediarios que no aportan valor a la cadena de suministro.
El mercado nipón tiene gran importancia para el sector español de calzado, tanto por su alto nivel de renta como por la propensión al consumo. Además, funciona como puerta de entrada al continente asiático, ya que el resto de los países del entorno se nutren de las tendencias de moda vigentes en Japón.

El Gobierno murciano estudiará el 'pin parental' y tomará "medidas" para reconducirlo si no es legal

MURCIA.- El Gobierno murciano ha anunciado hoy que está estudiando jurídicamente "con mayor profundidad" el requerimiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional que insta a retirar el denominado 'pin parental', y ha afirmado que tomará "medidas" para "reconducir" esta medida si se agota el trámite previsto en la ley y, llegado el recurso de inconstitucionalidad, se determina que no es legal, pero ha asegurado que no se retractará por la aplicación de "un 155".

"Nosotros tenemos el informe jurídico y de la inspección que dicen que la medida es legal", ha defendido Celdrán. No obstante, ha señalado que el Ejecutivo murciano va a hacer un informe "con mayor profundidad" y tomará medidas para "reconducir" el 'pin parental' si así se determina tras agotar todo el trámite que otorga "la ley de derecho".

En concreto, ha recordado que este trámite permite que una parte "pueda requerir a la otra; que la otra pueda contestar; y, si no hay acuerdo, ir a una bilateral; y, si en la bilateral no hay acuerdo, ir a un recurso de inconstitucionalidad; y, si en el recurso de inconstitucionalidad se entiende, en ese caso se tomarán las medidas para reconducirlo", ha reconocido.

"En cualquier caso, creemos que tenemos todos los informes para que esto se pueda aplicar con total normalidad" ha ratificado Celdrán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la aplicación de esta medida.

También se ha referido al hecho de que el Defensor del Pueblo haya pedido información a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno murciano sobre las instrucciones para el 'pin parental'.

En este sentido, Celdrán ha considerado que "detrás de esta polémica no está más que el intento de algunos colectivos, partidos políticos e, incluso, del Gobierno de España de crear una cortina de humo que tape lo que de verdad es grave y que está pasando en España contra la Región de Murcia".

Ha defendido que la autorización parental "garantiza la libertad de los padres a conocer quienes pueden transmitir cualquier experiencia o información a sus hijos en ámbitos concretos, fuera de la neutralidad que se le exige a un docente". No obstante, ha insistido en que eso no significa que se vayan a prohibir las charlas.

De hecho, se ha mostrado convencido de que los padres darán la autorización "en la inmensa mayoría de los casos", pero entiende que los progenitores tienen algo que opinar "si hay un riesgo de falta de neutralidad de un externo al docente".

En cuanto a las movilizaciones convocadas para protestar contra la aplicación de este 'pin parental', Celdrán ha reconocido que "todos tenemos el derecho a manifestarnos dentro de la ley, a estar a favor o en contra". 

Sin embargo, a su juicio, "detrás de esta polémica se esconde realmente una cortina de humo para que no se hable de la infrafinanciación que padece la Región y de la modificación del sistema de financiación autonómica; o de que el Gobierno central nos tiene con dos trasvases cero con un criterio político y no técnico", según Celdrán, quien insta a "salir de esta confrontación estéril" y quitar esas "cortinas de humo que nos tienen entretenidos con temas que son menos importantes".

Ha insistido en que el hecho de que exista una autorización expresa de los padres para charlas impartidas por personal ajeno al docente "no quiere decir que se esté prohibiendo nada" sino que los padres o el tutor legal puede no dar su autorización "en los casos mínimos en los que entiendan que puede haber una falta de neutralidad".

Al ser preguntado por el hecho de que comunidades como Madrid y Andalucía, gobernadas también por el PP, se nieguen a aplicar esta medida, Celdrán ha destacado que "también ha habido otras iniciativas que se han realizado en otras comunidades donde alguien ha sido el primero".

Al ser preguntado por el hecho de que no hubiera ninguna queja sobre la impartición de estas charlas hasta ahora, Celdrán ha recordado que esta autorización expresa de los padres para actividades complementarias impartidas por personal no docente "se está aplicando desde el mes de septiembre, cuando se implantó la instrucción" y, en todos estos meses, "no ha habido ningún problema".

"En estos cinco meses que lleva aplicándose no ha habido manifestaciones, no ha habido quejas, no ha habido intervenciones con requerimiento del Estado", ha destacado Celdrán, quien ha insistido en que "el problema es el interés que tiene una parte, especialmente política, y también de la sociedad, de desestabilizar a una Comunidad que está gobernada por un partido diferente al del Estado". 

