martes, 20 de febrero de 2018

C's pide que se revisen las condiciones de seguridad de todos los centros educativos de Cartagena

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha trasladado a su Grupo en la Asamblea Regional las múltiples deficiencias en el colegio público Santa María del Buen Aire de La Puebla, donde unos 150 alumnos de Infantil y Primaria asisten al centro al centro en unas condiciones "indignas". 

"Entendemos que en este caso ha existido una dejación de funciones por parte de la Consejería de Educación pero también por parte del Ayuntamiento de Cartagena, que es quien tiene las competencias de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Especial", ha explicado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín.
Con motivo de lo expuesto, Manuel Padín pedirá al Ayuntamiento que incluya partidas en los próximos presupuestos municipales para solventar estas deficiencias en el colegio de La Puebla que son competencia municipal, y asegura que "cuando nos hagan llegar el borrador de las cuentas de 2018, estaremos muy atentos a la dotación económica que se va a destinar a nuestros colegios públicos, y si lo vemos necesario y viable, pediremos un aumento significativo en función de las necesidades que presente cada centro".
El portavoz de la formación naranja ha explicado que su Grupo visitará próximamente estas instalaciones para realizar el inventario de los problemas que tiene el centro y delimitar el plan de actuación que se requiere a nivel municipal y a nivel autonómico, "pero consideremos que lo prioritario ahora mismo es solventar los problemas de seguridad; tal y como publicó ayer el diario La Verdad, la segunda planta de este edificio no tiene salida de emergencias e incumple la normativa de riesgos laborales; lo que nos suscita una legítima pregunta: "qué otros colegios incumplen la normativa en materia de seguridad?", se cuestiona Manuel Padín.
En este sentido, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha pedido que el Ayuntamiento revise las condiciones de seguridad de todos los institutos, colegios y escuelas infantiles del municipio y elabore un listado con los incumplimientos para ser remitidos a la Comunidad Autónoma con el objetivo de liberar la inversión necesaria para solventarlos.
"Creemos que el colegio de La Puebla no es un caso aislado, hay otros centros que no cumplen la normativa en materia de seguridad, que tienen rejas en las ventanas que no pueden abrirse desde el interior, que no tienen toma de agua cercana para los casos de incendio, que no tienen señalizadas debidamente las salidas de emergencias, o donde los extintores no han sido revisados en años", ha enumerado el portavoz naranja que considera que "el Ayuntamiento debe revisar todos estos supuestos y pedir ayuda a la Comunidad en el caso de que este trabajo exceda su capacidad de actuación".
Para terminar, C's Cartagena también ha propuesto a su Grupo en la Asamblea, que considere exigir a la Comunidad que supervise el estado y el cumplimiento de la normativa de seguridad en todos los centros educativos de la Región de Murcia y establezca un plan de inversión plurianual para adaptarlo a los requisitos que deben cumplir.

"Al PSOE le está saliendo muy caro bajar el agua" en Cartagena, según CTSSP


CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) se reafirma en que la alcaldesa del PSOE no debía ni debe negociar la rebaja de la tarifa del agua con una empresa presuntamente corrupta, y que está siendo investigada judicialmente (caso Pokemon).

Para el grupo municipal de Podemos, el Gobierno local ha mostrado su servilismo con Hidrogea al aprobar la rebaja sin esperar a la auditoria de costes, y sin aportarle la documentación a todos los grupos, ni siquiera a su socio de Gobierno.
Para rebajar el agua se vieron obligados a forzar la salida del ex director general de Infraestructuras, montaron un nuevo equipo técnico con funcionarios afines, ningunearon los informes de la Concejalía de Infraestructuras, y por último rompieron el pacto de Gobierno, lo que los obliga a juntarse con C’s y necesitar los votos del PP.
Al día siguiente de aquella Junta de Gobierno irregular, CTSSP pidió por registro el acceso y copia de todo el expediente, pero los concejales de Podemos todavía siguen esperando que la información.
A juicio del grupo municipal, "este Gobierno socialista, con la alcaldesa a la cabeza, ha metido la pata una y mil veces con todo el procedimiento administrativo para bajar el agua, cuestión que le ha llevado a los tribunales. La subsanación de última hora que pretende no le eximirá de afrontar las consecuencias por los errores cometidos".
Por último, Pilar Marcos ha declarado: “Hace unas pocas semanas, en el Pleno extraordinario, dijimos que no se podía bajar el agua a cualquier precio; hoy confirmamos que al PSOE le está saliendo demasiado cara la rebaja.”

IU-Verdes pide desfibriladores y servicio de enfermería escolar en los centros educativos de Lorca

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha pedido que todos los centros educativos del municipio sean dotados con desfibriladores y con un departamento de enfermería escolar que atienda las necesidades sanitarias de los alumnos y alumnas.

Martín explicó que otros municipios de la Región están invirtiendo en la implantación de monitores desfibriladores, que permiten una intervención rápida y sencilla en caso de parada cardiorespiratoria. En ese sentido, puso como ejemplos los ayuntamientos de Cartagena, que los ha instalado ya en 14 colegios e institutos, o el de San Pedro del Pinatar, que lo ha hecho en todos sus centros (7).
Sin embargo, Lorca no cuenta con centros educativos cardioprotegidos. En ese sentido, la edil de IU-Verdes recordó que existe un compromiso del Pleno del Ayuntamiento de mayo de 2016 respecto a llevar a cabo las acciones necesarias para que los colegios e institutos del municipio dispongan, de manera generalizada, del equipamiento y el personal necesario para atender de manera eficaz una parada cardiaca hasta la llegada a los servicios de emergencia.
Con una inversión de menos de 60.000 euros -1.700 euros por desfibrilador- podría quedar protegida la comunidad educativa de todos los centros públicos del municipio, una cantidad que Martín calificó como "el chocolate del loro" comparada con inversiones millonarias como la compra de la plaza de toros (1,2 millones de euros) o el despilfarro que supone construir centros territoriales de seguridad que están cerrados a cal y canto.
Por otra parte, Martín consideró que también debe extenderse el servicio de enfermería escolar que, en estos momentos, sólo se presta en el colegio San Fernando. Al respecto aseguró que su intervención es fundamental en primeros auxilios, trastornos alimenticios, cuidado de los alumnos con procesos crónicos o necesidades educativas especiales, entre otros. 
También aseguró que la presencia de enfermeras escolares en los colegios reduce costes para el sistema sanitario y para las familias "ya que supone un ahorro en consultas médicas y en horas de trabajo perdidas por padres y madres y docentes".
Por último, la concejala de IU-Verdes denunció que la falta de atención del equipo de Gobierno local del PP a estas necesidades, hace que los alumnos y alumnas lorquinos cuenten con menos prestaciones sanitarias y no tengan protección frente a paradas cardiorespiratorias a diferencia de los escolares de otros municipios de la Región, lo que consideró "un grave agravio comparativo" y "una gran asignatura pendiente" del Ayuntamiento.

Aumentará la capacidad de almacenaje de la depuradora de Torre Pacheco en 66.000 metros cúbicos


TORRE-PACHECO.- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca licitará próximamente las obras de un tanque ambiental y una balsa de laminación, en Torre Pacheco, con capacidad de almacenamiento de 6.000 m3 y 60.000 m3 respectivamente, con un presupuesto global de 3,4 millones. 

Estas infraestructuras permitirán recoger los caudales excedentes de la red de saneamiento, que serán impulsados a la depuradora del municipio para el adecuado tratamiento y posterior uso en el regadío de la zona.
El consejero Francisco Jódar visitó el municipio y explicó que "esta obra posibilitará recoger, laminar y conducir a la depuradora las primeras aguas de lluvia; permitirán ampliar la red de recogida de pluviales existentes y evitar que se desborde el agua de los pozos de saneamiento". Todo ello, añadió, para continuar en la línea de "no desaprovechar y evitar que se pierda una sola de agua".
Por otro lado, Francisco Jódar también visitó las obras de que se están llevando a cabo para la construcción de un colector general de saneamiento entre las inmediaciones de la pedanía de Las Pedreñas hasta el entronque con la pedanía de Casas de los Urreas de Torre Pacheco.
Este nuevo colector vendrá a completar la red de saneamiento de dichas pedanías, dando servicio a la totalidad de las viviendas allí existentes. La inversión total de la actuación es de 133.005 euros y dará servicio de saneamiento a más de 200 nuevos usuarios.

Abierto el plazo para pedir en la Región las ayudas de comedor para el curso que viene

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha adelantado la convocatoria de ayudas de comedor para el próximo curso escolar 2018-2019, que beneficiará a unos 6.000 alumnos. La nueva convocatoria, que ya está publicada en el BORM, se puede solicitar hasta el próximo 5 de marzo.

