C's culpa a la «pasividad» del Gobierno regional del «nuevo fracaso» en las banderas azules

CARTAGENA.- Ciudadanos considera que la publicación de las concesiones de las banderas azules en la Región «constata el fracaso en las políticas de regeneración del Mar Menor por parte tanto del Gobierno regional como de los ayuntamientos ribereños del PP, un fracaso lógico y esperable dada la pasividad con que se está abordando desde las administraciones gobernadas por el PP esta crisis medioambiental».

Así lo afirmó el portavoz regional de la formación, Miguel Sánchez, quien destacó también la actitud «poco ejemplar y nada edificante» de los consistorios populares, «que han preferido ni siquiera solicitar las banderas para tratar de evitar una bofetada de realidad que ahora impacta sin misericordia en el sector turístico, al que llevan un año prometiendo de todo sin hacer nada».

Sánchez recordó que el Gobierno regional «renunció siquiera a intentar legislar sobre este desastre medioambiental, y no quiere ponerse a gobernar y elaborar la Ley Integral del Mar Menor, el elemento que podría revertir esta situación», según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El portavoz naranja considera también «muy grave» el impacto sobre la economía regional de este anuncio, «ya que una situación que los operadores turísticos y los visitantes podrían considerar coyuntural se convierte en un problema crónico de difícil solución».

Sánchez cargó también «contra la actitud de avestruz de los ayuntamientos del PP, que han preferido ni siquiera optar a los galardones que entrega este organismo independiente y de reconocido prestigio».

«Reniegan de las banderas azules que no se cansaban de izar ante los medios hace apenas dos años, y ahora buscarán otros mecanismos para tratar de ocultar la realidad tozuda: el Mar Menor no se recupera dejándolo estar, sino actuando de forma decidida y contundente», según Sánchez.

A este respecto, recordó al presidente regional que hace un año afirmó que el Mar Menor estaba «mucho mejor» y que si se realizaran entonces las mediciones, no hubiera perdido ninguna enseña: «No estará tan bien ni tan mejor cuando ni siquiera han dado oportunidad a que se realicen las mediciones para las de este año, lo que demuestra el fracaso total de la política de recuperación y regeneración de nuestra joya turística y medioambiental».

A su juicio, esta actitud «solo confirma que estamos ante un Ejecutivo en fase de liquidación por cierre y un PP entre la campaña pura y dura y unas primarias larvadas para tratar de salvar al menos una mínima cuota de poder y sillones a repartir después del naufragio al que se encaminan en apenas un año».

Podemos: 'Ha sido el PP el que ha provocado 
que perdamos dos años seguidos las banderas'

María Giménez, diputada regional, ha señalado que uno de los indicadores más graves de la irresponsabilidad del PP en este tema es que consejero tras consejero de Medio Ambiente "se sigue negando de forma reiterada que el Mar Menor esté contaminado. Es una ceguera política, la actual, que no se diferencia de la de las últimas décadas. Han permitido que todo tipo de piratas llevaran al Mar Menor a la actual catástrofe ecológica. Y al final se encuentran con que donde había banderas azules ahora se alzan las banderas de los nitratos".
Giménez ha explicado que el Programa Bandera Azul exige como imperativo el "cumplimiento de los requisitos y estándares de una calidad excelente de las aguas de baño". Y uno de los indicadores negativos que señala, que juegan en contra del Mar Menor, es el proceso de eutrofización "ese que el PP niega aunque sea una evidencia científica".
La diputada de Podemos espera que "no hayamos perdido para siempre" las banderas en Mar Menor por la desidia del gobierno regional. "Nosotros lo tenemos muy claro, o PP o Mar Menor. No nos cabe duda de que el Partido Popular es dañino para el Mar Menor" ha dicho Giménez.
Por tanto, María Giménez ha incidido en que tenemos un gobierno "que tenemos a un gobierno que sigue sin entender el enorme problema que hay en el Mar Menor. Por eso, si continuamos así y no los desalojamos en 2019, puede que nunca volvamos a recuperar las banderas azules y lo que es peor, que no lleguemos a tiempo de salvar y proteger a la laguna".
Además, la parlamentaria regional de Podemos ha detallado que si hacemos cuentas, aparte del daño medioambiental, "el gobierno está abandonando a su suerte a los empresarios de la zona y a los vecinos y vecinas que viven del Mar Menor. Si tenemos en cuenta a los 346.545 viajeros que produjeron 1.389.646 pernoctaciones en el Mar Menor y La Manga según las Estadísticas Turísticas de 2016 y el gasto medio de estos visitantes fue de 1.021 euros, esto quiere decir que han puesto en peligro potencial un flujo económico de más de 353 millones de euros".

Lucas Jiménez (SCRATS) considera «suficiente» el agua con la que cuenta la cuenca del Tajo

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, dijo este martes que vienen de un año hidrológico muy difícil y que es ahora cuando comienzan a tener agua, «pero sabemos que durará lo que dure».

Jiménez, que recibió este martes en la sede del SCRATS al nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, consideró «irrenunciable» el trasvase para Murcia, Valencia y Andalucía y «suficiente» el agua con la que cuenta la cuenca cedente.

Preguntado por las críticas del gobierno castellano-manchego a cada envío de agua al Levante, recurrió al clásico de fútbol Real Madrid-Barcelona para remarcar que «el árbitro no es que sea casero, lo que aplica son las estrictas reglas de funcionamiento del trasvase».

Añadió que Castilla-La Mancha en materia de agua no es competente, sino que lo es el Estado, y recordó que en cada envío se aplica de forma estricta la ley del Memorándum y las reglas de explotación del acueducto «y todo se está haciendo conforme a ley», remarcó. 

Por ello, comentó que esas críticas «son un clásico que ya no tiene sentido» porque «el agua en este país es objeto de Estado».

Por otra parte, el consejero, que recibió este martes la insignia de oro del Sindicato de Regantes, mostró su satisfacción por la apertura de los 180 pozos del Campo de Cartagena que supondrán 11 hectómetros cúbicos adicionales para la zona.

Advirtió que la apertura está condicionada al buen uso del acuífero y a un seguimiento ambiental. Esos pozos tienen alta salinidad y necesitan ser mezclados con caudales de agua del trasvase o de la desalación.

 La ministra Tejerina visitará la Región este jueves

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, mostró su agradecimiento al Gobierno central y su satisfacción por la aprobación de los 180 pozos privados en el Campo de Cartagena que van a suponer 11 hectómetros cúbicos de agua y anunció que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, visitará la Región el próximo jueves.
Para López Miras, la reapertura del trasvase harán que la agricultura y la industria agroalimentaria «siga siendo el motor no sólo de la Región sino de España».
Además, permitirá que la Región «siga siendo la despensa de Europa», según López Miras.

El plan de regeneración del casco histórico de Cartagena se queda otra vez sin ayudas europeas

CARTAGENA.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) informa del fracaso de la última apuesta para conseguir 15 millones de fondos europeos e impulsar la rehabilitación de la parte más estropeada del casco histórico y el avance de tres barrios: Los Mateos, Lo Campano y Santa Lucía. La resolución tomada por el Ministerio de Hacienda, el 4 de mayo, y publicada ayer deja al Ayuntamiento sin nada de los 15 millones que pidió con cargo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi).

El reparto premió el proyecto Molina 2020 Avanza Contigo, con diez millones de euros. Águilas Sostenible obtuvo cinco millones, los mismos que el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Por último Torre Pacheco, Tierra de Contrastes, se hizo con 2.385.925 euros. En las dos convocatorias anteriores, Murcia se llevó 15 millones y La Manga obtuvo otros quince, compartidos entre Cartagena y San Javier, pero gestionados por la Comunidad Autónoma, no por los ayuntamientos.

En papel mojado han quedado, por ejemplo, el plan de transformación de la ladera del Monte Sacro en un área de esparcimiento ciudadano. También la recuperación de la casa romana de Salvius, situada en un subterráneo del barrio universitario y de la que se conserva un suelo decorado. 

En el mismo paquete entraban la regeneración de la Plaza de la Merced, la recuperación del Anfiteatro Romano y la dotación de iluminación ornamental en todos los monumentos de valor de esta zona. Asimismo, se incluyó transformar las Escuelas Graduadas en un centro de acogida de colectivos culturales y ciudadanos.

La modernización del Mercado de Santa Florentina, con la recuperación de su aparcamiento subterráneo, y la resurrección del de la calle Gisbert como espacio gastronómico aparecían, asimismo, en el plan, junto con medidas para mejorar la movilidad peatonal y ciclista y la habilitación de parkings disuasorios.