A su juicio, "alguien pretende tumbar los Presupuestos" de la Comunidad para 2020.

Al ser preguntado por si el Gobierno regional "duda", por ejemplo, de los profesionales a los que está formando para impartir charlas de contenido afectivo-sexual, Celdrán ha asegurado que en el Ejecutivo autonómico no "dudan" de "absolutamente nadie" sino que se limitan a dar a los padres "la libertad de dar su autorización" a que sus hijos asistan.

"Es algo que ocurre también, por ejemplo, cuando nuestros hijos se van de excursión a un teatro o centro de educación ambiental: nos llegan a los padres con una autorización y la damos", ha señalado el consejero.

Celdrán también ha negado tajantemente que esta medida pueda estar coartando el derecho de los menores a recibir determinados contenidos, porque el docente "tiene la obligación de dar los contenidos obligatorios que vienen en el currículum, incluidos los de educación sexual o los de evitar la drogodependencia" porque "tiene autonomía para dar esa formación en el aula con neutralidad, porque es lo que le exige el ser docente".

Ha puesto como ejemplo la posibilidad de que la charla sea impartida por "un cazador o un torero" que vaya al aula a contarle "los beneficios que tenga la caza o lo importante que es el toreo como elemento cultural". 

Ha defendido que el Gobierno regional "simplemente está informando a los padres y darles la posibilidad de poder elegir la asistencia a actividades impartidas por personas ajenas al aula que no tienen exigencia de neutralidad".

El Gobierno regional negocia un préstamo de hasta 320 millones del BEI para la recuperación del Mar Menor

MURCIA.- El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, ha asegurado que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 incluyen una partida para la recuperación del Mar Menor "muy superior" a la consignada en 2019, cuando se elevó a 28 millones de euros. Asimismo, el Gobierno murciano está negociando un préstamo de hasta 320 millones de euros en total con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con este fin.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Celdrán ha manifestado que los Presupuestos de la Comunidad para 2020 "priorizan" la actuación en el Mar Menor, en primer lugar con actuaciones directas en materia de protección con un "incremento importante"; y, en segundo lugar, con actuaciones específicas de soporte y apoyo a los municipios en el entorno del Mar Menor.

Asimismo, el Gobierno regional ha pedido al Gobierno central un mayor endeudamiento que no compute en déficit a través del BEI, con quienes está terminando de cerrar las condiciones de estos préstamos específicos para actuaciones exclusivamente dedicadas al Plan de Vertidos Cero. 

"Si el Gobierno central no pretende aplicar este Plan, que lo digan claramente pero que nos den una opción a cambio", ha reclamado.

En la reunión con el presidente del BEI, el Gobierno murciano planteó una línea específica para acciones de recuperación de infraestructuras como consecuencia de la DANA por valor de 120 millones y, por otro lado, un préstamos específico de 200 millones de euros para las actuaciones del Plan de Vertidos Cero, a la espera de concretar cuáles son las medidas de competencia estatal y regional.

En cualquier caso, ha señalado que esos préstamos del BEI están condicionados a la autorización del Estado de poder asumir un mayor endeudamiento "sin que compute en los criterios de déficit".

Celdrán ha señalado que la borrasca 'Gloria' ha provocado las terceras inundaciones "en apenas cuatro meses", al tiempo que ha obligado a cortar carreteras y suspender clases en varios municipios. 

Según el balance de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, el 1-1-2 ha atendido en estos tres días casi 1.200 llamadas, especialmente de los municipios más afectados por la nieve y las lluvias.

En estos momentos, ha señalado que ya está desactivado el Plan de emergencias ante nevadas pero se mantiene el Plan por inundaciones en base a la información remitida por los ayuntamientos afectados, aunque Celdrán ha avanzado que quedará desactivado previsiblemente este mismo jueves.

El episodio de emergencias "se ha dado por cerrado", pero Celdrán ha lamentado que "aún estamos esperando a que el Gobierno de España envíe las ayudas a las que se comprometió para combatir los daños provocados por la DANA en anteriores catástrofes".

"Tampoco vamos a permitir que el entorno del Mar Menor siga sufriendo consecuencias tan lamentables cada vez que nos enfrentamos a una tormenta por la falta de las infraestructuras necesarias para evitarlas", según el consejero.

