jueves, 14 de junio de 2012

El abogado Diego de Ramón presenta una tercera querella contra los exdirectivos de la CAM

ALICANTE.- El abogado Diego de Ramón ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella -la tercera, en este caso en representación de 174 clientes- contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), a la que acusa de delito societario, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y engaño con abuso de poder en la gestión de la caja de ahorros alicantina.

La querella se dirige contra el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exvicepresidente Ángel Martínez, el ex director general adjunto Agustín Llorca Ramírez y otros directivos de la entidad.
En su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, Diego de Ramón solicita que la querella sea unida a las dos que presentó con anterioridad, y que ya han sido admitidas a trámite por el Juzgado Central de Instrucción número 3: una a título personal como acusación popular, y otra en representación de la Plataforma CAM, a la que ya se han adherido cerca de 400 clientes de la caja.
Como medida cautelar, el abogado solicita al juez que imponga a los querellados una fianza de 4.792.000 euros, para responder de su responsabilidad civil por las pérdidas que han sufrido los 174 firmantes de la querella en la compra de productos financieros de CAM.
En declaraciones a Abc, Diego de Ramón anunció su decisión de enviar a la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, una copia en inglés de las tres querellas que ha presentado ante la Audiencia Nacional, así como de todas las diligencias posteriores, para que estos tres organismos se interesen por exigir responsabilidades penales a los responsables de la quiebra de CAM.
De Ramón quiere responder así a las informaciones que indican que los tres organismos internacionales que componen la troika quieren tutelar la reestructuración del sistema financiero español, como condición para hacer efectivo el rescate de hasta 100.000 millones de euros destinado a la banca. En su querella, a la que ha tenido acceso Abc, el abogado señala que Caja Mediterráneo (CAM) colocó productos financieros «tóxicos», como las cuotas participativas y las opciones preferentes, eligiendo de forma sistemática a los clientes por su «bajo índice de conocimientos culturales o de entendimiento», con frecuencia entre personas mayores o extranjeros que carecían de información suficiente.
Pero además, a su juicio, estos clientes fueron engañados, ya que la entidad declaró un beneficio de 38,9 millones de euros en el primer trimestre de 2011, cuando en realidad, según los administradores del FROB, en dicho periodo se registraron unas pérdidas por valor de 1.1136 millones, que alcanzaron los 2.713 millones en el conjunto del ejercicio. Puesto que la rentabilidad de las cuotas y participaciones preferentes estaba ligada a la cuenta de resultados de la caja, los clientes nunca hubieran comprado estos productos si hubieran conocido la situación real de la entidad, argumenta la querella.
Al respecto, alude a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Alicante que confirmó el despido procedente de la ex directora general María Dolores Amorós y que consideró probado que la entidad alteró su realidad contable para maquillar sus resultados, en lo que podría suponer un delito societario.
En su denuncia, Diego de Ramón atribuye la quiebra de CAM, en buena medida, al hecho de que la caja diera créditos multimillonarios, que luego han resultado impagados, a grandes empresas inmobiliarias sin exigirles garantías suficientes.

Una solución provisional / José García Solanes *

El presidente Rajoy se ha declarado satisfecho por haber "convencido a las autoridades europeas a dar un préstamo a la banca española". Además, su Gobierno asegura que las condiciones que acompañen a los fondos conseguidos, hasta 100.000 millones de euros, quedarán en los límites del sistema financiero, sin consecuencias negativas para el Estado ni para el resto de la economía. Como ya se ha escrito y dicho mucho sobre el significado de la palabra rescate, y sobre si debe aplicarse plenamente o no al caso de la banca española, desviando el debate hacia cuestiones de honor o de prestigio político, yo me voy a centrar en las posibles consecuencias económicas del mismo y en su validez como solución duradera de los problemas del sistema financiero español.

Sabemos que el éxito de quien toma prestado debe medirse por la capacidad de devolución de los fondos. En el caso que nos ocupa, la nebulosa es muy grande, pues todavía se desconoce el montante de los tipos de interés, los plazos de devolución y las condiciones adicionales que impondrán los organismos europeos. Por si acaso, los comisarios europeos y la directora del FMI ya nos han leído la cartilla. Con toda seguridad, los sacrificios que soportará el sistema bancario serán muy grandes. La troika estará muy encima. Se argumenta que los señores vestidos de negro podrían imponer fuertes coberturas en las líneas de crédito, las cuales podrían menguar el volumen de negocio, obligando al cierre de muchas oficinas y a fuertes recortes de plantillas. La consecuencia sería una disminución de la rentabilidad de los bancos y mayores dificultades para devolver sus préstamos.

Esperemos que predominen las perspectivas positivas y que los bancos puedan sanear sus balances. Pero, en todo caso, no podemos ignorar la posibilidad de que, ante la caída de rentabilidad y quizás de desaparición de algunas entidades se deriven dos tipos de implicaciones. Por un lado, los problemas bancarios volverían a recaer sobre el Estado español, puesto que él figura como garante de los fondos; lo cual supondría más deuda y mayor déficit público y, por consiguiente, una presión más alta sobre la prima de riesgo. Una prueba más del círculo vicioso o del abrazo de la muerte entre el sector bancario y el Estado. Por otro lado, no fluiría el crédito entre bancos, ni tampoco entre estos y el sector privado. Y, dado que el crédito es una condición necesaria, aunque no suficiente para que vuelva el crecimiento económico, la recesión se prolongaría de forma dramática y cruel, especialmente para los parados.

No deseo ser pesimista, pero sí consciente de los escenarios malos que nos pueden deparar las soluciones provisionales como la que se acaba de adoptar. El peligro de nuevas recaídas y de contagio de problemas financieros importados seguirá presente si no se resuelven los problemas de fondo. La UE ha perdido la oportunidad de diseñar un sistema de protección mutuo creando una verdadera unificación bancaria. La solución permanente ha de ser un fondo europeo con capacidad de asistir directamente a los bancos necesitados, acompañado de medidas que eviten el riesgo moral y el aprovechamiento abusivo y desleal por parte de los bancos nacionales. Sabemos que esta solución no es viable ahora por razones normativas y estatutarias, pero los jefes de Estado y de Gobierno podrían aprovechar la cumbre del 28 de junio para discutir las bases o poner las primeras piedras de las reformas legales que permitan esa solución. Además, se necesita crear un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos acompañado de una supervisión y una reglamentación bancaria supranacional. Es hora de que este tipo de acciones se entiendan no como opcionales sino como necesarias para que desaparezcan los riesgos de desvertebración europea y de desaparición del euro.

Por fortuna, los defensores de las soluciones europeas, en contraste con las válvulas de escape nacionales, son cada vez más numerosos. La canciller Merkel y algunos de sus ministros se van quedando solos. Hasta que logren entender que las soluciones al sistema financiero europeo redunda también en los propios intereses alemanes. Si la zona euro se resquebraja, las empresas alemanas perderán un destino muy importante de sus exportaciones, y no podrán conseguir préstamos en unas condiciones de privilegio como las que disfrutan ahora. Los líderes europeos suelen reaccionar tarde, a remolque de los acontecimientos económicos.