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, ha destacado que estas becas "permiten que los alumnos reciban este servicio completamente gratuito" y que el Gobierno regional "apuesta por acercar este tipo de ayudas al mayor número de familias".
La Comunidad Autónoma destina a estas becas 3,8 millones de euros que permiten otorgar 5.000 becas de comedor. Además, otros 1.000 alumnos son usuarios de transporte escolar y comedor, por lo que la cifra de alumnos que cuenta con un completo y equilibrado menú de forma gratuita se acerca a 6.000.
Las ayudas de comedor consisten en la gratuidad del menú hasta un importe de 943 euros al año por alumno. Para obtenerlas es requisito esencial que los ingresos de la unidad familiar en 2017 no superen, en función del número de miembros computables, los importes máximos determinados en la convocatoria.
Las becas van dirigidas a alumnos que vayan a cursar segundo ciclo de Educación Infantil o Educación Primaria en centros que dispongan de servicio de comedor escolar. Las familias podrán solicitar las ayudas rellenando la solicitud en el centro educativo o mediante formulario web en la dirección http://sede.carm.es (apartado Formularios electrónicos específicos/Solicitud de ayuda de comedor escolar, adjuntando copia de la matrícula del alumno).
El plazo ordinario de presentación de solicitudes finaliza el próximo 5 de marzo y se abrirá uno extraordinario del 1 al 12 de septiembre de 2018, ambos incluidos, para alumnos que no se encuentren matriculados en el centro antes de la apertura del plazo anterior.
Este supuesto es para alumnos de Educación Infantil de tres años generalmente, o de otros niveles, de nueva incorporación para el curso 2018-2019, así como para los posibles repetidores del último curso que se realice en el centro, generalmente de sexto de Primaria, que conozcan su permanencia en el colegio durante un curso más con posterioridad a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
La Consejería ha puesto en marcha este curso seis nuevos comedores escolares en colegios públicos, con lo que la red de este tipo de servicio llega a 217 centros. Así, este curso hay más de 15.000 usuarios de comedor escolar, de los que unos 6.000 de forma completamente gratuita.
La Consejería invierte 15,7 millones de euros este curso en el servicio de transporte escolar gratuito, que utilizan un total 18.500 alumnos e incluye un total de 411 rutas que recorren más de 6.000 kilómetros diarios.
Este servicio es gratuito para todos los alumnos de enseñanzas obligatorias. En este sentido, Martínez-Cachá ha explicado que "trabajamos para atender las necesidades del alumnado, y ofrecemos este servicio gratuito para que la distancia a los centros no sea ningún condicionante y reciban una educación completa y de calidad".

Un informe sitúa a Murcia entre las tres regiones del país con los trabajadores más descontentos

MURCIA.- El salario medio en la Región de Murcia alcanzó los 1.434 euros al mes al finalizar 2017, lo que representa un descenso del 2,4% interanual, la mayor caída por comunidades. Los 1.434 euros son casi 200 euros menos que el salario medio nacional (1.639 euros) y están muy lejos de los 1.936 del sueldo medio de los madrileños. Además, los murcianos son los terceros que menos cobran en términos absolutos por comunidades, y su salario medio es el menor que registra la Región desde 2009. 

Así se desprende del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, elaborado por la empresa de recursos humanos junto con los investigadores de Barceló y Asociados, con el fin de saber cuál es el grado potencial de satisfacción de un ocupado medio en cada una de las comunidades autónomas españolas. 
Así, y con indicadores como los expuestos anteriormente, las conclusiones para la Región no son muy alentadoras: Murcia es una de las tres autonomías donde los trabajadores se sienten menos satisfechos.
Para ofrecer el índice de satisfacción laboral, el Monitor de Adecco analiza una serie de variables como la remuneración, la seguridad laboral, las oportunidades de empleo y el desarrollo profesional. 
Según este informe, Cantabria, Navarra y Baleares son las mejores comunidades para trabajar. De hecho, Cantabria lleva en la primera posición seis trimestres y Navarra ocupa la segunda plaza por tercer trimestre consecutivo. Baleares, por su parte, ha escalado un puesto, hasta la tercera plaza, y ha desplazado a la Comunidad Valenciana, que se coloca cuarta. En el otro extremo, con las puntuaciones más bajas, se sitúan Canarias, Galicia y Murcia.
Y eso que la Región de Murcia es una de las once regiones que hace un año mostraban un aumento en el poder de compra de su salario medio. Sin embargo, la ganancia de un 1,9% de hace un año es ahora una pérdida de un 3,1%, lo que supone «la variación más drástica», según el informe. 
 A nivel nacional, el poder de compra del salario medio en España se ha reducido un 1,7% en los dos últimos dos años (desde el cuarto trimestre de 2015 al mismo periodo de 2017), lo que equivale a decir que el asalariado medio tiene, al cabo de un año, 347 euros menos en su bolsillo de los que tenía hace dos años. Hace un año, a finales de 2016, el salario medio nacional ganaba un 0,9% de poder adquisitivo, mientras que hoy pierde un 1,7%.
Eso sí, Murcia también destaca en el informe con algunos datos positivos. Es una de las cuatro autonomías que, desde septiembre de 2009, han reducido la tasa de paro en más de diez puntos hasta quedar ahora en un 18%, según el informe, que también refleja, sin embargo, que Murcia «es una de las cuatro comunidades donde la proporción de empleos cualificados es más de seis puntos porcentuales inferior a la media nacional (26,2%)».  Asimismo, la Región también es una de las comunidades en las que se han destruido empleos de cualificación media o baja (-0,2%) al mismo tiempo se han creado puestos de alta cualificación (10,6%, el segundo mayor incremento autonómico). En cuanto al número de huelgas, Murcia registra el segundo mayor incremento interanual por autonomías (+163%), al pasar de 6,1 a 16,1 huelgas cada 100.000 empresas.
El Monitor de Adecco muestra además que por primera vez desde marzo de 2013 el tiempo medio de búsqueda de empleo en España ha bajado de los 16 meses al situarse en 15,8 meses, siendo Baleares la comunidad donde menos se tarda en encontrar empleo (10,6 meses).

El TSJ dice que el sonido de las campanas no vulnera la ordenanza contra ruidos aprobada en Murcia


MURCIA.- El sonido de las campanas de las iglesias cuando llaman al culto no supone una vulneración de la ordenanza contra los ruidos que fue aprobada por el Ayuntamiento de Murcia en diciembre de 2014, según se recoge en una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ).

La sentencia desestima así el recurso presentado por la Asociación No Más Ruidos de la Región de Murcia, que impugnó varios artículos de la ordenanza, entre ellos, los referidos al tañer de las campanas y al sonido de los relojes instalados en distintos edificios.
Al referirse al sonido de las campanas, la Sala comenta que cuando las mismas suenan para llamar al culto "se está ante una tradición cultural española, desde tiempo inmemoriales, y, por tanto, quedaría excluido, con ciertas condiciones, de la aplicación de la normativa".
"Ello, sin embargo -añade el TSJ-, no determina que pueda hacerse un uso indiscriminado y general de esta expresión sonora, sino que, para que pueda aplicarse la excepción es preciso que la inmisión sonora que produce se mantenga dentro de unos límites tolerables, siendo la ordenanza la que debe establecerlos".
Para la Sala, no hay duda de que "restringido el uso de las campanas exclusivamente con la vinculación al culto religioso, se cumple con las prescripciones legales".
La sentencia señala, además, que "no podemos obviar la vertiente religiosa que plantea esta cuestión, en tanto que el repique de campanas es utilizado para avisar de las celebraciones litúrgicas y forma parte del acto de culto, lo que determina que la expresión sonora analizada se integre en el derecho fundamental a la libertad religiosa".
Por otra parte, en cuanto al ruido de los relojes ubicados en las fachadas de algunos edificios, el TSJ dice que estos pueden quedar exceptuados de la aplicación de la norma "siempre que se haga con los límites que impone la protección del medio ambiente, como es el caso, en el que se limita la autorización al horario diurno y fijando un límite de inmisión sonora".
La sentencia, finalmente, indica que aunque se rechaza el recurso, no se condena a la asociación apelante al pago de las costas causadas "por la complejidad de las cuestiones planteadas y las dudas de derecho que las mismas pueden plantear".

España pierde otro arbitraje internacional por el recorte en las primas a las renovables

MADRID.- España ha perdido su segundo arbitraje internacional por el recorte de las primas a las energías renovables, el cual le condena a pagar otra millonaria indemnización a una compañía extranjera que invirtió en base a una rentabilidad que luego se vio frustrada por el cambio normativo y con carácter retroactivo aprobado por el Gobierno central en 2013. 

En este caso, el laudo procede del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia), y obliga a España a pagar 53 millones de euros a una sociedad con sede en Luxemburgo, según un comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).
La compañía denunciante es Novenergía, un inversor institucional con domicilio en Luxemburgo que posee siete instalaciones en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña
Este laudo se suma al que dictó en mayo pasado el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), que multó a España con 128 millones de euros.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estudia la respuesta al laudo de la Cámara de Comercio de Estocolmo, ya que cabe recurso por la vía judicial, aunque aún no ha tomado una decisión, según fuentes de ese departamento.
Los inversores extranjeros reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.
Anpier señaló que «el escenario es desolador, puesto que estos son tan solo los dos primeros laudos de una treintena que faltan por resolver».
A juicio de la asociación de productores de energía fotovoltaica que preside el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, «la reforma que elaboró el ministro Soria miró para otro lado a la hora de acabar con los motivos de los precios altos de la energía, y trató de minorar donde no correspondía, lo que ha resultado contraproducente para el desarrollo de un mix energético más eficiente y barato para el ciudadano».
A ello habría que añadir, recalca Martínez-Aroca, «las multimillonarias indemnizaciones a los inversores extranjeros, los gastos millonarios en abogados contratados para que defiendan un marco regulatorio legalmente insostenible, el difícilmente cuantificable daño a la credibilidad de seguridad jurídica en las inversiones realizadas en los sectores regulados españoles, y, lo que es más grave, la condena a la ruina de 62.000 familias españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado».
El presidente de Anpier subraya que el quebranto sufrido por estas 62.000 familias «es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que, por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y abandone a sus nacionales».
Anpier recuerda que los productores fotovoltaicos han soportado recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exige el pago íntegro de la financiación.
Por ello reclama a Mariano Rajoy «que escuche al sector y trate de articular una solución consensuada, que sea definitiva y restaure el daño causado a los inversores, especialmente a las decenas de miles de familias españolas fotovoltaicas que sufren un sistema profundamente injusto», y que no pueden recurrir, como las compañías extranjeras, al arbitraje internacional.
El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto esta desigualdad, ya que, «el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre los inversores españoles, al no tener a su alcance los medios que el Tratado de la Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional».

'Roda Golf' y 'Beach Resort' abonarán 124.000 euros por defectos de obras en sus casas

CARTAGENA.- La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que Roda Golf y Beach Resort presentó contra la sentencia de un juzgado de San Javier, que la condenó a pagar indemnizaciones por un importe total de 124.000 euros por defectos de construcción en la urbanización que promovió en Los Alcázares. 

