Es la Educación / Alberto Aguirre de Cárcer *

Al exministro de Obras Públicas Josep Borrell le han ofrecido ir en el tercer puesto de las listas socialistas en las elecciones catalanas, pero a estas alturas no se le pasa por la cabeza volver a la política y se ha blindado contra cualquier tentación para poder así continuar con su vida profesional y personal. 

Solo en el plano de las hipótesis responde que si le ofrecieran hoy una cartera ministerial elegiría Educación. «España tiene hoy mucha infraestructura física y poca infraestructura personal. Nos gusta mucho inaugurar obras, porque se ven, pero los países que ganan la batalla son los que invierten en educación. Lo que necesita este país ahora es invertir en inteligencia, en capital humano», dijo Borrell el viernes en el Foro Nueva Murcia. 

Como en otros asuntos, acierta en el centro de la diana el expresidente del Parlamento Europeo, hoy una isla de racionalidad en este océano político donde se activan resortes emocionales y se falta a la verdad para movilizar adhesiones. Sí, es la educación. No lo duden. Y lo que es fundamental para España lo es especialmente para la Región de Murcia.

Este jueves, en su informe anual sobre Educación, la Comisión Europea nos sacaba una vez más los colores. España tiene la segunda tasa más alta de abandono escolar temprano de la UE. Nada menos que un 19%, casi nueve puntos por encima de la media de los Veintiocho. Pero si se analizan las diferencias territoriales el panorama todavía es más oscuro. 

Frente a una tasa de abandono del 7,9% en el País Vasco, Baleares alcanza el 26,8% y la Región de Murcia el 26,4 %. Esta semana el INE nos ha enviado otra fea fotografía emparentada con la anterior: las diferencias salariales entre regiones siguen en ascenso. En el País Vasco los sueldos medios ya son un 40% superiores a los de Extremadura o la Región de Murcia. Esa brecha de desigualdad salarial se concreta en unos 4.200 euros menos al año en los bolsillos de los murcianos. 

La causa directa es el diferente modelo productivo. La Región está reduciendo su tasa de desempleo gracias a la hostelería y la agricultura, pero son precisamente las actividades con el salario medio más bajo de las analizadas por el INE. Si esas dos son nuestras únicas grandes bolsas de trabajo, difícil lo tendremos para evitar que los adolescentes murcianos renuncien a completar su formación. Por el contrario, los jóvenes vascos abandonan en menor medida los estudios porque necesitan mayor cualificación para entrar en un mercado laboral más tecnificado y mejor remunerado. 

Invertir más en la educación pública es imprescindible, aunque no basta si no se prioriza bien el gasto, si el modelo educativo no se adapta al entorno económico y social que muta irrefrenablemente por la globalización y la digitalización, y si no se producen cambios en el modelo productivo que prioricen áreas de actividad tecnológicas e industriales. A la vista está que el Pacto de Estado por la Educación y la apuesta por la I+D+i es ya una cuestión de pura supervivencia en este conectado y tecnológico mundo.

El Gobierno autónomo se ha fijado como objetivo convertir a la Región en un espacio de libertad económica que genere riqueza y empleo. Hace bien si elimina todas las trabas administrativas que alejan las inversiones productivas hacia otros territorios, siempre que no dañen nuestro patrimonio natural e histórico. Pero se equivocará si se limita a dejar hacer y no diseña una política industrial y educativa fijándose objetivos y tomando decisiones para emplear con eficacia los recursos públicos. 

Hace falta una estrategia regional claramente definida que priorice, por ejemplo, las industrias asociadas a la agricultura, desde la agroalimentaria a las empresas innovadoras en riego, semillas... El carajal que se ha creado con el cambio de modelo de las ITV y las primeras turbulencias por la prometida reforma universitaria muestran un Gobierno con ganas, aunque dubitativo, a veces torpón y con un discurso argumental tan básico que en ocasiones sonroja.

Quizá no sea el mejor momento para plantear la reforma de la ley universitaria regional, con elecciones al rectorado de la UMU a la vuelta de la esquina, pero más nos valdría que los partidos políticos y las propias universidades murcianas asuman que nuestros parámetros de excelencia, empleabilidad e internacionalización son claramente mejorables.

 Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y observar cómo desde la cúspide de los centros superiores de enseñanza se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado las acreditaciones de la Aneca (que solo fijan los mínimos exigibles) o la gran demanda de plazas, lo que bien puede explicarse por los precios de las tasas y la apetecible vida universitaria en una ciudad como Murcia. 

Que se cuenten por decenas de miles los universitarios en la Región de Murcia es un criterio tan endeble que vale para andar por casa, pero no para esgrimirlo en foros con una mínima altura académica. Si piensa el Gobierno regional que la mejor política universitaria es la que no existe anda muy equivocado. Es verdad que los efectos dañinos no se aprecian a corto plazo, pero son acumulativos y terminan por emerger. 

‘Otra educación es posible’ es el lema del congreso Proyecto Aula que celebra este fin de semana ‘La Verdad’ con expertos en innovación pedagógica de dentro y fuera de la Región. Ahí se constata que no todo es negativo en nuestro sistema educativo. Al contrario, tenemos docentes excelentes y muy implicados, junto a no pocos alumnos brillantes. Hagamos de la educación un asunto central, dediquemos los recursos suficientes y fijemos objetivos ambiciosos. Los resultados terminarán por llegar.

(*) Periodista y director de La Verdad

http://www.laverdad.es/murcia/educacion-20171112230750-nt.html

‘Rock and roll’ en las vías / Joaquín García Cruz *

Aquel racimo de dátiles sobre la mesa de la Delegación del Gobierno me pasó inadvertido hasta que el anfitrión del almuerzo, Juan Manuel Eguiagaray, me lo señaló con sonrisa chacotera cuando ya nos despedíamos. Eran dátiles argelinos. 

Felipe González había enviado a Eguiagaray a Murcia como delegado del Gobierno, en 1988, para acercarlo a Argel, donde él y Rafael Vera se reunían discretamente con ETA. Eguiagaray ocupó luego dos carteras ministeriales, y ahora, con la perspectiva que da el tiempo, queda claro que el socialista vasco fue, de largo, el político más sólido que ha pasado por la Delegación del Gobierno, en cuya variopinta galería de retratos figuran inquilinos tan singulares como Eduardo Ferrera Kétterer, causante de roces protocolarios porque nunca se hizo a la idea de que el presidente de la Comunidad Autónoma mandaba más que él; una mujer de armas tomar –la científica Concha Sáenz–, y el dentista personal de Felipe González, Eugenio Faraco. 

Si nos remontamos a la transición, encontramos incluso al presentador más popular de la TVde los setenta, Federico Gallo, ejerciendo también de gobernador civil en Murcia. De entre los delegados del PSOE, a Rafael González Tovar (2008-2011) le tocó bailar con la más fea, obligado a trasladar a la ciudadanía los éxitos de un Ejecutivo, el de Zapatero, que había derogado el trasvase del Ebro y estaba ya de capa caída, por lo que hubo de emplearse a fondo.

Al arribar el PP a La Moncloa (1996), bajó mucho el nivel de los delegados del Gobierno, que empezaron a ocuparse más de proteger desde el despacho de Teniente Flomesta los logros de Ramón Luis Valcárcel que de ‘vender’ las decisiones del Consejo de Ministros. Los decretos de La Moncloa que favorecían a la Región se atribuían sin disimulo por aquellos obedientes delegados del Gobierno al presidente autonómico, aunque este no tuviera competencias en el asunto a ponderar. 

Valcárcel era un activo electoral y la orden del partido consistía en mimarlo al máximo para reforzar su progresión ascendente en las urnas. Perfil bajo. Esa era la consigna, que todos acataban disciplinadamente. También hubo delegados que procedían directamente de los gobiernos de Valcárcel, dos de los cuales, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, pasaron a la reserva con borrones judiciales en sus expedientes por actuaciones que databan de sus etapas de consejeros. La comunicación era fluida, sin obstáculos insalvables en el camino y siempre al servicio del Gobierno regional.

El porqué y el cómo de la destitución
Antonio Sánche z-Solís llegó a la Delegación en el verano de 2015, después de una dilatada carrera funcionarial que alternó con varias direcciones generales y otros cargos de segunda fila en la Comunidad Autónoma. Hombre leal a su partido, en el que echó a volar aupado sobre las alas de Ramón Luis Valcárcel, imprimió a su gestión un carácter menos político aún del que cabía esperar. Tanto que parecía perdido en combate. Sus apariciones públicas fueron contadas, jamás levantó la voz, ni siquiera cuando grupos de radicales atacaron hasta cinco veces las obras del soterramiento del AVE. 

Más que un delegado del Gobierno, parecía el jefe del gabinete de un delegado del Gobierno. En San Esteban se cree que no estuvo a la altura. No siempre se le localizó a tiempo cuando el presidente lo buscaba. No siempre aportó la información que se le solicitaba con la celeridad requerida. No siempre mandó a las Fuerzas de Seguridad a las vías. 

