MADRID.- España es un país de sequías, pero esta lleva camino de convertirse en la peor que hayamos conocido en vida. La Xunta extendió la semana pasada a toda Galicia,
enclave verde por antonomasia, la alerta por escasez de agua. El
escenario ya es desolador desde hace meses en tres cuencas, la del
Júcar, el Segura y el Duero, donde Gobierno tiene declarada oficialmente
una situación de sequía, según recuerda Cuarto Poder.
El último año hidrológico
–entre el octubre de 2016 y septiembre de 2017— cerró con 551 litros
por metro cuadrado de media para el conjunto de la Península, un 15% de
déficit respecto a la media histórica (1981-2010), pero en los últimos
tres años las precipitaciones han estado por debajo de lo normal.
Esperar el chaparrón o danzar para atraer el milagro, de poco servirá.
La falta de lluvia no es la única causa de la sequía y, según los
expertos, es necesario un cambio tanto en las políticas como en la
mentalidad de los ciudadanos para afrontar un problema que, dentro de
poco, puede convertirse en nuestro principal desafío.
Hay
dos tipos de sequía: la meteorológica y la hidrológica, explica el
climatólogo y hombre del tiempo los fines de semana en Castilla-La
Mancha Media, Jonathan Cantero.
La primera consiste en
la escasez de lluvias, un fenómeno recurrente en el Mediterráneo o
Mediterráneo continental, que ocurre cada 12 o 13 años. La segunda
estaría provocada por los humanos al consumir mucha más agua de la que
se acumula con las precipitaciones. “Esta sequía que estamos sufriendo,
en prácticamente en todos los lugares es meteorológica, porque tenemos
déficit de precipitación, pero hay zonas donde se está consumiendo mucha
más agua de la que se debería hacer. Ahí tenemos el comienzo de una gran
sequía”, indica el experto a Cuarto Poder.
El escenario es cada vez
más alarmante. Octubre, noviembre y diciembre son meses de
precipitaciones y los primeros dos meses han sido muy secos. Decenas de
pueblos por toda la geografía española como Andalucía, Navarra, Asturias
o Castilla-La Mancha ya sufren restricciones de agua, los agricultores y
ganaderos empiezan a padecer algunos de los efectos. Uno de los mejores
indicadores es el nivel de agua que mantienen los embalses. Actualmente
están por debajo del 40% y un porcentaje así de bajo no se registraba
desde 2006.
¿Qué parte es nuestra culpa?
La causa más
global es el cambio climático, que está provocado por los humanos por el
aumento de la expulsión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Normalmente, más del 60% del agua caída en forma de lluvia vuelve a la
atmósfera, más de un 20% acaba en los ríos y menos de un 10% llega a los
acuíferos.
El aumento de temperatura que genera el cambio climático
hace que la evapotranspiración del agua a la atmósfera aumente y que se
consiga menos agua para el consumo con el mismo nivel de lluvia. El año
2016 ha sido el más caluroso en los últimos 137 años desde que existen
registros y 2017 lleva el mismo camino.
La otra gran respuesta es
un asunto que responde al aumento del gasto del agua en España. “El
consumo se ha disparado en los últimos 20 años, especialmente en
relación al regadío. En los últimos 17 años la superficie de regadío ha
crecido un 21%”, explica el coordinador de área de Agua de Ecologistas
en Acción, Santiago Martín, quien justifica este
aumento del consumo en que en nuestro país utilizar recursos hídricos es
barato y supone que se hayan multiplicado por dos veces las
exportaciones de productos hortofrutícolas entre 2012 y 2016. En un país
donde las sequías son frecuentes y ante el fenómeno severo que
enfrentamos en los últimos meses, este modelo está en cuestión.
Por
último, es responsabilidad de los ciudadanos aprovechar el preciado
recurso del agua con responsabilidad.
“En términos generales
despilfarramos mucha agua en todos los territorios. No acabamos de
darnos cuenta de la necesidad del ahorro. Aun mantenemos el grifo
abierto para ducharnos hasta que sale agua caliente. Se pierden 10
litros de agua por cada persona que se va a duchar. En una casa donde se
duchan cuatro personas, esto supone 40 litros al día. Multipliquemos
esa cantidad por toda la población española”, explica Jonathan Cantero.
Según los expertos, las ciudades españolas todavía tienen que afrontar
grandes desafíos para aprovechar sus aguas grises –utilizadas—para
limpiar calles, regar parques y jardines. Asimismo se pierde mucha
cantidad de agua por infraestructuras en mal estado en alcantarillado,
tuberías etc.