La sentencia que ahora se confirma estimó así en parte la demanda que había presentado la Comunidad de Propietarios y condenó a la demandada al pago de esta suma, junto con los intereses legales.
La Audiencia ha desestimado todas las alegaciones presentadas por Roda Golf, entre ellas que veía «incongruencia» en la sentencia porque se había probado que había existido falta de mantenimiento de la fachada. 
En este sentido, la Sala dice que esa circunstancia ya fue tenida en cuenta por el juez a la hora de fijar la indemnización.
También alegó Roda Golf que los hechos habían prescrito, extremo que igualmente se ve desestimado por la Audiencia al señalar que, al tratarse del incumplimiento de la obligación del promotor en su faceta de vendedor por los defectos de la construcción, el plazo es de quince años, no de seis meses. 
Además, la Sala ha condenado a la apelante al pago de las costas generadas por el recurso.

La Comunidad Autónoma y 'Aena' firmarán el contrato de Corvera el sábado

MURCIA.- El Gobierno regional firmará el contrato del aeropuerto de Corvera con Aena el próximo sábado. El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha anunciado la fecha de la firma, que permitirá a la sociedad estatal presidida por el murciano Jaime García-Legaz empezar a poner en marcha los trámites para abrir Corvera y solicitar los permisos necesarios.

López Miras ha asegurado que la Región podrá contar con el aeropuerto en 2018.

Aena fue la única compañía que presentó oferta al concurso convocado por la Comunidad para buscar una nueva concesionaria dispuesta a explotar el aeropuerto.
A finales de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la creación de la sociedad anónima denominada Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, cuyo único accionista es Aena.
La concesionaria que explotará el aeropuerto de Corvera fue constituida ante notario en enero y tiene un capital de 8,5 millones de euros.

Los pensionistas murcianos reclaman a Rajoy una subida "decente" de las jubilaciones

MURCIA.- Los jubilados se han echado a la calle este martes en Murcia para exigir una subida "decente y razonable" de las pensiones o, en caso contrario, que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "se vaya a la calle", ya que calculan que habrían perdido un 3,95 por ciento del dinero que les correspondería en los cuatro últimos años. Se trata de una situación "insostenible" ante la que van a redoblar sus movilizaciones.

Así lo han hecho saber los secretarios generales de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Región de Murcia, Antonio Conchillo, y de la Federación de Pensionistas de CCOO, Miguel López Marcos, quienes han participado este martes en una protesta junto a decenas de personas a las puertas de la Delegación del Gobierno de Murcia, en la avenida Alfonso X el Sabio, con motivo de la celebración de la campaña 'Pensiones dignas'.
Conchillo y López han criticado que el Gobierno central ha subido sólo un 0,25 por ciento cada año en los últimos cinco años, a lo que hay que sumar un año en el que no aumentaron, una cantidad "muy inferior" al incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC), lo que se traduce en un empobrecimiento de los pensionistas y en una pérdida de poder adquisitivo.
López ha recordado que las movilizaciones comenzaron el pasado 9 de octubre, cuando se celebró una gran concentración en Madrid en protesta por el "dichoso 0,25 por ciento de aumento del sueldo", ya que "parece que con eso podemos mantener a la familia". El representante de CCOO ha contado su caso personal, que convive con cinco familiares en casa, incluidos dos nietos. "Si usted cree que con el 0,25 por ciento de subida podemos subsistir, que venga el Señor y lo vea", ha aseverado.
El aumento del 0,25 por ciento anual en una pensión media en la Región de Murcia se traduce en un incremento de entre 1,50 y 2 euros, tal y como ha destacado Conchillo, quien ha reivindicado que la subida de las pensiones sea "decente y razonable, al menos equivalente al IPC", y que los pensionistas recuperen el 3,95 por ciento que han perdido en los últimos cuatro años.
"Hemos llegado a una situación en la que estamos hartos y muy cansados de que este Gobierno nos está mangoneando a todos" porque el aumento de los últimos años es "una porquería", según Conchillo, quien ha emplazado a que "mejoren las pensiones o que se vaya el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy".
Ante esta situación, las dos federaciones de pensionistas de UGT y CCOO de la Región de Murcia han anunciado nuevas movilizaciones este jueves, 22 de febrero, así como el jueves, 1 de marzo, y el jueves, 15 de marzo, a las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la avenida Alfonso X el Sabio de Murcia, todas ellas a las 12.00 horas.
Conchillo ha avanzado que cientos de pensionistas van a acudir a estas concentraciones, porque "no podemos más y hemos llegado a una situación en la que esto explota o los pensionistas nos unimos y echamos al presidente del Gobierno, ya que estamos hartos de él porque nos está engañando a todos".
  En concreto, ha lamentado que Rajoy "ha fundido el fondo de reserva de las pensiones, que hace cinco años tenía 66.000 millones de euros y ahora sólo quedan 6.000 millones, lo que no da ni para una paga extra". Ante esta situación, plantea una disyuntiva: "o se echa al presidente del Gobierno o que pague lo que debe de una vez".
Conchillo ha recordado que en la Región hay 244.000 pensionistas y, de todos ellos, "unos 100.000 cobran menos de 650 euros", es decir, el sueldo mínimo interprofesional. Asimismo, explica que hay unos 25.000 o 30.000 que "tienen que ayudar a sus familias, a sus hijos que están en paro, a sus yernos o a sus hijas y lo están pasando sumamente mal".
"No es cierto lo que dice el Gobierno de que está mejorando la economía, y la prueba está en los nueve millones de pensionistas" que hay en España, según López. De momento, los pensionistas preparan movilizaciones "más radicales" en Madrid, que a su juicio es "donde realmente le escuece al Gobierno central".
  El responsable de UGT también se ha referido a la carta que el Gobierno central envió a los jubilados para comunicar la última subida de las pensiones. "Es una tontería y una barbaridad gastarse el dinero de esa manera", ha aseverado Conchillo.
En concreto, ha criticado que se gasten "tres euros en mandar una carta que hay que confeccionar, ensobrar, ponerle un sello y luego distribuirla a la casa de cada uno", cuando la subida de las pensiones es de sólo dos euros.
En este sentido, UGT y CCOO han acordado recolectar las cartas para llevarlas a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en los primeros días de marzo a través de los secretarios generales de ambos sindicatos con el fin de que "se las guarden".
Conchillo ha destacado que los pensionistas han estado cotizando con su IRPF "un montón de años" y, aunque le parece razonable que se les siga reteniendo "una pequeña cantidad", considera que debería ir destinado a pagar "una de las pagas extra de los pensionistas, porque ese dinero vale para eso".
En concreto, ha señalado que el IRPF de los pensionistas se eleva a los 9.500 millones de euros cada año, montante que "podrían destinar al pago de la paga extra y no tener que pedir deuda o tener que esquilmar la hucha de las pensiones". Y es que la hucha de las pensiones, critican, "se ha utilizado para muchas cosas".
  En este sentido, se han referido también a la brecha salarial entre las pensiones que cobran las mujeres y los hombres, que han calificado de "abismal" y que han considerado un "crimen". Según Conchillo, "una mujer que ha hecho un trabajo debe tener exactamente el mismo derecho a tener el mismo salario, la misma cotización y, por tanto, la misma pensión". En este sentido, ha recordado que se han convocado paros parciales con motivo del 8 de marzo.
"Desde el Gobierno dan una imagen muy bonita diciendo que van a hacer todo lo posible por la igualdad, pero todavía estamos esperando que lo hagan", según Conchillo, quien remarca que las mujeres que cuentan con contratos precarios "lo saben".
Además, López también ha llamado la atención sobre la situación de los inmigrantes, que "son los que están cargando con los trabajos que no quieren hacer los españoles, y además cobrando diez o quince euros al día por estar en el medio del campo masacrados, trabajando de sol a sol", algo que "no se puede consentir".
Igualmente, han advertido que "lo último que están haciendo es obligar a trabajar más tiempo y van a recortar el sistema de cálculo de las pensiones a partir de 2019". Así pues, un pensionista jubilado en 2019 va a perder un 0,51 por ciento respecto a otro de 2018 que haya cotizado lo mismo por la misma base reguladora.
La pérdida será acumulativa año tras año, según Conchillo, quien ha señalado que "no luchamos por nuestra pensión, que ya la tenemos, sino por los que vienen, porque somos defensores del sistema público de pensiones".
En cuanto a lo fondos privados de pensiones, ha puesto en duda la rentabilidad de los mismos. "Que me digan a mí qué trabajador que está en el campo puede pagarse un plan de pensiones, porque ganan 700 euros y tienen que pagar 70, 80 o 100 euros al plan de pensiones", ha aseverado López, quien se pregunta "de qué van a vivir".

La Región, a la cabeza de las CC AA con mayor fraude a los seguros

MADRID.- La tasa de fraude al seguro en España aumentó hasta el 1,73% en 2017, lo que supone cerca de 20.000 casos detectados entre un millón de siniestros reclamados por los clientes, cuyas indemnizaciones fraudulentas evitadas por parte de la aseguradora AXA le ahorraron desembolsar casi 63 millones de euros a los defraudadores, un 6% más de lo que se evitó en 2016.