Ojalá que la crisis financiera actual sirva para ampliar la integración fiscal y política de la zona euro y, como consecuencia, para dar una solución comunitaria a los problemas bancarios no solo de España, sino de toda la zona euro. Quizás sea mucho pedir, pero no hay otra vía para lograr las soluciones permanentes. Los ciudadanos nos estamos cansando de los parches y de los enfoques provisionales.

(*) Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia

El Consejo de Universidades deja en manos de Valcárcel la autorización de Medicina en la UCAM


MURCIA.- La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha recibido este jueves la comunicación oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se certifica la verificación positiva del Grado Oficial en Medicina, por parte de la Comisión de Verificación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades. 

   Cabe destacar que dicha verificación se hizo efectiva en sesión celebrada el pasado 1 de junio de 2012. A partir de este momento, la Universidad Católica queda a la espera de la autorización definitiva por parte de la Comunidad Autónoma para poder implantar los estudios de Medicina, según informaron hoy fuentes de la institución docente en un comunicado.
   Por tanto, cuando concluya este último trámite, la UCAM estará en disposición de iniciar las clases del Grado en Medicina a partir del próximo curso 2012-2013.
   La UCAM espera poder celebrar el próximo mes de julio, con la celebración del Consejo Interuniversitario, la aprobación definitiva para poder impartir esta titulación.
   En septiembre de 2011 la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) evaluó favorablemente el plan de estudios presentado por la UCAM para impartir el Grado en Medicina en el Campus de los Jerónimos (Guadalupe, Murcia). Con este reconocimiento, la Universidad Católica consiguió acreditar la Calidad y Excelencia de sus estudios.
   Es este el colofón de un largo proceso de evaluación que comenzó en el año 2007.
   El Consejo de Coordinación Universitaria solicitó a principios de 2012 a la ANECA, que realizara las oportunas comprobaciones orientadas a dictaminar, si la Sala de Disección de la Universidad se encontraba plenamente operativa.
   Para ello, la Agencia solicitó a la UCAM información adicional a la que ya disponía, por lo que la Universidad Católica de Murcia les hizo llegar documentación, en la que presentaba de forma detallada las instalaciones y recursos de la citada sala.
   Tras el análisis por parte de los expertos de la información remitida por la institución docente en la Comisión de Evaluación de Grado de la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, se concluyó con una valoración positiva y satisfactoria de los recursos humanos y materiales de la UCAM respecto a la Sala de Disección.

El Banco de España obliga a la banca a detallar los activos del 'ladrillo'

MADRID.- El Banco de España obligará a las entidades financieras a detallar la naturaleza de los activos del 'ladrillo' adjudicados a cambio de deudas que segregarán en sociedades de gestión independientes con una indicación del volumen y del valor en libros de éstos.

   Así figura en la modificación de la circular contable para adaptarla al segundo decreto ley de saneamiento financiero aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo que el Banco de España ha puesto a consulta de las entidades financieras.
   En estas sociedades se deberán aportar los activos adjudicados a cambio del pago de una deuda relacionada con el suelo o la construcción, incluidas las acciones o participaciones en sociedades inmobiliarias.
   La aportación se llevará a cabo por su valor razonable, y a falta de este o cuando sea difícil obtenerlo, los activos se valorarán por su valor en libros, para lo que se tendrán en cuenta las provisiones que deban tener constituidas.
   En este punto, la futura norma establece que la aportación a las sociedades no supondrá que se dejen de constituir las provisiones previstas en los últimos decretos de saneamiento de febrero y mayo. Esta circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   En cuanto a las refinanciaciones y reestructuraciones de deuda, la circular establece que deben reconocer inmediatamente las cantidades que se estimen irrecuperables, y que deben enfocarse a la recuperación de todos los importes debidos.
   Asimismo, especifica que este tipo de operaciones no interrumpen su morosidad, salvo que exista una "razonable certeza" de que el cliente pueda hacer frente a su pago en el calendario previsto o se aporten nuevas garantías. En ambos casos, incide, "se percibirán al menos los intereses ordinarios pendientes de cobro, sin tener en cuenta los intereses de demora".
   El Banco Central Europeo (BCE) consideró en un dictamen el pasado 5 de junio que la creación de las sociedades de gestión de activos inmobiliarios es "un paso en la dirección correcta", pero no veía claro que el marco previsto sea suficiente para una separación efectiva de los riesgos de las entidades.
   El organismo que preside Mario Draghi también incidió en que el decreto no facilita muchos detalles sobre la financiación de las sociedades de gestión de activos, y tampoco menciona si contarán con algún tipo de avales del Estado.
   A su parecer, tampoco queda claro el fundamento económico subyacente al porcentaje de enajenación anual del 5% que se establece para las sociedades de gestión de activos constituidas por entidades que reciban apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a través del que se canalizarán los recursos del rescate bancario de España.
   Bajo estas consideraciones, el BCE recomienda avanzar hacia una completa desconsolidación y separación de los riesgos entre entidades, si bien celebra que las entidades que reciban apoyo del FROB tengan que reducir su participación en la sociedades de gestión de activos en el plazo de tres años.
   Por otro lado, el organismo reprochó al Gobierno haber recibido la consulta sobre el decreto el 17 de mayo, seis días después de que se aprobara el decreto, lo que deja patente que no ha tenido en cuenta su opinión antes de aprobar la medida.

Se aplazan las rebajas previstas en la plantilla de BMN

MADRID.- La dirección y los sindicatos de Banco Mare Nostrum (BMN) han acordado aplazar el calendario de armonización de condiciones laborales establecido para llevar adelante la segunda reestructuración de la entidad, y que contemplaba inicialmente el 30 de junio como fecha para la adhesión a las medidas voluntarias, fecha ahora aplazada.

