MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha acusado hoy al equipo
de Gobierno del Ayuntamiento, del Partido Popular, de imponer su
"modelo ideológico" en una "obsesión" por la privatización de servicios
que "está siendo declarada irregular por cesión ilegal de trabajadores".
Ramos, que ha pronunciado estas palabras en el Pleno extraordinario
que ha tenido lugar esta mañana para debatir una moción de la oposición
sobre cesión ilegal de trabajadores, que ha sido aprobada con el rechazo
del PP, ha sostenido que el "afán privatizador" del PP ha llevado a la
firma de "algunos contratos externalizados millonarios" en los que las
empresas "solo han servido como intermediarios pasivos en una relación
de la que salen más que beneficiadas".
En este sentido, se ha referido a Tribugest, la concesionaria de la
gestión de tributos del municipio, una labor por la que esta entidad se
lleva 7,1 millones de euros al año de las arcas públicas, y a la que el
Ayuntamiento ha terminado por abrir un expediente sancionador por
incumplir el pliego de condiciones al subcontratar a otra entidad,
Unipost, para el servicio de notificaciones de apremios y embargos.
En relación con esto, para el edil, el Ayuntamiento ha incurrido en
una "grave irresponsabilidad" al no controlar la forma en que se han
llevado a cabo las notificaciones, provocando así que miles de ellas se
hayan hecho de manera presuntamente irregular, lo que "puede provocar
pérdidas económicas al Ayuntamiento", además del perjuicio ocasionado a
los ciudadanos afectados, y a los propios trabajadores y trabajadoras
que tienen que sufrir precariedad laboral.
Ante esta "gravísima situación", el equipo de Gobierno "debería
reaccionar y solucionar el asunto", y esto debe pasar por la rescisión
del contrato con Tribugest y la remunicipalización del servicio. Al
respecto, Ramos ha recordado que según un informe de CCOO, el
Consistorio ahorraría unos 4,8 millones de euros si se asumiera la
gestión de los tributos municipales, como ocurre en el resto de grandes
ciudades del país.
El concejal de la formación municipalista ha criticado el "bloqueo"
del PP a los trabajos de la Mesa de Remunicipalización y de la Comisión
de Vigilancia de la Contratación, en la que eran investigados, a través
de una labor de control por parte de todos los grupos municipales, los
grandes contratos del Ayuntamiento, receptores del 30 por ciento del
presupuesto anual.
Precisamente, gracias a la citada Comisión y a que en su seno "la
oposición estaba haciendo el trabajo que corresponde al equipo de
Gobierno", se detectó que tanto Tribugest como Ayuda a domicilio estaban
incurriendo en supuestas irregularidades. Sin embargo, empresas
concesionarias como Cespa o STV, que reciben grandes cantidades
económicas, no pudieron ser objeto de análisis.
"El PP ha bloqueado la Comisión", ha criticado Ramos, para quien el
hecho de que este órgano funcione con plenas garantías "es más que
necesario" y debería ser una prioridad para el Gobierno municipal, al
objeto de asegurar que se cumpla con el principio de transparencia y que
no se cometan actuaciones alejadas de la legalidad.
Para Cambiemos Murcia, a partir de ahora, la Comisión no puede ser
presidida por un miembro del PP, porque "no se puede poner al zorro a
cuidar de las gallinas". Por ello, ha propuesto que ejerza esta función
"cualquier otro grupo de la oposición".
Ramos ha enumerado los efectos de las privatizaciones, destacando el
"lastre" que suponen para la previsión de cuentas. Así, del total de
gastos corrientes y servicios, cuyo presupuesto es de 175 millones de
euros, 122 se dedican a la externalización a través de empresas como
CESPA (68,1 millones); Electromur (5) o STV (8,4), que gestiona el
mantenimiento de parques y jardines.
Además, ha llamado la atención sobre las partidas destinadas a
"garantizar los beneficios" de empresas privadas, como Terra Natura, que
recibe una subvención anual de 3 millones de euros, y las que
administran instalaciones deportivas (3) o el transporte urbano (17,5).
"Esto lastra la capacidad inversora del Ayuntamiento e impide que
podamos tener una política económica en condiciones; también repercute
en malas condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras que,
indirectamente, trabajan para este ayuntamiento, convirtiendo así la
Administración más cercana a la ciudadanía en una auténtica gestora de
la precariedad".
Ramos también ha denunciado la actuación del Gobierno municipal en
relación al caso de las trabajadoras del museo Ramón Gaya. Desde mayo de
2016, cuando varios miembros del Patronato Ramón Gaya avisaron de las
advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la imposibilidad de seguir
contratando personal mediante una empresa externa, hasta diciembre de
ese mismo año, "no se produjo ninguna reacción" por parte del equipo de
Ballesta.
La estrategia acordada entre el Patronato y los grupos políticos para
no dejar en aire la plantilla y evitar el cierre del museo consistía,
ha explicado Ramos, en la subrogación del personal por parte del
Patronato.