Para Lo Campano se preparó un plan de vivienda social. Para Santa Lucía había un proyecto de mercado tradicional de las artes pesqueras y la restauración del Castillo de Los Moros correspondía a Los Mateos.

El suelo urbano de Murcia crece un 27% desde la entrada en vigor del PGOU en 2001

MURCIA.- La superficie del suelo urbano en el municipio de Murcia ha crecido un 27 por ciento desde la aprobación de su Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU), pasando de 43 a 55 millones de metros cuadrados, y la urbanización de zonas de huerta, que experimentó un gran crecimiento entre 2002 y 2007, ha quedado estancada en el periodo 2011-2017.

Esas son algunas de las principales conclusiones que se pueden extraer del estudio realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre el PGOU de Murcia, que han sido presentados esta mañana y que suponen el primer paso para la modificación del plan urbanístico actual, que entró en vigor en 2001.

El alcalde de la ciudad, José Ballesta, ha recordado que el Ayuntamiento encargó este estudio a la universidad cartagenera con el objetivo de poder revisar la planificación urbanística de la ciudad conociendo al detalle la evolución de su urbanismo en las últimas dos décadas.

Se trata de abordar al modificación del PGOU desde la transparencia, la independencia y la excelencia y rigor que puede aportar la universidad a este proceso.

Durante 15 meses de trabajo, expertos de la universidad junto con personal del Ayuntamiento han analizado el desarrollo el PGOU y han llegado, entre otras, a la concluisión de que entre 2001 y 2016 el suelo urbano se ha incrementado en 12 millones de metros cuadrados, un 27 por ciento, pasando de 43 a 55 millones de metros cuadrados.

En concreto en las pedanías el suelo urbano ha crecido 1,8 millones de metros cuadrados y, según el estudio, es necesario aumentar las zonas verdes y equipamientos en esas áreas.

En la zona de huerta, se han establecido dos periodos diferenciados de evolución del PGOU: entre 2002 y 2007, con un intenso ritmo de crecimiento de la superficie construida, y entre 2011 y 2017, con un crecimiento prácticamente nulo, tanto de superficie construida como ocupada, han detallado fuentes municipales.

En total, entre 2002 y 2017 se han ocupado cerca de 3.600 parcelas en zonas de huerta que dan residencia a unas 9.000 personas.

En este estudio se han analizado un total de 885 millones de metros cuadrados, la superficie total del municipio, de los que casi el 60 por ciento corresponden a usos forestales, agrícolas o zonas verdes (38, 20 y 2 por ciento, respectivamente).

El suelo para uso residencial supone casi el 7 por ciento del total de la superficie analizada, mientras que las infraestructuras ocupan un 5 por ciento y el uso viario, un 3,8 por ciento.

El suelo de uso industrial representa el 1,8 por ciento de la superficie total del municipio, mientras que el de uso terciario es el 1,44 por ciento y los equipamientos suponen el 1,73 por ciento del suelo.

Además, hay casi un 19 por ciento de la superficie sin sectorizar o con suelo no calificado, y el 0,4 restante es suelo de otros usos.

Toda la información recopilada en estos meses de estudio (unas 1.700 páginas de datos) servirá como base para la modificación del PGOU, que se acordó por el pleno en enero de 2016, y que ha sido ampliamente solicitada por los grupos de la oposición.

El rector de la UPCT, Alejando Díaz, ha agradecido la confianza depositada por el Ayuntamiento de Murcia en este proyecto, en un claro ejemplo de «transferencia de conocimientos» y colaboración de las universidades con las administraciones públicas para que estas puedan hacer uso del potencial, el conocimiento y la innovación de las instituciones docentes.

Las obras para construir la guardería de La Paz ya tienen una nueva adjudicataria

MURCIA.- La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Murcia seleccionó este martes a la nueva empresa que se encargará de la construcción de una guardería pública en el barrio de La Paz después de la retirada de la anterior compañía, que debía tener listo el inmueble esta primavera, aunque no llegó a iniciar las obras.

La Mesa seleccionó como mejor oferta la presentada por la empresa Avance y Desarrollo S.L., con un presupuesto cercano a los 800.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, y requirió la documentación pertinente antes de la adjudicación definitiva del proyecto, que deberá hacer la Junta de Gobierno local.

La construcción de esta escuela infantil, que fue demolida en 2007 en el marco de un proyecto urbanístico de remodelación del barrio que finalmente no llegó a materializarse, ya fue adjudicada por un importe similar en marzo de 2017 a la UTE integrada por Avances y Desarrollo de Obras y Construcciones y Desarrollos Tudmir. La escuela debía estar lista en marzo de este año, pero en enero de ese año las obras no habían aún comenzado y el Ayuntamiento tuvo que rescindir el contrato.

Según denunció el PSOE en su momento, las obras no se llevaron a cabo porque el Consistorio no las certificó en los plazos requeridos y la adjudicataria no podía cumplir los plazos del contrato, por lo que los servicios jurídicos municipales decidieron resolverlo y la empresa renunció a seguir adelante con el proyecto.

La Mesa de Contratación seleccionó también a la empresa Murtrafic para llevar a cabo la instalación de un sistema de videovigilancia en el barrio de El Carmen, por importe de unos 56.000 euros.

Además, las obras de reparación y conservación de la Sala Caballerizas, anexa al Museo Hidráulico Molinos del Río, se adjudicará a Eneas Servicios Integrales S.A., por unos 130.000 euros.

Las tormentas en la Región desatan las llamadas de emergencia al 112

MURCIA.- El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido hasta las 18:00 horas un total de 39 llamadas de emergencia correspondientes a 29 asuntos relacionados con el episodio de tormentas que ha sufrido hoy la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Sobre las cuatro y media de la tarde ha comenzado a llover con fuerza sobre la capital regional. Poco más de media hora ha durado la fuerte lluvia. Las tormentas descargaron una tromba de agua en buena parte de la Región. La copiosa lluvia, acompañada de episodios de granizo y viento, cesó en la capital a partir de las 17:00 horas, donde las nubes se han despejado y ha vuelto a salir el sol. 

El mayor número de llamadas se ha recibido de los municipios de Murcia (18 llamadas), Molina de Segura (19 llamadas) y Lorca (2 llamadas).

En concreto, estos han sido los avisos:

• 18 llamadas han correspondido a rescate/salvamento en agua dulce, lo mas destacable han sido los avisos recibidos desde la N-301A carretera de Molina de Segura a Murcia, donde se han producido atascos y diversos vehículos ) han quedado parados por el agua que había en la via. Otro de los rescates se ha producido en La Alberca donde un turismo ha quedado atrapado en una rambla con personas en su interior.

• Derrumbes/caida de objetos se han recibido un total de 4 llamadas siendo lo mas destacable la caida de una losa encima de un turismo en La Ñora, sólo ha producido daños materiales y la caida de una rama de arbol en Murcia encima de un turismo.

• Tráfico/Obstaculo de vía: 7 las llamadas recibidas.

• 10 llamadas de asuntos de Tráfico, destacando el apagón de semaforos en la zona de Lorca.

• Agua/Achique: 4 llamadas, entre las que destaca la inundación de la C/Capitan Balaca y Pintor Sanchez Pacheco, en Murcia así como el paso del puente de la vía en Nonduermas.

En Lorca las fuertes precipitaciones llegaron a provocar apagones en los semáforos.

Para esta tarde se espera que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual y el aviso amarillo de la Aemet  por tormentas en el Noroeste se mantiene.

La juez Lamela procesa a los directivos de la CAM por los negocios en el Caribe, el murciano Avilés entre ellos

MURCIA.-La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dado por concluida la instrucción de la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en las inversiones hoteleras que realizó la CAM en el Caribe a través de la sociedad Valfensal, y ha ordenado el procesamiento de 13 personas por los supuestos delitos de apropiación indebida y/ o administración desleal, además de un posible delito fiscal, en el caso de los socios de la entidad, según crónica de tribunales del diario La Opinión.

Se trata del exdirector general de la caja Roberto López Abad; el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil, los ejecutivos César Véliz y Vicente Sánchez; además de los empresarios Juan Ferri y José Baldó -socios de la entidad en estos negocios-, y uno de sus empleados, Francisco Climent.

El auto también propone que se juzgue a seis miembros de la comisión de control de la CAM, que formaban parte de la denominada comisión de control de TIP -la filial con que la entidad realizaba sus inversiones inmobiliarias- y que, según el Fondo de Garantía de Depósitos, tenían conocimientos suficientes para analizar las operaciones que, se supone, debían supervisar. 