Fuentes sindicales han indicado hoy que en la reunión celebrada esta semana se ha decidido suspender y aplazar la homologación y armonización de condiciones laborales del grupo, cuya fecha tope era hasta el 30 de junio, de forma que se aplazará dicha fecha y se constituirán dos comisiones de trabajo, una sobre la armonización de los planes de pensiones y otra sobre el resto de condiciones laborales.
Las fuentes han indicado que los motivos para dicho aplazamiento se centran en el hecho de que los ajustes aprobados el pasado 17 de mayo han hecho modificar los plazos inicialmente establecidos en 2011. Dichos ajustes aprobados el pasado mes de mayo contemplaban una reducción salarial ya acordada y una reducción de costes mediante suspensiones de contratos y bajas incentivadas.
De esta forma, esas medidas acordadas el 17 de mayo han provocado la existencia de "un colchón" que permite una "rebaja de los costes necesarios, con la consiguiente modificación del calendario de armonización de condiciones".
El acuerdo laboral del 17 de mayo para llevar adelante la segunda reestructuración de la entidad contempla un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), que incluirá a su vez suspensiones temporales y rotatorias de contratos, semestrales y trimestrales, así como 250 bajas voluntarias indemnizadas.
De esta forma, según el acuerdo, se ha acordado "ampliar el ERE en vigor desde 2010 hasta utilizar todas las plazas disponibles para bajas voluntarias indemnizadas", de forma que "se incorporan 250 desvinculaciones, esto es, bajas voluntarias indemnizadas".
Así, se contempla un nuevo plan de hasta 150 bajas voluntarias indemnizadas, sin límite de edad, con una compensación de 45 días por año laboral trabajado y un tope máximo de 42 mensualidades. Se establece un tope mínimo de 40.000 euros para las personas que tengan más de seis años de antigüedad.
El plazo para adscribirse al plan era inicialmente el 30 de junio, fecha que se ha decidido aplazar.
Asimismo, este acuerdo contempla un programa de hasta un máximo de 150 suspensiones de contratos por seis meses, cuya vigencia se establece desde el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 y durante la que la empresa abonará hasta un máximo de 500 euros mensuales durante el período de suspensión.
Se contempla otras bajas incentivadas, hasta un máximo de 150, para los supuestos en los que tras el proceso de suspensión temporal no aceptasen el nuevo destino, de forma que si el trabajador optara por no reincorporarse tendrá derecho a 45 días por año laboral con un tope de 42 mensualidades. Si tuviera una antigüedad igual o superior a seis años, la indemnización mínima será de 40.000 euros.
Otra medida contemplada en el acuerdo y acordada por las partes es la suspensión durante dos años de forma "rotatoria" de los contratos de trabajo a 800 empleados durante tres meses al año. El acuerdo precisa que esta medida "está encaminada a evitar o reducir el volumen de afectados por el programa de bajas incentivadas" y se implementará de forma "inmediata".
Este acuerdo alcanzado establece un programa de excedencias voluntarias, en concreto por un período igual o mayor a un año y menor de dos, que se retribuirá con un 15 por ciento del salario actual; una excedencia por más de dos años y menos de tres, que se retribuirá con un 20 por ciento de salario actual; y excedencia por más de tres años o menos de cinco, que se retribuirá con un 30 por ciento del salario actual.
El acuerdo contempla además un programa de reducciones de jornada con novación contractual, de carácter voluntario, tanto temporales como definitiva, con un mínimo de un 20 por ciento de jornada y un máximo de un 50 por ciento, con una reducción salarial "directamente proporcional" a la reducción de tiempo de trabajo.
Asimismo, este acuerdo contempla la reducción salarial temporal para toda la plantilla de BMN entre el 1 de julio de este año hasta la devolución de las ayudas del FROB o hasta el 31 de diciembre de 2014. La media de reducción salarial, según indican fuentes sindicales, se sitúa en un cuatro por ciento, aunque se establece una escala.

Uno de cada tres ancianos ayuda con su pensión a sus familiares, según la Cruz Roja

BARCELONA.- Uno de cada tres ancianos han ayudado económicamente a alguno de sus familiares con sus pensiones en los últimos dos años, y uno de cada cuatro han tenido que acoger de nuevo a algún hijo en su casa, ha concluido el III Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja de Cataluña. 

   El presidente de la entidad, Josep Marquès, ha explicado en rueda de prensa que las personas mayores se están convirtiendo en "un pilar imprescindible para paliar las secuelas de la crisis" y son un colectivo que debe cuidarse para evitar un efecto dominó que alcance al conjunto de la sociedad.
   Tras analizar el impacto de la crisis en 674 usuarios mayores de 65 años, la entidad de ayuda humanitaria ha detectado que el 70% de ellos han visto disminuir su capacidad de ahorro, debido al encarecimiento de los precios y al incremento de las cargas familiares.
   También el 70% creen que "esta crisis es más grave que las anteriores" y que las nuevas generaciones vivirán peor que las actuales debido al deterioro del Estado del Bienestar.
   "Cualquier política referida a la vejez puede tener repercusiones sobre el conjunto de las familias y la sociedad", ha recordado Marquès, animando a las instituciones a abordar medidas en este ámbito.
    El estudio revela que se han invertido los flujos de solidaridad intergeneracional por los cuales los más jóvenes contribuyen al bienestar de los mayores a través de la financiación del sistema de pensiones.
   "Ahora ya son más los mayores de 65 años que apoyan a las generaciones más jóvenes", ha destacado Marquès, cifrando en un 20% los ancianos que prestan ayuda económica a sus hijos, un 10% los que ofrecen apoyo alimentario y un 6,5% los que han acogido a algún hijo en casa.
   El impacto de la crisis económica tiene consecuencias sobre la alimentación de los mayores ya que, un 20% de ellos asegura no poder comer con regularidad fruta, carne ni pescado.
   Además, el hecho de tener que destinar sus pensiones a ayudar a sus familiares ha obligado a la mitad de ellos a privarse de ir al dentista y revisarse la visión.
   Marquès ha alertado de que dos de cada cuatro ancianos no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada y que el 80% de ellos no pueden permitirse ningún gasto en ocio y descanso.
   Debido a todos estos factores, los mayores "tienen la percepción de ruptura del progreso social a causa del deterioro del Estado del Bienestar".

El Sabadell adelanta que no habrá crédito

BARCELONA.- El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha augurado este jueves que la reforma financiera y el rescate de la banca española no conllevará una mejora de la fluidez del crédito, sino al contrario, que el crédito disminuirá.

   "El rescate puede ser la reforma definitiva en términos de la reestructuración, pero en términos macroeconómicos no será el mecanismo para impulsar el crecimiento", ha avisado.
   Lo ha dicho en una mesa redonda en el XII Coloquio Servicio Público-Gestión Privada de Iese en la que también han participado los economistas José García Montalvo y Germà Bel.
   Guardiola ha negado la afirmación de que el rescate arreglará los bancos, lo que hará que fluya el crédito y lo que, en consecuencia, provocará un crecimiento de la economía.
   "No podemos esperar nada del crédito; al contrario, el crédito bajará", ha sentenciado, y ha criticado las regulaciones internacionales y europeas, demasiado estrictas a su entender, que no posibilitan la recuperación del crédito.
   Según Guardiola, las elevadas provisiones que se requieren a los bancos españoles castigan las reservas de las entidades, lo que acaba afectando a su capital, que solo se puede recuperar reduciendo los créditos.
   En cuanto a la deuda pública, el consejero delegado de la entidad catalana ha asegurado que "la única salida razonable" sería que el Banco Central Europeo (BCE) comprara deuda y bajara la prima de riesgo en 300 puntos con la condición de que España hiciera sus deberes a nivel de reformas.
Banco Sabadell acaba de adquirir por un euro la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Más de un centenar de personas se concentran a las puertas del Rectorado en contra de medidas de ajuste en UMU

MURCIA.- Más de un centenar de personas se han concentrado este jueves, convocados por los sindicatos CSIF, FETE-UGT, SIME, Sterm y CCOO, para mostrar su rechazo a las medidas de ajuste "que pretenden imponernos y contra la reducción de la financiación de la Universidad de Murcia por parte de la Comunidad". 