Por este motivo, ha asegurado que el Gobierno regional seguirá exigiendo que el Estado "construya cuanto antes las infraestructuras necesarias, porque estamos hablando de la seguridad de personas". En este sentido, el Ejecutivo murciano se ha ofrecido a colaborar lealmente en lo que sea necesario".

"Hemos sufrido tres depresiones aisladas en niveles altos (DANA) y seguimos esperando la implicación del Gobierno de España desde la primera de las catástrofes", según Celdrán, quien ha seguido exigiendo "ayudas acordes con los daños sufridos".

Ha lamentado que la Comunidad Autónoma no ha vuelto a "saber nada" del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, "tuvo que pedir a Bruselas porque el Estado no movió ningún resorte para poder exigirlo". Así, ha pedido que el Gobierno de España informe al respecto.

"Ante la inacción del Estado, la Comunidad trabaja en buscar soluciones", según Celdrán, quien ha recordado que, a finales de septiembre, constituyó el panel de expertos para definir medidas de carácter transversal y ya cuenta con un borrador de informe de medidas para la zona del Mar Menor y la zona del Campillo de Lorca.

De igual manera, el Gobierno regional ha solicitado la actualización del sistema nacional de cartografía de zonas inundables, ya que los valores de las precipitaciones han quedado "desfasados" respecto a los reales en el sureste español tras la DANA del pasado mes de septiembre.

El Gobierno regional también pidió al Estado que ponga en marcha las "medidas correctoras" en 13 de los 19 cauces existentes en el Mar Menor, considerados con un grado de peligrosidad "significativa muy alta y en riesgo muy alto en el Plan de gestión de riesgos de inundación de la Cuenca del Segura de 2016".

"Llegados a este punto, lo que los ciudadanos y el Gobierno regional exigimos es seguridad y, para ello, es necesario minimizar los daños de las inundaciones", según Celdrán, quien cree que es una "tarea de todos" que "no es posible aplazar".

Ha señalado que, en este momento, se está trabajando precisamente en la valoración de daños, especialmente en las carreteras que es donde ha habido más incidencia, así como en colegios e institutos públicos. "Se está trabajando para tener una primera valoración que va a ser muy inferior a las anteriores catástrofes ambientales que hemos tenido en la Región", según el consejero.

Lo que más preocupa al Ejecutivo murciano es que, de nuevo, se han producido vertidos de agua dulce al Mar Menor con arrastres, porque "suponen una nueva agresión" para la laguna salada y "pasos hacia atrás en esa recuperación que ya empezábamos a ver en el último informe".

Precisamente, ha señalado que los datos del Mar Menor relativos al 17 de enero mostraban una "importante mejora en transparencia, en turbidez y en reducción de la clorofila". Ahora, lamenta que "tendremos que esperar a la siguiente medición para comprobar el impacto de la entrada de nutrientes en el Mar Menor".

Celdrán ha reconocido que, de momento, todavía no tienen el "detalle" del Plan Verde anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. "Lo que seguimos exigiendo es el Plan que sí que conocemos, que es el Plan de Vertidos Cero, del que el Ministerio dejó de hablar hace mucho tiempo", lo que ha achacado a que "debe estar olvidado en algún cajón".

Ha recordado que el Ministerio hizo este plan con ayuda de técnicos y lo contrastó con la Comunidad Autónoma, alcanzando "un cierto consenso en cuanto a las medidas necesarias para la recuperación del Mar Menor y frenar los vertidos". Además, señala que tenía una cuantificación económica".

A este respecto, ha criticado que los vecinos de los municipios del entorno del Mar Menor "vuelven a sentir el miedo en el cuerpo" cada vez que amanece nublado. "Por mucho que tengamos leyes puestas en marcha, no servirán de nada si no hay inversión para las infraestructuras que eliminen y reduzcan el riesgo de entrada de vertidos", ha reprochado.

Ha vuelto a exigir "planes, infraestructuras e inversión, planes de avenida o el análisis de las ramblas que tenemos en la Región de Murcia", que "vuelve a estar olvidado por el Gobierno de España". 

Ha pedido finalmente que se dejen atrás "cortinas de humo en temáticas que hacen que confundamos a la opinión pública sobre cuales son las prioridades".

Los hoteles de la Región computan 3,2 millones de pernoctaciones en 2019

MURCIA.- Los hoteles de la Región de Murcia computaron 3,26 millones de pernoctaciones el pasado año, de las que 2,4 millones correspondieron a viajeros españoles y las 823.684 restantes fueron de viajeros extranjeros, con una estancia media de 2,49 días frente a los 3,23 de la media nacional.

Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región de Murcia recibió en 2018 más de 1,3 millones de viajeros, de los que 1,02 millones eran residentes en España y 287.929 extranjeros.

En la Región de Murcia había 158 establecimientos de estas características abiertos el pasado año con un número de plazas estimado de 17.382 y una capacidad de empleo de 2.103 trabajadores.

El grado de ocupación por plazas en la Región en 2018 fue del 50,53 por ciento (60,41 por ciento en España), mientras que el grado de ocupación de plazas por fin de semana se elevó al 60,86 por ciento (66,04 por ciento en España).

Por otro lado, en la Región de Murcia los precios hoteleros subieron un 1,8 por ciento en 2018 con respecto al año anterior, frente al crecimiento del 1,5 por ciento de la media nacional.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad del sector hostelero, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) en la Región de Murcia se sitúo en 61,6 euros, lo que representa una tasa de variación interanual de un -1 por ciento. La media nacional se situó en 88,8 euros.

Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación alcanzada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 35,6 euros, con una variación interanual del 2,6 por ciento.

El Tribunal de Cuentas critica las justificaciones de la necesidad de contratos en la UMU

MURCIA.- El Tribunal de Cuentas ha reclamado a la Universidad de Murcia (UMU) que mejore sus sistemas de cobro de facturas pendientes, que asegure sus bienes en propiedad y que agilice los trabajos de implantación de contabilidad analítica, según se desprende del último informe de fiscalización aprobado este mes por esa instancia económico-judicial. 

El informe de fiscalización hace referencia a las cuentas de la universidad de los ejercicios 2016 y 2017, e incluye por primera vez el análisis del estado de implantación del mencionado sistema de contabilidad analítica, que pretende mejorar la relación entre el precio del servicio público prestado por la universidad y su coste, el modelo de financiación y la política de becas, ayudas y créditos.

El informe concluye que las cuentas presentadas por la UMU en esos dos años reflejan de manera «fiel» su situación financiera y patrimonial, aunque sigue sin implantarse la citada contabilidad analítica.

También alerta el informe de que la universidad, a pesar de los requerimientos de años anteriores, «no tiene asegurado el inmovilizado de su propiedad», lo que entraña un riesgo de «posible quebranto económico no cubierto adecuadamente», si bien el tribunal reconoce que la UMU está trabajando en el pliego para contratar ese tipo de seguros.

El tribunal considera, asimismo, «insuficientes» las medidas que ha adoptado la institución docente para cobrar facturas pendientes de presupuestos cerrados, que suman 5,1 millones de euros en 2016 y casi 4,5 millones en 2017, y alerta de las «cuentas centralizadas sin movimiento que deben ser objeto de regularización para su adecuado control».

El resultado económico-patrimonial fue negativo en ambos ejercicios (14 y 6 millones de euros, respectivamente) aunque en ninguno de los casos se superó el límite de gasto no financiero aprobado.

Sin embargo, el informe advierte de que la UMU «ha aprobado normas de ejecución presupuestaria que difieren de lo estipulado con carácter general para el sector público autonómico y que contradicen» lo dispuesto en las leyes estatal y regional de Universidades.

En cuanto al personal, el tribunal señala que la UMU no cumple con los límites de interinidad que fija la ley estatal, puesto que supera el 40 por ciento tanto entre el personal docente (41,5 por ciento) como entre el investigador (43,09 por ciento).

El TC felicita a la universidad por contar con un personal docente e investigador paritario, incluso ligeramente superior a la media nacional, también en las categorías más altas de personal, pero lamenta que esa paridad no se traslade a los concursos convocados a los cuerpos docentes.

Del mismo modo, se congratula de las mejoras en los contenidos del portal de transparencia de la UMU, pero critica que las justificaciones de la necesidad de contratos «están redactadas en unos términos excesivamente genéricos e imprecisos» y que se formalizan contratos «de gran amplitud acogiendo prestaciones de muy diversa naturaleza».

El presidente Sánchez anuncia ayudas urgentes en la Región por el temporal

PALMA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará para este viernes una reunión "urgente" con la que "activar todos los mecanismos" para ayudar a las zonas afectadas por los efectos de la borrasca 'Gloria', sin "esperar al Consejo de Ministros del martes". "No vamos a escatimar ningún recurso", ha prometido.

