Todo
ello, "limitó" su eficacia en ese año e hizo perder "el carácter de
urgentes con el que se aprobaron", según aparece recogido en el informe
anual de la Comunidad de Murcia correspondiente al ejercicio 2017
aprobado por el Tribunal de Cuentas.
Algunas
de las medidas aprobadas, según el Tribunal, "han presentado
incoherencias y problemas de aplicación ya que, en algunos casos, se
sobrepasaba la normativa nacional y comunitaria o no resultaban
aplicables mientras no hubiera una resolución firme de la Confederación
Hidrográfica del Segura de los expedientes en trámite de
regularización".
En
cuanto a las medidas y soluciones aplicables, destacar la "necesaria
implicación y colaboración de todas las administraciones intervinientes
(estatal, autonómica y local), ya que la adopción de las principales
medidas corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la
Demarcación de Costas del Estado y a los Ayuntamientos ribereños".
En
este sentido, lamenta que todavía existían instrumentos fundamentales
como el plan de usos y el plan de actuaciones, el proyecto de
determinación de agua subterránea que llega al Mar Menor, o el proyecto
de análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor, cuya
redacción y aprobación "estaban pendientes de finalizar por el
Ministerio para la Transición Ecológica".
Por
otro lado, en este informe, la fiscalización
señala que la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A. ha continuado
presentando pérdidas que se situaron en 21 millones de euros, lo que
determinó que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de
disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital.
"En
tanto no cambien las condiciones del actual modelo de gestión de la
sociedad, no se prevén variaciones importantes, al ser sus obligaciones
de pago y compromisos asumidos muy superiores a su cifra de negocio",
según el Tribunal de Cuentas.
No obstante, remarca que en 2017 continuó
aumentando el volumen de agua desalada, lo que supone un incremento de
los ingresos, que, en cualquier caso, todavía se encuentra por debajo
del pleno rendimiento de la planta.
Respecto
a la situación del aeropuerto de Corvera, el Tribunal de Cuentas
destaca que la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2018
dictaminó que la resolución de la concesión para la construcción y
explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia fue
consecuencia de un incumplimiento de la concesionaria.
No
obstante, insiste en que "se sigue manteniendo la incertidumbre sobre
el resultado final de la liquidación del contrato y las posibles
contingencias derivadas de la eventual reclamación del lucro cesante y
daño emergente por parte de la sociedad concesionaria, así como la forma
en que se instrumentará por parte de la Administración Autonómica el
pago de las expropiaciones pendientes de pago que corresponden pagar a
dicha sociedad".
Cabe
destacar que este informe aprobado por el Pleno del Tribunal de
Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de
la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y
las entidades que integraban su sector público durante 2017.
En
relación con el análisis de los sistemas y procedimientos de control
interno, el Tribunal de Cuentas ha detectado que las consejerías y
organismos "no disponían de sistemas de seguimiento de los objetivos
aplicables a los programas presupuestarios", así como de mecanismos de
diagnóstico e identificación de las áreas de mejora de la gestión.
Asimismo,
el informe señala que no ha sido contemplado el desarrollo e
implantación de un sistema de contabilidad analítica que facilite la
presupuestación por objetivos. "Todo ello dificulta la toma de
decisiones en relación con la planificación de ejercicios futuros, así
como con la adopción de medidas correctoras en el transcurso del propio
ejercicio", según el Tribunal.
Respecto
a la gestión patrimonial tanto en el sector administrativo, como
empresarial y fundacional de la Comunidad, la fiscalización ha puesto de
manifiesto una serie de "deficiencias y debilidades", entre ellas, la
ausencia de inventarios completos de bienes y derechos o la inexistencia
de políticas escritas para las adquisiciones, ventas, traspasos, bajas y
actualizaciones de los bienes muebles, entre otras.
En
relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria del -0,6% de su
PIB regional fijado para 2017, el informe señala que no fue cumplido al
haberse registrado en el mismo un déficit del -1,46*% del PIB regional.
También incumplió la regla de gasto en dicho año al haber sido la
variación del gasto computable (3,6%) superior a la tasa de referencia
de crecimiento del PIB para 2017, fijada en el 2,1%.
Como
consecuencia de estos incumplimientos, la Comunidad presentó un plan
económico financiero (PEF 2018-2019), que una vez informado por la
AIReF, fue declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
La Comunidad ha
cumplido el objetivo de deuda fijado para 2017, al haberse registrado un
volumen de deuda pública de 8.795 millones de euros, equivalente al
28,9% del PIB regional. Por otra parte, el periodo medio de pago de las
deudas por operaciones comerciales superó el plazo máximo de 30 días
establecido en la normativa de morosidad en todos los meses del 2017,
salvo en noviembre y diciembre debido a una aportación adicional del
Fondo de Liquidez Autonómico para atender facturas pendientes.
En
cuanto a la gestión sanitaria, la fiscalización observa (como en
ejercicios anteriores) una "enorme rigidez" del gasto corriente, que
afecta a la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios.
Por
otra parte, los tiempos medios de espera en el Servicio Murciano de
Salud de las listas de espera de consultas y procesos quirúrgicos se han
reducido en 2017 un 14% y 5%, respectivamente, frente a los descensos
del 9% y 8% registrados de media en el conjunto del Sistema Nacional de
Salud, si bien "han tenido un comportamiento heterogéneo en función del
tipo de especialidad y proceso".
En
materia de planificación y ejecución de las inversiones educativas, no
se han realizado estudios globales sobre las necesidades de inversión en
los centros educativos, ni se ha dispuesto de un plan director de
infraestructuras.
En la
revisión del Plan de Residuos de la C.A. de la Región de Murcia
2016-2020 se ha constatado una serie de "deficiencias" que dificultan el
cumplimiento de los objetivos marcados en la normativa reguladora de
los residuos, con el consiguiente riesgo de imposición de multas y
sanciones, así como de la eventual pérdida de financiación de fondos
europeos.
La información que
ofrecía la AGC en su portal de transparencia en septiembre de 2019
cubría el contenido mínimo exigido por la Ley de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
excepto determinados aspectos relativos a los recursos humanos, a la
contratación pública y a las modificaciones de crédito.