   Una hora antes de su reunión con el Rectorado y bajo la pancarta 'Valcárcel paga lo que debes. No a los recortes en las universidad públicas', los sindicatos han explicado que el objetivo de la concentración es mostrar su apoyo a la representación de los trabajadores.
   Así como no admitir el calendario de negociación planteado por el Rectorado, "con prisas y sin tiempo" para estudiar sus propuestas, explicarlas a los trabajadores y realizar propuestas alternativas.
   Ante esta situación, las organizaciones sindicales convocantes se ha comprometido a no levantarse de la Mesa de Negociación hasta encontrar una solución satisfactoria para el conjunto de los trabajadores, "que podamos explicar en nuestras asambleas y someter a la consideración de todos".
   Si fuese necesario, han afirmado los sindicatos, "estamos dispuestos a quedarnos encerrados en el Rectorado, a la espera de una solución de consenso para todas las partes" pues "es momento de actuar y luchar en defensa de lo nuestro".
   Junto a pancartas de 'Nuestro trabajo garantiza tus derechos', 'Los recortes de derechos no se lavan en las urnas', 'Reducción 1/3 = drama familiar', 'Aquí y ahora quiero una auditoría', 'No a los recortes de 1/3 del sueldo, sí a una vida digna', el secretario de la Asociación Sindical de Fete-UGT en la UMU, José Julián Casanova Roca, ha insistido en que "no nos levantaremos de la mesa hasta tener respuesta y soluciones" y ha exigido que no se recorte "ni en empleo ni en las retribuciones".
   Desde el sindicato Sterm, Óscar Urralburu, espera encontrar una alternativa positiva en esta reunión, al tiempo que ha asegurado que seguirán con el calendario de movilizaciones previsto.
   En la misma línea se ha mostrado Ramón Montaño de CCOO, así como Alfonso Ros de SIME, quienes han pedido que en el Consejo de Gobierno de la UMU del próximo martes no atienda aún el punto de los recortes, "que nos den tiempo para poder informar a los trabajadores, elaborar propuestas e intentar una negociación como Dios manda y no por imposición".
   "Sabemos que el gran problema es la Comunidad Autónoma, que nos está aplicando un recorte de 10,1 millones de euros", ha apuntado, pero "la Universidad tiene que ver cómo aplica ese recorte y de dónde saca para compensarlo".
   Tras lo que ha recordado que la Comunidad debe 60 millones, "si con que pagara una parte de la deuda, no habría que hacer recortes y podríamos seguir avanzando", pero, ha exclamado Ros, "llega un momento en que no podemos aplicar más austeridad, y hay que entrar en plantilla, y eso es lo que nos preocupa".
   A su juicio, los "culpables" y principales responsables de la situación actual de la Universidad de Murcia "es la Comunidad Autónoma".

Sanidad calcula que dejará de contratar a unos 600 eventuales del SMS

MURCIA.- La consejera de Sanidad y Política Social, Mª Ángeles Palacios, ha asegurado que los números que están llevando hasta este momento indican que aún no se ha llegado a la cifra de 600 eventuales del Servicio Murciano de Salud (SMS) que se dejarán de contratar por el aumento de la jornada. "Ya hemos aplicado la jornada de 37,5 horas y pocos más de los que hay ahora serán los que tengan que ir fuera", ha indicado.

   En esta línea, Palacios ha explicado que "hay una serie de medidas de gestión que están dentro del Plan de Reequilibrio, pero esas medidas de gestión tienen un periodo de estudio para hablar con los profesionales, jefes de servicios, y con los interesados en casa caso dependiendo cuál sea la medida de gestión y en eso es lo que llevamos trabajando en junio".
   Una vez que se haya adoptado una solución definitiva, ha comentado la consejera, "se le comunicará a todo el mundo".
   Palacios ha recordado que ya se anunció que el hecho de incrementar la jornada de 37,5 horas "podía tener como consecuencia el hecho de que algunos contratos se perdieran y es lo que está ocurriendo desde que se puso en marcha ese acuerdo que se llevó a la Mesa General".

IU-Verdes pide a Cámara que, de confirmarse su imputación, cese su actividad

MURCIA.- La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha pedido al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que "sepa estar a la altura de las circunstancias" y que, en caso de que se confirme su imputación en el caso 'Umbra', "cese su actividad" para "mantener el buen nombre del municipio" y que su defensa jurídica "no interfiera en el desarrollo de sus funciones como alcalde".

   Herguedas ha expresado, asimismo, su confianza en la justicia y ha dicho que espera "un completo esclarecimiento de los hechos" relacionados con el caso 'Umbra', que investiga una supuesta trama de corrupción en el municipio.
   A su juicio, la justicia debe clarificar "no solo lo que se refiere a la imputación del alcalde Cámara, sino también de todo lo sucedido con los convenios urbanísticos de la zona norte".
   Al respecto, ha asegurado que su deseo "es que, al margen de las responsabilidades que puedan depurarse, el proceso sirva para que se pueda recuperar lo que el municipio ha perdido" y "se plantee un cambio radical tanto del modelo económico como de las formas de hacer urbanismo".

El imputado Cámara debe comparecer mañana ante el juez instructor

MURCIA.- El alcalde de Murcia, el oriolano Miguel Ángel Cámara Botía, prestará este viernes declaración en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, donde está citado en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación al denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina o el Casino de Murcia.

   Cámara, que está citado a las 10.00 horas, accederá por la puerta principal al Palacio de Justicia de Murcia.
   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, ha acordado la declaración de secreto de esa declaración.
   La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
   En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

El Gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios

MADRID.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.

   En concreto, en el borrador se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.
   En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.
   En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.
   En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.
   De hecho, en una carta el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".
   En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
   De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.
   La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.
   En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.
   El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
   En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".
   Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".
   Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.
   Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.
   Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.

Alicante, Almería y Murcia sólo tendrán dos vías férreas en el corredor mediterráneo ferroviario

MADRID.- El Ministerio de Fomento quiere tener terminado en el año 2016 el tercer carril del Corredor Mediterráneo de mercancías, aunque este calendario solo es válido por ahora para el tramo entre Valencia y Barcelona. La Región de Murcia, Almería y Alicante no entran en estos planes a la vista de la información que ofreció la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. 

En respuesta a una pregunta de Convergencia i Unió, Pastor adelantó que el proyecto constructivo de este carril estará terminado en el primer trimestre de 2013 y que el plazo de ejecución será de tres años, según las primeras estimaciones de los técnicos.
El proyecto para la implantación del tercer carril en dicho corredor ha sido encargado a Ineco, la consultora de ingeniería del Grupo Fomento, a la que está sirviendo de base para su elaboración un informe técnico «muy completo» de los gobiernos autónomos de Valencia y Cataluña, detalló la ministra. Dicho informe deja fuera a la Región de Murcia.
Ana Pastor reiteró su apuesta por el Corredor Mediterráneo, infraestructura que «tiene una importancia trascendental en nuestro país» y cuya ejecución es «fundamental para este Gobierno». Ha adelantado, asimismo, que en julio presentará en Tarragona, tal y como se comprometió con los representantes de la industria petroquímica, los estudios que se están elaborando, «para que todos los empresarios y la sociedad civil puedan aportar a este proyecto lo que sea lo mejor para la industria petroquímica, pero también para la industria del sector del automóvil». 
Pastor ha destacado la importancia que este tramo del Corredor Mediterráneo tendrá para la actividad de los puertos que muestran una evolución creciente, con un incremento del 8,6 % hasta el mes de mayo. El portavoz de Fomento del grupo parlamentario catalán, Pere Macias, ha subrayado la importancia del tercer carril, porque el futuro e inversiones de muchas empresas, como la Ford, o la industria química de Tarragona, dependen del calendario de su puesta en marcha.