Así lo ha anunciado Sánchez en declaraciones a los medios desde Cala Rajada, un núcleo del municipio mallorquín de Capdepera afectado por el temporal. En la visita, Sánchez -que antes ha sobrevolado áreas dañadas de Cataluña- se ha mostrado "conmovido" por la situación en el Delta del Ebro.
Sánchez, ha anunciado que activará "inmediatamente" los mecanismos para conceder ayudas de urgencia a los damnificados por la borrasca Gloria en la Región de Murcia, Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Sánchez ha pedido "hacer una reflexión" y desarrollar "una cultura de prevención" atendiendo al cambio climático, ya que "está agudizando los efectos" de este tipo de fenómenos meteorológicos.

"No vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos" para impulsar las ayudas a particulares, empresas y administraciones afectadas, ha explicado el presidente.

Además de la reunión interministerial de mañana para poner en marcha las ayudas, el jefe del ejecutivo ha anunciado que este sábado continuará las visitas a las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Sánchez ha planteado que los destrozos causados por Gloria deben servir para "hacer una reflexión" sobre cómo el cambio climático está agudizando y agravando, en consecuencia, los efectos de esos fenómenos meteorológicos".

A juicio del presidente, las políticas de todas las administraciones públicas deben considerar los efectos del cambio climático y "la ciudadanía, de la mano de las administraciones públicas" tiene que "empezar a desarrollar una cultura de prevención y de seguridad" que preserve vidas y bienes materiales ante los fenómenos meteorológicos extremos.

La base mínima de cotización subirá a 1.108 euros y afectará principalmente a las pymes

MADRID.- El Gobierno consiguió cerrar ayer miércoles la negociación abierta sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2020 con un incremento del 5,56%, hasta 950 euros al mes en 14 pagas. Esta alza empujará a su vez la base mínima de cotización a la Seguridad Social del Régimen General, que siempre se ha prorrateado a 12 mensualidades del SMI. El Ministerio de Seguridad Social confirma que también respetará este equilibrio en 2020, de modo que la base mínima subirá este año a 1.108 euros.

Esto supone un aumento de 58 euros al mes en las bases de cotización, cuantía sobre la que posteriormente hay que aplicar el porcentaje correspondiente de la cuota a la Seguridad Social. Con esta medida, se garantiza que la aportación a la Seguridad Social se realiza en línea con el nuevo salario mínimo y así mejoran también los ingresos del sistema. Aunque el Gobierno todavía no tiene elaborado un cálculo de la recaudación que logrará con esta medida, superará claramente los 180 millones de euros, según El Confidencial.

En 2019, la subida de la base mínima, que fue de 164 euros, se estimó en 600 millones de euros de recaudación adicional (todavía no hay cifras concretas de cierre del ejercicio). Si se traslada en la misma proporción a 2020, los ingresos aumentarían en 181 millones de euros. Pero si se tiene en cuenta que el número de trabajadores afectados este año será superior (más de dos millones de asalariados, según la estimación preliminar del ministerio), porque el SMI es cada vez más alto, entonces es previsible que la recaudación adicional se sitúe por encima de los 200 millones de euros.

Lo que todavía está pendiente de negociación es qué ocurre con la base máxima del Régimen General, que tiene mayor capacidad recaudatoria. Esta discusión no se abordó en la reunión del miércoles, pero es que tampoco era el marco para hacerlo, ya que esta cuestión ya no depende del Ministerio de Trabajo, sino del nuevo Ministerio de Seguridad Social. 

También se han quedado pendientes las negociaciones sobre la subida de las bases y cuotas a los trabajadores autónomos. En su caso, esta discusión se enmarcará dentro del diálogo para mejorar la protección de este colectivo y avanzar hacia la cotización por ingresos.

La subida de la base mínima de cotización y del salario mínimo afectará principalmente a las pymes, en especial las de menor tamaño, y a los autónomos con asalariados. Es este sector de la actividad privada el que concentra la pobreza laboral, ya que sus bajos niveles de productividad y rentabilidad provocan que sus empleos sean también precarios. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el 58% de los asalariados que al final de año no alcanzan un salario de 750 euros al mes trabaja en empresas de menos de 10 empleados.

El presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, Gerardo Cuerva, lamentó la subida del salario mínimo tras alcanzar el acuerdo. “Para las pymes no es un buen acuerdo, pero es menos malo que subir el SMI hasta 1.000 euros”, señaló Cuerva. “Le pido al ministerio que tenga en cuenta a la empresa, no entiendo velar por los trabajadores si no se vela también por la empresa”. 