Según el último 'Mapa AXA del Fraude en España', estos 20.000 intentos de fraude detectados suponen un 9,3% más que el año anterior, si bien los siniestros falsos no dejaron de aumentar en los últimos seis años, después de pasar del 1% del total de siniestros en 2012 al 1,73% en 2017.
Las reclamaciones falsas en el seguro de Auto concentraron más del 60% de todos los intentos de fraude. Las versiones adulteradas durante la conducción coparon hasta el 88% de estas reclamaciones, mientras que el robo, la rotura de lunas o los factores atmosféricos fueron la supuesta causa del restante 12%.
Por su parte, el 30% de los fraudes perteneció al ramo de Multirriesgo, que incluye el hogar, comercio, oficinas y comunidades, de los que el 41% reclamó daños ocasionados por el agua y el 27% por daños eléctricos para la renovación de electrodomésticos.
El 10% restante correspondió a seguros de responsabilidad civil, transporte, industrias, salud, accidentes y vida, donde se reclamaron accidentes falsos, se ocultaron enfermedades antes de suscribir el seguro, se fingió la muerte o se hizo pasar un suicidio como si fuera un accidente.
En cuanto a la tipología del fraude, hasta el 55% de las reclamaciones falsas fue de tipo ocasional, es decir, aquellas interpuestas puntualmente y sin premeditación, que en su mayoría (65%) no sobrepasan los 600 euros.
En solo un año, este tipo de fraude ha pasado de suponer el 52% del total al 55%, una aumento contrario a la tendencia registrada en los años anteriores, algo que, según el estudio, estuvo condicionado por una cierta recuperación económica.
Por su parte, los siniestros falsos planificados con antelación concentraron el 41% del total, seguidos por los llevados a cabo por bandas o tramas organizadas, que coparon el 3%, después de crecer un 20% en el último año.
La detección de los casos de fraude, que el año pasado le evitaron a AXA el pago de 63 millones de euros por indemnizaciones falsas, también tiene un impacto en la prima que pagan el resto de clientes que no cometen fraude.
La rama aseguradora más afectada por las reclamaciones es la de Responsabilidad Civil, ya que sus primas podrían aumentar hasta un 17% como consecuencia de mayores gastos en indemnizaciones. Las de Accidentes podrían subir un 10% o las de Auto, un 5%.
Según el informe de AXA, las condenas de cárcel declaradas por los tribunales respecto a estos fraudes crecieron un 17% y hasta el 88% de las reclamaciones tuvo consecuencias penales para los defraudadores detectados.
En el ámbito territorial español, las diferencias volvieron a quedar patentes el pasado año. Mientras que en el interior del país la tasa de fraude fiscal se distanció menos del dato nacional, en la periferia el fraude quedó más patente, excepto en Cataluña, Baleares y País Vasco, donde las tasas fueron del 1,4%, 1,6% y 1%, respectivamente.
La ciudad autónoma de Melilla (5%), Murcia (2,7%), Andalucía (2,6%) y Canarias (2,5%) fueron las regiones con mayor fraude en los seguros.
Por encima del 1,7% de media del país también estuvieron Galicia (2,2%), Asturias (2,1%), Navarra (2,1%), Cantabria (1,9%), Castilla y León (1,8%), La Rioja (1,85) y Ceuta (1,8%).
Por el contrario, Madrid (0,8%), Castilla La Mancha (1,4%), Aragón (1,5%) y Extremadura (1,7%) registraron las tasas más bajas del país.

Aumenta en la Región el número de jóvenes menores de 25 años con trabajo

MURCIA.- La tasa de ocupación de los trabajadores menores de 25 años aumentó en Murcia al 65,3 por ciento a finales de 2017, y se encuentra por encima de la media nacional.

Según un informe de Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el conjunto de España, la tasa de ocupación de los trabajadores menores de 25 años con formación superior alcanzó a cierre de 2017 su nivel más alto desde 2009, al situarse en el 76,3%, porcentaje que se sitúa en el 62,5% para el conjunto de los menores de 25 años, independientemente del nivel de su formación.
Tras alcanzar la tasa de ocupación más elevada en 2008 (82,4%), la tasa de ocupación de los menores de 25 años con formación superior registró retrocesos durante cinco años consecutivos, hasta situarse en su menor nivel en 2013 (57,1%).
A partir de entonces, este indicador encadenó cuatro años consecutivos de alzas hasta lograr en 2017 la segunda mejor cifra de la serie analizada (76,3%).
Al finalizar el año pasado había 281.400 profesionales menores de 25 años con estudios superiores trabajando, un 19,7% más que en 2016, cuando se registraron 235.000 ocupados de este colectivo. Sólo en 2008 se superó esta cifra, cuando se encontraban trabajando 314.300 menores de 25 años con formación superior.
En términos generales, la tasa de ocupación de profesionales menores de 25 años es del 62,5%, la segunda cifra más elevada de la serie histórica, sólo superada por la de 2008 (71%). Al igual que ocurre en el caso de los menores de 25 con formación superior, esta tasa registró su menor volumen en 2013, cuando bajó hasta el 45,1%. A partir de este momento, la tasa de ocupados creció durante cuatro ejercicios consecutivos, hasta el 62,5% actual.
En valores absolutos, 931.700 trabajadores menores de 25 años se encuentran trabajando actualmente, un 14,1% más que la cifra registrada hace un año (816.500).
Según Randstad, a mayor nivel educativo, mayor es la tasa de ocupación entre los trabajadores más jóvenes. Tras los menores de 25 años con formación superior, los profesionales que cuentan con estudios secundarios tienen la segunda tasa de ocupación más elevada (59,3%), con un total de 609.700 trabajadores, un 11,5% más que hace un año.
En el lado opuesto, se sitúan los empleados menores de 25 años con formación primaria. En este caso, la tasa de ocupación de este colectivo es del 43,8%. En concreto, 40.600 jóvenes con estudios primarios tienen un trabajo, un 16,7% más que la cifra registrada en 2016.
Servicios es el sector que ocupa a más profesionales menores de 25 años, con 737.900 trabajadores, lo que supone que el 79,2% de los ocupados menores de 25 años desarrolla su actividad en este sector. Le sigue la industria, con el 12%; la agricultura (5,1%), y la construcción (3,7%).
Según el informe de Randstad, País Vasco es la comunidad que registra la mayor tasa de ocupación de menores de 25 años, con un 76%. Le siguen, con tasas superiores al 70%, Aragón (74%), Navarra (71,4%), La Rioja (71,3%), Cataluña (71%) y Baleares (70,4%). Por encima de la media nacional (62,5%) también se encuentran Castilla y León (67,9%), Murcia (65,3%), Galicia (65%) y Madrid (64,1%).
En el lado contrario, Cantabria y Comunidad Valenciana se sitúan por debajo de la media nacional, con el 61,5% y el 60,3%, respectivamente. Les siguen Canarias (56,2%), Castilla-La Mancha (54%), Asturias (53,4%) y Andalucía (52,1%). Extremadura es la región que registra la menor tasa de ocupación de trabajadores menores de 25 años (49%), 13,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

'Adif' expropia 923 fincas para la construcción del AVE entre Almería y Murcia

MADRID.- Adif Alta Velocidad ha publicado este martes el anuncio por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, la relación de 923 fincas para la ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad entre Murcia y Almería en el tramo Lorca-Pulpí, entre ambos territorios.

El anuncio publicado en el BOE y rubricado por la directora general de Explotación y Construcción, Isabel Pardo de Vera, abre un período de información pública de 15 días hábiles para que los afectados y personas con derechos puedan aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.
En total, las expropiaciones afectan a un total de 201 hectáreas de terreno que se distribuyen en 535 fincas de Lorca (124,4 hectáreas), 146 fincas en Puerto Lumbreras (26,48 hectáreas) y 240 fincas en Pulpí (50,12 hectáreas).
Entre los afectados por las expropiaciones, la mayoría de ellos particulares, se encuentran también administraciones públicas, de forma que 77 parcelas corresponden a los ayuntamientos de los términos por los que discurrirá la Alta Velocidad y una 15 son propiedad de Adif. Cerca de 90 fincas afectadas por expropiación u ocupación temporal tienen propietario desconocido.
La relación de fincas que se ubica en Lorca, Puerto Lumbreras y Pulpí así como la documentación sobre las expropiaciones podrá consultarse en la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, en la Subdelegación del Gobierno en Almería, en la Dirección de Proyectos de Adif Alta Velocidad y en los ayuntamientos de los mencionados municipios, mientras que las alegaciones irán dirigidas a la dirección de proyectos de Adif.
Adif Alta Velocidad adjudicó el pasado mes de octubre el contrato de entre los 32 licitadores que se presentaron a Ginprosa Ingeniería para la consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo para este tramo del AVE entre ambas provincias por 790.494,88 euros después de que fuera sacado a licitación por 1.274.991 euros.
La mercantil tiene de plazo hasta el próximo mes de junio para presentar sus trabajos.

'Pacto por el Mar Menor' denuncia un vertido de la MCT


CARTAGENA/MURCIA.- Pacto por el Mar Menor denunció en sus redes sociales una rotura de canales del Taibilla en La Ribera, San Javier. La organización en defensa de la laguna compartió un vídeo en el que se aprecia como el agua sale de una tubería hacia el mar.

Fuentes de la Comunidad Autónoma manifestaron que se trató de una avería en una tubería de agua potable que reventó y añadieron que, de todas formas, se solucionó en pocas horas.

Se necesitan 365 días para desalojar a un inquilino moroso en Murcia

MURCIA.- El Índice de Mercado del Alquiler de la Vivienda(IVAM), uno de los principales indicadores del estudio, es el que corrobora que en la actualidad el mercado todavía no se enfrenta a un nuevo 'boom' inmobiliario en el sector del alquiler.

El dato del IMAV en Murcia alcanza los 0,97 puntos. Una cifra que indica que el sector está en una situación de equilibrio, ya que el valor se sitúa dentro del intervalo 0,8 y 1,4; lo que significa que existe una estabilidad entre oferta y demanda, "propia de un mercado sano y maduro", según se desprende de la Radiografía del Mercado del Alquiler 2018 realizada por Alquiler Seguro. Sin embargo, el estudio muestra también que es la segunda provincia en la que más tiempo se tarda en desalojar a un inquilino.
En este sentido, el estudio de Alquiler Seguro desvela que un arrendador necesita 365 días para desalojar a un inquilino moroso, desde que este deja de hacer frente al pago de las rentas hasta que se hace efectiva la demanda de desahucio. Una cifra alcanza el año y que se sitúa por encima de la media nacional, que se establece en los 344 días.
La Radiografía del Mercado del Alquiler 2018, también muestra el tipo de vivienda que más se alquila en Murcia. Concretamente, en la provincia, de los 46.570 inmuebles alquilados, la tipología de casa más común es aquella que tiene una media 87,50 metros cuadrados de superficie construida y que dispone de tres habitaciones y un cuarto de baño.