Merkel justifica la ayuda a España por los comportamientos irresponsables

BERLÍN.- La canciller alemana, Angela Merkel, ha insisto este jueves en que las ayudas que solicitará España para la recapitalización de la banca conllevan "condiciones" para el sector. En una declaración ante el Bundestag (Parlamento federal), la canciller alemana ha justificado la necesidad de las ayudas por la "burbuja financiera" derivada de comportamientos "irresponsables" y ha calificado de "absolutamente correcta" la decisión del Gobierno español de Mariano Rajoy de recurrir a esa ayuda.

España puede contar "con la solidaridad" de Alemania y de Europa, ha afirmado Merkel, para quien la crisis de la deuda en la zona euro será tema prioritario en la cumbre del Grupo de los Veinte que se celebra los próximos 18 y 19 de junio en Los Cabos (México).
La canciller ha ratificado, asimismo, su rechazo a la emisión de eurobonos, por considerar que una colectivización de la deuda sería "absolutamente contraproducente".
 "No hay que optar siempre por la fórmula que parece más rápida, sino por la mejor", ha indicado la canciller, para llamar a continuación a "no sobrevalorar las fuerzas de Alemania".
 "Alemania está ahí, es el motor económico y responderá en favor del bienestar común de todos, al servicio de todos", ha enfatizado Merkel, pero sus capacidades de actuación "no son ilimitadas".
La Unión Europea (UE) debe avanzar "paso a paso" hacia la unión política, ha afirmado la canciller, para lo que las oportunas medidas de acción inmediata para hacer frente a la crisis de la deuda deben ir acompañadas de otras a medio plazo. Con la vista puesta en la cumbre del G20 en México, Merkel ha llamado asimismo a poner fin al "proteccionismo obstaculizador del crecimiento económico" y ha advertido contra los "crecientes obstáculos" al comercio mundial derivados de la "explotación de los mercados nacionales".
La canciller alemana también ha abogado este jueves por una supervisión más independiente del sector bancario y un mayor papel en ese sentido del Banco Central Europeo (BCE), para evitar en el futuro situaciones como la de España. "Es preciso una supervisión independiente", ha afirmado la canciller, tras calificar de "correcta" la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir a la ayuda para la recapitalización de la banca española. 
El actual sistema de supervisión es "demasiado dependiente de los reguladores nacionales", ha dicho Merkel, en una declaración de gobierno ante el Parlamento federal (Bundestag) preparatoria para la cumbre del G20 de México.

El Gobierno central considera «prematuro» ponerle fecha al nuevo aeropuerto de Corvera

MURCIA.- El Ministerio de Fomento considera «prematuro» fijar una fecha para su apertura, que Valcárcel mantiene sin embargo en octubre próximo. En una respuesta al PSOE, el Gobierno advierte de que aún queda por resolver el problema de la «ubicación compleja» de Corvera, que se deriva de su cercanía a la AGA de San Javier y dificulta la gestión del tráfico, según publica hoy 'La Verdad', confirmando así lo que este blog adelantó hace ya bastantes días.

BBVA opina que las cajas no viables "tendrán que desaparecer"

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El presidente del BBVA, Francisco González, ha afirmado este jueves que "el gran problema" del sistema financiero español está "en las cajas" y ha pedido "diferenciar" entidades e "identificar a las que no son viables", que "tendrán que desaparecer".

   Así lo ha dicho durante un almuerzo-coloquio con empresarios en Santiago, en el que ha afirmado que la crisis ha descubierto comportamientos "erróneos, imprudentes o fraudulentos" en muchas entidades españolas, por lo que ha apostado por asumir "las responsabilidades que correspondan" para evitar reproducir los mismos fallos en el futuro.
   González ha señalado que se han producido "deficiencias importantes" de regulación y supervisión que han de corregirse y que es necesario recuperar la credibilidad perdida en estos años pasados.
   En cualquier caso, ha asegurado que "si se hacen las cosas bien", la crisis puede ser una "oportunidad para construir un euro más fuerte".
Reprocha que en el sistema financiero español se han producido en los últimos años "deficiencias importantes de regulación y supervisión que han de corregirse".
   Y ha considerado que "el sistema ha fallado" y ha señalado que son necesarios "mejores principios, más integridad y transparencia" en los negocios en general y en el sistema financiero en particular.
   González ha afirmado que la crisis ha puesto al descubierto comportamientos "erróneos, imprudentes o fraudulentos" en el sector y ha dicho haber visto a entidades asumir "riesgos excesivos" para obtener beneficios "a corto plazo".
 "Europa y España van a salir de esta situación", ha manifestado y ha advertido a "quienes están apostando por la ruptura del euro" que "se equivocan".
   Además, ha hecho alusión al rescate bancario y ha indicado que "la noticia del pasado fin de semana sobre la ayuda europea a una serie de entidades, cuyos detalles están aún pendientes de conocer, así como los dos reales decretos de 2012, deberían ser el punto de inflexión para disipar las dudas sobre la salud del sistema financiero español en su conjunto", ha analizado.

El G-20 pide a España que detalle cómo usará el rescate a la banca

MÉXICO.-   Los líderes del G-20 están a la espera de que el Gobierno de España haga públicos más detalles sobre la forma en que usará el paquete de financiación europeo para recapitalizar su sector financiero, según ha señalado este miércoles el ministro de Finanzas de México, José Antonio Meade. Los jefes de Estado del bloque se reunirán en la cumbre que se celebrará los días 18 y 19 de junio en el balneario Los Cabos, Baja California, en el noroeste de México.

   Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron el sábado entregar a España un paquete de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar sus bancos, pero la estructura del rescate aún no ha sido confirmada.
   "Faltan algunos detalles y el anuncio ha generado algunas dudas. Esperamos que España aproveche su presencia en el foro para aclararlas", ha dicho Meade. "También hay dudas sobre cómo van a usar el acceso a la liquidez una vez tengan el dinero para fortalecer el sistema", ha agregado.
   Este mismo miércoles, la agencia de calificación Moody's ha rebajado tres escalones la evaluación de la deuda española, que pasa de 'A3' a 'Baa3', con perspectiva negativa, y la ha dejado a un paso del bono basura. El principal motivo para esta degradación de la calificación es el rescate de la banca solicitado por España el pasado fin de semana.
   En un comunicado, Moody's ha asegurado que "la primera clave" de la revisión a la baja de la deuda española es el rescate de 100.000 millones de euros que el Gobierno español ha solicitado al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para "recapitalizar su sistema bancario". 
"La suma de 100.00 millones de euros es el doble de la cuantía de la estimación previa de Moody's", ha indicado.
   La agencia de calificación ha afirmado que, aunque aún no se conocen los detalles del rescate de la banca, "está claro que la responsabilidad de apoyar a los bancos españoles recae en el Gobierno español" porque el préstamo del FEEF será gestionado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.
   Moody's ha asegurado que el rescate de la banca "empeorará considerablemente" la posición del Gobierno en relación a la deuda, al tiempo que ha pronosticado que, con el préstamo, el ratio de la deuda pública "aumentará hasta alcanzar cerca del 90 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) este año y continuará aumentando hasta la mitad de la década".
   El segundo motivo para la degradación de la calificación es el "muy limitado acceso" del Gobierno al mercado financiero, "como demuestra" su dependencia del FEEF o del ESM (Mecanismo Europeo de Estabilidad) para los fondos de recapitalización y su creciente dependencia de los bancos nacionales como compradores primarios de sus nuevas emisiones de deuda". 
"Desde la perspectiva de Moody's, esta es una situación insostenible".