Son su expresidente, el murciano Juan Ramón Avilés (en la imagen), Remedios Ramón, Asunción Martínez, Dolores Mataix, Francisco Grau y Jose Manuel Uncio, que también llegó a ser director del Instituto Valenciano de Finanzas con el PP.

La sala enmendó a la juez

La decisión se toma después de que la Sala de lo Penal de la sección tercera de la Audiencia Nacional enmendara a la juez Lamela, que había ordenado el sobreseimiento de la causa contra los directivos al considerar que no se había producido apropiación indebida y sólo quería mantener la instrucción por un delito fiscal contra los empresarios Ferri y Baldó. 

La juez argumentaba que no se podía entender que hubiera apropiación indebida o administración desleal porque los créditos que concedió la CAM a Valfensal para la compra de varios hoteles y parcelas en el Caribe Mexicano, la República Dominicana y Tenerife -a pesar de todas las irregularidades detectadas en su tramitación- nunca llegaron a impagarse, por lo que entendía que no hubo perjuicio.

Sin embargo, el Fondo de Garantía de Depósitos -el organismo que paga el rescate de la CAM- recurrió y recordó que, con independencia de si se produjo o no el impago, el organismo se vio obligado a inyectar a la entidad 28 millones en provisiones por las posibles pérdidas de estas operaciones en el momento de su intervención, un dinero que ya no ha recuperado. 

Un argumento que la Audiencia Nacional aceptó y obligó a reabrir la causa contra los ejecutivos de la caja.

La causa investiga investiga las supuestas irregularidades cometidas por los ejecutivos de la CAM en la creación del grupo Valfensal, que la entidad puso en marcha junto a los empresarios Juan Ferri y José Baldó para constituir un grupo hotelero en el Caribe. 

En total, llegaron a adquirir a través de esta sociedad dos hoteles en la Riviera Maya -el Hotel Caracol y el Gala- y dos parcelas para la construcción de otros tantos complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana. 

Además, la sociedad también se hizo cargo de la gestión de un resort que la CAM tenía en Tenerife.

En la mayoría de los casos, los créditos para realizar las operaciones se habría hecho, supuestamente, sin guardar los procedimientos de control de riesgos habituales, hasta el punto de que el perito del Banco de España que testificó durante la instrución llegó a afirmar que eran el "paradigma" de las "malas prácticas bancarias". 

Sin embargo, a pesar de ello, la sociedad no impagó ninguno de los préstamos y Ferri y Baldó compraron al Sabadell su parte, cuando el banco se hizo cargo del negocio financiero de la CAM.

Adicionalmente, la causa también investiga si Ferri, Baldó y su empleado Francisco Climent cometieron delito fiscal al gestionar los hoteles a través de una filial creada en Curaçao, un compañía que podría ser sólo una pantalla para evitar el pago de impuestos. De esta forma, según la Agencia Tributaria, habrían dejado de ingresar al fisco español 11,6 millones de euros.

Exculpados

Por otra parte, el auto acuerda sobreseer y archivar las atuaciones contra el resto de miembros de la comisión de control de la CAM, que estaban inicialmente investigados, entre los que se encuentran el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós, además de Juan Gual, Juan Hernández, Noelia Sala, José Ruzafa, César Estrada e Isabel Cambronero. 

También se archivan las diligencias contra los empleados de Mar Confort Neus Tarrés, Ramón Serrano, Mar Muñoz y Refeca Alfonso.
Tras el auto de procesamiento, ahora serán las partes las que deban decidir si acusan o no acusan a los imputados y solicitar las penas correspondientes. 

Se trata de la cuarta causa que llegaría juicio por los supuestos desmanes cometidos en la gestión de la CAM tras la que se celebró por los créditos del expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, que se zanjó con la absolución de todos los acusados; la pieza principal por el falseamiento de las cuentas de la Caja, en la que se condenó a los directivos Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez a penas de hasta cuatro años, que ahora están recurridas ante el Supremo; y el juicio que se iniciará la próxima semana por las dietas de 600.000 euros que recibió el expresidente Modesto Crespo.

Los ‘tratos de favor’ entre el Gobierno murciano y la Universidad Católica (UCAM) de José Luis Mendoza

MURCIA.- La relación entre las universidades y las administraciones públicas están en el ojo del huracán tras descubrirse las numerosas ilegalidades en el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que han llevado finalmente a su dimisión. A través de la exclusiva de eldiario.es se ha podido comprobar cómo estos dos organismos estructuran relaciones opacas de mutuo beneficio.

Una de las primeras evidencias que ponen de manifesto esta relación consiste en mirar el currículo. Se trata de saber dónde has comenzado o dónde has acabado. En la Región de Murcia esta unión se presenta a través de los numerosos cargos del Partido Popular y su relación, pasada, presente, o futura con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). A costa del 'clientelismo' de las administraciones murcianas, copadas por el Partido Popular desde hace más de 20 años, la UCAM, presidida por José Luis Mendoza, se ha visto beneficiada y enriquecida, según denuncia eldiario.es.

La cesión gratuita de terrenos a la UCAM

Joaquín Moya-Angeler Sánchez es ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia y ex delegado de Relaciones Institucionales (2011-2014). Además, es ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia (2003-2011), y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular Región de Murcia.

Fue profesor de Tributación Local de la UCAM en el Máster de Asesoría Fiscal, y participó en la Junta de Gobierno que cedió gratis terrenos a la UCAM en septiembre de 2005. De hecho,  un informe de 2016 de Intervención General del Estado consideró nula tanto la concesión de la parcela, como las actuaciones previas y necesarias para la firma del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Murcia y la UCAM, al contemplar varias irregularidades.

Pese a ello,  el caso fue archivado a finales de 2016 por la Audiencia Provincial, desestimando el recurso que el fiscal Anticorrupción y el partido Podemos presentaron. La resolución señalaba que de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción no se deducía indicio alguno de que el presidente de la citada universidad, José Luis Mendoza, hubiera podido incurrir en un presunto delito de prevaricación o en alguna otra ilicitud penal. 

Los terrenos, originalmente valorados en dos millones de euros, han aumentado su valor (tras su cesión) en cuarenta millones.

Los terrenos ilegales de la UCAM

Antonio Javier Navarro Corchón es concejal del Partido Popular,  cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia y delegado de Urbanismo y Medio Ambiente-Huerta. Además, es  profesor del postgrado de Experto Universitario en Urbanismo de la Universidad Católica.

El delegado de Urbanismo estaba al frente de la Concejalía cuando  se declararon ilegales las obras en el Campus de Los Jerónimos de la UCAM, en marzo de 2016. La fiscalía se encuentra, a día de hoy, investigando las supuestas irregularidades en la construcción en suelo no urbanizable de siete edificios levantados en zona de huerta protegida.

De hecho, por ese entonces,  el político del PP José Luis Camacho Porto era el jefe del servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Murcia, sección que debe velar por la legalidad de las construcciones que se llevan a cabo en el municipio murciano. Simultáneamente, impartía clases en la institución privada y pasaba frente a los edificios ilegales a diario. 

En una entrevista, el edil popular se limitó a asegurar que tendía a "pensar bien de la gente" y a señalar que era posible que "no hubiera visto esos edificios". Actualmente es  profesor en la adaptación al grado en Ingeniería Civil de la UCAM.

Asimismo, Nuria Fuentes, actual directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, fue directora general de Urbanismo en esta misma época, y antes,  profesora asociada de Derecho de la Seguridad Público Privada en el grado de Criminología de la universidad católica.

El medallista olímpico que se pasó a la universidad privada

Antonio Peñalver, ganador de una medalla de plata en Decatlón en Barcelona (1992), fue nombrado director general de Deportes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 2007. Días antes de cesar en su cargo, con la llegada del nuevo presidente al gobierno regional en 2015, dejó firmados 27 contratos con la UCAM a través de la sociedad pública Centro de Alto Rendimiento, por un importe total de 220.000 euros y sin mediar convocatoria pública alguna.

A los tres meses era contratado como profesor sin respetar los dos años de espera que dicta la norma sobre incompatibilidades. El atleta declaró que no tuvo intención, con la firma de esos contratos, de beneficiarse. Actualmente es profesor en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica.

La consejera de Deportes enganchada al baloncesto

Adela Martínez-Cachá, actual consejera de Educación, Juventud y Deportes del PP desde 2017, es ex consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (2015-2017)  y ex concejal del Ayuntamiento de Murcia (2007-2015).

