MURCIA.- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal
Montoro, firmó este miércoles con los sindicatos el acuerdo de empleo
público que contempla una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de
alrededor de 67.000 plazas, y un proceso de reducción de la interinidad
que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un
plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las
administraciones del 25% actual al 8%.
Esto podría suponer para la Región de Murcia que hasta
10.000 plazas de interinos se conviertan en fijas para 2020, según
fuentes de la Comunidad. De esas 10.000 plazas,
6.000 se destinarán a Sanidad y el resto a Educación y Justicia.
Montoro suscribió en la sede del Ministerio el acuerdo para
la mejora del empleo público con representantes de las organizaciones
sindicales CC OO, UGT y CSIF, como paso previo a la reunión oficial de
la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de esta
tarde, a las 16.30 horas, a la que asistirán sindicatos, comunidades
autónomas y la FEMP, y en la que se fijarán las cifras definitivas de la
OEP y el salario público para 2017, que previsiblemente será del 1%.
Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo, para los
que se prevé una tasa de reposición del 100%, son Sanidad, Educación,
Justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal,
laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social,
prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo,
atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa
del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades
mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen
servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal. El resto
de sectores tendrá una tasa de reposición del 50%.
Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada
en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por
subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del
Estado (AGE), 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades
autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales, según
informó el Ministerio de Hacienda en una nota.
El acuerdo también pretende dar estabilidad a las plantillas
de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto
establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre
concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres
años, se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90 % en
servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia,
servicios sociales o policía local, entre otros. Como resultado de este
proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total
aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070
corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y
administración de justicia (8.564).
Hacienda señala que hay que tener en cuenta que se parte de
una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la
Administración, y que ese elevado número de interinos afecta
principalmente a los sectores de Enseñanza y Justicia. La tasas oscilan
entre el 30% de la sanidad, el 25% de Justicia y el 20% en la enseñanza
no universitaria.
El ministro celebró la firma del primer acuerdo de esta
legislatura entre los sindicatos y Función Pública, y destacó que el
objetivo del mismo es mejorar la calidad del empleo público y reducir la
interinidad a lo largo de los tres próximos ejercicios.
En este sentido, subrayó que el acuerdo en materia de empleo
público es una apuesta por la "dignificación" de la Función Pública y
de los servicios públicos, que "tienen que ser una prioridad esta
legislatura", y supone una "importante contribución a la recuperación
económica del país".
El ministro también agradeció la "disposición" de los
sindicatos para el acuerdo, lo que constituye un "gran referente" y un
"gran ejemplo" para la sociedad española, y ha mostrado la "mejor
disposición" del Gobierno para que haya continuidad en la negociación en
diferentes ámbitos.
Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, afirmó
que hay "un antes y un después" en el ámbito del empleo público tras la
rúbrica del acuerdo, si bien mostró su disconformidad con la subida
salarial del 1%, y anunció que desde este jueves iniciará una ronda de
contactos con los grupos parlamentarios.
A su vez, el secretario general de la Federación de
Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, valoró que el
acuerdo va a permitir poner fin a la tasa de temporalidad y constituye
un "primer paso" en las negociaciones, si bien insistió en que la
"prioridad" sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo, aunque
la postura está "muy alejada" de las pretensiones del Gobierno.
De su lado, el secretario general de FSC-CC.OO., Javier
Jiménez, celebró la firma del acuerdo porque supondrá la "estabilización
de centenares de miles de empleos públicos", y conlleva la devolución a
cada administración pública de su responsabilidad respecto a tener que
negociar en el ámbito que le corresponda.
Jiménez valoró también que el acuerdo incorpora a sectores
prioritarios más allá de los recogidos en el proyecto de PGE y supone
"cerrar una etapa muy triste, muy negra, de cómo la cómo la reducción de
empleo como consecuencia de la crisis ha llevado a la privatización de
servicios".
"El acuerdo ha sido posible por la voluntad del Gobierno que
ha escuchado a organizaciones sindicales, ha tenido disposición y ha
permitido que hoy tras muchos años podamos firmar acuerdo con nuestro
empleador", agregó.
En materia salarial, el titular de Hacienda mostró su deseo
de que el acuerdo suscrito para la mejora del empleo con los sindicatos
se extienda también al tema salarial, y ha asegurado que "inmediatamente
entraremos en la negociación de otros ámbitos, el primero el
retributivo, para que tenga sus consecuencias ya en los PGE de 2018",
una vez está "encauzada" la reducción del déficit público.
En esta línea, apuntó que el Gobierno aprobará a finales de
junio el techo de gasto para 2018. "No tenemos mucho tiempo, tenemos que
ponernos a ello, manos a la obra", insistió Montoro, quien dijo tener
la vista puesta en el horizonte de los Presupuestos de 2018 en el
aspecto de la retribución salarial.
Por su parte, los sindicatos mostraron su rechazo total a la
propuesta de subida salarial del 1%. Para Lacuerda, la subida del 1%
salarial planteada por el Ejecutivo significaría una nueva pérdida de
poder adquisitivo para este año, por lo que ofreció un pacto de
legislatura en materia de empleo público. "Celebramos de muy buena gana
este acuerdo, pero hay muchas materias que están por resolver", añadió.
También Jiménez de CC OO mostró su disconformidad con la
propuesta de subida salarial del 1%, por lo que emplazó a seguir
negociando para lograr mejoras en este aspecto y otros derechos de los
funcionarios.
Desde CSIF, reclaman que se recupere la pérdida de poder
adquisitivo registrada desde la reducción del 5% que decretó el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los
mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de
Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento
del 1%.
De su lado, tanto UGT como CC.OO. consideran que el aumento
de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo,
superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