El alcalde de Murcia llega tarde y mal a intentar parecer lo que no es

MURCIA.- Con categoría de personal eventual, el alcalde del PP de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tiene a su servicio a un grupo de periodistas muy bien pagados con cargo al Ayuntamiento para mantener su imagen e impedir, en la medida de lo posible, que pueda verse empañada por los avatares de la política y de los asuntos polémicos que siempre se suscitan en el discurrir de la vida municipal.

Según ha podido saber Elpajarito.es de fuentes municipales, el gasto total anual que este selecto círculo de comunicadores le suponen a las arcas del Ayuntamiento es de 350.360 euros brutos. No se computa, en este caso por ser un cargo más político que periodístico, el coste del director del gabinete de la Alcaldía, Eduardo Martínez-Oliva, que asciende a un total de 84.090,47 euros, también brutos.
Si hace apenas una semana el alcalde, preguntado por la propuesta de Esperanza Aguirre de reducir el número de representantes públicos, se mostró favorable a la reducción del número de concejales –Murcia cuenta con 29–, no extendió la idea de la presidenta madrileña a la posibilidad de disminuir los cargos de confianza que el alcalde designa y que, en muchos casos –como ahora veremos–, disfrutan de mejor sueldo y mayor estabilidad, digamos laboral, que la de los políticos.
Miguel Ángel Cámara mantiene, desde 1995, año de inicio de sus sucesivos mandatos en el Ayuntamiento de Murcia, como mujer de confianza y directora de Comunicación a Ana de la Cierva, cuyo sueldo bruto este año asciende a 67.553,82 euros. En este organigrama de Comunicación, inmediatamente después le sigue, como jefa del Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación, Paloma Manzano, con un sueldo bruto anual ligeramente inferior (65.567,59 euros).
Como apoyo, en la estructura del gabinete de prensa del Ayuntamiento, trabajan también las periodistas María Trinidad Abellán, Ana García Salvago y María Soler, y cada una de ellas tiene adjudicado un sueldo bruto anual de 50.557,03 euros.
El último fichaje de Miguel Ángel Cámara como asesor en esta parcela y con el cargo de director de Proyectos y Programas fue el de Antonio Ángel Botías, famoso en la profesión por sus asombrosas crónicas de las procesiones de Semana Santa en el diario decano de la Región, en las que, con una prosa más digna de la mística que del tradicional género periodístico, conseguía hacer pensar al lector medio que las escribía en plena levitación. Cámara también le puso un buen sueldo a Botías: 65.567 euros anuales brutos, según las mismas fuentes.

miércoles, 13 de junio de 2012

Los bancos pequeños en apuros tendrán que quebrar para que salgan el resto adelante


BRUSELAS.- La Unión Europea pedirá a España como condición para recibir el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros pactado el pasado fin de semana que cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía.

   "No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha asegurado un alto funcionario europeo. "Hay casos en que habrá que liquidar entidades", ha agregado.
   Ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia.
   Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5% (frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea). El objetivo de este tipo "casi prohibitivo" es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.
   "Si alguna entidad por los mecanismos de mercado no llega a cubrir esas necesidades y se considera que su liquidación podría tener un impacto sistémico en la economía española ahí habría intervención pública, con condiciones muy estrictas", han explicado las fuentes consultadas.
   La UE quiere "evitar al máximo que se utilice dinero público", de modo que "si hay entidades que deben quebrar, quebrarán".
   Bruselas cree que pude haber actores en el mercado, tanto nacionales como internacionales, interesados en adquirir activos en el mercado bancario español. Aunque en estos momentos ninguna operación puede considerarse libre de riesgo, "hay inversiones que pueden ser prometedoras" porque la crisis terminará y el sistema financiero español resulta "interesante" por su proyección en otras regiones del mundo como América Latina.
   "Puede interesar a los inversores que quieran apostar a largo plazo", señalan las fuentes.

Almunia, de acuerdo

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de  Competencia, Joaquín Almunia, ha apostado también por una liquidación ordenada de entidades financieras no viables y ha considerado que es una opción normal que ya ha sido adoptada por diferentes países europeos.
   El vicepresidente de la CE ha señalado que es "lógico" que se opte por una liquidación ordenada cuando el coste de reestructurarla y vender sus activos es superior. "Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza" ante este tipo de medidas, ha recalcado.
   "Cuando el coste de reestructurar y de poner en un lugar más seguro a una entidad es superior al coste de liquidar esa entidad de manera ordenada y de vender sus activos, de distribuirlos entre otras partes del sector financiero, pues es lógico que en nombre de los contribuyentes, en nombre de quienes pagan el rescate, se prefiera una liquidación ordenada a no mantener a costa del dinero público una entidad que no alcanza los niveles de viabilidad mínimos", ha concretado.

El TSJ no admite el recurso de súplica contra la orden de ingreso en prisión del exalcalde de Totana

MURCIA.-   La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso de súplica que presentó el abogado José María Caballero contra la orden de ingreso en prisión del exalcalde de Totana y exdiputado, Juan Morales, ordenada el pasado 30 de mayo por la Sala.

   Entiende la Sala, según se desprende del auto dictado este martes, que no existe tal vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la no indefensión, y el derecho a la libertad, como defiende el letrado Caballero.
   Apunta, en este sentido, que "no existe concreción alguna de cómo se ha producido la imaginaria falta de tutela efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la no indefensión, así como el derecho a la libertad en relación con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
   Juan Morales, en opinión de los magistrados Juan Martínez Moya --como presidente-- y Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, "ha disfrutado en el proceso seguido contra él de la defensa contradictoria, como de la audiencia bilateral, de la motivación de las resoluciones judicial e incluso logró, a petición suya, la nulidad de las escuchas telefónicas por violación del juez natural predeterminado por la ley".
   Considera que ha tenido un proceso "supergarantista" más que un proceso "raquítico y esquemático guiado únicamente por la rapidez inusitada que pudiera cercenar o laminar algún derecho de los que estaban siendo sometidos a enjuiciamiento".
   En lo que respecta a la presumible indefensión que alega el abogado defensor, la Sala advierte que "nada de ello ocurre en el presente supuesto, pues no se encuentra en situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él con abogado desde la primera declaración como imputado y durante todo el curso del procedimiento, tanto en la fase declarativa como en la ejecutoria".
   Por ello, la Sala expresa su sorpresa por esta alegación, más aún cuando la sentencia "es firme y en ella el Tribunal ya le impuso la pena de prisión de dos años a Morales".
   Y es que, continúa el auto, la ejecución de las sentencias en sus propios términos "forma parte del derecho fundamental a la tutela efectiva de los jueces y tribunales, ya que en caso contrario, las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna".
   De esta forma, tacha de "erróneas" las afirmaciones vertidas en el escrito de recurso, por "no ajustarse a la realidad ni a la verdad de los hechos ocurridos en el supuesto enjuiciado".
   Lo que sucede, recuerda, es que Morales "utilizando el cargo público en beneficio propio, centralizó todas las actuaciones urbanísticas del municipio de Totana, quedando la tramitación de los convenios urbanísticos supeditada al interés particular del mismo y su firma en los instrumentos urbanísticos iba dirigida y condicionada a la percepción de comisiones y participación en las plusvalías urbanísticas de los terrenos".
   En concreto, cifra en 15,4 millones de euros la cantidad de dinero con la que pretendía enriquecerse. A esto hay que unir el hecho de que se trataba de un alcalde en el ejercicio de sus funciones, "con una premeditación y un plan preconcebido, viéndose inmerso en la comisión de delito continuado de cohecho y malversación, vulnerando bienes jurídicos protegidos que son los que cumplen la función social relevante al constituir un atentado contra el Estado de Derecho".
   Se suma a esta cuestión la preocupación, desde todos los ámbitos de la sociedad, según la Sala, "que la corrupción en Europa frena la estabilidad económica", haciendo referencia a un comunicado que emitió el pasado día 6 la Organización Transparency Internacional, sostenida por la Comisión Europea, en el que "ve que se está gestando una unión entre dinero, política y poder, necesitando Europa una mayor transparencia para resolver la crisis".
   En este informe se cita el caso explícito de España que, junto a Grecia, Italia y Portugal, "al advertir que esas disfunciones ponen en peligro la estabilidad económica, anunciando enormes déficits públicos que son prueba de ineficacia y de malas prácticas de corrupción".
   Concluye la Sala en sus Fundamentos de Derecho justificando que este recurso debe ser desestimado porque el auto que dictó de ingreso en prisión de Morales "es ajustado a Derecho".