Ha sido  profesora agregada de la universidad católica en el Área de Microbiología e Higiene de Alimentos. Dirigió la Escuela de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM y fue coordinadora del Máster Oficial de Postgrado de Nutrición y Seguridad Alimentaria en este centro universitario.

Este año el equipo de baloncesto de la UCAM recibirá 100.000 euros de subvención nominativa del gobierno regional, concretamente de la Consejería que preside Cachá. En una visita a la plantilla, la consejera mostró su apoyo al proyecto del UCAM, del que su Gobierno se siente "muy orgulloso"­. También aseguró haberse "enganchado" al baloncesto tras sus últimos partidos.

La consejera de Sanidad que abrió las puertas de los hospitales públicos a la UCAM

Encarna Guillén Navarro es ex consejera de Sanidad del Partido Popular. De 2013 hasta que le asignaron dicho puesto, a mediados de 2015, fue  directora de la cátedra de Genética Médica y Enfermedades Raras de la UCAM.

A finales de 2016, pocos meses después de que estuviera en nómina de la universidad católica, su Consejería adoptó decisiones que afectaban directamente a la institución privada,  abriendo la puerta de los hospitales públicos para que los estudiantes de la UCAM hicieran sus prácticas, en detrimento de las instituciones de educación superior pública de la Región de Murcia.

La lista de políticos del PP relacionados con la UCAM no acaba con estos nombres. Sin ir más lejos, el ex presidente de la comunidad murciana y actual eurodiputado por el PP, Ramón Luis Valcárcel, intervino en 2009 en la cátedra de "Ética, política y humanidades", que involucró en sus charlas a personajes tan ilustres como el ex presidente José María Aznar, el ex ministro de interior Jaime Mayor Oreja, y la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Asimismo, la Católica da cobijo entre sus filas al hermano del ex presidente murciano, Carlos Valcárcel Siso, que imparte clases como profesor de Derecho Civil en la entidad. También tenemos a Juan Hernández Albarracín, reciente ex consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo del Partido Popular, que semanas antes de integrarse miembro del Gobierno regional fue nombrado también director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM.

El actual consejero de Presidencia, Pedro Rivera Barrachina, fue profesor del máster de Abogacía de la universidad católica.  Por otra parte nos encontramos con María Victoria Fernández Ilundain, exjefa de prensa de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, y actual profesora en el postgrado Experto Universitario en Comunicación Política e Institucional de la institución educativa privada. 

También está Andrés Pacheco Guevara, expresidente de la Audiencia Provincial de Murcia, que es profesor en máster  de título propio en Psicología de Emergencias y Catástrofes de la UCAM. 

Además, María Dolores Sánchez Rodríguez , jefa de Protocolo del Ayuntamiento de Murcia, es al mismo tiempo profesora de máster Título Propio en Protocolo y Consultoría de Imagen de universidad católica. También está Juana Mulero Cánovas, directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, que fue profesora titular de Nutrición y Biología en la UCAM, directora del máster en Nutrición Clínica y secretaria del departamento de Tecnología de los Alimentos y Nutrición.

Bonus: cuando Mendoza hacía campaña a favor del PP

Por si quedaba alguna duda de la estrecha relación entre la universidad católica y el gobierno murciano del Partido Popular, en las últimas elecciones autonómicas de 2015, el presidente de la UCAM hizo unas  polémicas declaraciones en las que consideraba "un peligro grave" el hecho de que el candidato popular no saliera electo.

"Hay que apoyar a Pedro Antonio Sánchez. Votar a C's, PSOE o Podemos sería un desastre económico y moral para la Región de Murcia", indicaba Mendoza, que veía en PAS un ejemplo de "buen catolicismo" al estar en contra del libre aborto. 

Cabe recordar que, a día de hoy, Pedro Antonio Sánchez se encuentra no solo fuera de la presidencia de Murcia, sino que está procesado por los casos 'Púnica', 'Auditorio' y 'Pasarelas'. 

https://www.eldiario.es/murcia/educacion/gobierno-murciano-Universidad-Catolica-Murcia_0_767474260.html 

El precio de la vivienda sube un 5,4% interanual en abril

MADRID.- Tinsa ha destacado que "el precio medio de la vivienda en España no mostraba un ritmo de crecimiento interanual tan elevado a nivel nacional desde el tercer trimestre de 2007", publica Expansión. 

Esta subida ha estado impulsada por el área "Capitales y grandes ciudades", que ha experimentado una subida del 8,7% interanual, hasta 1.543 puntos.
También muestran subidas importantes las "Áreas metropolitanas" (+5,7%) y "Baleares y Canarias" (+5,6%). En el primero de ellos, que agrupa las áreas de influencia de las grandes ciudades, la tendencia es más bien de estabilización, ya que el índice se ha mantenido en los últimos meses dentro de una banda entre los 1.280 y los 1.310 puntos.
En la "Costa mediterránea", el crecimiento ha sido apenas un 0,3% interanual en abril, seguido de "Resto de municipios", que engloba las localidades más pequeñas, donde la subida ha sido del 1,1% interanual en abril.

Además, hay que subrayar que el precio medio en España se ha revalorizado un 10,3% desde el mínimo que tocó a principios de 2015, aunque sigue arrastrando una caída acumulada del 36,7% desde el pico del boom en 2007.
La "Costa mediterránea", el subíndice más castigado en la crisis, muestra un descenso acumulado del 45,8%% desde los máximos del boom, seguido por las "Áreas metropolitanas" (-42,8%). 

Pese a haber incrementado su valor un 18,6% desde mayo de 2015, las "Capitales y grandes ciudades" siguen estando un 36,6% por debajo del nivel de 2007. También con ajustes inferiores a la media nacional se sitúan "Resto de Municipios" (-36%) y "Baleares y Canarias" (-23,8%).
El índice IMIE General y Grandes Mercados, que se calcula a partir de las tasaciones de vivienda terminada (nueva y usada) realizadas por Tinsa, recoge cada mes la variación interanual del valor del m² de un inmueble y su nivel respecto al año 2001 (base 1.000) en cinco áreas representativas de los diferentes estratos que componen el mercado de la vivienda: "Capitales y grandes ciudades"; "Áreas metropolitanas"; "Costa mediterránea", "Baleares y Canarias", y "Resto de municipios".

Dos países se interesan por la compra del submarino S-80

MADRID.- Así lo aseguran fuentes internas de Navantia: el S-80 ya empieza a despertar interés fuera de España. Al menos dos países habrían mostrado un “interés serio” por una posible compra en el futuro. Una notica positiva que se une a los buenos resultados de las pruebas del sistema de propulsión AIP, que convierten al S-80 en el submarino con mayor autonomía bajo el mar de todo el mundo, según publica hoy www.elconfidencialdigital.com.

Se trata de un proyecto que llegó a estar en la cuerda floja. Los sobrecostes multimillonarios, los defectos de diseño, las dificultades en la producción y desarrollo de ciertas tecnologías pioneras y la mala fama que alcanzó el proyecto -que traspasó fronteras- amenazaban la supervivencia de este.

Sin embargo, el proyecto del S-80 no sólo empieza a ver la luz, sino que apunta a que podría acabar convirtiéndose en un éxito industrial a nivel internacional. Al menos, así lo pronostican fuentes bien situadas de Navantia con las que ha podido contactar El Confidencial Digital.

Según aseguran, Navantia conoce el interés “serio” de dos países ante un posible encargo de submarinos S-80 en un futuro. Las voces consultadas, que aseguran que este interés ha llegado a través de “los canales comerciales habituales”, declinan dar más pistas sobre estos dos hipotéticos y potenciales clientes.

Estas fuentes explican, además, que este interés se habría reforzado en los últimos meses gracias a las noticias sobre la viabilidad del sistema de propulsión AIP, que convierte al S-80 en el submarino convencional –no nuclear- que tiene mayor autonomía navegando bajo el agua.

Pese a que estas voces son reacias a dar pistas sobre las dos marinas extranjeras que han puesto sus ojos en el S-80, uno de los futuribles contratos “supondría un enorme impacto” para la compañía. El otro, dicen, es importante pero “no alcanza las cuatro unidades solicitadas por la Armada española”.

Además, admiten que otros muchos países han mostrado “curiosidad” por conocer el desarrollo del programa S-80, aunque nunca han llegado a dar un paso firme hacia una posible compra. “En las ferias internacionales a las que acude Navantia, la clase Peral siempre está sobre la mesa” afirman.