“Las ciudades deberían tener un balance cero en la gestión
de agua”, apunta.
La sequía nos costará dinero, entre otras cosas
A
falta de que puedan conocerse con exactitud las consecuencias de la
sequía en el medioambiente, señala Greenpeace, se sabe que perjudica a
la biodiversidad y conlleva pérdidas económicas en sectores como la
agricultura y la ganadería, conflictos sociales y graves riesgos
sanitarios.
“Los niveles de contaminación atmosférica en Madrid, por
ejemplo, han superado ya el límite saludable para respirar”, alerta
Greenpeace en su último informe: ‘Sequía, algo más que falta de lluvia’.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), estima que cada año mueren
31.000 personas en España debido a la contaminación atmosférica en las
grandes ciudades.
Las causas también se pueden notar directamente
en el bolsillo. El recibo de la luz se ha disparado, según el Gobierno,
debido a que la escasez de agua ha hundido la producción hidroeléctrica,
que abarata el coste de la energía, y ha obligado a quemar carbón y
gas, que encarecen su precio.
El experto Jonathan Cantero mantiene sus
dudas respecto a este punto. “Me parece tremendamente mal es que se eche
la culpa de la subida del precio de la luz a la sequía porque nuestro
sistema energético solo se basa en la hidroelectricidad en una pequeña
parte”, critica.
Pero la falta de agua afecta a agricultores y
ganaderos, a quienes les cuesta mucho más sacar sus cosechas adelante y
esto nos llevará a un encarecimiento de los precios.
“El aceite de
oliva, que está bajando su producción por falta de agua, puede encarecer
su precio en los próximos meses. Lo vamos a ver también en los próximos
meses con los cereales. Los ciudadanos lo acabaremos pagando”, explica
Jonathan Cantero.
Los cambios necesarios
Es
difícil que el escenario cambie aunque este invierno llueva con
normalidad o, incluso, por encima de lo normal, vaticinan los expertos.
Aemet ha repetido en reiteradas ocasiones que es necesario tomar medidas
antes de que los embalses se queden sin agua.
El mes pasado la ministra
de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguraba que su Ministerio está haciendo todo lo posible
para intentar paliar los efectos de la sequía con políticas que han
permitido que los regantes contaran con 350 hectómetros cúbicos más, con
inversiones de 85 millones de euros en obras de emergencia y con la
prorrogación del trasvase Tajo-Segura.
Las organizaciones
ecologistas y los expertos sostienen que solo un cambio de rumbo radical
logrará atajar los efectos devastadores de la sequía –España es ya el
país más árido de Europa y el 75% de su territorio es susceptible de
sufrir desertificación–.
“Seguimos viviendo como si la Península ibérica
fuera rica en agua. Una muestra: hace escasamente una semana se
anunciaba la construcción de la mayor playa artificial de Europa en
Guadalajara”, señaló el responsable de la campaña de Aguas de
Greenpeace, Julio Barea.
Ecologistas en Acción
defiende que es completamente necesario no solo frenar el regadío, sino
disminuirlo para lograr un cierto equilibrio hídrico. “Fundamentalmente
hay que reducir la superficie de riego y que la gestión hidroeléctrica
sea más sostenible. En Galicia apenas hay regadío, pero el problema es
que se ha turbinado más agua de la que se debía”, sostiene Santiago Martín.
Por su parte, Greenpeace ha propuesto un paquete de medidas que incluye
el cambio de la política hidráulica tradicional centrada en la
ejecución de grandes obras y critican que el Gobierno no ha hecho nada
para “cortar el continuo robo de caudales que provocan el millón de
pozos ilegales reconocidos en 2017 por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente”.
Sería necesario un marco estatal
que Jonathan Cantero se aventura a llamar “pacto nacional por el agua”.
En su opinión, el Ministerio de Agricultura no puede determinar las
necesidades de cada comunidad.
“Debería ser al revés, un pacto de abajo a
arriba, donde las comunidades pudiesen analizar sus debilidades y
fortalezas respecto al agua para hacérselo llegar al Gobierno. Debe ser
un pacto transversal, en beneficio de todas las comunidades, pero hay
comunidades que no pueden seguir cediendo agua”, apunta.
“La gestión de
las cuencas hidrográficas será el gran problema medioambiental, social,
político y económico que tengamos que afrontar en nuestro país. Esta
sequía no ha terminado y puede seguir incrementándose”, añade.