En términos similares se pronunció Lorenzo Amor, presidente de ATA. En su opinión, esta subida es “el daño menos malo que se podía encontrar” para los autónomos, pero esta subida “no les gusta”.

Para las pymes no es un buen acuerdo, pero es menos malo que subir el salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros

Por el contrario, los sindicatos defendieron la importancia de la subida para atajar la pobreza laboral en España y para mejorar la productividad. “No prevemos destrucción de empleo por esta medida, al contrario, ayudará a elevar la demanda de los hogares y a crear empleo”, señaló Unai Sordo, secretario general de CCOO. 

La existencia de un SMI alto evita la tentación de muchas empresas de mantener actividades de bajísimo valor añadido que no generan rentabilidad y que lo que hacen es extender la precariedad.

“Si bajáramos el salario mínimo a 100 euros, mucha gente se plantearía no comprar una lavadora y contratar a un trabajador para que lo hiciera”, señaló Pepe Álvarez, secretario general de UGT. En su opinión, las subidas del SMI estimulan también la inversión de las empresas para cubrir con tecnología las actividades menos rentables, y así mejorar la productividad del país.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que todos los informes del ministerio apuntan a que la subida del salario mínimo interprofesional de 2019 no afectó a la creación de empleo y que tampoco lo hará el incremento de 2020.

La reforma laboral

Una vez solucionada la subida del SMI de 2020, la mesa tripartita tendrá que empezar a negociar la contrarreforma laboral. Díaz se reafirmó en su intención de derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este “desmonte” se hará en dos fases, pero irá “muy rápido”.

La primera fase consistirá en la derogación de los aspectos que figuran en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. Esto es, se recuperará la ultraactividad de los convenios vencidos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. 

También se modificará el artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido objetivo por absentismo laboral justificado. Este último punto comenzará a negociarse en los próximos días, con el objetivo de que esté listo lo antes posible para evitar más despidos por esta norma.

En la segunda fase, se tratarán “los elementos más complejos”, como son “la causalidad de la contratación, las modificaciones sustanciales de los convenios, los despidos...”, explicó la ministra. “Estos aspectos requieren un tempo diferente, pero también les digo que vamos a correr”, zanjó.

Díaz aseguró que las negociaciones siempre tendrán en cuenta el diálogo social y que el objetivo de su ministerio es que la derogación de la reforma laboral se haga con consenso. Eso sí, no dio poder de veto a ninguna de las partes, ni sindicatos ni patronal. 

“El enorme reto consiste en tener un estatuto del trabajo que dé respuesta a las nuevas necesidades del mercado laboral”, explicó.

La ministra Montero congela las cuentas de las CCAA y no les pagará los 2.500 millones que les debe

MADRID.- Los barones del PP se han rebelado contra Hacienda tras el Consejo de Ministros del pasado martes. Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León continúan exigiendo a María Jesús Montero los 2.500 millones que les debe a las CCAA por la liquidación del IVA de 2017, y que la ministra se niega a reembolsar, según www.libremercado.com. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero echó un jarro de agua fría sobre los líderes autonómicos al asegurar que la devolución de esta liquidación "correspondía en el 2019, porque el sistema tiene dos años de reparación, y por tanto, al no tener proyecto de Presupuestos y rechazar las fuerzas parlamentarias (los del PSOE), decayó la medida", zanjó la socialista. 

Montero enterraba así el pago de esta importante cifra.

La respuesta de la ministra ha hecho estallar a las regiones del PP, que hasta amenazan con llevar a los tribunales a Hacienda. 

Así lo dejó caer ayer miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que instaba a al Gobierno socialista a rectificar "en las próximas horas" o "desde luego, Galicia, sabe lo que tiene que hacer. Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución", declaró.

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, fue un paso más allá de Feijoó, y llegó a calificar al Ejecutivo de Sánchez de "Gobierno moroso, gobierno mentiroso". Galicia reclama 200 millones de euros de la liquidación del IVA del 2017 debido al cambio contable en la recaudación de este impuesto que el PP introdujo hace tres años a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII), que es el sistema electrónico de gestión del IVA de la Agencia Tributaria. Entonces, sólo se contabilizaron 11 meses.

No se creen la excusa de Montero

Burlados y chantajeados se sienten en Andalucía. "No aceptaremos chantajes y mucho menos que se utilice el dinero de los andaluces para pagar las hipotecas de su investidura", aseguró su presidente en su cuenta de Twitter, el canal que han utilizado muchos de los barones para mostrar su descontento con la decisión de Montero, aunque antes del Consejo de Ministros también lo hicieron por carta.