Autopistas en quiebra: final infeliz para todos

MADRID.- Definitivamente, arranca el res­cate de ocho de las nueve au­to­pistas de peaje que están en quie­bra. Seis años des­pués de que se pro­du­jera el mayor fiasco de la cons­truc­ción de las grandes vías es­pañolas que trajo el boom, el Gobierno se hará cargo pro­vi­sio­nal­mente de las mismas hasta una pró­xima li­ci­ta­ción. Un final in­feliz para el Estado, los con­tri­bu­yentes y hasta para las em­presas afec­ta­das, a juicio de www.capitalmadrid.com

El desplome de los tráficos por la crisis y los sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos para su construcción han sido la causa real de las insolvencias. Demasiadas vías de pago para un país con muchos trabajadores en las listas del paro.
El Estado ha reconocido que deberá abonar unos 2.000 millones de euros en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una cifra que no aceptan los fondos que compraron gran parte la deuda a los bancos acreedores, pues estiman que supera los 4.000 millones de euros. El gran dilema por resolver sigue siendo este desfase entre las partes. Las constructoras insisten en que la inversión inicial fue mucho más elevada.
En el plan de estabilidad que el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió el pasado otoño a Bruselas reconoce una cifra de 2.000 millones que tendrá que compensar a las partes afectadas. El Ministerio de Fomento espera recuperar unos 1.000 millones de euros con la posterior cesión a empresas privadas, con lo que el impacto en las cuentas públicas, es decir en el déficit, alcanzaría los 1.000 millones de euros.

Baile de cifras
Desde el estallido de la amenaza de quiebra, la compensación económica que, primero, reclamaban los bancos, y ahora los fondos de inversión adquirientes de dicha deuda, ha sido y es el gran caballo de batalla. En los dos últimos años, se ha producido un baile de cifras que van, desde los 2.200 millones que ha fijado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los 3.500 millones que estima el Tribunal de Cuentas y la cifra de 5.500 millones que considera la patronal de la construcción Seopan
Al margen de la cifra que el Estado reconoce, el Ejecutivo deberá añadir otros 550 millones de euros en concepto de préstamos participativos, que se concedieron para construir las citadas vías y que la Administración Central no cobrará.
La primera de las autopistas que será asumida por el Ministerio de Fomento el 21 de febrero será la R-4 Madrid-Ocaña que está participada por Ferrovial, Sacyr y Liberbank. El tramo de la AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante pasaran al Estado el próximo 1 de abril. 
El resto de las autopistas quebradas -las radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid Aeropuerto de Barajas y la AP-36 Ocaña-La Roda- serán asumidas en el primer semestre.
El Ministerio de Fomento prevé asumir en los próximos meses el resto de las autopistas en quiebra, aunque la fecha dependerá de los juzgados que han acordado la liquidación y de los administradores concursales. 
Respecto a la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo no ha anulado todavía el contrato al no haberse alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores.
Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por constructoras como Ferrovial, ACS, Sacyr y OHL, además por las concesionarias Abertis y Golbalvía y diversos fondos de inversión que compraron su deuda a bancos acreedores.

Seis meses para pagar la RPA
El Ministerio de Fomento dispone de un tiempo de seis meses para pagar a las concesionarias la Responsabilidad Patrimonial de la Administración a partir de la fecha en que se resuelven los contratos y el Departamento se queda con las autopistas.
Con este “rescate”, el Estado garantiza que las autopistas sigan abiertas tras la quiebra, mientras se resuelve también la cesión de su posterior explotación a empresas, mediante concurso público que se lanzará en los próximos meses. La Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las nueve autopistas que saldrán a concurso.
El Ejecutivo quiere que las nueve autopistas vuelvan a manos privadas antes que concluya 2018. En un principio, la relicitación de cada una de ellas se hará por separado pero la intención del ministro Íñigo de la Serna es colocarlas en paquetes para que la venta sea más atractiva. 
Fomento estima que el conjunto de carreteras generen en 2018 un beneficio neto de 34,4 millones de euros, una cifra que no llega para cubrir el coste que el Estado deberá asumir en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Los ingresos previstos para este año ascienden a 103,7 millones de los que 93,5 millones corresponden a peajes y 10,2 millones a ingresos de explotación de las áreas de servicio.
Una de las concesionarias que ha anunciado que espera acudir a la licitación es Abertis. “Habrá que revisar el pliego de condiciones, pero es una inversión que no descartamos en la empresa”, declaró el director general, José Aljaro, en la presentación de los resultados de la compañía. Otros fondos de inversión como Ardian han mostrado también interés en participar.

El ejecutivo holandés que ha resumido en 383 páginas todos los defectos de España


BARCELONA.- Al parecer, la mayoría de los españoles tenemos en común siete carencias. Nos falta información sobre lo que ocurre a nuestro alrededor (1), nuestra ética no está a la altura de la “ética occidental” (2), no tenemos cultura financiera (3), nadie asume responsabilidades (4), así como tampoco riesgos a la hora de emprender o adaptarnos a los cambios (5), somos cortoplacistas y decidimos sobre la marcha (6) y los servicios que ofrecen nuestras empresas y administraciones públicas son un auténtico desastre (7). Lo entrevista El Confidencial

Vincent R. Werner ha dedicado 383 páginas a explicar todo lo que, a su juicio, funciona mal en España. Que es bastante. La tesis del libro que acaba de lanzar (It is not what it is. The real (S)pain of Europe) es que nuestra sociedad es una bomba de relojería que podría acabar dinamitando toda la Unión Europea. El texto es una sucesión de ideas, tópicos, datos y anécdotas personales acumulados durante 17 años: dos en Madrid y 15 en Barcelona.
Vincent llegó con 26 del brazo de una chica catalana, Susana, de la que se había “enamorado perdidamente” en Ámsterdam y con la que se instaló en Olesa de Bonesvalls, un pueblecito que aquel año contó con “900 habitantes, cuatro vacas y un holandés perdido”. 
Un tiempo después volvía a estar soltero e instalado en Barcelona, donde ha tenido una exitosa carrera en cargos ejecutivos y trabajo de consultoría para multinacionales como Apple o el banco holandés ABN Amro.

PREGUNTA. Tu libro empieza con la premisa de que “el mundo necesita saber lo que realmente está pasando en España”. ¿Qué es lo que está pasando?

RESPUESTA. Hace 17 años que escucho aquí eso de que “hay que cambiar el chip”, pero nadie lo cambia. Solo se quejan echando la culpa al Gobierno. Está esa otra frase, la de “esto es lo que hay” (que da título al libro). España está mucho peor de lo que piensan en el extranjero y nadie intenta cambiarlo. Eso es lo que yo quiero comunicar. No lo digo desde el odio. Al revés, yo amo el país. En Holanda me llaman 'el español' y aquí 'el guiri'.

Vincent salta del español al inglés, idioma en el que tampoco es nativo pero con el que se encuentra más cómodo. Le preocupa mucho que su mensaje se interprete como un ataque. “Planeo seguir viviendo aquí mucho tiempo. Hay cosas que me fascinan de los españoles, como la manera de divertirse, de la cual participo. Lo que me molestan son las injusticias. Las sufrís y ni siquiera lo sabéis porque aquí es lo normal”.

P. Algunas expresiones del libro me recuerdan a los tabloides británicos. Dices que buscamos una “vida confortable de siesta y fiesta” para “no estresarnos trabajando”. ¿De verdad?

R. Es un tema delicado. He dirigido equipos de hasta 50 personas en España. No es que la gente no trabaje, pero como les digo en inglés siempre, “you have to work smart” (tenéis que trabajar de manera inteligente). Mis amigos me dicen que han trabajado mucho y yo les digo que no, que lo que han hecho es pasar mucho rato en la oficina. No se trabaja de una forma eficaz. Hay gente aquí a la que le gusta tomar café, salir a fumar cada 15 minutos... He tenido esta gente en mis equipos y no son muy productivos.

En la web de promoción de su libro se destacan cuatro datos sobre España sin citar la fuente: solo el 7% de la población habla inglés de manera fluida, a pesar de que el 10% del PIB proviene del turismo; el 50% de los españoles no ha acabado la educación secundaria, el 78% no son felices en sus trabajos y las empresas pierden anualmente 25.500 millones por el absentismo laboral
 “Estas cosas no son normales en el resto de Europa. Como lo del 'top manta', como las tarjetas 'black', como los préstamos de bancos arruinados para fichar futbolistas. Sé que es muy difícil para los españoles encajar las críticas de un extranjero, pero yo digo lo que veo y creo que hay lecciones que aprender”.

Vincent empezó a pensar en escribir su alegato al atravesar una frustración profesional, cuando trabajaba de 'business developer manager' para la expansión de ABN Ambro en España. “Yo era el máximo responsable y desde lejos todo pintaba muy bien porque en Holanda leían los informes de Bloomberg y de consultoras conocidas que utilizan indicadores oficiales. Cuando los directivos vinieron a Madrid, hicieron un montón de planes que luego fue una tortura llevar a cabo porque nada era como les habían prometido. Empecé a redactarles un informe describiendo la verdadera España y al final decidí que lo tenía que convertir en un libro. La burocracia, la lentitud de todo, las colas, las esperas… Es todo desesperante”.

P. En el libro dices que España es el país más corrupto de la Unión Europea y su eslabón más débil. ¿Has llegado a esa conclusión leyendo periódicos o por tu propia experiencia?