Tras instalarse Fernando López Miras en palacio, hace seis meses, la relación de confianza se quebró pronto, hasta el punto que su relevo fue una de las primeras decisiones que adoptó Miras, si bien no la planteó en Madrid hasta esta misma semana, con el fin de que la destitución no se relacionara directamente con el vandalismo en las vías y los escraches casi diarios a altos cargos del PP, incluido el que el propio presidente sufrió en su casa de la Huerta. 

 Desde círculos influyentes de Murcia se criticó entonces la pasividad de la Policía, dado que esta actúa bajo las órdenes del delegado del Gobierno. De los puentes rotos entre la avenida Teniente Flomesta y el palacio de San Esteban da cuenta el modo en que se comunicó a Sánchez-Solís su destitución –por teléfono y desde Madrid–, el miércoles pasado por la tarde, apenas unas horas antes de que ‘La Verdad’ adelantara la noticia. Fue Sánchez-Solís quien llamó después a López Miras –y no al revés– para cruzarse una parrafada. También llamó a Valcárcel, su mentor.

El ya exdelegado solicitará la semana próxima su reingreso como letrado de la Comunidad Autónoma, y quizá algún día reaparezca en otro puesto de libre designación. Mantener la lealtad incólume hasta el final suele hallar recompensa en política. Antonio Sánchez-Solís se va agradecido a su partido, pese a todo, a juzgar por lo que aseguran quienes le han ayudado en las últimas horas a digerir el mal trago de un cese que él no esperaba.

Y en eso llegó Bernabé. Su nombramiento garantiza en la Delegación del Gobierno el ‘rock and roll’ que prometió al tomar posesión de la Consejería de Fomento, donde apenas pudo marcarse un aburrido valls. Francisco Bernabé es el delegado del Gobierno que el PP buscaba para lo que resta de legislatura. No parará de ensalzar al presidente López Miras para ayudarle en sus objetivos electorales, no le temblará el pulso para mandar a la Policía cuando lo vea conveniente, pecará de impetuoso en ocasiones (no lo podrá evitar, esto lo lleva en su carga genética), y se dejará la vida en garantizar el desarrollo de las obras del soterramiento y en hacer posible que, entre tanto, nada –y nadie– sabotee la entrada provisional del AVE en superficie. 

Estará dispuesto a quemarse por la causa. Y tendrá la oportunidad de viajar a Madrid en AVE para tomarse las uvas de 2018 (esta vez, sí), a poco que todo salga como su partido y él mismo prevén que saldrá. Si hace falta, Bernabé sacará el ‘rock and roll’ de la Delegación y lo llevará a las vías, donde ahora se escucha solo la música más calma de Pink Floyd. El mensaje que su compañero en el Congreso Teodoro García lanzó ayer desde su cuenta de Twitter parece premonitorio: «Los que quieren parar el AVE y el futuro de la región de Murcia van a tener enfrente a @bernabepaco. No se lo aconsejo».

(*) Columnista



http://blogs.laverdad.es/menudapolitica/ 

A por las uvas de 2019 / Ángel Montiel *

Fernando López Miras tenía decidido promover el cambio en la delegación del Gobierno desde su propia toma de posesión. Así lo podrían atestiguar en su entorno. Una actitud en línea con la que mantuvo su antecesor, Pedro Antonio Sánchez, quien nunca compartió química con Antonio Sánchez-Solís. Pero PAS no encontró la llave para abrir la sede de la delegación, quizá porque él entró a San Esteban al mismo tiempo que el otro a Teniente Flomesta, y cualquier destitución en ésta habría resultado prematura.

Sánchez Solís, en realidad, acabó resultando la última isla puramente valcarceliana en el complejo político regional que resultó de las elecciones de 2015. Tal vez el único que reportaba a Bruselas. No olvidemos que Sánchez-Solís se subió al coche oficial al mismo tiempo que Valcárcel, quien lo ha llevado de acá para allá, siempre en segunda línea de las respectivas Consejerías por las que ha viajado, pero con más audiencia ante el jefe que el consejero de turno, y la primera vez que se ha bajado sin destino inmediato ha sido esta semana.

Había sustituido a Bascuñana cuando éste tuvo que dimitir forzadamente por los compromisos firmados entre PAS y Ciudadanos para la investidura. Palabras mayores. De Bascuñana, el hombre de las decenas de cuentas bancarias, once años sin acudir al cajero, imputado en Novo Carthago y poco disciplinado ante la Guardia Civil en los controles de alcoholemia, dicen algunos del PP que fue durante un tiempo propietario de un mázinger que permitía abrir automáticamente la puerta del garaje de la sede central de Génova, y esto sin cargo que pudiera acreditarle para esa confianza. ¿A quién iría a ver?

Era un intocable, o eso creía él, como algunos otros. Desde luego, Valcárcel todavía no lo ha olvidado: «Bascuñana está triste; habría que volver a contar con él de alguna manera», ha recomendado el eurodiputado a los de la nueva hornada popular que dirigen ahora la Comunidad y el partido. Es una buena previsión: hay que evitar la tristeza a quienes han prestado grandes servicios al PP, aunque se desconozca en qué consisten. Por si acaso fueran servicios delicados.

Y Valcárcel se adelantó a PAS para colocar en la delegación a otro de los suyos, Sánchez-Solís, éste presentado en apariencia como un hombre de perfil técnico, pues quien entraba en San Esteban iba a acaparar todo el protagonismo político. Pero el nuevo delegado había ocupado un papel central en el rifirrafe de la anulada concesión a Sacyr del aeropuerto de Corvera, con mucho ruido y pocas nueces técnicas o políticas. Es sabido, sin embargo, que en el PP los premios y los castigos no dependen de los resultados de gestión, sino de otras cosas, como la lealtad personal y los subsiguientes etcéteras.

INCOMUNICADOS. Estábamos en que Teniente Flomesta y San Esteban no comunicaban. Ni con PAS ni con FER. Tras dos años de legislatura era la hora de sustituir al intruso una vez que el segundo llegaba a la presidencia. Los incidentes en las vías ferroviarias y la perplejidad del ministro de Fomento al tratar de contactar infructuosamente con el delegado de Murcia para hablar sobre el asunto cuando éste disputaba su habitual partido de tenis, abrieron la puerta a un relevo que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de quien dependen estos nombramientos, debió ver con más lógica si era apoyado o sugerido, no sólo ya por López Miras, sino por De la Serna y hasta por el vicesecretario popular Maroto, quien parece haber establecido lazos de confianza en los pasillos del Congreso con el nuevo delegado, Francisco Bernabé.

El nombramiento de éste se ha hecho esperar porque Soraya, no sé si el lector lo sabe, ha estado muy entretenida durante las últimas semanas con un asunto de menor importancia: Cataluña. Pero todo llega. El cambio en la delegación no puede atribuirse a una decisión rutinaria, pues es el único de sus características que se produce en este contexto en España.

La clave está en lo ya comentado: Sánchez-Solís no era un hombre en línea, aplicado solo a cumplir con las rutinas de su cargo. La versión oficial es que en la delegación se precisaba de una persona con más entidad política. Y ahí es donde aparece Bernabé, quien, por cierto, tuvo en su staff en su etapa de consejero de Fomento a Sánchez-Solís como director general de Transportes. El contrapunto físico que reproducen, el uno de baja estatura, enjuto y fibroso, y el otro voluminoso, apabullante y sobrado puede trasladarse también a lo político.

López Miras se ha traído a Bernabé de nuevo a Murcia sin ningún complejo acerca de la posibilidad de que el de La Unión se lo acabe comiendo con patatas. Frente a lo que algunos puedan desear, el actual presidente de la Comunidad no tendrá rival en el partido al menos durante el tramo previo a que se juegue la finalísima en la primavera de 2019. Y para ese envite necesita poner en funcionamiento todos los activos.

El presidente confía en que Bernabé despliegue la capacidad que le supone para ayudarle a reforzar la acción política (área de la que es vicesecretario en el partido): patear la Región y transmitir buen rollito en favor del que será candidato popular a las autonómicas. El nuevo delegado ha convocado a los responsables de las direcciones provinciales bajo su dependencia en reuniones sucesivas que se celebrarán entre mañana y el martes. Sin perder un minuto. Un gesto indicativo de que Bernabé pretende proyectar la actividad política y administrativa del Gobierno central en Murcia más allá de la función exclusiva de la seguridad ciudadana que más comúnmente se le atribuye.

Hay en el Gobierno regional quienes aseguran que López Miras ´ha fichado´ al de La Unión con una advertencia previa: «No te me vengas arriba y te pongas a trabajar para ti. Te necesito para que trabajes para mí», pero quienes dicen conocer bien a Bernabé aseguran que, en todo caso, se trataría de una advertencia innecesaria, «porque ha demostrado ser una persona muy leal y porque el delegado es un cargo importante para él y se lo debe a quien se lo debe».