Arias Cañete quiere recuperar el "espíritu" del Plan Hidrológico de 2001

TOLEDO.- El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que quiere recuperar en el futuro Pacto Nacional del Agua el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, diseñado entre otros puntos para trasvasar más de mil hectómetros cúbicos anuales del Ebro a las cuencas mediterráneas que, según ha indicado, apoyaron prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Castilla-La Mancha.

   Así, ha explicado que este Pacto Nacional del Agua "obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas" que se desarrollan en España y cumplir con las obligaciones del país en la UE.
   Igualmente, ha avanzado que será "de larga duración" y tendrá carácter "estratégico y vertebrador" para todo el territorio nacional, además de dar como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, "que contemple acuerdos y materialice sus objetivos".
   En su comparecencia, ha explicado a petición de la Izquierda Plural que la ruptura de ese consenso y la modificación del Plan Hidrológico Nacional dieron paso a un nuevo periodo donde se pasó de acusar al anterior Gobierno de realizar "obras faraónicas para trasvasar agua", a planificar e iniciar, que no finalizar, "obras faraónicas para desalar agua".
   Con ello, ha indicado que el programa de desaladoras ha dado los siguientes resultados: de las 51 instalaciones programadas, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción. Igualmente ha señalado que se ha realizado una inversión de 1.664 millones de euros y faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas todavía en ejecución.
   "Hay instalaciones produciendo a la mitad de su capacidad por falta de demanda y algunas no llegan ni al tercio de su capacidad instalada. Y todo con precios de producción difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura", ha agregado.
   En este sentido, Arias Cañete ha recordado que en España no se depuran todas las aguas y se debe dar cumplimiento a lo que establece la directiva europea del Consejo sobre aguas residuales. De hecho, ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la Comisión Europea ha iniciado dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.
   Sobre la planificación hidrológica, el ministro ha resumido que se debería haber concluido en diciembre de 2009 y que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y nueve intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio.
   En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña. Por este motivo, dice que la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España.
   "La situación descrita obliga a la realización de una profunda reflexión y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones con la UE, pero sobre todo, planteando soluciones racionales que duren en el tiempo", ha añadido.
   Con ello, ha indicado que este "importante reto" ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos "lo antes posible".
   De hecho, ha puntualizado que el avance "más significativo" en este proceso ha sido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón y el inicio del periodo de información y participación pública del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
   "El Gobierno trabajará para lograr que, a lo largo del año 2012, el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia - Costa, Tinto - Odiel - Piedras, Guadalete - Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño - Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros", ha finalizado.
   En cuanto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Arias Cañete ha manifestado que España no se opone, ni romperá el consenso europeo, a que se transforme en el organismo especializado de la ONU para el Medio Ambiente.
   Así, ha explicado a petición del PSOE la consideración que aporta el Ejecutivo a dicho programa y de que España lo presida y ha destacado con ello que el Gobierno ha asumido hasta febrero de 2013 la presidencia de dicho programa.
   Igualmente, el ministro ha explicado cómo en la última de sus reuniones, el foro se centró en el tema general de 'La agenda ambiental en un mundo de transformación: de Estocolmo a Río', y el debate se articuló en torno a tres áreas, las perspectivas del medio ambiente mundial, la economía verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible.
   Desde la oposición, Leire Pajín, del PSOE, ha criticado que el Gobierno haya diseñado una hoja de ruta contraria a lo que pide la comunidad internacional y dice que no se puede ir a la futura cumbre de Rio +20 y prometer una hoja de ruta sostenible y después en el país "hacer lo contrario". En este sentido, cree conveniente que el ministro convoque y escuche a los portavoces parlamentarios para consensuar la postura española en dicha reunión internacional.
   En materia de agua, ha preguntado a Arias Cañete si los grupos parlamentarios van a tener la posibilidad de participar en el acuerdo y sobre qué premisas se va a sustentar dicho consenso. "Usted ha hablado de proyecto faraónicos y de desaladoras que van a tener que poner en marcha de forma muy clara", le ha advertido.
   Desde ICV, Laia Ortiz le ha recordado que el plan hidrológico de 2001 generó conflictos territoriales. "Me preocupa si el referente es volver a ese escenario de amenaza de trasvases. Lo que nos preocupa es la salud de nuestros ríos y ese plan hidrológico es lo que menos tenía en cuenta", ha agregado. Igualmente, ha avisado que, hasta ahora, lo propuesto por el Gobierno va en contra de la directiva marco de agua. "La alarma que fija este plan hidrológico y vuelve la pesadilla del trasvase y seguro que no es el mejor contexto para el trasvase", agrega.

Todas las Cajas de Ahorro que operen en Murcia tendrán que destinar un porcentaje a su Obra Social

CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia ha decidido modificar de la Ley 371998 de Cajas de Ahorro de la Región de Murcia, una propuesta formulada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, que determina, entre otras cuestiones, que todas las Cajas de Ahorros que operen en la Región de Murcia tengan que destinar un porcentaje a Obra Social.