Juanma Moreno aludía al chantaje porque María Jesús Montero ha culpado al PP de rechazar sus Presupuestos para 2019 en los que los socialistas se comprometían a abonar de esos 2.500 euros impagados. 

Entonces, la versión oficial que dio el Ejecutivo del PSOE el pasado mes de octubre fue que, en funciones y sin Presupuestos, su Gobierno no podía realizar ese pago. Las regiones del PP no se creyeron la explicación de Montero, ya que había dado la misma excusa para no pagar tampoco las entregas a cuenta y, finalmente, había obtenido el visto bueno de la Abogacía del Estado. ¿Por qué no hacía lo mismo con lo que les debían legítimamente de IVA?

"El Gobierno central se ríe de los andaluces. No vamos a parar hasta que Sánchez le dé al PIN de la tarjeta de crédito para pagarnos un dinero vital para sanidad, educación y servicios sociales", añadió el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, mientras que la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, calificó este hecho de "robo inadmisible. Los andaluces calculan que les deben 537 millones de euros.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también acusó al Ejecutivo Socialista de "robar a todos los murcianos los 85 millones del IVA que pagamos de nuestros bolsillos en 2017". 

En Castilla y León, su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, reclama "142 millones de euros del IVA que nos debe. Seremos exigentes y estaremos en primera fila para defender los intereses de nuestra tierra".

En Madrid, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha exigido a Montero que "de una vez deje de retener el IVA del año 2017". En la región cuantifican que les pertenecen 337 millones de euros. Madrid ha sido la única que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno ante la Audiencia Nacional por esta deuda. Lo hizo el pasado mes de octubre.

Entregas a cuenta congeladas

Otro de los asuntos que le ha afeado Fernández-Lasquetty a Montero sobre lo anunciado en el pasado Consejo de Ministros es la aprobación de los 103.000 millones de euros para las entregas a cuenta de las CCAA. Las entregas a cuenta son los anticipos que reciben las regiones en concepto de lo que estima el Estado que van a recaudar de los impuestos del sistema de financiación (IRPF, IVA e Impuestos Especiales). 

Dos años después, se liquida ese anticipo y, si resulta que al final ha habido más recaudación de la estimada, una situación habitual en periodos de crecimiento, el Gobierno tiene que abonar a las regiones lo que les debe.

María Jesús Montero "ha hablado como si fuera una lluvia de millones que cae para las comunidades autónomas y de eso, nada de nada", aseguró Lasquetty. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es prorrogar las entregas a cuenta de 2019, "con dos pequeños reajustes que se hacen todos los años", aseguró el consejero madrileño, por lo que los 103.000 millones de euros es una cantidad previsiblemente menor que lo que les correspondería a las CCAA según la evolución del PIB –y los ingresos– en el presente ejercicio, según las propias estimaciones del Gobierno. 

Como se observa en el cuadro, apenas hay una diferencia de 200 millones entre los 102.799 millones de las entregas a cuenta que recibieron las CCAA el año pasado –columna amarilla– y lo que van a recibir este –columna gris–, lo que dejaría la financiación a las CCAA prácticamente congelada y podría provocar tensiones de tesorería en alguna de las regiones.

"No es verdad que el Gobierno haya hecho nada extraordinario", aseguró Lasquetty. Las entregas a cuenta de 2020 "no se sabrán hasta que el Gobierno tenga un proyecto de Presupuestos, que está por ver", añadió.

"Estas cuantías serán actualizadas cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los PGE", explica el Gobierno. Su versión es que "para los anticipos de 2020 se utilizará como base de cálculo el importe actualizado de 2019, en lugar de los valores de la prórroga de 2018, que habrían sido menores. 

De esta forma se consolidan los niveles de financiación que recibieron el pasado curso y se consigue que las Comunidades Autónoma y las Entidades Locales mantengan niveles similares a los resultados de las entregas a cuenta actualizada de 2019". Los territorios empezarán a recibir estos anticipos "en los próximos días".

La Direccion General de Tráfico establece las restricciones a camiones para 2020

MADRID.- Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución del 14 de enero de 2020 de la Dirección General de Tráfico por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020, según avanza www.transporteprofesional.es.

Como novedad este año, está la decisión de la Dirección General de Tráfico de impedir la circulación de camiones de más de 7,5 tns de masa máxima autorizada por la AP-1 y la N-I desde Burgos en dirección al País Vasco y la frontera francesa, reteniendo así a los camiones a más de 250 kilómetros de la frontera con Francia todos los domingos y festivos del 3 de julio al 13 de septiembre, así como en diversas fechas de los meses de marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre.