METERSE EN CHARCOS. Bernabé es ya un político que arrastra algunas ronchas, casi todas gratuitas y debidas a su espontaneidad. Breve repaso: oponerse al puerto del Gorguel como alcalde de La Unión y reivindicarlo al ser nombrado consejero de Fomento; prometer la llegada del AVE para ir a celebrar la Nochevieja de 2015 a Madrid, lo que en el propio seno del PP le ha valido el ´cariñoso´ apelativo de Paco Uvas; el descalabrante discurso en el Congreso sobre las virtudes de cortarle el rabo a los perros...

Son charcos en los que se ha metido voluntariamente, diríase que sin necesidad, pero cuya fuerza mediática y la facilidad para su deconstrucción en redes sociales restan credibilidad a sus vaticinios y lo dibujan como una personalidad escasamente refinada. De ahí que muchos adelanten el prejuicio de verlo, en su nuevo papel de responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la Región como el hombre de la porra.

A lo que ayudan no poco las declaraciones, habitualmente pintorescas, de su hasta ahora colega de escaño Teodoro García: «No aconsejo a los enemigos del futuro de la Región que se pongan enfrente de Bernabé». Y ya se sabe que los enemigos del futuro de la Región son todos aquellos que discrepen de la política del PP.

No obstante, habrá que admitir en Bernabé cierto arrojo en el interior de su partido, como cuando se convirtió en la única voz que criticó abiertamente que Valcárcel, entonces en todo su poderío, hubiera cedido la sede regional del PP al exconsejero Marqués, imputado en casos de corrupción y ya sin carné, para que celebrara una rueda de prensa. Desde entonces Valcárcel se hace el indiferente ante la presencia de Bernabé, aunque siguen obligados a coincidir en las reuniones de la dirección del PP, uno como presidente de honor y el otro como vicesecretario general.

El nuevo esquema, al menos de principio, es que se abrirán las líneas entre San Esteban y Teniente Flomesta. Uno de los pasos de refuerzo para intentar que, llegada la Navidad de 2019, los dirigentes del PP puedan tomarse las uvas en ambas sedes. A ver si esta vez Bernabé acierta.

López Miras se entrevista con Diego Conesa y Miguel Sánchez

El recién estrenado secretario general del PSOE, Diego Conesa, tiene hoy cita en San Esteban, donde celebrará su primera entrevista con el presidente de la Comunidad. Fernando López Miras recibirá también a Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos. Aunque el líder socialista ha avanzado que podría establecerse una relación de asuntos con coincidencias básicas para impulsar la Región, es con Sánchez con quien el presidente tiene más esperanzas de establecer una relación colaborativa.

 

El líder de Ciudadanos tenía con Pedro Antonio Sanchez mayores dificultades de entendimiento personal a causa de la competencia política en tiempos de militancia juvenil que arrastraron recelos para las circunstancias actuales. Sin embargo, con López Miras hizo buenas migas en los pasillos de la Asamblea antes de que éste fuera elevado a la presidencia.

¿Y si tocara a Andrés Ayala resolver el expediente a Pilar Barreiro?

Hay a quien le entra la risa floja tan sólo de pensar que el expediente que el presidente del PP de Cartagena, Joaquín Segado, se propone abrir a la exalcaldesa Pilar Barreiro por supuestos viajes de placer a cargo de la empresa concesionaria de aguas en el municipio, caiga en la Oficina del Cargo Popular, dirigida por su paisano y exdiputado Andrés Ayala.

Las relaciones políticas y personales entre Barreiro y Ayala han sido casi siempre manifiestamente mejorables, y sería glorioso que el segundo tuviera que analizar si el comportamiento público de la primera se atiene a las reglas de la ortodoxia que marca el PP, si es que existieran tales reglas. Y si en caso de que Ayala estuviera obligado a examinar ese asunto podría esperar de Barreiro que ésta le replicara con apelaciones incómodas para el examinador.

(*) Columnista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/11/12/uvas/874576.html 

El Pleno de Cartagena sabía en 2002 que el acuerdo con 'Hidrogea' era nulo de pleno derecho, según decía el CJRM

CARTAGENA.- "Con el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia (CJRM) del año 2002, el acuerdo de prórroga de 2003 por parte del Ayuntamiento de Cartagena, con la hoy Hidrogea (antes Aquagest), por la práctica unanimidad entónces de los 26 corporativos asistentes al Pleno -sólo con una ausencia- presidido  por Pilar Barreiro, sería nulo de pleno derecho y con presunción de prevaricación, al ser acto claramente injusto a sabiendas.

Pero con el informe de la unidad especial de Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil para el Juzgado nº 1 de Lugo, tal acuerdo es, además, manifiestamente delictivo con el añadido de las pruebas aportadas del presunto delito de cohecho al de prevaricación", al menos así opina un experto en derecho administrativo local, conocedor a fondo de esta cuestión desde el punto de vista jurídico, consultado exprofeso por este digital regional anoche en Cartagena y hoy en Vera.

"Si el actual gobierno de Cartagena prorrogara en base a tal acuerdo delictivo del año 2003 el actual contrato del agua, que vence el 26 de diciembre, y no lo diese por finalizado, estaría cometiendo una acto presunto de prevaricación pasiva y desde luego colaborando con las prácticas criminales, presuntas, de la "asociación verdaderamente ilícita" que es Hidrogea, tal como la ha calificado el Juzgado de Instrucción nº 2 de Lugo, en su Auto de inhibición del 28 de julio de 2015 en favor de la Audiencia Nacional", añade.

"Por supuesto, la amenaza de una fuerte indemnización a Hidrogea si no se respeta la prórroga, sólo es una amenaza banal de Hidrogea que sólo puede dar miedo a los incautos o palmeros, ya que su argumento carece de cualquier contenido jurídico, porque no se puede reclamar el pago de una compra ilegal del contrato del agua.

Es Hidrogea la que tendrá que reintegrar al Ayuntamiento de Cartagena por enriquecimiento injusto desde la apropiación indebida de beneficios económicos derivado de la ruptura del preceptivo equilibrio económico financiero del contrato de concesión", añade el experto, ahora con destino profesional en la Región de Murcia.

"También es muy sospechoso el silencio de más de dos años de la Audiencia Nacional sobre este Auto de inhibición del Juzgado de Lugo, dado el poder de influencia demostrado de Agbar sobre la Justicia española a través del CGPJ, que firmó un Convenio con la Fundación Agbar para formar en “Derecho de aguas” a los magistrados españoles de los TSJ autonómicos, en cursos gratis total en la sede de Agbar en Barcelona durante los años 2011 al 2014.

Convenio y Cursos que sólo se suspendieron en el año 2015 tras denuncia del abogado José Luis Mazón al CGPJ.

Un artículo de este mismo experto, en colaboración, sobre la mafia del agua y que informaba detenidamente de tal Convenio del CGPJ con la Fundación Agbar, ya añadía literalmente:

"Otra muestra del poder de Agbar en la Justicia española es la vergonzosa designación por la Sala 3ª del Tribunal Supremo del mismo ponente para los dos recursos de casación de ciudadanos de Murcia y de Cartagena contra las correspondientes tarifas del agua del año 2012, en la persona del magistrado Joaquín Huelín conocido colaborador de forma pública en tales cursos de Agbar, al haberse publicado un trabajo suyo en libro de Agbar, favorable a las tesis liberalizadoras de Agbar y contrarias al criterio regulador del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo".

El CJRM, tras un dictámen de siete folios solicitado por el propio Ayuntamiento de Cartagena, concluyó en 2002 que "la modificación propuesta, que supone alterar el contrato vigente en un 100 por 100, tanto en precio como en tiempo, implica variar los elementos esenciales del contrato que sirvieron de base para la adjudicación, por lo que no tiene encaje en la legislación aplicable.

Al plantearse un problema derivado de la financiación de obras de competencia municipal, las vías de actuación debieran ser las previstas en la legislación de Haciendas Locales, además de procurar la ejecución del contrato recurriendo a la financiación del contratista hasta el término que se considere aceptable en función del grado de elevación de las tarifas que resulte".

El Tribunal Constitucional niega a Aragón la gestión de la reserva hídrica que aprobó por ley en 2014

ZARAGOZA.- Aragón no podrá gestionar la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que reconoce el Estatuto de Autonomía desde la reforma de 2007. El Tribunal Constitucional acaba de negar la competencia que la Comunidad Autónoma se arrogó por ley hace ahora tres años, ya que ha anulado todos los artículos alusivos a la gestión de la reserva hídrica al considerar que invaden una competencia exclusiva del Estado. Así, estima parcialmente al recurso que interpuso el Gobierno de Rajoy hace dos años a una norma promovida por sus socios del PAR en las Cortes de Aragón, según El Heraldo.

En una contundente sentencia fechada el 19 de octubre, señala que el hecho de que la Ley de Aguas y Ríos de Aragón sometiera las atribuciones a la previa transferencia, encomienda, convenio o cualquier otra modalidad de desplazamiento de las competencias reservadas al Estado "no salva el vicio de incompetencia" de la Comunidad. De hecho, concluye que la doctrina del Alto Tribunal evidencia que Aragón "carece de habilitación estatutaria para legislar sobre la reserva hídrica de una cuenca intercomunitaria, o para atribuir a sus órganos funciones de gestión sobre la misma".