Las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más

MADRID.- Las familias españolas han vuelto a necesitar financiación en términos netos por primera vez desde el comienzo de la crisis. Se trata de una cantidad pequeña. Tan solo 3.063 millones de euros. Pero, según los datos del INE, en 2017 las rentas de los hogares no bastaron para afrontar sus compras de vivienda y consumo. Por eso, tuvieron que tirar de crédito o acudir a sus depósitos y activos ahorrados, tal como recoge hoy El País. 

Según las cuentas financieras del Banco de España, en 2017 las familias solo redujeron su deuda en 810 millones frente a los 46.000 millones recortados, por ejemplo, en 2013. Aunque las cantidades sean modestas —los pasivos de los hogares ascienden a 775.000 millones—, se aprecia un cambio de tendencia: las familias han concluido el fuerte proceso de ajuste de la deuda que iniciaron tras el estallido de la burbuja.

Las familias empiezan a aflojarse el cinturón. La crisis financiera cogió a los hogares en 2008 con un exceso de endeudamiento provocado por un mercado inmobiliario cuyos precios se habían disparado. Hasta el punto de que solo en 2007 llegaron a precisar en torno a 57.000 millones prestados. Las cifras eran mareantes. Justo en ese momento la economía española sufrió un abrupto recorte de la financiación exterior. 

Y la necesidad de restablecer la competitividad obligó a un ajuste en salarios y plantillas que sembró todavía más la incertidumbre. A marchas forzadas, las familias empezaron a amortizar sus hipotecas. Y la concesión de nuevo crédito inmobiliario se paró en seco. Durante esos años, los hogares llegaron a ahorrar unos 220.000 millones para bajar deuda.

 Sin embargo, los últimos datos del INE y del Banco de España reflejan que este proceso está empezando a perder fuelle. Tras casi una década, las familias volvieron a no cubrir con sus rentas lo que destinan a consumo e inversión. 

Para ello, tuvieron que recurrir, por una parte, a un incremento del crédito no hipotecario, que creció en torno a un 6%. Solo los préstamos para consumo se elevaron a un ritmo superior al 15%, según datos del supervisor.

Dos factores impulsaron este alto crecimiento de la financiación del consumo: por un lado, la mejora de las perspectivas económicas, que hace que los hogares prevean mayores ingresos en el futuro. Por otro, durante la crisis, fruto de la incertidumbre, se pospusieron numerosas compras de bienes de consumo duradero como electrodomésticos o automóviles que ahora sí que se han estado produciendo.

Aunque la cantidad concedida de hipotecas también creció con fuerza el año pasado, alrededor de un 15%, la amortización del crédito inmobiliario fue todavía mayor y el saldo existente se redujo un 2%. Además, las familias dispusieron de una parte de sus depósitos y activos ahorrados para financiar esas necesidades. Como resultado, la deuda no aumentó justo en esos 3.063 millones que recoge el INE. 

Según las cuentas financieras del Banco de España, el endeudamiento de los hogares no subió pero disminuyó muy poco: desde los 775.318 millones de 2016 hasta los 774.508 millones anotados en 2017. Una reducción de solo 810 millones en un año, una cantidad que se antoja muy pequeña si se compara con los recortes de deuda que se llevaron a cabo en los ejercicios precedentes: por ejemplo, en 2011 se redujeron los pasivos de las familias en unos 27.000 millones; en 2012, en 37.000; en 2013, en 47.000; en 2014, en 36.000; en 2015, en 24.000; y en 2016, en 13.000.

“Con la información disponible, parece que el proceso de desapalancamiento se está agotando. Parece un punto de inflexión”, afirma Rafael Doménech, economista de BBVA. Ya nada apunta que se vuelvan a dar fuertes bajadas como las que se registraron durante la crisis. En términos nominales, los pasivos podrían incluso seguir descendiendo. 

Pero los expertos señalan que en todo caso lo harían a velocidades muy suaves. En relación con el PIB, gracias al crecimiento económico que sube el denominador, la deuda podría continuar reduciéndose durante algunos años más.

Así las cosas, el endeudamiento de los hogares ya se sitúa cerca de los niveles europeos, en torno al 60% del PIB frente al 84% que se alcanzó en 2009. Como explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, ahora mismo resulta inimaginable que, a medio plazo, el endeudamiento recobre cotas cercanas a las registradas en el pasado.

Según el INE, los hogares llevaban ocho años obteniendo capacidad de financiación, esto es, consiguiendo más renta de la que gastaban o invertían. En total, entre 2009 y 2016 acumularon la abultada cifra de 214.511 millones ahorrados, aproximadamente una cuarta parte del PIB que se destinó sobre todo a reducir endeudamiento. Pero, ¿a qué obedece este leve repunte de 3.063 millones en la necesidad de financiación? 

Como se aprecia en las cifras del INE, en 2017 las rentas de los hogares  engordaron en unos 14.000 millones mientras que el consumo subió en cerca de 25.000. Es decir, las rentas crecieron menos de lo que lo hicieron las compras. Y eso provocó que el ahorro se derrumbase.

Al comienzo de La Gran Recesión, la tasa de ahorro se disparó hasta máximos históricos, alcanzando el 13,4% de la renta disponible. Pero en los últimos años ha estado siguiendo el camino inverso: en 2017 descendió un 24% respecto a 2016, tocando el mínimo de la serie histórica en un 5,7% de la renta disponible, unos 40.000 millones de euros.

Ese dinero ahorrado el año pasado no fue suficiente para financiar los 43.000 millones que en 2017 las familias destinaron a inversión, o lo que es lo mismo: adquisición de vivienda. La inversión de los hogares aumentó un 18% sobre el año anterior. 

De ahí en buena medida la necesidad de financiación de las familias durante el pasado ejercicio. En definitiva, los hogares consumieron más, ahorraron menos y compraron más viviendas, lo que hizo que por primera vez en una década volvieran a precisar financiación.

Demasiado crédito acumulado en hogares con rentas bajas

Los datos del INE y del Banco de España marcan un cierto cambio de tendencia en la deuda de las familias. Aunque incluso podría seguir bajando algo, todo apunta a que empieza a estabilizarse en torno al 60% del PIB. 

Ahora bien, cosa distinta es el análisis que se debe hacer de esa deuda. Por una parte, las cifras del Banco de España señalan que todavía hay demasiada deuda concentrada en familias con rentas bajas, lo que todavía puede significar un problema. 

Sobre todo si los tipos de interés empiezan a subir teniendo en cuenta que buena parte de ese crédito está a tipos variables. Aunque las amortizaciones de hipotecas todavía estén dominando y sean mayores que la concesión de crédito inmobiliario, se corre el riesgo de que una parte de la población quede atrapada en esa deuda.

Como explica María Jesús Fernández, de Funcas, otra cuestión es si resulta conveniente para el conjunto de la economía que el desendeudamiento de las familias empiece a perder fuerza. La deuda exterior de España permanece ligeramente por encima del 80% del PIB. Se trata de unas cotas altísimas que hay que renovar y que exponen a España a cualquier vaivén de los mercados. 

Además, la deuda de las Administraciones Públicas es muy elevada. Y el envejecimiento de la población puede hacer que persista la presión sobre el gasto público. Máxime cuando en los próximos años comenzarán a jubilarse las primeras generaciones del baby boom español.

Cierto es que las empresas prosiguen con su reducción de pasivos a una velocidad inaudita, y eso compensa, en parte, lo que pueda suceder con el resto. Estas han pasado de necesitar endeudarse en unos 44.000 millones en 2008 a obtener unos 34.000 millones de liquidez anual en 2017. 

Gracias a esa capacidad de financiación, la deuda de las sociedades no financieras se ha desplomado en 285.000 millones desde 2009, rondando ahora un nivel sobre PIB similar a la media de países europeos. Eso sí, se ha producido en gran medida a costa de un ajuste laboral que sigue mermando las rentas de los hogares.

La confianza de los murcianos en su sistema público sanitario crece por encima de la media nacional

MURCIA.- La sanidad regional ha obtenido la mejor valoración de la historia del barómetro sanitario que ha dado hoy a conocer el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que ha realizado en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La confianza de los murcianos en su sistema público sanitario sigue creciendo cada año y se sitúa por encima de la media nacional. Los ciudadanos puntúan a la sanidad pública regional con un 7,1, varias décimas por encima de la media nacional, que obtiene un 6,68 en un intervalo del 1 al 10. 

El consejero de Salud, Francisco Villegas, destacó que "es la mejor valoración de la sanidad regional desde que hay registros".