   En este sentido, el diputado del PSOE, Alfonso Navarro, ha dicho que "de esta forma se modifica la estructura de las cajas", y que esta modificación "contempla cuarenta artículos" atendiendo "a la normativa estatal", lo que supondrá "que las cajas que tengan o no su razón social en la Región de Murcia, pero que operen aquí, tengan que destinar una cantidad de depósitos a su Obra Social", aunque ha matizado que esa cantidad "no se cuantifica".
   Navarro ha indicado también que de esta forma "se profesionalizan los órganos de Gobierno", y también que "se garantiza la capitalización de las cajas a través de cuotas participativas".
   Por su parte, el diputado Popular, Fernando López Miras, ha indicado en su intervención que de esta manera "se fortalecen las Cajas de Ahorro", y que éstas tendrán ahora "capacidad de emitir cuotas participativas con derecho a voto".
   Y además, ha dicho que "ahora se menciona en la modificación la honorabilidad y prestigio reconocido de quienes accedan a los órganos de Gobierno de las Cajas".
   Se trata pues de "profesionalizar su gestión" y así las cajas serán ahora "fundaciones de carácter especial", pues "resulta necesaria la adaptación a la nueva legislación".
   También ha indicado que "se dota de más transparencia a las cajas" y que "quien vota en contra de esta modificación, vota en contra de la profesionalización de órganos de las Cajas de Ahorro".
   De igual forma, ha aludido a quienes acceden a los altos cargos de las cajas, diciendo que "ahora deberán demostrar cinco años de experiencia en alta dirección y en cargos de análoga dimensión", y que se vigilarán "las incompatibilidades del cargo y la regulación de las dietas".  
   Por contra, para el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Pujante, esta modificación impulsada por los Grupos Popular y Socialista, "resta transparencia y control democrático a las Cajas de Ahorro". Renunciando con ello "al su carácter público".
   Por ello, ha continuado diciendo, "vamos a votar en contra", ya que "significa la privatización de las cajas" y que "conocemos el ejemplo de Bankia, anunciando beneficios y poco después pérdidas de 23 mil millones de euros".
   "No estamos de acuerdo con la socialización de las pérdidas", ha dicho Pujante, a lo que ha añadido que "nos parece poco democrática la forma de tramitación por lectura única de esta modificación", ya que "se trata del fin de la función social de las cajas".

Simulacro universitario en la UCAM

MURCIA.- El obispo de Callao (Perú) y nuevo doctor por la UCAM, monseñor José Luis del Palacio, encargado de impartir el discurso en representación del resto de Doctores, ha destacado que la educación de los jóvenes "es el progreso y la renovación del mundo, porque son la mayor riqueza social con la que contamos".

   Durante la celebración este miércoles, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), de la festividad de su patrón, San Antonio de Padua, se ha distinguido a aquellos profesores que han sido Doctores por la Universidad, a los Catedráticos, y a los Directores de Cátedras y Escuelas.
   En su discurso, monseñor José Luis del Palacio ha incidido en la necesidad de seguir investigando. "En este trípode en el que se apoya la Universidad Católica San Antonio, la docencia, la investigación y la evangelización, es un don de Dios, y gracias a este trípode hemos podido ser doctores. La cultura hace más hombre al hombre".
   Así, ha recalcado que las sociedades "no se transforman por las revoluciones, sino por el testimonio de los maestros".
 "La educación de los jóvenes es el progreso y la renovación del mundo, porque son la mayor riqueza social con la que contamos. Es decir, los educadores son los pilares de una nación", ha aseverado.
   Tras la celebración de la Eucaristía, presidida por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, y concelebrada por el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, y el obispo de Callao (Perú), monseñor José Luis del Palacio, ha tenido lugar el solemne Acto Académico.
   El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ha presidido el acto acompañado por el obispo de Cartagena; el arzobispo de Zaragoza; el obispo de Callao; por la rectora de la UCAM, Josefina García Lozano; y el rector honorario, Antonio Montoro, según fuentes de la institución docente.
   Durante su homilía, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, ha resaltado el hecho de que la Fundación San Antonio de Padua haya creado la Universidad Católica de Murcia, "que tiene la misma vocación que su patrono, San Antonio de Padua".
   Del mismo modo, monseñor Ureña ha dedicado parte de su Homilía al concepto de Razón. "Una universidad se mueve constantemente dentro del ámbito de la Razón. La Iglesia no tiene miedo a la Razón, siempre que se mantenga dentro de sus límites", ha asegurado el arzobispo de Zaragoza, que además ha añadido que la UCAM "tiene que ser centinela de la Razón".
   Del mismo modo, durante el acto académico también ha intervenido el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, quien ha mostrado su felicitación a la Universidad por la celebración de su Patrón, y ha asegurado que "el recorrido histórico de la UCAM es breve, pero las posibilidades son eternas".
   El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, ha señalado la calidad como pilar de la institución, "docencia e investigación de calidad deben de ir unidas", y ha afirmado que "si queremos ofrecer una enseñanza de calidad, tenemos que mantener una buena relación con nuestros alumnos".
   Para concluir, Mendoza ha asegurado que la Universidad "está llamada a generar sabiduría y conocimiento, a ser instrumento de bien y concordia, y estímulo y fortaleza".

Banco Mare Nostrum condenado en Barcelona y Tarragona

BARCELONA.- El Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona ha declarado la nulidad de un contrato de permuta financiera de tipos de interés que el Banco Mare Nostrum le vendió a una pequeña empresa. La entidad financiera tendrá que devolver a su cliente 25.046 euros. El collar fue colocado tras suscribir un préstamo hipotecario. El cliente, sin estudios superiores ni conocimientos en materia financiera, es considerado minorista según la clasificación de la normativa MIFID, y así publica el último Boletín de la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros.

La sentencia afirma que el afectado mantenía una relación de confianza –no solo profesional, sino también personal- con el director de la sucursal, por lo que confío plenamente en el ofrecimiento del instrumento financiero. En el Banco le aseguraron que se trataba de un producto seguro, que le protegería frente la subida del Euribor y le podría aportar beneficios.
No quedó acreditado que el cliente fuera debidamente informado de los riesgos que asumía con la contratación del producto. Banco Mare Nostrum incumplió la Ley del Mercado de Valores al no facilitar una información conveniente a su cliente ni asesorarlo teniendo en cuenta el tipo de cliente y su experiencia, para que éste último tomara una decisión con conocimiento de causa.
Tampoco se le informó antes de la firma del contrato del coste de cancelación anticipada. Después de que el cliente registrara varias liquidaciones negativas hasta llegar al importe de 25.046 euros, y tan solo registrar como positiva una de 205 euros, se interesó por la cancelación del Collar, ya que éste solo le estaba proporcionando cuantiosas pérdidas económicas. Fue entonces cuando la entidad crediticia le comunicó que dicho coste de cancelación supondría 18.685 euros.
Y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado también al Banco Mare Nostrum, que tendrá que devolver a su cliente las cantidades resultantes del contrato. La nueva sentencia confirma lo dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Amposta.
Los magistrados fallaron en favor del afectado afirmando que existió error en el consentimiento del cliente, porque la entidad financiera le vendió un producto como si se tratara de una cobertura frente a la subida de los tipos, en un momento en el que se produjo una fuerte caída de los mismos. La sentencia hace hincapié en que el banco no cumplió su deber de información y asesoramiento, ya que no advirtió a su cliente de los riesgos que tendría que asumir si el Euribor bajaba.
De manera que los magistrados consideraron que Banco Mare Nostrum tenía información privilegiada al conocer de alguna forma el comportamiento futuro del Euribor, información que no compartió con su cliente, vendiéndole el instrumento financiero directamente.