En este sentido, estima que no son admisibles "normas autonómicas cuyo propósito explícito consista en abrir el paso a un ampliación competencial", aun en el caso de que se condicione a una eventual aprobación por parte de las Cortes Generales. Y reitera que la competencia sobre las aguas de una cuenca hidrográfica es exclusiva y plena del Estado, tal y como recoge el artículo 149.1 de la Constitución.

Gestión única de la cuenca

De este modo, da la razón al Ejecutivo de Rajoy, que recurrió en el verano de 2015 hasta catorce artículos de la Ley de Aguas de Aragón alusivos a la gestión de la reserva hídrica de "uso exclusivo para los aragoneses", lo que afectaba a los recursos de la cuenca del Ebro. El Gobierno del PP entendía que esto suponía administrar las aguas de la cuenca hidrográfica supracomunitaria, lo que rompía la gestión unitaria impuesta por la propia jurisprudencia del Constitucional.

El Tribunal Constitucional subraya que debe ser la normativa estatal, "sin ningún tipo de condicionamientos", la que determine el alcance y las modalidades de participación autonómica en lo concerniente a la determinación de los caudales hídricos. Y aún va más lejos al señalar que no corresponde siquiera al legislador estatal concretar las competencias del Estado en esta materia "mediante una fragmentación de la gestión de las aguas intercomunitarias de cada curso fluvial y sus afluentes".

Del mismo modo, la sentencia anula los artículos de la ley que reconocían derechos a la Comunidad que afectan igualmente a la cuenca del Ebro, aunque no incidían en la gestión de la mencionada reserva hídrica. Así, deja sin efecto los procedimientos de autorización de vertidos y reutilización de aguas residuales. 

Y lo hace porque la ley autonómica establecía la aprobación de la propuesta autonómica por silencio administrativo si la Confederación Hidrográfica del Ebro no se pronunciaba en tres meses sobre una materia de la que es competente el Estado. También tumba la asunción de la funciones de policía de aguas por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA), por ser igualmente una prerrogativa estatal.

No obstante, el Alto Tribunal desestima el recurso en lo que se refiere a cinco de los catorce artículos por considerar que se ajustan a las competencias autonómicas. Entre ellos, el que establece que la DGA podrá elaborar planes de regadíos para aprovechar la reserva hídrica, y el que regula el informe preceptivo del IAA sobre los actos y planes de las distintas administraciones con incidencia en el territorio.

Sentencia previa sobre la reserva

La resolución alude a la propia sentencia que dictó en 2011 sobre el Estatuto, en la que se dejó claro que la reserva hídrica de 6.550 hm3 no constituye necesariamente una regulación que se le imponga a la Administración, ya que es ella la que "concretará las reservas de agua de la cuenca del Ebro". 

Es decir, la disposición del Estatuto "no es imposición vinculante para el Estado", ya que no atribuye a la Comunidad más función que la de participar en la competencia exclusiva del Estado sobre la gestión de las aguas.

Versión de http://arainfo.org

El Tribunal Constitucional tumba algunos de los preceptos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón de tal forma que el territorio aragonés no podrá tener competencia exclusiva en la reserva, uso, gestión o cesión de sus recursos hídricos. Esta decisión supone que Aragón no podrá vetar las decisiones que lleguen desde el Gobierno español en relación a los recursos hídricos.

Esta ley fue aprobado por unanimidad en las Cortes de Aragón, incluido el PP, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió esta norma para tumbar aquellos artículos en los que las competencias de los 6.550 hectómetros cúbicos de agua del territorio pasaban a ser competencia de Aragón.

Concretamente anula preceptos como el artículo 4 que aseguraba el aprovechamiento para la población aragonesa de tal forma que impidiera los intentos de trasvase de ríos como el Ebro y ponían freno a la política trasvasística del PP.

Además, anula el registro de los recursos hídricos asignados y reservados por la planificación del Gobierno de Aragón, especialmente en relación con la reserva de agua, presas, embalses y balsas del territorio. 

Por lo tanto, el fallo también anula las competencias que se le habían atribuido al Instituto Aragonés del Agua para la gestión de los recursos.

En definitiva, el TC anula todos aquellos preceptos que incluyen la palabra “exclusividad” tanto en la gestión de los recursos como en el uso de los mismos.

Ciudadanos pedirá en el Congreso de los Diputados la limpieza y puesta en valor de la rambla de Librilla

LIBRILLA.- El diputado nacional de Ciudadanos José Luis Martínez presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados, dirigida al Ministerio de Agricultura, para que se proceda a la limpieza y puesta en valor de la rambla de Librilla.

Martínez ha anunciado esta medida durante la presentación del grupo local de Ciudadanos en Librilla, un acto al que también han asistido el portavoz regional, Miguel Sánchez, la secretaria de Organización, Valle Miguélez y el secretario de Acción Institucional, Francisco Álvarez.

El diputado nacional de la formación naranja ha manifestado que “la rambla de Librilla tiene un gran valor paisajistico que incluso recuerda al Tajo de Ronda. Sin embargo está completamente abandonada, llena de suciedad y escombros, e incluso recibe vertidos de aguas fecales, algo que es totalmente ilegal”.

“Es necesario que se proceda a su limpieza y adecuación. En primer lugar porque se encuentra en un estado deplorable y en segundo lugar porque si se realizan las actuaciones adecuadas se puede convertir en un foco de interés turístico, con los consiguientes beneficios que esta situación produciría en el municipio”, ha finalizado Martínez.

Familias de refugiados sirios se incorporarán a un programa municipal de acogida de 'Accem' en Murcia

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia aprobó un convenio de colaboración con la Asociación Comisión Católica de Migración (Accem) por el que se le concede una subvención destinada a desarrollar en Murcia el programa de apoyo y acompañamiento para la integración de personas refugidas. 

El importe de la subvención es de 10.000 euros, que permitirán el impulso de actividades de acogida e integración de estas personas sin recursos.

Accem cuenta con una larga experiencia en el ámbito de acogida a refugiados políticos y acaba de iniciar su actividad en el municipio de Murcia. 

En los próximos días está previsto que se incorporen nuevas familias sirias al programa de refugiados que tiene en marcha Accem.

El 13,3% de la población activa de la Región se dedica íntegramente a la agricultura

MURCIA.- El 13,3% de la población activa de la Región se dedica íntegramente a la agricultura y, con solo el 3% de los recursos nacionales, la Comunidad Autónoma exporta el 20% de las frutas y hortalizas de España, según los datos expuestos por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar.

Jódar hizo esas declaraciones en la presentación del XII Congreso Nacional de Derecho Agrario, que la Región de Murcia acogerá los días 14 y 15 de noviembre y en el que se abordarán temas tan importantes para el sector agrario nacional como son la Política Agraria Común (PAC) o la comercialización de los productos agroalimentarios. 

El congreso fue organizado conjuntamente entre la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y la Asociación Española de Derecho Agrario, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Jódar presentó el encuentro científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector agrario, administraciones, empresas y cooperativas «para abordar los principales temas que interesan al sector agroalimentario nacional, como la futura PAC, el comercio exterior en el marco actual de la Unión Europea o la resolución de conflictos de competencia».

El numero de militares en la Región desciende un 2,3% desde 2011

MADRID.- El número de efectivos del Ejercito en la Región de Murcia descendió un 2,3% en la Región de Murcia desde enero de 2011 hasta el mismo mes de este año, según datos del Gobierno facilitados en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado.

Así, los efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en la Región pasaron de 6.215 en 2011 a 6.070 este año.

Extremadura, Cantabria y Cataluña son las comunidades autónomas donde más subió el número de efectivos del Ejército desde enero de 2011, seguidas de Galicia y Asturias, mientras que descendieron en el resto de las comunidades, a la vez que crecieron los que están destinados en el extranjero.

En términos porcentuales, la mayor subida corresponde a Extremadura, que con 4.635 efectivos registró un incremento del 12,3%, por delante de Cantabria (67 soldados y un aumento del 8%) y Cataluña, que pasó de 1.996 a 2.121, es decir, un 6,2% más.

Por su parte, entre las que descendió el número de miembros de las Fuerzas Armadas destaca Castilla-La Mancha, con una reducción del 16,8%; Baleares, con el 13,3%, y País Vasco, con un bajada del 12,4%.

Madrid es la comunidad autónoma con más efectivos, con 28.159, aunque registró un descenso del 7,8%. Le sigue Andalucía, con 25.137 y una reducción del 9,7%.

Respecto a estas estadísticas, el Ejecutivo sólo puede proporcionar datos globales relativos a número total de efectivos, incorporaciones y bajas de personal militar y otros «siempre que no comprometan la Defensa Nacional o la eficacia de las Fuerzas Armadas, su material o sus componentes».