Por servicios, valoran con un 7,77 la atención que se presta en las consultas de médicos de familia o pediatras y con un 7,43 la atención en enfermería. Además, un 88,9 por ciento de los encuestados consideran buena o muy buena la atención recibida en las consultas del médico de cabecera de la sanidad pública y un 87,2 por ciento de los encuestados sitúan en ese mismo grado de satisfacción la atención recibida en las consultas del médico especialista.

En referencia a la capacidad resolutiva de los profesionales sanitarios, casi ocho de cada diez murcianos están satisfechos con la resolución de sus problemas de salud por parte de los médicos de familia y pediatras. Se trata de la mejor percepción de la capacidad resolutiva de los profesionales de Atención Primaria a nivel nacional, junto con Cataluña.

Villegas también resaltó de esta encuesta "el gran porcentaje de ciudadanos que apuestan por centros públicos". 

 La mayoría preferirían acudir a un centro público, tanto si es para consulta de atención primaria como especializada, con un 76,3 y un 67,7 por ciento de los encuestados respectivamente, ambos porcentajes superiores a los del barómetro del año pasado, que se situaban en un 72,1 y un 56 por ciento respectivamente.

"Es una encuesta extensa con muchos apartados que tendremos que analizar en los próximos días, pero de forma general, todos los datos que apuntan a la Región de Murcia nos indican que estamos por encima de la media y mejoramos claramente respecto a la mayoría de ítems que hay en el informe", explicó el consejero de Salud.

'Anse' caracteriza 2.400 residuos flotantes en la costa de la Región

CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), y Libera, el proyecto impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, han presentado los resultados del trabajo de caracterización de basuraleza realizado durante seis meses en las costas de la Región de Murcia en un acto en el que se inicia la segunda parte de la campaña de estudio.

La presentación ha tenido lugar este martes a bordo de la goleta Else, en el puerto de Cartagena, al que han acudido el director de Anse, Pedro García, la directora de Marketing y Comunicación de Ecoembes, Nieves Rey, y el coordinador de Comunicación de SEO/BirdLife, Miguel López.
Precisamente a bordo del Else, los voluntarios de Anse que han participado en el proyecto recorrieron unos 2.300 kilómetros de costa, repartidos en 18 jornadas de navegación, para caracterizar y cuantificar la basuraleza flotante.
En concreto, los trabajos se han realizado en el espacio Zona de Especial Conservación (ZEC) Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón, una extensión de mar integrada en la Red Natura 2000 con 154.000 hectáreas y profundidades que pueden llegar a los 2.400 metros.
Como resultado, se han recogido datos de 2.400 objetos gracias a la metodología y clasificación de objetos de la aplicación móvil Marnoba, una plataforma que busca recopilar, almacenar y mostrar información sobre las basuras marinas de nuestras costas y cuyos datos se van a integrar en la base del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
El proyecto tiene un doble objetivo. Por una parte, caracterizar y clasificar los residuos flotantes de una ZEC y de playas de difícil acceso por tierra y, por otra, retirar parte de ellos para una gestión adecuada, según han explicado desde la asociación en comunicado de prensa.
En este sentido, el equipo de Anse ha realizado dos de las cuatro limpiezas de playas inaccesibles en el espacio natural protegido de Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un espacio litoral de 11.000 hectáreas de montaña costera, declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Estas dos primeras limpiezas se han realizado en la Cala Salitrona, de 80 metros de largo y hasta 40 de ancho en su zona central.
"Nuestros mares y océanos están sufriendo las graves consecuencias de la basuraleza. Necesitamos conocer más acerca de los residuos que encontramos en nuestros entornos marinos para poder aportar soluciones efectivas. Libera está desarrollando un papel fundamental para erradicar este grave problema, y desde Anse intentamos aportar toda nuestra experiencia y conocimiento para lograr un planeta más limpio", ha asegurado Pedro García, director de Anse.
Por su parte, Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes, señala la importancia de "impulsar acciones de colaboración como esta que hemos desarrollado con Anse. A partir del conocimiento compartido, fomentamos la sensibilización e impulsamos la generación de ciencia ciudadana, que es la mejor herramienta para ofrecer soluciones de garantía frente a la basuraleza".
"Libera tiene un objetivo tan ambicioso como necesario: lograr que la basuraleza sea cosa del pasado. Y creemos que es posible. Para ello, un paso fundamental es conocer la dimensión del problema a través de caracterizaciones en todo el territorio nacional. De esta manera, podremos ofrecer a la comunidad científica y las administraciones información valiosa que aportará mejores soluciones. Contar con un aliado como Anse en este camino, que concluye cuando implementemos una auténtica economía circular, es todo un privilegio, tanto por su experiencia como por su compromiso firme y riguroso con la defensa del medioambiente", ha concluido Miguel López, responsable de Libera en SEO/BirdLife.

Cartagena albergará el primer congreso internacional sobre la Armada Invencible

CARTAGENA.- El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) acogerá en abril de 2019 el I Congreso sobre la Armada Invencible y la Contra Armada Inglesa, que reunirá por primera vez a los principales investigadores anglosajones y españoles en el conflicto naval que protagonizaron España e Inglaterra entre 1580 y 1607. 

El ciclo, que se desarrollará entre el 22 y el 27 de abril de 2019, contará con la colaboración de los Gobiernos español, británico e irlandés, y en él se pretende hacer una "puesta al día lo más académica posible" de este episodio histórico, según ha revelado en la presentación el director del Arqua, Iván Negueruela.

Negueruela ha valorado que este congreso será "absolutamente científico" y evitará el "patrioterismo y el neonacionalismo", creando un comité científico compuesto por los principales investigadores en la materia, como el capitán de navío de la Armada Española José María Blanco, el profesor de la Universidad de Saint Andrews (Escocia), Colin Martin, y el profesor de la Universidad del Estado de Ohio. Geoffrey Parker.

El evento también servirá, según ha adelantado el director del Arqua, para publicar investigaciones pendientes por parte de estudiosos británicos, portugueses, irlandeses y españoles sobre un episodio del que hasta 1988 sólo se estudiaba la "versión taimada y propagandística" de la Corte de Isabel II.

En este sentido, la organización del congreso pretende analizar el ataque naval lanzado por la Corona de Felipe II contra Los Tudor en 1588, así como el contraataque que ejecutó un años después, visto los graves daños que sufrió la flota española, la Royal Navy contra los puertos de La Coruña, Lisboa y las Islas Azores, que no cumplió sus objetivos.

Negueruela ha incidido en el desconocimiento existente en España sobre la existencia de una Contra Armada inglesa en ese periodo histórico. "Con los dedos de la mano se pueden contar los que pensaban que hubo esta flota", ha añadido el director del Arqua.

Además, ha recordado que las consecuencias del conflicto naval protagonizado por ambas flotas entre 1580 y 1607, que acabó con el Tratado de Londres, no ocasionó el ocaso de la Armada española, que siguió controlando sus rutas con las colonias hasta el siglo XVIII.

Negueruela ha adelantado que los Gobiernos irlandés y español han firmado un convenio de colaboración para investigar los pecios de la Armada española en las costas irlandesas, además de confirmar que algunas de las piezas extraídas en estos barcos serán cedidas temporalmente para exponerse en el Arqua durante la celebración del congreso.

El especulador murciano Trinitario Casanova entra en la 'operación Chamartin' con la compra de 400 millones de euros en suelo

MURCIA.- El especulador murciano Trinitario Casanova, a través de Baraka Capital Group, ha comprado los derechos de los propietarios de los terrenos de la llamada operación Chamartín por 400 millones de euros.

Estos terrenos fueron expropiados por Renfe hace casi 25 años, si bien los propietarios aún no han cobrado.

El objetivo del empresario es desarrollar al menos 1,2 millones de metros cuadrados en esta zona norte de Madrid, en la que el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y promotora prevén construir unas 10.500 viviendas de las más de 21.000 inicialmente previstas.

Con esta operación, más de mil familias cobrarán por los suelos que les fueron expropiados hace más de dos décadas. 

Las playas de la Región ganan una bandera azul, ninguna en el Mar Menor

MURCIA.- Treinta y un banderas azules ondearán este verano en la Región, cinco más que el año pasado, según el informe anual por comunidades autónomas de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) publicado hoy.

Del total de 696 banderas azules concedidas en España, la Región lucirá este verano un total de 25 banderas en playas (1 más que el año anterior) -ninguna en el Mar Menor perdidas el año pasado- y 6 en puertos deportivos (4 más que el año anterior).

Entre las incorporaciones se encuentran una nueva bandera azul para la playa de La Casica Verde (Águilas) y 4 más para los puertos deportivos Real Club de Regatas de Cartagena, el club de Regatas de Mazarrón, el Puerto deportivo de Mazarrón y Marina Salinas de San Pedro del Pinatar.

