MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del Decreto
de Participación Ciudadana de la Región de Murcia, cuyo objetivo es que
los ciudadanos se impliquen en la toma de decisiones y en la evaluación
de la gestión del Gobierno regional, y con el que se desarrolla la Ley
12/14 de Transparencia y Participación Ciudadana.
Así lo ha hecho
saber la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien ha
remarcado que "estamos ante un tiempo nuevo en el que la política sale a
la calle y la sociedad entra en las instituciones públicas". Por ello,
ha remarcado que era "fundamental" el Decreto que hoy se pone en marcha y
que sienta las bases de la "participación ciudadana activa".
El
Decreto pretende que la ciudadanía se implique en las iniciativas que
pasen por el Ejecutivo, y no es vinculante para las iniciativas que
adopte la Asamblea Regional, según ha aclarado Arroyo, quien ha
puntualizado que el documento recoge los mismos mecanismos de
participación que la Ley de Transparencia, como las consultas online y
los propios grupos de trabajo con experiencias presenciales desde la
ciudadanía.
Este acuerdo se produce una vez que la Consejería de
Presidencia ha concluido el proceso deliberativo sobre los instrumentos a
través de los que la sociedad puede opinar sobre las políticas
públicas. Un proceso en el que más de 300 ciudadanos y diversos
colectivos sociales de la Región han realizado aportaciones, de las que
más del 80 por ciento han sido recogidas.
Por ello, Arroyo ha
destacado que esta tramitación "cuenta previamente con la legitimidad
social" puesto que, previamente, la Comunidad recogió las sugerencias de
la opinión pública. Con este tipo de procesos e instrumentos, ha
ratificado que "se concreta y se hace tangible el principio de
participación ciudadana".
El objetivo es hacer "una realidad" que
la toma de decisiones públicas "cuente con aportaciones de los propios
ciudadanos con la finalidad de "mejorar las decisiones que adopta el
Gobierno y acercarlas a los intereses de los ciudadanos de la Región".
El
Consejo de Gobierno considera que generalizar estos procesos
participativos "abre una nueva época en la gestión pública regional, que
permitirá a los ciudadanos interactuar con las administraciones en el
diseño real de la normativa autonómica y en la planificación y el
seguimiento de las acciones que se llevan a cabo".
El Gobierno
entiende que "no basta con contar de manera transparente las medidas que
adopta el Consejo de Gobierno" sino que hay que contar con los
ciudadanos para decidirlas", según Arroyo. El mensaje que el Gobierno
regional quiere transmitir a los ciudadanos es: "no basta con que te lo
cuente, sino que quiero contar contigo para decidirlo".
Se
trata de uno de los primeros procesos de participación que ha llevado a
cabo el Ejecutivo regional, y consta de tres fases. La primera, de
consulta pública, se realizó a través de una encuesta en el portal de la
Comunidad en la que se recabaron las opiniones y sugerencias en
relación a distintos aspectos en materia de reglamentación de
participación ciudadana. Así, se hicieron preguntas relativas a las
materias que los ciudadanos creen que deben someterse a participación
ciudadana, y sobre cómo hacer trámites 'on line', entre otras.
La
finalidad de la segunda fase, de debate, es ampliar y enriquecer las
propuestas de la ciudadanía. Para ello se celebraron varios encuentros
de deliberación de carácter presencial, en los que, a través de grupos
de trabajo, se analizaron las propuestas recibidas en la primera parte
del proceso.
En la tercera fase, denominada de retorno, se
analizaron las propuestas ciudadanas recogidas en las fases anteriores
analizando, por ejemplo, qué aportaciones se han recogido, cuáles no, y
motivando las razones a través de los correspondientes informes, y se
sometieron a estudio por parte de los órganos correspondientes del Gobierno regional.
Una vez completado este
proceso, el Gobierno regional enviará el borrador resultante a los
servicios jurídicos de las diferentes consejerías, que realizarán sus
respectivos informes.
Posteriormente, el Ejecutivo remitirá el
borrador resultante al Consejo Económico y Social (CES) y, finalmente,
al Consejo Jurídico, que realizarán sus correspondientes aportaciones,
con las que el Gobierno regional irá mejorando el Decreto.
Por
último, una vez incorporadas todas estas aportaciones, el borrador
volverá al Consejo de Gobierno y será publicado en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia (BORM) como Decreto.
El objetivo del Gobierno
regional es "agilizar los trámites" y que el Decreto esté listo lo
antes posible. Así, estima que estará listo en unos tres meses, aunque
no se trata de un plazo cerrado, ya que algunos de los organismos
implicados no cuentan con fecha límite para analizar el documento y
realizar sus aportaciones.