«Conforme a la normativa vigente -añade el Ejecutivo-, la distribución y despliegue del personal de unidades de las Fuerzas Armadas a lo largo del territorio nacional constituye material clasificado, ya que puede afectar a la seguridad de las mismas».

El murciano Diego Conesa se estrena en el Consejo de Política Federal del PSOE

ALCALÁ DE HENARES.- El nuevo secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, se estrenó este sábado Alcalá de Henares en el Consejo de Política Federal que dirige el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara y del que forman parte los presidentes autonómicos y secretarios generales de las federaciones.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PSC, Miquel Iceta, protagonizaron la reunión hoy de este órgano y de la del Comité Federal de los socialistas, centrada en la política que ambos han desarrollado de la mano en la crisis secesionista de Cataluña. El alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Quico Toscano, presidió el cónclave, que se celebró en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares.

La reunión constitutiva el nuevo Consejo de Política Federal contó, además de con los barones territoriales y con Sánchez, con el resto de sus miembros: la vicesecretaria general, Adriana Lastra; el secretario de Organización, José Luis Ábalos; el de Política Federal, Patxi López, los portavoces parlamentarios y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

Siete de los diecisiete barones socialistas, incluido Conesa, son nuevos en este órgano y afines a Sánchez: José Manuel Franco (Madrid), Adrián Barbón (Asturias), Gonzalo Caballero (Galicia), Francisco Ocón (La Rioja), Pablo Zuloaga (Cantabria) y Víctor Torres (Canarias).

La Asamblea Nacional Andaluza proclamará la República Virtual de Andalucía el 4 de diciembre, con Murcia incluida

JAÉN.- La Asamblea Nacional Andaluza (ANA), creada por el «escritor poeta, dramaturgo y pintor español» Pedro Ignacio Altamirano, ha anunciado que el próximo 4 de diciembre de 2017 proclamará la «República virtual de Andalucía», un evento en el que proponer leyes y alternativas a las decisiones de la Junta para que se tengan en consideración en el Parlamento Andaluz.

Con la proclamación de la «República Federal Andaluza», la ANA asegura que cada uno o dos meses harán públicas las propuestas de acción y legislativas para hacer partícipes a todos los andaluces.

«Si Cataluña se marcha, el 4-D nos iremos nosotros», dice el presidente de la Asamblea Nacional Andaluza, Pedro Ignacio Altamirano, que recientemente ha mostrado su apoyo al independentismo catalán.

La fecha, además, no está escogida al azar. Altamirano hace referencia a las multitudinarias manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en las que el pueblo pedía la autonomía.

Según informa Ideal.es, han mostrado su intención de que se adhieran a esta iniciativa el «resto de Países Andaluces», incluyendo la Región de Murcia, el Rif Marroquí y el Algarve Portugués.

La Unión Europea declara ilegal el sistema español de cálculo del paro en empleos por horas

LUXEMBURGO.- La legislación laboral española acaba de recibir un nuevo bofetón por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que esta semana hizo pública una sentencia en la que declara ilegal, por considerar que discrimina a las mujeres, el sistema español para calcular la prestación por desempleo en los contratos a tiempo parcial vertical, es decir, por horas. 

La institución con sede en Luxemburgo resuelve el caso de una mujer que trabajó como limpiadora durante más de doce años y medio (entre diciembre de 1999 y julio del 2013) ininterrumpidos, con una jornada diaria de dos horas y media, tres días por semana.
Cuando se extinguió su relación laboral y la trabajadora solicitó el cobro de su prestación por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal le concedió paro por un período de 420 días en lugar de los 720 a los que la demandante consideraba que tenía derecho.
Así pues, la mujer presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, que entendió que, como sostenía la demandante, excluir los días no trabajados al calcular su prestación por desempleo equivalía a introducir una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores a tiempo parcial de tipo vertical.
Además, el juzgado entendió que esta categoría de trabajadores está «doblemente penalizada», ya que a la inferior prestación por desempleo se suma que afecta a «una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres», ya que entre el 70 y el 80 % de los empleados por horas son féminas.
Por ello, el tribunal español preguntó al TJUE si la legislación española en este asunto se opone a la directiva europea sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.
El alto tribunal europeo le ha dado la razón a la trabajadora, ya que considera ilegal el sistema español de cálculo para determinar el período de prestación por desempleo y establece que cada día de trabajo a tiempo parcial debe computar como un día a tiempo completo para calcular los períodos de cotización para el cobro del paro.
El TJUE infiere que la fórmula que aplica España constituye «una diferencia de trato en perjuicio de las mujeres», que son las que mayoritariamente acceden a este tipo de empleos.
El Gobierno alegó que el principio de cotización a la Seguridad Social justifica la existencia de la diferencia de trato observada, y que para respetar el principio de proporcionalidad se contabilizan solo los días realmente trabajados.
Pero Luxemburgo no transige e insiste en que «la medida nacional controvertida no parece adecuada para garantizar la correlación que debe existir entre las cotizaciones pagadas por el trabajador y los derechos que puede reclamar en concepto de prestación por desempleo».
«Lo que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina es que cada día de trabajo a tiempo parcial computa como un día a tiempo completo para calcular los períodos de cotización, para estimar la prestación por desempleo», resume Antonio Arsenio Iglesias Vázquez, socio de Vento Abogados y Asesores.
Pero el experto considera que los efectos del fallo irán más lejos. «Quizá se está abriendo la posibilidad de que todas aquellas personas que hayan trabajado a tiempo parcial y estén percibiendo una pensión de jubilación o una incapacidad, puedan reclamar que los días cotizados cuando trabajaron a tiempo parcial computen como días completos para determinar los períodos de cotización», añade el especialista.
En lo que respecta a los trabajadores que ya estén percibiendo la pensión, Iglesias Vázquez considera que podrían reclamar que se calculen las etapas cotizadas con el nuevo criterio, «con derecho a incrementar la pensión según proceda».
Según los últimos datos estadísticos disponibles, los correspondientes al tercer trimestre del año, el 14,3 % de los ocupados en España, lo que se traduce en más de 2,7 millones de trabajadores, tienen un empleo a tiempo parcial. Se trata de la tasa más baja registrada en los últimos años.

Bruselas da luz verde al sistema español de ayudas a las energías renovables

BRUSELAS/MADRID.- La Comisión Europea ha autorizado ya las ayudas financieras a las energías renovables que se aplican en España desde el año 2014. Cerca de 40.000 beneficiarios reciben esta subvención, que en 2016 supuso un desembolso de 6.400 millones de euros de dinero público, publica el diario español Expansión.

"El sistema español de apoyo a la generación eléctrica de fuentes renovables, la cogeneración de calor y energía de alta rendimiento están en línea con las normas de ayudas de Estado de la UE", afirma el Ejecutivo comunitario en un comunicado. 

El plan español ofrece una prima a los fabricantes de energía renovable, que se suma al precio de mercado. Desde 2016, las ayudas para nuevas instalaciones se efectúa mediante subastas y los beneficiarios solo recibirán compensación si el precio de mercado cae por debajo de los precios actuales. 

Según el diagnóstico de la Comisión, esto da seguridad jurídica para poder lograr financiación y completar los proyectos a tiempo.
Al tratarse de una ayuda pública significativa, esta debe recibir la luz verde de Bruselas para asegurarse de que las distorsiones que produzca en el mercado son proporcionadas y tienen como fin cumplir con un objetivo legítimo.
En este sentido, Bruselas destaca que el sistema ayudará a España en la tarea de cumplir el objetivo de que en 2020, el 20% del mix energético provenga de energías renovables.
En las últimas subastas para lograr estas ayudas, se han asignado ayudas para construir instalaciones con capacidad de 8 gigavatios. La mayoría de ellas, para plantas eólicas y de paneles solares.

Celedonio Buendía Ros compra por 18,5 millones de euros la joya embargada a Juan Antonio Roca

MÁLAGA.- Desde hace tiempo, colgaba sobre su monumental fachada un cartel de 'se vende'. La finca La Loma estaba considerada como la joya principal del imperio latifundista de Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Ahora, el tribunal que enjuició el caso Malaya ha autorizado la venta de la finca ubicada en Los Alcázares (Murcia), por un valor de 18,5 millones de euros. El montante habrá de ser aplicado al abono de la responsabilidad civil a la que Roca fue condenado como cerebro de la trama de corrupción marbellí, según recuerda Vanitatis.

A finales del año 2016 el juez ya autorizó la venta de otra vivienda de Roca, en pleno centro de Marbella, concretamente en la calle Incosol, por 700.000 euros que, tras deducir gastos e impuestos, también fueron destinados a cubrir parte de la citada responsabilidad civil. Posteriormente se vendió también una casa en Ibiza por 450.000 euros y hoy se negocia la venta, según fuentes consultadas por este diario, de un unifamiliar en Santanyí (Mallorca) valorado en 2,3 millones.