"Intervención tramitaría un expediente de subrogación,
llegando a poner un reparo al no existir plantilla ni partida
presupuestaria para pagar sus salarios, y mientras se tramitaría la
creación de la plantilla y el traslado del presupuesto".
De ahí que todos los grupos se comprometieran a levantar el reparo.
Sin embargo, en estos momentos, cuando las trabajadoras llevan cinco
meses sin cobrar, el secretario de Pleno "niega esta solución".
También el portavoz municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, ha defendido hoy la necesidad
de tomar medidas adecuadas para poner fin a las irregularidades que se
están produciendo en una serie de contratos municipales externalizados
que mantiene este Ayuntamiento desde hace años.
Así, Gómez ha
hecho referencia a la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo al
Consistorio murciano por la cesión ilegal de trabajadores en el servicio
de Estadística, tras la denuncia presentada por Ciudadanos; y a los
propios informes de los servicios jurídicos municipales sobre los
trabajadores del Ramón Gaya, en cesión ilegal igualmente.
Ha
insistido en que “hay que aplicar la Ley, porque lo que ahora se está
produciendo es una clara cesión de trabajadores que hay que atajar con
medidas adecuadas y valientes”.
Lo que no es honesto –ha
denunciado el portavoz de Ciudadanos- es permitir que las empresas
cedentes o el propio Gobierno del PP presionen y amenacen a los
trabajadores de estas empresas, o lleguen a permitir que se censure la
información requerida por la Inspección de Trabajo.
En este
sentido, Gómez ha señalado que “la Administración está para garantizar
el mejor servicio al conjunto de los ciudadanos, así como la promoción y
preservación de un trabajo digno que no vulnere sus derechos, a golpe
de inseguridad e indefensión”.
“Son muchas las quejas y denuncias
de trabajadores de las empresas adjudicatarias, pero debido a la
situación económica de nuestro país, tienen miedo a levantar la voz por
no verse en la calle”, ha insistido el portavoz de la formación naranja,
quien para finalizar ha reiterado que “no es honesto ni responsable que
este Gobierno mantenga esta situación por más tiempo”.
Igualmente, Ahora Murcia ha denunciado hoy "las peligrosas políticas privatizadoras del PP que
terminan en trabajadores sin cobrar". La portavoz del grupo municipal,
Alicia Morales, ha realizado estas afirmaciones en el Pleno
extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Murcia con el asunto
monográfico de la posible cesión ilegal de trabajadores en el
Consistorio.
La edil ha apuntado que "la dejadez y caos del PP municipal
han convertido nuestro Ayuntamiento en el Ayuntamiento del 'no me
consta', con una política basada con demasiada frecuencia en mirar hacia
otro lado y en hacer lo posible por esconder las vergüenzas y la basura
bajo la alfombra".
Morales ha resaltado la gravedad de que "el PP esté
permitiendo que en el seno del Ayuntamiento haya trabajadores que están 5
meses sin cobrar", en alusión a la situación que vive el personal del
Museo Gaya.
La concejala ha lamentado que "el Ayuntamiento de Murcia con el
gobierno del PP ha abrazado con entusiasmo en las últimas décadas un
modelo neoliberal externalizador de los servicios públicos", con una
privatizaciones "que en muchos casos han supuesto un mayor coste público
de esos servicios; un deterioro en su calidad y una precariedad en las
condiciones laborales de los trabajadores".
Para la portavoz de Ahora
Murcia estas privatizaciones también han conllevado "un favorecimiento
de los intereses de empresas privadas en detrimento del interés público y
general, con empresas que no corren ningún riesgo empresarial y que
sólo obtienen beneficios de servicios estructurales de este Ayuntamiento
y que son fundamentales para la ciudadanía".
Morales se muestra convencida de que la externalización de servicios
públicos también suele suponer "la generación de redes clientelares, con
adjudicaciones a empresas 'amigas', conculcando los principios
constitucionales para los empleados públicos, de mérito, igualdad,
capacidad y publicidad", y también acarrea "la generación de 'zonas de
sombra', con una falta de transparencia que es campo abonado para la
mala praxis, las irregularidades y las corruptelas, como una y otra vez
se está viendo en los tribunales".
La concejala ha destacado el hecho de que "la existencia de casos de
cesión ilegal no es algo que se invente la oposición, sino que ha sido
explícitamente reconocida por el propio Ayuntamiento en el caso del
Museo Ramón Gaya y ha sido detectada por la Inspección de Trabajo en el
servicio de Estadística, con la imposición de una sanción por infracción
muy grave".
"Estamos ante un galimatías creado por el PP municipal y le toca a él
resolverlo", ha señalado Morales, que ha recordado a Ballesta que
"gobernar no es solo hacerse fotos, sino que implica estudiar en
profundidad los asuntos, buscar soluciones, resolver problemas, tomar
decisiones. Ya es hora de que el Gobierno municipal deje de realizar la
política del avestruz y afronte los problemas del Ayuntamiento y del
municipio con valentía y honestidad".