La consejera de Turismo, Miriam Guardiola, explicó que "aunque el Mar Menor sigue su proceso de recuperación y sus aguas están mejor que el año pasado por estas fechas, los ayuntamientos de la zona no han solicitado este año las banderas azules para sus playas y han optado por otros distintivos como las 'Q' de calidad, que contemplan la calidad de los servicios con los que cuentan los turistas".

Águilas, con 11 banderas azules, pasa a ser el municipio con más distinciones, 9 para playas (Las Delicias, Levante, La Colonia, Poniente, Calarreona, Matalentisco, La Higuerica, La Carolina y La Casica Verde) y 2 para puertos deportivos (el Club Náutico de Águilas y el Puerto Deportivo Juan Montiel).

Mazarrón contará con 8 playas distinguidas (Rihuete, El Puerto, Bahía, Nares, Grande-Castellar, Alamillo, El Mojón y Percheles) y dos puertos que se incorporan a este sistema de calidad, el Club de Regatas de Mazarrón y el Puerto deportivo de Mazarrón.

Cartagena mantiene sus 5 playas (Cala Cortina, Isla Plana, Levante en Cabo de Palos, San Ginés y Playa del Cuartel) y suma el Real Club de Regatas de Cartagena. San Pedro del Pinatar se posiciona con 2 banderas, una para la playa de El Mojón y otra para el puerto Marina Salinas, que también estrena bandera.

Le sigue Lorca, que mantiene la bandera azul para la cala de Calnegre, y San Javier, que mantiene la suya para la playa de La Ensenada del Esparto.

También repiten las iniciativas 'Camina 10.000 pasos La Manga' y el 'Sendero Azul de Iglesia a Iglesia' en Cartagena, como senderos azules, y, como centros azules, el Centro Las Salinas en San Pedro del Pinatar y el Centro de Interpretación del Mar en Águilas.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Ramón Sánchez, señaló este martes durante la presentación de los datos sobre las banderas azules en España, que la entidad colabora con el Gobierno de la Región de Murcia para devolver las enseñas al Mar Menor.

«Estamos trabajando juntos -aseguró-. ¿Podrán recuperar las banderas? Las aguas están menos turbias, ha disminuido el nivel de clorofila, han disminuido los vertidos, etc. Todavía no podemos cantar victoria, pero esperamos que este mes de agosto sea mejor que agosto del año pasado», concluyó.

Se incrementa y perpetúa la cesión de servicios sanitarios públicos a la UCAM a un coste muy inferior al real

MURCIA.- Un total de dieciséis organizaciones de estudiantes, ciudadanas y partidos políticos denuncian la continua cesión de recursos públicos por el Gobierno de la Región a la UCAM en perjuicio de la Universidad pública de Murcia y denuncian ciertas anomalías en el proceso de verificación de títulos universitarios en Ciencias de la Salud de la universidad privada.

En noviembre del pasado año el Servicio Murciano de Salud y la UCAM firmaron un nuevo  convenio por el que se cede a la universidad privada la utilización del Hospital Virgen de la Arrixaca para las prácticas de sus alumnos de enfermería durante los próximos cuatro años, consolidándose la cesión de recursos públicos a intereses privados, recuerdan en un comunicado.

Es un ejemplo más del apoyo decidido del Gobierno de la Región a los intereses de la universidad privada. Estando próxima la definición del Mapa Docente de la Región por el que se distribuyen los recursos públicos entre la Universidad de Murcia y la UCAM, dieciséis organizaciones firman un posicionamiento mostrando su profundo rechazo a ese convenio y denunciando la creciente cesión de los servicios sanitarios públicos para las prácticas de los Grados de Ciencias de la Salud.

En el posicionamiento que se hace público se demanda (punto 4.) que sea investigado el proceso de verificación de los títulos universitarios de enfermería y medicina de la UCAM. Se denuncia que el número de estudiantes de enfermería fue muy superior al aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) (punto 6.) y exige que la Consejería de Salud publique el número de egresados, nota de admisión y dónde o cuando realiza su formación práctica el alumnado de la UCAM, en un compromiso con la transparencia que garantice la óptima formación de los estudiantes de las universidades públicas que han mostrado su excelencia en procesos selectivos, estos sí, transparentes.

Se denuncia la ridícula contraprestación económica que el Gobierno regional recibe de la UCAM por el uso de los hospitales y centros sanitarios públicos, muy por debajo de su coste real. El convenio firmado establece el pago de aproximadamente 400 euros por curso y por alumno de enfermería cuando éstos pagan por la matrícula 6.600 euros.

Las organizaciones firmantes demandan al gobierno de la Región un período transitorio que lleve a que la UCAM dimensione su oferta de plazas a los recursos docentes privados disponibles y que cese la cesión de los servicios públicos en perjuicio de los alumnos de la Universidad pública de Murcia.

Firman el posicionamiento como miembros de la Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria, en Defensa de lo Público y la Equidad Social:

Organizaciones de estudiantes:
 Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia.
 Delegación de Estudiantes de Enfermería.
 Delegación de Estudiantes de Medicina.
 Asociación de Intercambio de Estudiantes de Medicina.

Asociaciones ciudadanas y científicas:
 Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Región de Murcia.
 Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
 Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia.
 Plataforma Salvemos El Rosell.
 Asociación Murciana de Enfermos y Trasplantados Hepáticos.
 Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca.
 Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria
 NoGracias

Partidos Políticos:
 Podemos Región de Murcia.
 Izquierda Unida Región de Murcia.
 PSOE Región de Murcia.
 Cartagena Sí Se Puede

La juez procesa a los directivos de la CAM, Roberto López y Daniel Gil, por apropiación indebida y delito fiscal

MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto hoy juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López, al jefe de Inversiones, Daniel Gil y a otros once ex directivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones presuntamente irregulares en el Caribe.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Asimismo, la magistrada entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

A partir de ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal.

En su auto, Lamela describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta "una serie de irregularidades comunes".

Entre ellas, la documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal".

Dichas propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas, o al día siguiente.

López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, habrían consentido que "ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

En su auto, Lamela recuerda que tal y como consta en el informe emitido por la auditora Deloitte en 2011, y en el expediente sancionador del Banco de España de 2012, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados en el seno de la CAM y el TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.

Así lo entendió el Banco de España, prosigue Lamela, que en su expediente reflejó que los miembros de la comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP.

Dichas deficiencias supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de la entidad y designó al FROB como administrador provisional.

Por ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de una inyección de capital en diciembre de 2011.

Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, añade el auto.

¿Qué hacer con la cultura? / Ángel Montiel *

El Gobierno regional del PP no sabe qué hacer con la cultura. No digo solo el Gobierno de López Miras, el actual, sino también los anteriores. Llevan veintitrés años sin saber dónde colocar un departamento que el Estado cedió a la Comunidad, más tempranamente que ningún otro, con todas las competencias. Y en el que se han sucedido, en la etapa popular, todas las incompetencias.

No les encaja la Cultura, no saben qué hacer con esa pieza. No es un consuelo que el conjunto de la oposición esté tan perplejo como el propio Gobierno y que no haya voces desde la instancia política que promuevan ideas acerca de cómo actuar en ese campo o que ni siquiera se planteen la Cultura como una prioridad. Ese será el problema de mañana, si es que hay un mañana en que otro partido, o una coalición de partidos, sustituya al PP en el poder.

De momento, gobierna el PP. Y con él hemos visto que la Cultura es una consejería móvil que va de acá para allá, como si se tratara de una ficha que nadie sabe cómo colocar en la ruleta, si en las casillas rojas, en las negras o en las pares, en las impares, en el cero o en todas a la vez o en ninguna.

Unas veces va unida a Educación, y se nos convence: «La Cultura es la consecuencia de la Educación». Perfecto. Pero inmediatamente después la colocan junto a Turismo, y dicen muy razonablemente: «El Turismo de calidad es esencialmente cultural». Vale. Después, la colocan en Presidencia, con una directora general especial adjunta al propio presidente de la Comunidad para tratar de evidenciar que la Cultura es uno de los objetivos primordiales del jefe del Gobierno; el ingenio dura lo que dura la incompetencia de esa directora general y del propio presidente, de modo que regresa a Educación. Todos encantados: Educación y Cultura son dos caras de una misma moneda. Pero al poco nos vuelven a contar que el lugar natural de Cultura es junto a Turismo.