La Sala ha dado el visto bueno a la venta de La Loma tras el acuerdo inicial alcanzado entre el administrador judicial y la entidad mercantil, según el auto judicial al que ha tenido acceso Vanitatis. La Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes interesadas en el procedimiento también han mostrado su conformidad con la compraventa y el precio del mismo. La Sala explica en la resolución judicial que la postura favorable de la venta se ve reforzada por la ausencia de ofertas más favorables y por la beneficiosa forma de pago acordada.

La Loma es, como decíamos, la joya de la corona del imperio Roca. Sus 82 hectáreas están divididas en cuatro fincas (La Loma, Los Santos, El Pino y El Molinar) en las que se viene desarrollando una explotación agrícola de cítricos, concretamente naranjos, limoneros y mandarinos. La vivienda que hay dentro de la finca es también, como cabía esperar, de dimensiones megalómanas: diez dormitorios, nueve cuartos de baño, tres aseos, tres cocinas, dos salones comedores, tres salas de estar, despacho, gimnasio y cinco distribuidores, además de despensa, bodega, sala de TV, variados almacenes y trasteros, ermita y porche con vistas a la piscina.

Los nuevos propietarios

¿Y de quién es ahora esta impresionante finca? Según el auto, quien firma como comprador en el contrato autorizado es la empresa Productores y Comercializadores de Melón SL. Se trata de un empresa murciana, dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas, con un volumen de venta en 2016 que supera los 20 millones de euros y un balance en dicho ejercicio de más de 600.000 euros en positivo. Los números de la empresa son boyantes, como no podía ser de otro modo, dada la cantidad que desembolsarán por La Loma. De hecho, el activo de la empresa supera los 10 millones de euros.

Según información registral, esa empresa cuenta con tres administradores. Destaca el nombre de Celedonio Buendía Ros, que es un conocido empresario murciano proveniente de una familia de meloneros que lleva tres generaciones trabajando la tierra. A Buendía “se le ve alto, prieto de carnes y buen conversador”, según escribió el periodista García Martínez, encargado de entrevistarle hace unos años en el diario 'La Verdad'. En ese texto se le define también como “el rey de los melones”. 

Estamos hablando de todo un tiburón de la hortaliza, pues cuenta con 25 cargos en más de 10 sociedades distintas. Solo en otra de ellas, de la que también es administrador, El Abuelo de los Melones SL, dedicada sin duda a la memoria del hombre que le abrió paso en este sector, tiene un activo que supera los 7 millones. ¿Quién no se ha comido en España alguna vez un melón con esa etiqueta?

Los bienes de Juan Antonio Roca salieron hace alrededor de dos años al mercado en una web habilitada por el tribunal que juzgó el caso Malaya con el fin de "poder atender al conjunto de responsabilidades civiles y penales al que ha resultado condenado el Sr. Roca Nicolás". 

El site recibió más de medio millón de visitas el día de su apertura. Así que ya sabe, si quiere vivir en alguno de los casoplones de Roca en Sevilla, Baleares o Marbella, no tiene más que darse una vuelta virtual por el catálogo. Aún pueden ser suyas cuatro casas, un hotel, cuatro fincas, cinco locales, un garaje y hasta un puesto de atraque en Puerto Banús, entre otras muchas lujosas rarezas.

'Navantia' pagará las cuantías que adeuda por los ascensos

FERROL.-Debería de haber sido el año del diálogo entre la dirección de Navantia, su accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los representantes de los distintos sindicatos para pactar el plan industrial para despejar el futuro de la compañía pública. Pero el diálogo entre las partes ha brillado por su ausencia con ese fin debido al conflicto originado por la aprobación del cuarto convenio colectivo, que fue recurrido ante los tribunales por CC. OO. y CIG, recuerda hoy La Voz de Galicia. 

El Tribunal Supremo dio la razón a los sindicatos y los astilleros públicos tuvieron que reponer los derechos anulados. Pero el mayor escollo que se encontraba era satisfacer las cantidades pendientes por las asimilaciones -ascensos profesionales- que se producen en la antigua Bazán cada ocho años. Navantia y la SEPI aseguraron que, al suponer un incremento de la masa salarial, y al tratarse de una compañía pública chocaba con la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales de Estado, y se encontraban con muchas dificultades para hacer frente a ese pago.

Ese conflicto, que ha mantenido a las plantillas secundando distintas medidas de presión, está en vías de resolución. Navantia ha comunicado a los responsables de la coordinadora de comités de empresa que va a proceder al abono de las cantidades pendientes por las asimilaciones profesionales antes de que termine el año. No obstante, los responsables de las plantillas reclamaron al responsable de Recursos Humanos de la compañía que los ascensos profesionales fuesen recogidos ya en la nómina de este mes, además del pago del importe atrasado.
El directivo pidió 24 horas de plazo para abordar la propuesta de los sindicatos y el fin de ese plazo expiró coincidiendo con dos jornadas de fiesta (jueves y ayer) en Madrid, por lo que ni en Navantia ni en la SEPI trabajaron. Así las cosas, el lunes habrá de producirse la resolución.
Además de para dar cumplimiento a la mencionada sentencia del Supremo, de diciembre del pasado año, el reconocimiento de las categorías antes de que finalice este año es de crucial importancia principalmente para aquellos trabajadores que estén próximos a la jubilación, precisamente cuando se está a las puertas de que se negocie un plan que va a implicar la salida de empleados para favorecer también el rejuvenecimiento de las plantillas.
Si la empresa cierra ya la herida abierta en la negociación del cuarto convenio colectivo, la decisión será abordada en asambleas en los distintos astilleros con el fin de poner el punto y final a las medidas de presión. En Ferrol, por ejemplo, los trabajadores mantienen bloqueado el traslado del módulo de la superestructura y del palo del Buque de Acción Marítima (BAM), entre otros.
El restablecimiento de la paz social ha sido durante todo este año una demanda tanto de la dirección de la empresa como de los sindicatos para abordar el plan estratégico, imprescindible para despejar el futuro a corto y medio plazo de la compañía.
Los portavoces de los trabajadores quieren que las asimilaciones entren ya en vigor.

Beatifican a 12 mártires murcianos de la Guerra Civil

MADRID.-El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, el cardenal Angelo Amato, ha invitado este sábado a recordar a los mártires de la Guerra Civil española -entre ellos, los 60 que han sido beatificados este sábado 11 de noviembre en Madrid- para que no se repita "el terror de aquellos años oscuros".

"Con frecuencia en España se realizan beatificaciones de mártires de la fatídica persecución religiosa de los años 36 al 39. La Iglesia celebra estos eventos con un doble propósito: para invitar a los fieles a permanecer firmes en la fe y para exhortar a todos a evitar el terror de aquellos años oscuros que cubrieron vuestra hermosa patria de la sangre de personas inocentes e indefensas", ha indicado durante la ceremonia de beatificación de 60 mártires de la Guerra Civil española, pertenecientes a la familia vicenciana y que ha tenido lugar en el Palacio de Vistalegre de Madrid.
En este sentido, ha insistido en que "no se puede ni se debe olvidar esa trágica historia, un ejemplo de heroísmo cristiano pero también una página oscura de crueldad gratuita contra personas indefensas e inocentes", para "que no se repita una oleada similar de odio fraticida".
Entre los mártires beatificados este sábado, hay 39 de Madrid, seis de Cataluña, tres de la Comunidad Valenciana y doce de la diócesis de Cartagena-Murcia. La ceremonia coincide con los 400 años del comienzo del carisma vicenciano (de San Vicente de Paúl).
Según ha precisado el cardenal Amato, en la documentación de la causa de beatificación se evidencia que la única razón de sus asesinatos fue "el hecho de ser católicos".
En concreto, ha indicado que en aquellos años, "en muchas regiones españolas reinaba el hostigamiento y la arbitrariedad más absoluta con el único objetivo de aniquilar a la Iglesia católica" y ha lamentado que "los lugares de culto fueron incendiados, los conventos clausurados, las escuelas ocupadas y la gente encarcelada y asesinada".

