La operación ha sido criticada por Podemos, porque "vende miles de hipotecas a los buitres para que desahucien a las familias", según señala el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter.
Echenique dice que el banco nacionalizado "es una banca pública, pero no se comporta como tal" y pide al Gobierno la destitución de su presidente, José Ignacio Goirigolzarri
La venta de este paquete de activos tóxicos forma parte del Plan Estratégico de la entidad nacionalizada, uno de cuyos pilares  es aplicar una profunda limpieza de su balance para liberar liquidez y recursos con el objetivo de reducir sus activos problemáticos en 8.800 millones de euros hasta 2020, una media de unos 3.000 millones de euros al año.
Los bancos llevan años desprendiéndose de activos inmobiliarios todavía heredados de la crisis financiera entre 2008 y 2013, y ahora, las condiciones del mercado y la subida de los precios han disparado el apetito de inversores como fondos de inversión por este tipo de productos.
Bankia ha explicado que entidad sacará de su balance estos activos cuando se cierre la operación, previsiblemente en el segundo trimestre de 2019, aunque contabilizará en las cuentas de este año provisiones adicionales por unos 85 millones de euros. 
"Esta operación, junto con la reducción orgánica de créditos dudosos y activos adjudicados esperados para el conjunto del ejercicio 2018, supondrá una reducción de los activos improductivos de más de 6.000 millones de euros de valor bruto contable", ha destacado la entidad nacionalizada.
Según ha indicado la entidad nacionalizada al regulador, “los activos inmobiliarios se aportarán a dos sociedades en las que Bankia, S.A. participará, directa o indirectamente, en un 20% de su capital y una filial de Lone Star Fund XI en el 80% restante.
Por su parte, los derechos económicos de los créditos dudosos serán adquiridos en su integridad por un vehículo 100% de Lone Star Fund XI para su posterior titulización por un fondo de titulización de activos. Los ahorros de costes a alcanzar a través de la operación se estiman en algo más de 200 millones de euros antes de impuestos durante los tres años siguientes al cierre de la operación. La operación exige el reconocimiento de provisiones adicionales en 2018 por aproximadamente 85 millones de euros”.
El Gobierno no puede cesar a Goirigolzarri, por cuanto Bankia no es propiedad tan sólo del Ejecutivo a través de la Sepi, como ocurre con otras empresas públicas, sino que hay un consejo de administración que representa a todos los accionistas.