Y ya, cuando nos habíamos acomodado a ese esquema, llega López Miras y le añade Medio Ambiente, tal vez porque los productos culturales, más que otros, están obligados a ser respetuosos con la conciencia ecológica del personal. Cualquier explicación es buena si no fuera porque, antes de la última, nos habían tratado de convencer de todas las otras combinaciones posibles.

Estoy por asegurar que en estos últimos veintitrés años, la Administración autonómica se ha gastado más dinero en rótulos de fachada, indicativos de despacho y renovación de papel timbrado con las actualizaciones de la denominación del departamnento de Cultura que en las precisas inversiones que el departamento exige para el cumplimiento de sus objetivos. Está claro que exagero, pero si solicitáramos un extracto de las facturas que reflejan los cambios de placas, papel de cartas, sobres, tarjetas de visita y modificaciones informáticas podríamos llevarnos las manos a la cabeza.

No se trata solo del juego de birlibirloque a que nos convoca cada renovación de Gobierno, en la que la incógnita principal es dónde esconderán los departamentos de Cultura y Medio Ambiente, que bailan más que Travolta en sus buenos tiempos, sino también de la concepción que sobre la política a desarrollar emiten los múltiples y sucesivos consejeros. Veamos los dos últimos, miembros del equipo del presidente López Miras.

Cuando éste tomó posesión de su cargo destinó esa cartera a Javier Celdrán, y éste, antes que nada consejero de Turismo, dictó un mensaje claro: la cultura es una industria y como tal ha de ser potenciada. Habrá a quienes esta idea les parezca mal, pero es una idea. Adelante con ella.

 Sin embargo, al año justo del mandato de Celdrán, el mismo presidente decide que será Mirian Guardiola quien se encargue del departamento, y ésta declara, el pasado domingo en una entrevista a este periódico: «Apostamos por el fomento de la cultura, no por su rentabilidad». ¿En qué quedamos? ¿La cultura es una industria que debe ser potenciada como tal o es un bien general que ha de ser financiado por la Administración sin atender a un retorno económico?

Dos ideas radicalmente distintas, dos concepciones irreconciliables. Y en Gobiernos del mismo partido, dirigidos por el mismo presidente, y en el que el consejero anterior a Guardiola mantiene plaza con otras competencias y la misma filosofía sobre sus competencias actuales: «El Medio Ambiente es empresarialmente rentable». ¿Cuántas sensibilidades desparejadas hay en ese Gobierno? ¿O es que están de acuerdo en todo, pero no saben qué hacer con la maldita Cultura? ¿Será que no tienen idea sobre nada y cada día se inventan una teoría para justificar la última ocurrencia?

(*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/05/08/cultura/920229.html

Conspiraciones de silencio, la patria y el espejo delator / Pedro Costa Morata *

La imagen de Murcia se degrada cada día cuando nos miramos en el espejo. Al modo del retrato de Dorian Gray, que refleja el estado de nuestra alma, el envilecimiento de nuestra región, al que contribuimos todos en una u otra medida, se nos muestra nítido, aunque aberrante, y reproduce las miserias que acumulamos como cuerpo social en avanzado estado de corrupción. 

Digo que este proceso degradante nos afecta a todos, aunque a unos más que a otros, y a algunos, muchísimo más. Un criterio, entre otros, de distinción es el silencio culpable, que palpamos al encontrarnos con la trampa y el pillaje, ese que se practica entre cómplices declarados o tácitos, el convenido por conspiración ilegitima: el silencio inconfesable, en fin, que tiñe además de cobardía nuestra imagen tétrica. 

Cuando yo acusaba al fiscal de Lorca de no perseguir la corrupción urbanística y se defendía diciendo que nadie le había planteado denuncia alguna ni su jefe le había ordenado nada al respecto, yo no podía justificarlo, y estaba seguro de que él tenía suficiente autonomía para actuar (amén de informaciones más que inquietantes, de conocimiento general). 

Y por eso consideré que ese silencio no servía al interés general y le protesté, recibiendo a cambio una querella airada y necia. 

Cuando constatamos el flujo inmenso de denuncias hacia las consejerías autonómicas (sobre todo la de Agricultura) y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por el desmadre imperante en la cuenca, y la inutilidad radical del 90% de ellas, sobre las que se abate el silencio de las Administraciones, hay que señalar a esos dos organismos públicos como conscientes de conspiración. 

Quiero insistir en que el panorama agrario murciano contiene numerosos crímenes contra el país, también conocido como la patria, y por eso traigo a colación a los defensores, de oficio, de la patria común y frágil, y concreto en la Guardia Civil, con su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). 

No hace falta recordar a estos servidores públicos, si atendemos a los desórdenes a la vista referentes al robo del agua pública, los pozos piratas, los regadíos ilegales o la contaminación de tierras y aguas públicas, que su papel no está resultando como se esperaría, ni brilla en exceso en una tierra donde los delincuentes prosperan en la algazara que les permiten sus redes de influencia y complicidad; que la patria es una cosa muy seria, pero ni es una bandera ni es un escudo, meros símbolos, sino la tierra y el agua, las nubes y el viento? 

Y nadie debe sentirse satisfecho cuando se asiste a auténticas estrategias de destrucción o humillación sobre elementos naturales como los citados, y otros más, constituyentes de verdadera patria. 

Cuando se creó el Seprona en 1988, dentro de la Guardia Civil, para velar por la integridad de aguas, suelos y atmósfera (sagrada trilogía que es privilegiada integradora de patria), los ecologistas y la mayor parte de la opinión pública nos regocijamos y relanzamos nuestras esperanzas porque el Estado, protector y responsable, había dado un paso de gigante en sus obligaciones para con la naturaleza y el medio ambiente. Excesivas ilusiones, ya que esta situación no ha dejado de empeorar: el enemigo es demasiado poderoso y, además, tampoco va a ser vencido por las malas. 

Sin embargo, ha quedado a salvo el comportamiento de ese servicio y esos agentes, en los que hay que constatar comportamientos leales y, en ocasiones, incluso heroicos: ha quedado claro que, en efecto, ecologistas y agentes del Seprona, tantas veces coaligados de hecho, forman parte de un selecto y esforzado grupo de patriotas. 

Por eso es inaceptable que, en una región deshecha y pirateada, concretamente en el complejo tierra-agua, el trabajo del Seprona resulte de tan escasos resultados. Y como se conoce el esfuerzo de los agentes y su entusiasmo, así como su decepción y desánimo visto lo poco que influye su esfuerzo en el estado de nuestra naturaleza y nuestros recursos esenciales, habrá que mirar a sus mandos, jefes y responsables, que bajo ningún concepto deben conformarse a esta situación, por más que puedan apelar a un cumplimiento de obligaciones, a la cadena de mando o incluso a la indiferencia judicial. 

Cuando el fiscal Valerio explicaba en su (magnífica a la vez que arriesgada) imputación de los responsables de las cacicadas en el Noroeste, ya subrayaba la labor, con numerosas denuncias bien fundadas, de los miembros de la Guardería Fluvial y la Guardia Civil, y explicaba el itinerario de esas denuncias cuando llegaban, por ejemplo, a la CHS: eran cuidadosamente guardadas en un cajón o archivadas, con la intención de que ni siquiera caducaran. 

Digo yo que, ante la reiterada inutilidad de los esfuerzos de sus agentes, los jefes de la Guardia Civil debieran protestar enérgicamente a su mandos, y éstos a su director general y su ministro para que, enterado éste, pueda quejarse a la CHS y su ministro/ministra correspondiente, así como al Gobierno murciano; y que el presidente de Gobierno se entere del menosprecio a que se ven sometidos los agentes del Seprona en su trabajo, lo que supone un exacto, y nada remoto, reflejo de la opresión a que el poder agrario somete a la tierra murciana. 

Esto es lo que creo que debieran hacer los mandos de la Guardia Civil en Murcia, a cuenta de la frustración del Seprona, que no debieran soportar. Y por supuesto que no deberán recibir en sus despachos a quienes ya han sido imputados por la Justicia, que tantas veces suelen pavonearse de su influencia y amistad con mandos y dirigentes, es decir, de su impunidad. 

Nada bueno puede esperarse de esas visitas y de esos visitantes, así que lo que estos tengan que decir que se lo cuenten a la jueza del caso cuando los convoque, pero no a los que tienen como obligación vigilarlos y denunciarlos. 

Ante el espejo, las arrugas de la sociedad murciana siguen profundizándose, hasta asustarnos: algunas son diabólicas y anuncio de amenaza y perdición.

(*) Activista e ingeniero jubilado

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/05/08/conspiraciones-silencio-patria-espejo-delator/920108.html