"Ola de vandalismo ciego e ignorante"

"Esta ola de vandalismo ciego e ignorante destruyó objetos y monumentos del pasado, precioso patrimonio artístico de España. No hubo ningún respeto a la libertad y dignidad de las personas, fue una tormenta que azotó violentamente a la nación cubriéndola de polvo, de humo, de sangre y de cadáveres; fue una macabra exaltación del mal y del odio", ha zanjado.
Por ello, ha puntualizado que celebrar a los mártires de la persecución religiosa es al mismo tiempo "celebrar el misterio del amor absoluto de Dios" y "acercarse al misterio del mal absoluto causado por el enemigo de Dios".
"Los mártires nos introducen en el luminoso horizonte de la auténtica humanidad, sus verdugos por el contrario, en las tinieblas del corazón humano. Los primeros nos edifican, los segundos nos obligan a repudiar sus malvadas acciones", ha matizado.
En cualquier caso, ha ensalzado el coraje y la firmeza en la fe con la que estos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos católicos respondieron a esta "persecución ciega e inhumana".
En concreto, ha puesto algunos ejemplos como el del padre Vicente Queralt, "un sacerdote culto, buen orador, que distribuía entre los necesitados todo lo que recibía de su familia", que fue capturado y fusilado el mismo día; el de los jóvenes Manuel Trachiner Montañana y Vicente Cecilia Gallardo, capturados en la carretera de Canillas al ser encontrados llevando en sus maletas la sotana y el crucifijo; o el del religioso paúl José Ibáñez, que tras ser detenido cuando iba a celebrar misa en un hospital madrileño, "fue obligado a caminar desnudo, fusilado, abandonado y descuartizado".
"Estos son solo algunos ejemplos de los atroces sufrimientos, ellos son testigos de la vida buena del Evangelio, sus asesinos no honran la dignidad de ser humano", ha indicado Amato. No obstante, ha añadido que los cristianos también deben "orar por los verdugos" y "perdonar" como lo hicieron los propios mártires cuando iban a ser asesinados.
Amato ha puesto de relieve el ejercicio de la caridad de la familia vicenciana y, a su juicio, ese "tesoro" fue lo que provocó "el enojo de los partidarios del mal, los cuales se convirtieron en promotores de la división, incitando a los jóvenes a saquear y destruir".
"Eran unos falsos profetas que gritaban: hay que destruir la Iglesia, luchad, matad", ha añadido.

Por la concordia y la unidad

Por su parte, el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, --que ha concelebrado junto a Amato y al cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares--, ha pedido a los santos y mártires del siglo XX en España que intercedan "por la concordia, la unidad, la paz y el progreso en toda España".
Desde este sábado, son ya 440 los santos y beatos mártires del siglo XX cuyos restos yacen en Madrid. Las reliquias de más de 300 de ellos pueden ser veneradas en 34 lugares, entre ellos, ahora la Basílica de la Milagrosa.
"Nuestra archidiócesis se honra y se alegra mucho de ser ya reconocida como una Iglesia de mártires", ha subrayado Osoro, al tiempo que ha afirmado que "la Iglesia no puede nunca olvidarse de esos hijos que han unido su propia sangre a la sangre preciosa de Cristo" y "que dieron su vida por amor a Dios y a sus hermanos".
También ha mostrado su agradecimiento a todos los que han hecho posible esta beatificación, al Papa Francisco, al cardenal Amato por "sus palabras certeras y cálidas", a los postuladores de la causa, a los ocho cardenales y 28 obispos que han participado en la celebración, a las autoridades civiles, a los familiares y amigos de los mártires y a los vecinos de sus ciudades que han viajado hasta Madrid para asistir a la beatificación.

'Adif' gasta casi 7.000 euros en folletos publicitarios sobre su proyecto de llegada del AVE a Murcia

MURCIA.- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) gastó los pasados 7 y 8 de octubre un total de 6.813 euros en el diseño, impresión y reparto de 30.000 folletos a color en los que explicaba su proyecto para la llegada del AVE a Murcia bajo el título "#SoterramientoReal".

Así lo ha podido saber Cambiemos Murcia a través de su vocal en la junta municipal de San Pío X, John David Babyack, que preguntó sobre este asunto en el Portal de Transparencia del Gobierno de España y hoy ha recibido contestación firmada por el presidente de Adif, Juan Bravo.

La respuesta detalla que el gasto en concepto de diseño, maquetación, coordinación, realización de la infografía y fotomecánica fue de 1.200 euros, mientras que la impresión, en formato A2 y plegado en cuatro, alcanzó los 3.093 euros.

A esto se suma el encarte publicitario, cuyo coste ascendió a 2.520 euros, lo que da un resultado total de 6.813.

Respecto a las partidas presupuestarias a las que se cargaron dichos conceptos, "la Dirección de Comunicación y Corporación Corporativa de Adif aclara que no cuenta con asignación para esto en particular, "por lo que el importe de los encartes se cargó al presupuesto general de la citada Dirección".

"Es muy significativo que Adif haya gastado cerca de 7.000 euros en engañar a los vecinos y vecinas de Murcia con promesas de un AVE soterrado, cuando la realidad es que nos encontraremos durante años con un muro de más de cinco metros de alto dividiendo nuestra ciudad y que cerrará los pasos a nivel", ha afirmado Babyack.

El diputado Teodoro García (PP) cree poder ganar el Jubileo y sus indulgencias faltando a la estadística

CARAVACA DE LA CRUZ.- Los diputados nacionales del Partido Popular por la Región de Murcia han peregrinado esta mañana hasta el Santuario de la Vera Cruz en Caravaca , acompañados de sus familias y del presidente del PP en el municipio, Jose Francisco García.

El portavoz adjunto del GPP en el Congreso, Teodoro García, ha afirmado que 2017 “ha sido el Año Jubilar más importante en la historia de Caravaca, el que más personas ha atraído, más inversiones directas ha generado y más riqueza ha creado”.

García se ha referido al impacto que han tenido los incentivos fiscales recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de este año, “en inversiones directas e indirectas han generado más de 10 millones de euros”. Y ha añadido que han sido “los incentivos más largos y más productivos”. 

“Este Año Jubilar se ha convertido en una referencia nacional e internacional” ha dicho.

El portavoz adjunto del PP en la Cámara baja ha destacado cómo el pueblo de Caravaca se ha volcado en el acontecimiento “ hay que agradecer y reconocer la acogida a los peregrinos por parte de comerciantes, empresas y todos los caravaqueños en general”.

El presidente del PP en Caravaca, José Francisco García, ha agradecido la presencia de los diputados nacionales que “vienen como unos peregrinos más” y ha señalado que gracias al Año Jubilar “Caravaca y la Vera Cruz son símbolos religiosos que van más allá de la Región”.

La Audiencia Provincial desestima una querella de funcionario municipal contra el digital www.totana.com

TOTANA.- La Justicia ha dado la razón a Totana.com y condenado al Inspector de Obras del Ayuntamiento de Totana a pagar las costas del juicio instado de parte al desestimar una querella criminal presentada contra el citado medio local y contra una ex concejala socialista.

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia en reciente resolución  judicial de fecha 6 de octubre de 2017, ha confirmado la que en su día dictó el Juzgado de Instrucción nº 4 de Totana, desestimando la Querella Criminal por  injurias y calumnias presentada por Alfonso Cañizares Tudela (Inspector de Obras del Ayuntamiento de Totana) contra la exconcejal socialista Belén Muñiz y Totana.com.

Antecedentes

Alfonso Cañizares Tudela se querelló contra "Totana.com" y la que fuera concejal del PSOE Belén Muñiz, por publicar en noviembre y diciembre de 2014 que ningún funcionario del Ayuntamiento de Totana adscrito al área de urbanismo tenía reconocida su compatibilidad para desempeñar trabajos fuera de su función pública, lo cual podía constituir a juicio de la entonces edil socialista,  según el ámbito de actuación laboral de éste Inspector de Obras, "prevalerse del trabajo municipal" pudiendo constituir un caso más de corrupción.

La Audiencia Provincial destaca que los hechos dados a conocer y publicados por “Totana.com” carecen de rango ofensivo y no soportan un juicio de tipicidad provisoria, (esto es, ausencia de conducta antijurídica)  incidiendo en el hecho consolidado por más de 40 años de reiteradísima Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de que cuando entran en colisión conceptos tales como libertad de información y derecho al honor, la Información goza de una posición preferente y ha de prevalecer siempre.

La Querella es infundada

La resolución judicial recuerda que la imposición de costas al querellante tiene como fundamento evitar querellas infundadas o la imputación injustificada de hechos delictivos y debe atenerse a los criterios de evidente temeridad y notoria mala fe.

Uso "torticero" de la Justicia

Añade que la instrumentalización del Derecho Penal para silenciar o acallar críticas lleva a declarar al querellante incurso en temeridad.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Murcia acuerda desestimar el recurso interpuesto por el querellante Alfonso Cañizares Tudela, confirma la resolución judicial del Juzgado de Totana y lo condena en costas por temeridad y mala fe.

Cabe recordar que en su Querella Criminal, ahora tumbada por el juzgado, Alfonso Cañizares Tudela solicitó 20.000 € de responsabilidad civil a Belén Muñiz y a Totana.com

Totana.com

El director de Totana.com ha mostrado su satisfacción tras conocer la resolución judicial que echa por tierra la querella presentada por el Sr. Cañizares Tudela,  destacando tal y como recoge el contundente auto judicial, que no existió rango ofensivo en lo publicado por este portal.

Asimismo, asegura que durante la vista previa del Juicio no solo no se pudo acreditar la existencia de injurias y calumnias, sino que todo lo publicado en su día era cierto, debiendo prevalecer el derecho de todo ciudadano a ser informado verazmente.

A su juicio se trató de una querella infundada tras el expediente informativo abierto al querellante por el Ayuntamiento de Totana, al objeto de determinar las condiciones en la que desarrollaba su actividad privada sin la debida compatibilidad previa.