R. He visto muchas cosas que confirman lo que dice la prensa. La corrupción es consecuencia de dos cosas: nadie asume responsabilidades y hay una enorme falta de ética. La gente cuando piensa en la corrupción piensa en el Gobierno, pero yo creo que está extendido a las empresas, a la economía, en el 20% del PIB que se mueve en negro, en los 'top manta'… Cuando camino por las calles de Barcelona, sé dónde están las plantaciones ilegales de marihuana porque huele. Y siguen ahí porque hay gente que cobra directamente de los dueños de esas plantaciones.

Vincent intruduce la falta de 'ética occidental' de los españoles con una famosa frase de Bárcenas (“No voy a decirle que tenía una cuenta en Suiza cuando no se sabía que tenía una cuenta en Suiza, ¿no? Es de sentido común”). Y lo desarrolla así: “En las empresas españolas yo siempre he visto esa misma actitud: gente buscando vacíos legales, huecos por los que colarse. Hecha la ley, hecha la trampa, que es una frase casi intraducible y típicamente española”.

P. ¿Algún ejemplo más de esta ética no ajustada a Occidente?

R. Conozco gente que trabaja en grandes consultoras y les obligan a trabajar como poco 50 o 60 horas a la semana. Hay multinacionales que no tienen ni idea de que sus filiales en España están haciendo este tipo de cosas. No puedes comparar la productividad con la de EEUU, Canadá, Alemania, porque esos horarios son infernales… Aquí hay gente que no tiene tiempo de ver a sus hijos por la noche. Y al día siguiente es más de lo mismo. Y al siguiente, y al siguiente…

P. Todos los estudios que intentan comparar los niveles de corrupción hacen variaciones de la siguiente pregunta a los encuestados. ¿Ha pagado usted alguna vez un soborno para conseguir algo? ¿Con qué frecuencia? Se lo pregunto a usted.

R. Lo más chocante me lo contó un empresario extranjero instalado aquí en Cataluña. Me dijo que una gran compañía americana tuvo que entregar un sobre con 5.000 euros para participar en una licitación. Y otros 3.000 euros justo después. Son cosas que yo he visto en África y que no pueden aceptarse en la UE de 2018.

Frente al “perfil de riesgo cero” que atribuye al carácter español, Vincent se define como una persona con “un perfil de riesgo elevado”. 
“Al margen de mis trabajos, he montado un montón de negocios aquí. He trabajado como consultor, he hecho estudios de mercado para multinacionales. Ahora por ejemplo estoy levantando una escuela para enseñar a los turistas extranjeros a hacer paella”, dice.

P. ¿Los expatriados con los que te juntas tienen una visión parecida de España? Cuando os juntáis, ¿habláis de todos estos defectos?

R. He visto cientos de extranjeros yendo y viniendo, de todo el mundo. La gente más feliz es la que trabaja para grandes multinacionales y tiene jefes de perfil internacional, que pueden ser también españoles que hayan viajado o vivido fuera y están acostumbrados a otras dinámicas. Pero del resto, la mayoría esperaba encontrarse con un país diferente y va desarrollando una visión menos positiva con el tiempo. La gente más joven es diferente, porque se divierten mucho, pero todo cambia si quieres crear algo, construir un proyecto de vida, montar un negocio…

El libro está cuajado de afirmaciones complicadas de digerir. Dice, por ejemplo, que el nivel de pobreza actual es el más alto desde la II Guerra Mundial. 

“Es que es doloroso ver miles de personas sin techo por las calles de Madrid y Barcelona. Hay una enorme diferencia en la manera de tratar a la gente sin techo. Aquí duermen en la calle, en los parques. Pasan frío. En Holanda tenemos centros donde pueden ir a comer, ducharse y dormir. Cuando veo gente rebuscando en la basura me duele. Sobre todo pensando en todo el dinero que se ha enviado a España [desde la UE]".

P. En el libro das a entender que sin la ayuda de la UE prácticamente seguiríamos en el franquismo.

R. El país hubiese ido mejorando porque es un proceso natural. Pero llegó un aluvión de dinero y muchas cosas más. El 40% de las carreteras están pagadas con dinero europeo, por ejemplo.

P. ¿Te preocupa que España hunda la UE? Dices que es el eslabón más débil.

R. Cuando empezó la crisis en Grecia, aquí decían que podría contagiar a España, como si este fuera un país muy limpio. Me hizo gracia eso. Lo de Grecia no es nada porque si España cae, cae la cuarta economía. Tenemos problemas en Francia, tenemos problemas en Alemania, pero yo creo que el mayor riesgo de todos lo tenemos con España.

Vincent ha vivido casi todo el tiempo en Barcelona, pero ha viajado bastante por la Península. “Estuve hasta en Cuenca una semana. Y he trabajado y conducido por muchos sitios con nombres que ya ni recuerdo”, dice. No compra tampoco el discurso del independentismo catalán, hasta el punto de que se manifestó con una bandera europea en la famosa manifestación del 8 de octubre. “Yo lo veo esto desde una postura económica y un punto de vista europeísta. No elijo un bando político porque luego me llaman fascista, pero creo que fraccionarse nos hace más débiles a todos”.

P. En tu blog eres muy crítico también con el nacionalismo catalán.

R. Me molesta que haya gente aquí [en Barcelona] que diga que el Gobierno central es muy corrupto y ellos no lo son. Todos sabemos lo del 3% de CiU y todos sabemos sobre Pujol y sobre Artur Mas… La corrupción en España está en todos lados. Seguro que en Holanda y en Alemania también la hay, pero aquí está totalmente fuera de control y sería ridículo decir que solo está en algunos sitios. Yo la he visto aquí en Barcelona.

En su retrato lacerante de España, Vicent describe como “atroz” la manera de tratar a los inmigrantes. “En Europa central tendemos a preocuparnos más por los derechos humanos de la gente. Creemos que es importante garantizar la vivienda, la comida, la higiene… En España no siempre es así".

P. ¿Pero crees que los españoles somos racistas?

R. Es una pregunta complicada. Digamos que la gente a veces no entiende muy bien de dónde vienen los demás, las otras culturas.

El holandés se queja también de la educación española porque cada vez que va a dar una conferencia la gente se pone a tomar apuntes. “Aquí no hay una interacción real. No se desafía al profesor. En Holanda se fomenta el debate. Aquí se acepta que lo que te dicen “es lo que hay” y no se avanza. Luego ves la tasa de fracaso escolar y no se puede discutir que hay un problema. Es objetivo.

P. Por seguir con los tópicos, ¿te molesta que la gente llegue tarde?

R. [Risas] En eso estoy bastante integrado y llego tarde yo también a las citas. Pero hay una diferencia entre mi vida personal y la laboral. Cuando necesito documentos de instituciones, cuando llamas y no te responden al teléfono, cuando pasas horas en una cola y luego no te resuelven nada o te mandan a una página web. Son cosas que podrían automatizarse, pero que sigue haciendo gente a las que no le gusta su trabajo, desmotivada, haciendo horas y horas. Nadie está contento.

P. Quizá, solo si te apetece, podríamos acabar la entrevista diciendo algo bueno de España que no sea la comida o el paisaje. ¿Te gusta algo de la sociedad española?

R. Me gusta que la gente está muy inclinada a ayudar al prójimo. Cuando alguien se tropieza, ves a tres o cuatro personas que van a ayudar enseguida.

P. Esa tendencia a ayudarse es la otra cara de la moneda que criticas en tu libro. En todos los países mediterráneos, esos lazos sociales tan intensos son los que derivan en amiguismo, enchufismo, los que te hacen ayudar a un familiar cuando puedes… No sé si se pueden disociar.

R. No puedo estar más de acuerdo, pero es muy importante que en España aprendamos a distinguir entre la vida personal y el trabajo. La línea divisoria es demasiado fina. Ese es el problema.

Las bambalinas del Eurogrupo: ¿por qué ha dejado Irlanda el BCE a Guindos en bandeja?

MADRID.- El Eurogrupo, el foro de ministros que lleva la batuta de la economía de la eurozona, tiene muy pocas normas escritas. Las que tiene, son secretas. Y las que no, se transmiten casi como si fueran antiguas tradiciones, de una generación a otra. Una de ellas, como ha recordado este lunes el comisario Pierre Moscovici a cuenta de un desencuentro entre el griego Euclides Tsakalotos y Mario Draghi, es “no decir lo que pasa dentro”.

Una de ellas es la que llevó a Irlanda a retirar a última hora a su candidato a la vicepresidencia del BCE, dejando a Luis de Guindos sin rivales, según publica hoy El Confidencial.

La (pretendida) retirada de Irlanda

En Bruselas, la retirada de Philip Lane no fue ninguna sorpresa: se daba por hecho. Pero ¿por qué evitar dar la batalla, con un candidato tan sólido? El motivo es que hace semanas que está claro que De Guindos contaba con los apoyos necesarios para hacerse con el cargo. Lane no era un un rival serio, aunque sí muy competente. Y, llegada la hora de la verdad, se ha hecho a un lado para evitar que el Eurogrupo tuviera que votar entre dos candidatos.
Ante una decisión tan importante y, además, delicada, se da mucho valor a las apariencias. Se ha querido evitar a toda costa que la eurozona diera la sensación de estar dividida respecto al próximo vicepresidente de su banco central. Es un puesto demasiado delicado como para permitir que ninguna duda empañe el nombramiento. Si Lane hubiera seguido adelante, no se podría haber proclamado a De Guindos candidato por unanimidad, con el respaldo de todos los países del euro.
Una retirada a tiempo es una victoria. Y, en el caso de Lane, la jugada le ha salido redonda. Presentando la candidatura de su banquero central, Irlanda ha forzado su puesta de largo ante la plana mayor de la eurozona. Ahora todos saben quién es Lane, un brillante académico reconvertido en banquero central que, además, tiene aspiraciones a dar el salto al BCE. Y ahora parte de una muy buena posición de cara a las vacantes que saldrán en los próximos años.