La Resolución establece las siguientes restricciones genéricas a vehículos de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada:

Todos los domingos y festivos desde el 3 julio al 13 de septiembre en los principales accesos a Madrid, desde las 21 hasta las 23 horas; en AP-1 desde Burgos a Miranda de Ebro,  N-1 desde Rubena hasta Treviño y A-1 desde Burgos a Rubena de 16 a 21 horas sentido Vitoria; en la A-8 desde Lareado a Castro Urdiales de 16 a 21 horas sentido Bilbao; en la A-45 desde Málaga al Alto Las Pedrizas de 17 a 24 horas sentido Córdoba; en la A-49 desde Camas a Bollullos y desde San Juan del Puerto a Camas de 15 a 24 horas y en la N-630 desde El Garrobo a Camas, de 10 a 14 horas en ambos sentidos.

Todos los domingos y festivos, desde enero al 5 de abril y del 1 al 20 de diciembre en la N-230 en varios tramos, de 13 a 19 horas sentido Banabarre y todos los viernes sentido Francia de 17 a 24 horas. Además, se incluye la festividad de semana santa.

Todos los sábados, domingos y festivos de julio y agosto, en A-483 desde Bollullos a Matalascañas, en A-497 desde Huelva a Punta Umbría, en A-5076 de Lepe a La Antilla y en A-370 desde Los Gallardos a Garrucha todos los domingos, de 11 a 22 horas en ambos sentidos. Además, en la N-631 desde el enlace N-630 al N-525 de 0 a 23 horas en ambos sentidos y en esa misma carretera, de 15 a 24 horas todos los viernes de julio y agosto.

Todos los sábados de junio, julio y agosto, en la A-49 desde Camas al kilómetro 23 sentido Huelva y en la A-8, desde Castro Urdiales a Laredo sentido Santander, en ambos sentidos de 11 a 14 horas.

Como continuación al transporte transfronterizo con Francia, todos los sábados del 25 de julio al 22 de agosto, en la N-121B desde Arraioz a Dantxarinea y en la N-135, de Zubiri a Luzaide de 7 a 19 horas. Además, incluyendo la N-121A, de Bera a Erdalatsa, en la A-1 de Ziordia a Alsasua y en la A-15, de Gorriti a Areso los días 12 y 13 de abril, 7, 8, 20 y 21 de mayo, 1 de junio, 13 y 14 de julio y 10 y 11 de noviembre.

Además, la Resolución establece un calendario de fechas en las que se establecen restricciones por ser festividad o celebrarse algún tipo de evento cultural, religioso o deportivo.

Por otra parte, en los transportes de mercancías peligrosas, se amplía en 103 kilómetros la red RIMP (Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas) debido al aumento de los tramos en carreteras ya incluidas, así como a la inclusión de tramos de nuevas carreteras, como la AG-46 (Puente Arande-Cangas) o la PO-11/PO-10 (Marín –Pontevedra).

La nueva Resolución anual de restricciones a camiones de más de 7’5 toneladas de masa máxima autorizada que cada año aprueba la Dirección General de Tráfico no deja de deparar sorpresas para el transporte por carretera, introduciendo nuevas restricciones a la circulación de camiones respecto a las aprobadas en años anteriores.

La restricción en la AP1 y la N-I los fines de semana no es la única sorpresa que ha incluido la Dirección General de Tráfico en la Resolución anual de restricciones a los camiones. Se ha introducido una nueva obligación, sin someterlo a consulta preceptiva previa de las asociaciones nacionales de transportistas, por la que se prohíbe la circulación de camiones todos los fines de semana en la carretera nacional N-230 en la provincia de Huesca. En concreto, la prohibición afecta a todos los viernes, domingos y festivos de enero a abril, semana santa, Puente del Pilar y diciembre, para facilitar el acceso y retorno de los esquiadores a las pistas de esquí, y que su actividad lúdica no se vea alterada por el tránsito de los camiones.

El motivo alegado por la Dirección General de Tráfico para establecer esta restricción es la de garantizar la fluidez de los vehículos particulares en la autopista en los retornos en fin de semana, cuya intensidad circulatoria se ha visto incrementada tras la eliminación del peaje en diciembre de 2018, culpando a los camiones de las posibles congestiones que dicha vía soporta.

El texto íntegro de la Resolución de restricciones de la Dirección General de Tráfico se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-849.pdf