Belén Muñiz

Por su parte, la exconcejal socialista Belén Muñiz también ha mostrado su satisfacción tras conocer la resolución judicial.

Asimismo afirma que el auto judicial, al asegurar que no hubo rango ofensivo, "desmiente rotundamente lo afirmado por la junta de personal funcionario y el comité de empresa del ayuntamiento en un documento que fue aportado por el querellante", y añade que "se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las responsables de firmar dicho documento".

Angeles García Navarro (Podemos): "Tenemos que sacar a la atención primaria de la UCI"

MURCIA.- Podemos llevará a la Asamblea Regional una batería de medidas para salvaguardar y potenciar el sistema público de atención primaria para "lograr una visión de salud mucho más ambiciosa e innovadora, donde el eje central del sistema sea la atención primaria apostando por garantizar una atención con la máxima calidad y seguridad para la ciudadanía. 

La diputada Regional de Podemos, Ángeles García Navarro ha explicado que la Atención Primaria es "uno de los elementos básicos del sistema sanitario y que garantiza la accesibilidad, sostenibilidad y equidad, y en esta Región, no ha dejado de menguar". 

Esto ha supuesto, según ha indicado García Navarro, "un aumento de las desigualdades porque las personas con menor poder adquisitivo utilizan más la atención primaria por ser la más accesible y cercana al territorio, mientras que la especializada y los hospitales son utilizados por los niveles más altos", a este hecho ha añadido que "se ha producido un abandono total de la atención primaria en zonas rurales y alejadas de los núcleos urbanos donde nos encontramos con consultorios y servicios de urgencias cerrados".

En este sentido ha resaltado que "los usuarios ya están sufriendo listas de espera de hasta cinco días de cara a una cita para ser atendidos en su centro de salud, a lo que hay que sumar la precariedad laboral creciente con médicos de familia que acumulan hasta 40 contratos anuales".

Del mismo modo ha indicado que esta situación se da porque "en nuestra región las partidas presupuestarias destinadas a atención primaria son ridículas, ya que más del 80% del presupuesto a en Sanidad se destina a gasto hospitalario y gasto farmacéutico".

Por este motivo la diputada regional de Podemos ha avanzado que va a presentar una moción en la Asamblea Regional, en defensa de la atención primaria en la Región de Murcia para "sacarla de la situación de emergencia en la que se encuentra".

La moción contempla entre otros planteamientos: Ajustar el cupo de pacientes por médico, garantizar a la asistencia de al menos 10 minutos por paciente, cambiar el proceso de citación para consultas de especialidades y pruebas diagnósticas de manera que ningún paciente salga de su centro de salud sin conocer la fecha de la cita y aumentar así el grado de transparencia, así como también tomar las medidas laborales necesarias para garantizar la calidad asistencial en primaria, como es el aumento de la plantilla en todas las categorías profesionales.

Con estas medidas la diputada regional ha concluido en que "tenemos que hacer un plan de choque para salvaguardar la atención primaria, de modo que no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dependiendo de la zona donde residan, porque no nos merecemos una atención secundaría sino primaria y en condiciones"

Lorca crece a un ritmo mensual de 100 habitantes alcanzando una población total de 94.591 personas

LORCA.- El concejal de Estadística del Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, ha hecho  un análisis de la población del municipio. En concreto, la población provisional, sin la repercusión de bajas que remitirá el INE en el fichero mensual correspondiente al mes de octubre, es de 94.591 habitantes a fecha del 31 de octubre de 2017, lo cual supone que en lo que va de año haya habido un crecimiento de 1.078 personas. De estos datos el 51,4 por cien son hombres, aspecto lógico en una sociedad receptora de inmigración, y el 48,6 por cien mujeres.

Francisco García ha señalado que "del total de la población un 78,1 por cien son españoles, mientras que el resto lo componen 82 nacionalidades entre las que destacan Marruecos con un 10,24 por cien del total poblacional, Ecuador con un 4,6 por cien, Rumania con un 1,6 y Bolivia, Ghana, Reino Unido o Bulgaria que superan el 0,5 por cien. 

La distribución espacial nos muestra que la población residente en el casco urbano supone el 64,5 por cien quedando el resto distribuido entre las pedanías, siendo las más pobladas La Hoya (4.086 hab), Campillo (3.946 hab), Tercia (3.057 hab) y Cazalla (2.909 hab.) y las menos Culebrina (9 hab) y Puntarrón (5 habs)".

El concejal de Estadística ha indicado que "el movimiento de la población se refleja tanto en las altas como en las bajas que se producen, clasificándose esas altas y bajas según su motivo. 

El total de altas incluidas en el Padrón Municipal de Habitantes hasta el mes de octubre ha sido de 3.909, desglosándose en 2.731 por cambio de residencia (procedente de otros municipios españoles o del extranjero), 424 por omisión, (personas dadas de baja por causas administrativas y no de movimiento real) y 754 por nacimiento. 

El total de bajas repercutidas sobre el registro padronal ha sido de 2.912 repartidas en 1.670 por cambio de residencia a otros municipios españoles o al extranjero, 767 de carácter administrativo tras la resolución de los oportunos expedientes y 475 por defunción".

De las 2.731 altas que se han registrado por cambio de residencia correspondientes a ciudadanos de 54 nacionalidades distintas, durante los primeros diez meses del año en el Padrón Municipal de Habitantes un total del 31 por cien se corresponde con altas de ciudadanos de origen marroquí, y un 32 por cien de ciudadanos españoles, mientras que en torno al 6 por cien se sitúan los nacionales de Rumanía y Ecuador. 

Si ponemos el foco en los países de procedencia de las personas dadas de alta, el 58 por cien proceden de municipios españoles.

Según la nacionalidad del ciudadano que causa alta, los españoles proceden mayoritariamente de España (88,4 %), mientras que un 6,2 lo hacen desde Ecuador y un 2,4 desde Francia. Los de origen ghanés y senegalés, provienen mitad por mitad de su propio país o de otros municipios españoles. Los ciudadanos marroquíes se desplazan a Lorca mayoritariamente desde su país (51,5 %), siendo también muy numeroso los que lo hacen desde otros municipios españoles (47,7 %), si bien, de forma poco significativa, también proceden de Francia, Italia y Alemania. 

Para las altas procedentes del extranjero hay que reseñar que el 38 por cien proceden de Marruecos, más del 11 por cien de Rumania y Ecuador y entre el 2,5% - 5% proceden de Nicaragua, Ghana, Bolivia, Bulgaria, Colombia y Reino Unido.

Existe también una serie de altas y bajas tramitadas administrativamente como consecuencia de expedientes de baja o de altas por omisión correspondientes a esas bajas producidas. Las altas por omisión son consecuencia de altas producidas tras una baja de carácter administrativo y durante el período enero-octubre se han contabilizado algo más de 400, que mayoritariamente se corresponden con ciudadanos extranjeros, alcanzando el 88,2 por cien.

Las bajas que se realizan por inclusión indebida o por caducidad de las inscripciones padronales han alcanzado la cifra de 767, número susceptible de aumentar una vez se vayan finalizando los cientos de expedientes abiertos y aún no finalizados. 

La mayor parte un 79,40 por ciento se corresponden con expedientes de baja de oficio tras denuncia de parte interesada o por no "confirmación de residencia" de los extranjeros con autorización de residencia permanente o de la unión europea. 

De estas bajas administrativas el 30 por cien se corresponde con ciudadanos marroquíes, mientras que los rumanos y ecuatorianos superan el 18 por cien y otra serie de países como Bolivia o Ghana alcanzan el 4 por cien.

Con respecto al movimiento natural de la población los ficheros incorporados al padrón arrojan una cifra de 475 defunciones, en su mayoría españoles (97,7 por cien). Los nacimientos por su parte alcanzan los 754 de los que la mayor parte son españoles (62,1 por cien) y marroquíes (27,7 por cien), seguidos muy de lejos por los ecuatorianos que rozan el 5 por cien y más alejados por los rumanos y ghaneses que no alcanzan el 2 por cien.

Además de todos estos movimientos que afectan al número de inscritos en el Padrón de Habitantes, de este registro se extraen los documentos que constituyen prueba del domicilio, certificados y volantes de empadronamiento, que ya han alcanzado cifras de más de 26.000 volantes de empadronamiento o convivencia y de 3.000 los certificados de cualquier tipo. Otras tramitaciones son los cambios de domicilio que superan ampliamente los 4.300.

Los trámites relacionados con la población extranjera se centran en las renovaciones de las inscripciones padronales y en las confirmaciones de residencia, con cuya obligación deben cumplir en periodos de dos años para estas últimas, habiéndose realizado más de 600 de las primeras y unas 370 de las segundas. 

Las modificaciones que afectan a los datos personales de los residentes en Lorca alcanzan casi las 2.000, consistiendo estas en la grabación de documentos de identidad y tarjetas de residente, modificación de la nacionalidad, modificación de títulos escolares, o corrección de errores en fechas de nacimiento o nombres y apellidos.