¿Por qué le ha sustituido Emma Navarro?

Las normas no escritas son también el motivo por el que De Guindos se ha pasado en el banquillo su último Eurogrupo. Mientras el resto de los ministros del Economía y Finanzas del euro confirmaban su candidatura, De Guindos esperaba en las oficinas que la Representación Permanente de España ante la Unión Europea tiene en el edificio del Consejo. Emma Navarro, su mano derecha y secretaria del Tesoro, le ha representado dentro de la sala.
¿Por qué ha decidido ausentarse el ministro de su último Eurogrupo, un foro que ha frecuentado en los últimos seis años al menos una vez al mes? Lo explica el propio De Guindos: “No he entrado porque había quedado con el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, hace unos días en que yo no iba a estar. Era lo lógico, teniendo en cuenta que había dos candidatos y uno era miembro” pero el otro, Lane, no.

La ambigüedad de Italia

Antes de que comenzara la reunión, la mayoría de los socios europeos han apoyado explícitamente a Luis de Guindos. Holanda, que ha preferido transmitir su voto a sus socios antes que a la prensa, e Italia han sido la excepción. El caso de Roma es particular: a un par de semanas de que se celebren elecciones generales en el país transalpino, hay una fuerte discusión sobre si el actual Gobierno tenía o no legitimidad para posicionarse en una cuestión tan delicada.
El Ejecutivo liderado por Paolo Gentiloni, de corte socialdemócrata, se veía en la tesitura de proclamar su apoyo a uno de los dos candidatos conservadores. Y a sabiendas de las consecuencias que podría tener su elección: si apoyaban, como han hecho, a Luis de Guindos pueden estar abriendo la puerta a que Mario Draghi sea reemplazado por el halcón alemán Jens Weindman en 2019, una perspectiva poco halagüeña para el país. Pero si votaban a Lane, se arriesgaban a quedarse en minoría y fuera del 'pacto de caballeros' entre los grandes del euro.

Y ahora ¿qué?

El próximo paso es este mismo martes, en el Ecofin, donde se volverá a confirmar a De Guindos como candidato. El lunes tendrá que volver al Parlamento Europeo, donde tendrá que hacer frente a las previsibles críticas de los eurodiputados socialistas y de izquierdas, que han mostrado su desacuerdo ante su elección.
“La elección de De Guindos plantea varios interrogantes. Después de ser ministro de Finanzas de España desde 2011, su nombramiento podría crear un conflicto de intereses y minar la independencia del Gobierno del BCE”, ha lamentado la socialista francesa Pervenche Berès. “Es el enésimo ejemplo del intercambio de cromos y sillones a puerta cerrada y sin ningún control democrático”, ha dicho el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán.
"El señor de Lehman Brothers, el de las puertas giratorias, el del rescate bancario que no nos iba a costar un euro y el de las autopistas no está capacitado para ocupar un puesto en el BCE por la simple razón de que no va a actuar pensando en la mayoría”, ha dicho su colega de IU Marina Albiol. Ernest Urtasun (ICV) ha anunciado que su grupo, Los Verdes, tratará de convencer al resto de grupos para firmar “un dictamen negativo del candidato”, aunque es difícil que logre movilizar a los liberales e imposible que logre el apoyo del Partido Popular Europeo.
No obstante, el malestar de los eurodiputados no puede impedir que De Guindos recorra el paseo que le queda hasta Fráncfort. Salvo que acontezca una catástrofe, el (aún) ministro español recibirá el último espaldarazo en la cumbre europea del 22 y 23 de marzo. En esa cita, los jefes de Estado y de Gobierno confirmarán el regreso de España al lugar de donde nunca quiso haber salido: el Consejo de Gobierno del BCE. Al menos por un mandato de ocho años, no renovables.

Puerto Real no construirá el quinto y el sexto petrolero

CÁDIZ.- A mediados del próximo marzo tendrá lugar en el astillero de Puerto Real el acto de entrega del primero de los cuatro petroleros que se construyen en la Bahía de Cádiz para el grupo vasco Ibaizábal. Se trata de buques de la serie Suezmax, diseñados para el transporte de crudo a través del canal de Suez, de hay su denominación, que han servido para reflotar a la industria naval de la Bahía durante estos últimos años. 

La obra de este primer barco, bautizado con el nombre de 'Monte Udala', arrancó en abril de 2016 con el corte de chapa. En estos momentos, la segunda unidad, el 'Monte Urvasa', toma forma en el dique puertorrealeño, mientras que la obra del tercero, el 'Monte Urquiola', avanza con la puesta de quilla. Por lo que respecta al cuarto, el 'Monte Ulía', las piezas están saliendo de los talleres de cabecera y se prevé que los primeros bloques se ajusten el próximo verano.
La obra de los cuatro petroleros culminará, por tanto, en el primer trimestre de 2019 con la entrega de la última unidad y, según ha podido confirmar La Voz de Cádiz, no habrá continuidad. Es decir, queda descartada la opción de un quinto y un sexto barco como se anunció en julio de 2015 durante la firma del acuerdo. El bajo precio de construcción que impone el socio estratégico de Navantia en este contrato, el astillero coreano de Daewoo, hace inviable extender la producción a nuevas unidades. La construcción de petroleros en estas condiciones no es rentable y deja pérdidas para Navantia.

Un contrato a pérdidas

El acuerdo entre Navantia y el grupo Ibaizábal para la construcción de cuatro petroleros de la serie Suezmax, con opción a dos más, se firmó en un momento muy delicado para la industria naval gaditana. Los astilleros salían entonces de cuatro años de sequía y la carga de trabajo era mínima. 
Así, el Gobierno español, a través de la SEPI, principal accionista de Navantia, se embarcaba en un ambicioso proyecto para resucitar la construcción civil en los astilleros después de veinte años de ausencia. 
Sin embargo, Navantia tuvo que hacer varios encajes para poder asumir esta obra, ya que su desaparición del mercado de gaseros y petroleros durante dos décadas la había dejado en fuera de juego. No hay que olvidar que los astilleros asiáticos han desarrollado las nuevas patentes tecnológicas de estos buques de tanqueros para el transporte de combustible y son los líderes. 

Navantia buscó por ello un socio estratégico con el fin de ejecutar la obra sin problemas y con garantías. Así, la compañía española cuadró sus intereses con los del astillero coreano de Daewoo, que ha sido el que ha pilotado el proyecto desde el primer momento aportando sus patentes, los bienes de equipo y la tecnología.
Navantia se ha encargado de la mano de obra y de la ejecución y puesta a flote. La posición de fuerza de Daewoo frente a Navantia le ha llevado también a fijar el precio de los buques. Se trata de un 'low cost' naval ya que están por debajo de los 114 millones de euros que costarían en el mercado español. El precio fijado por Corea, aunque es muy competitivo, no ha sido, en absoluto, rentable para la empresa española ni para la industria auxiliar de la Bahía, que ha tenido muy poco margen de beneficio a la hora de la subcontratación.
El bajo coste de la producción es el principal motivo que se esgrime ahora para no embarcarse en la construcción de dos unidades más.
La Voz de Cádiz ha podido saber que el grupo Ibaizábal estaría interesado en contratar la obra de un quinto petrolero, pero las cuentas de Navantia no están para experimentos. La compañía española arrojó en 2016 unos 303 millones en pérdidas y se prevé que el balance de 2017 supere está cantidad llegando incluso a los 400.
La obra de los petroleros fue un empeño del anterior presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, que vio en este contrato la posibilidad de que Navantia regresara a la construcción civil por la puerta grande, sin embargo, las cuentas no han sido nada favorables debido a las imposiciones coreanas. 

Revuelta dejó la presidencia de Navantia en marzo del año pasado y asumió el la dirección de los astilleros un veterano de la casa como es Esteban García Vilasánchez, que ha marcado un nuevo rumbo en la compañía. Navantia persigue ahora convertirse en un referente internacional de la construcción naval militar y, al mismo tiempo, aplicar en su estructura una reconversión tecnológica para hacer más eficientes y competitivas a sus plantas; es lo que se ha denominado Astillero 4.0.
Las pérdidas que arrastra la compañía impiden, por ahora, asumir nuevos contratos como el de los petroleros, donde el riesgo económico es muy alto. Navantia quiere poner en marcha su plan industrial este mismo año y para ello necesita ajustar y sanear sus cuentas. Por ello, la dirección de la compañía confía en asegurar la carga de trabajo con los nuevos contratos por los que puja con fuerza en estos momentos y que son del todo rentables. 

Así, el más inmediato es la construcción de cinco corbetas para la Armada saudí que supondrá una inversión de 2.000 millones de euros y cuya ejecución se llevaría a cabo en el astillero de San Fernando. Esta obra permitiría desviar carga también a Puerto Real. Además Navantia espera la resolución del Gobierno de Australia sobre el concurso para la construcción de nueve fragatas para su Marina. Este contrato sería por transferencia tecnológica, sin embargo, la Unidad de Sistemas de la planta isleña recibiría un importante pellizco de la obra al tener que desarrollar en sus instalaciones el sistema de combate y defensa de estos buques, el denominado Aegis.
Por otro lado, Ferrol cuenta con la construcción de dos buques logísticos para la Marina australiana y en Puerto Real se construye la segunda plataforma eólica-marina para el parque que promueve Iberdrola en aguas del Mar del Norte, el complejo East Anglia One.
La tercera parta en la que se apoya Navantia para consolidar su futuro más inmediato es, precisamente, el Ministerio de Defensa, que ya ha anunciado su interés por nuevos encargos de obra. Así, están en el aire la adjudicación de las nuevas fragatas de la serie F-110 y el BAM de apoyo logístico a submarinos.

