MADRID.- El
retraso en el rescate de las autopistas de peaje ha aumentado la
probabilidad de que las Administraciones Públicas cumplan su objetivo de
déficit para este año, del 3,1 % del PIB, que es así "factible" aunque
"muy ajustado", según la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF).
La
responsabilidad patrimonial del Estado en las autopistas de peaje
costará unos 3.500 millones, un impacto que inicialmente se distribuía
entre 2017 y 2018 pero que finalmente, debido a los tiempos judiciales,
se concentrará casi exclusivamente en el próximo año, según ha explicado
hoy el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, en la presentación
del informe sobre objetivos.
Este
retraso en el impacto mejora las perspectivas de cumplimiento del
objetivo de este año, que aun así resulta "muy ajustado" porque, como ha
insistido la Autoridad en varias ocasiones, los ingresos "van a quedar
algo por debajo de las previsiones presupuestarias".
Por
subsectores, la probabilidad de cumplimiento es "dispar", en parte
debido al "poco realismo" en la fijación de los objetivos de cada uno de
ellos, por lo que la AIReF reclama una vez más una metodología que
sustente el reparto y que facilite la implementación de mecanismos
correctores.
El
objetivo de déficit de la administración central, del 1,1 % del PIB, es
de "muy improbable" cumplimiento por el esperado desvío en los ingresos
presupuestados, especialmente el IRPF, que crece por debajo del PIB
nominal y "en ningún caso" incrementará su recaudación un 8 % como
espera el Gobierno.
A
esto se añade el impacto del acuerdo sobre el cupo vasco (1.400
millones de euros) y la liquidación definitiva del sistema de
financiación de las administraciones territoriales de 2015 (1.200
millones), que impactarán en la segunda mitad del año.
La
Autoridad también ve muy improbable que los fondos de la Seguridad
Social logren cerrar el ejercicio con un déficit del 1,4 % del PIB, ya
que cree que no se logrará la previsión de ingresos del Gobierno, y
apunta a un desfase de alrededor del 1,6 %.
En
materia de pensiones, Escrivá ha reiterado que, en ausencia de medidas
-algo poco probable dado que actualmente se espera la opinión del Pacto
de Toledo-, si solo se revalorizan el mínimo hasta 2022 la pérdida de
poder adquisitivo en una década se situará entre el 7 % y el 8 % y no se
logrará el equilibrio presupuestario.
En
cuanto a las comunidades autónomas, la AIReF cree probable que logren
un déficit agregado del 0,6 % del PIB, en parte gracias al aumento de la
dotación presupuestaria y el impacto positivo de la liquidación de
2015.
En
su opinión, será "muy probable" que logren su meta Andalucía, Asturias,
Baleares, Canarias, Galicia y La Rioja; "probable" en el caso de
Castilla y León y Madrid, y "factible" para Castilla-La Mancha,
Cataluña, Navarra y el País Vasco.
Aragón, Cantabria, Extremadura y la Comunidad Valenciana lo tienen "improbable", y "muy improbable", Murcia.
Las
corporaciones locales, por su parte, registrarán probablemente un
superávit superior al del pasado año, impulsadas por el acuerdo de la
Comisión Mixta del Concierto Económico en el País Vasco que beneficia a
las diputaciones forales.
La
AIReF también ha evaluado el grado de cumplimiento de la regla de gasto
-que limita el aumento del gasto para todas las administraciones-, que
probablemente se cumplirá este año, y el objetivo de deuda, que también
se alcanzará, a pesar de que esta no es sostenible y de que será
necesario revisar la meta a medio plazo.