Prioridad al plan industrial

Este nuevo mapa de trabajo es el que ha llevado a Navantia a embarcarse en la puesta en marcha de su plan industrial que incluye el rejuvenecimiento de la plantilla, la transformación de las líneas de producción, la incorporación de alta tecnología y la implantación de una nueva estrategia comercial. Todo ello llevará a lo astilleros públicos a ser más eficientes y rentables.
Resulta evidente que la construcción de los petroleros para el grupo Ibaizábal fue más una decisión política que empresarial. El objetivo no era otro que resucitar una comarca como la gaditana, castigada por el desempleo, aunque fuera un contrato naval ruinoso para la compañía.
Las dificultades y debilidades del contrato de los petroleros están recogidas en un informe técnico, al que tuvo acceso La Voz de Cádiz, que cuestionaba la viabilidad del proyecto porque, según el estudio, era «ruinoso» y entrañaba riesgos «muy altos».
El estudio alertaba de que se trataba de un proyecto con demasiados riesgos y escasa rentabilidad para los astilleros públicos. El margen previsto de beneficio por buque era mínimo y cualquier modificación de proyecto o alteración del mismo provocaría pérdidas. Advertía que «este tipo de contratos no produce ningún beneficio ni valor añadido a la industria española, ya que tanto el diseño como la tecnología o los bienes de equipo son importados de Corea».
El contrato, por tanto, no aportaría ningún valor añadido a la industria española y tampoco permitiría generar desarrollo tecnológico a nuestra industria naval.

¿Por qué un autónomo cotiza más que un funcionario?

MADRID.-¿Por qué cualquier trabajador autónomo aporta cada mes más dinero al sistema de previsión social que cualquier funcionario? ¿Y cómo es que, al final de su vida laboral, los primeros reciben unas pensiones miserables cuya cuantía no alcanza la mitad de las del funcionariado, mientras las de los segundos pueden llegar al salario completo pese a aportar la cuarta parte que un asalariado del sector privado?, se pregunta Público.

Principalmente, por la perversa convivencia del RETA (Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos) con el Régimen General y con el peculiar sistema de mutuas que desde hace casi un siglo aplica a sus empleados la Administración, que provoca un desequilibrio en el que solo son excepción por abajo los beneficiados por la tarifa plana, que cotizan menos.
Los autónomos cotizan, en función de si tienen o no la cobertura de incapacidad temporal, el 26,5% o el 29,8% de su base, una especie de salario teórico que oscila entre 919,80 y 3.751,20 euros mensuales. Eso sitúa la cuota entre 243,74 y 1.117,85 euros, aunque el 85% de ellos aporta 275 al mes, que es la mínima con cobertura de baja. Eso supone pagar 3.289,20 euros anuales, que se elevan a 4.284 para los societarios, ya que operar a través de una sociedad unipersonal sale por 357 euros mensuales.
 
En el caso de los funcionarios del Estado y los transferidos a las comunidades autónomas, cuyo sistema de previsión se estructura en mutuas entre las que destaca Muface, la cotización (un 1,69% de la base por el trabajador y un 6,67 por la Administración) oscila entre los 88,47 euros del grupo E y los 216,99 del A-1, cifras que multiplicadas en este caso por catorce pagas dan una horquilla anual de 1.238,58 a 3.307,86.
Es decir que la aportación máxima de un trabajador público, salvo para quienes accedieron a la función pública después de 2011, que han pasado al régimen general, y para los mutualistas voluntarios a partir del nivel C2, es inferior a la mínima de un autónomo. Y también difieren las prestaciones que reciben unos y otros, que salen del mismo fondo.

Pensiones por debajo del SMI, o del 100% en 35 años

Los trabajadores por cuenta propia jubilados cobraron en enero una pensión media de 716,25 euros, casi veinte euros por debajo de los 735,90 en los que está establecido el salario mínimo interprofesional (SMI). Según denunció UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), 903.243 de un total de 1.481.966 cobran pensiones de retiro o de invalidez inferiores a esa cuantía.
“No podemos tener pensiones por debajo del salario mínimo, porque es literalmente imposible vivir con 600 euros, y menos cuando hoy, como consecuencia de la crisis, no todo el mundo llega a la jubilación con las cargas de la vivienda y la formación de los hijos superadas”, explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA, para quien “equiparar las pensiones mínimas con el SMI debería ser la prioridad”.
Las pensiones de jubilación de los empleados públicos se calculan por un sistema acumulativo desde los primeros doce meses que hace que, con salarios teóricos de 16.537 a 40.561 euros, superen los dos tercios de la base tras 25 años de servicio y alcancen el 100% a los 35.
El sistema de los asalariados del sector privado, que requiere 15 años de cotización para recibir el 50% de la base como pensión, también permite acceder al 100% tras otros veinte. Los autónomos, que perciben como retiro un 60% de la base reguladora, necesitan ya un mínimo de veinte años trabajados para comenzar a cobrar.

Un desequilibrio que todos los gobiernos obvian

El régimen de mutuas funcionariales, que es uno de los que desequilibra el sistema de pensiones por sus menores ingresos y sus mayores gastos, fue instaurado en 1926 como un modelo de autoaseguramiento, similar al que aplicaban empresas como Telefónica o algunos bancos, tras el desmantelamiento de los montepíos y las mutualidades. El empleador aportaba vía cuotas menos de lo que le correspondería en el régimen general porque después asumía el pago de las prestaciones.
Equipararlos al régimen general, de hecho, le supondría a las arcas públicas cuadruplicar su aportación, que pasaría del 6,67% a un 23,6% para contingencias comunes, mientras el descuento en la nómina del trabajador subiría del 1,69% al 4,70. No obstante, uno y otro se ahorrarían, respectivamente, el 5,5% y el 1,55% previsto para el desempleo.
El traspaso del grueso de los funcionarios a las comunidades autónomas, que en los últimos quince años han asumido de manera generalizada la gestión de la sanidad, la educación, los servicios sociales y los juzgados, hace que una eventual modificación al alza de sus cotizaciones obligara al Estado a financiar la diferencia con las incluidas en los decretos de traspaso.
El elevado coste económico, el temor al desgaste político y a los efectos electorales de la revisión entre el funcionariado, hace que ningún Gobierno afronte este asunto.
El elevado coste económico, junto con el temor al desgaste político que generaría el previsible conflicto político con las comunidades y a los efectos electorales de la revisión entre el funcionariado, hace que ningún Gobierno afronte este asunto. 
Según el Ministerio de Presidencia, la plantilla de las comunidades autónomas alcanza los 1,3 millones de trabajadores, por 514.372 de la estatal, y el 80% de ellas corresponde a servicios traspasados: 528.089 en educación, 499.031 en sanidad y 39.026 en juzgados.
La excepción fue el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2011 impuso que los nuevos empleados públicos pasaran al sistema general. El Pacto de Toledo valoró la posibilidad de recomendar la extinción del régimen de clases pasivas, aunque no llegó a ponerlo sobre la mesa.

“No puede ser café para todos”

No obstante, el de los funcionarios no es el único desajuste del sistema de pensiones. Las tarifas planas de los autónomos, que acaban de cumplir su cuarto año de vigencia, le restan al sistema ingresos por valor de 700 millones de euros sin que logren elevar el volumen de trabajadores por cuenta propia: se han acogido a ella más de 1,4 millones de trabajadores, mientras que el aumento del RETA ha sido de 1,3, de los 1,92 del cierre de 2013 a los 3,23 de 2017.
“Debería haber un mayor nivel de pervivencia, de más de 100.000 autónomos al año y, por el contrario, se pierden”, señala Abad, crítico con la falta de progresividad de la tarifa plana, cuyos plazos se amplían con la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo.
“No puede ser café para todos”, señala, mientras propone vincular su concesión a la existencia de un proyecto de negocio que permita valorar su viabilidad y su mantenimiento a la evolución de los ingresos. Eso evitaría tanto el fraude de los falsos autónomos dependientes que proliferan en el sector de la distribución como las altas mendaces para canalizar fondos de pensiones como salarios para reducir su tributación.
“Un negocio no se abre por una rebaja en la cotización -indica-. Hay un problema de consumo y otro de desestructuración del mercado labral”.
¿Por qué cualquier trabajador autónomo aporta cada mes más dinero al sistema de previsión social que cualquier funcionario? ¿Y cómo es que, al final de su vida laboral, los primeros reciben unas pensiones miserables cuya cuantía no alcanza la mitad de las del funcionariado, mientras las de los segundos pueden llegar al salario completo pese a aportar la cuarta parte que un asalariado del sector privado? 
Principalmente, por la perversa convivencia del RETA (Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos) con el Régimen General y con el peculiar sistema de mutuas que desde hace casi un siglo aplica a sus empleados la Administración, que provoca un desequilibrio en el que solo son excepción por abajo los beneficiados por la tarifa plana, que cotizan menos.
Los autónomos cotizan, en función de si tienen o no la cobertura de incapacidad temporal, el 26,5% o el 29,8% de su base, una especie de salario teórico que oscila entre 919,80 y 3.751,20 euros mensuales. Eso sitúa la cuota entre 243,74 y 1.117,85 euros, aunque el 85% de ellos aporta 275 al mes, que es la mínima con cobertura de baja. Eso supone pagar 3.289,20 euros anuales, que se elevan a 4.284 para los societarios, ya que operara través de una sociedad unipersonal sale por 357 euros mensuales.
En el caso de los funcionarios del Estado y los transferidos a las comunidades autónomas, cuyo sistema de previsión se estructura en mutuas entre las que destaca Muface, la cotización (un 1,69% de la base por el trabajador y un 6,67 por la Administración) oscila entre los 88,47 euros del grupo E y los 216,99 del A-1, cifras que multiplicadas en este caso por catorce pagas dan una horquilla anual de 1.238,58 a 3.307,86.
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Es decir que la aportación máxima de un trabajador público, salvo para quienes accedieron a la función pública después de 2011, que han pasado al régimen general, y para los mutualistas voluntarios a partir del nivel C2, es inferior a la mínima de un autónomo. Y también difieren las prestaciones que reciben unos y otros, que salen del mismo fondo.