Diego de Ramón
( Abogado de la Plataforma de Afectados "Amarres Puerto de Mazarrón")
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
Según indicó Ramos, el comisario mostró su interés por conocer de primera mano la problemática del sector, y apuntó la "existencia de excepcionalidades" en la aplicación de la norma dadas las características de cada sector, pero dejó claro que en ningún caso se podrían eliminar dichas normas.
En este mismo sentido, Ramos destacó que no es intención de los agricultores la supresión de las leyes europeas de competencia, sino la flexibilización de las mismas para dotar de más transparencia a la cadena alimentaria y evitar que los agricultores y ganaderos tengan que vender sus productos por debajo de costes de producción.
En este sentido, la organización agraria abogó por que los contratos sean obligatorios entre los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria, así como fomentar la contratación colectiva en el seno de las interprofesionales de los diferentes sectores.
Del mismo modo, el máximo representante de UPA trasladó a Almunia la necesidad de trabajar en la transparencia de los mercados, con la institución de un observatorio de precios comunitarios y de un código de buenas prácticas comerciales.
Según han explicado fuentes de la Asociación de Industrias de la Carne de España (Iberaice), cuatro técnicos de sanidad animal del Ministerio de Agricultura chino visitarán España a partir de hoy hasta el día 25 de este mes, período en el que llevarán a cabo la segunda visita de técnicos chinos, tras la visita efectuada en 2008, una segunda visita que se venía reclamando desde hace dos años.
Han recordado que "en su día más de 80 empresas solicitaron la autorización para exportar a China, pero sólo se inspeccionaron 15 y sólo fueron aprobadas ocho empresas, aunque posteriormente algunas de las 15 empresas visitadas fueron autorizadas tras corregir los defectos que tenían".
Han precisado que entonces quedaron 70 sin inspeccionar, a las que se suman otras nuevas empresas que han solicitado ser visitadas en esta segunda convocatoria, algo que se ha conseguido "tras muchísimas presiones".
Asimismo, las empresas en las que los inspectores chinos se personarán son Eurocentro de Carnes S.A. en Puebla de Montalbán (Toledo), Cárnicas Frivall S.L. en Villar de Olalla (Cuenca), Grup Baucells Alimentacio S.A. en Vic (Barcelona), Elpozo Alimentación S.A. en Alhama de Murcia (Murcia), Escorxador Frigorific D'Osona S.A. en Vic (Barcelona), Mataderos Industriales Soler S.A. (Missa) en Cartama de Estación (Málaga), Le porc gourmet S.A. en Santa Eugenia de Berga (Barcelona).
Además, también visitarán Jamones Burgaleses S.A. en Burgos, Explotación Ganada Porcino + Escorxador de la Garrotxa S.A. en Olot (Gerona), Matadero de Guijuelo S.A. en Guijuelo (Salamanca), Friselva en Riudellots de la Selva (Gerona), Matadero frigorífico de Fuentes El Navazo S.L. en Fuentes de Bejar (Salamanca), Bopepor S.L. en Gallur (Zaragoza), Cárnicas Joselito S.A. en Guijuelo (Salamanca) y 'The Pink Pig' S.A. en Zuera (Zaragoza).
Recordaron que China tenía interés en recibir productos cárnicos del exterior hace varios años al tener problemas de abastecimiento al padecer su cabaña porcina la enfermedad de la oreja azul, lo que les obligó a "buscar un abastecimiento natural de cerdo blanco, pues el cerdo ibérico es algo más testimonial sólo en zonas más pudientes".
Agregaron que tras años de negociaciones se ha logrado esa segunda visita, que, según fuentes del sector, "no se produce como consecuencia de la visita de Zapatero a China sino que estaba programada antes", toda vez que dicha visita estaba prevista inicialmente en julio, fue cancelada y la aplazaron a septiembre.
De esta forma, los técnicos llegarán hoy y la primera visita se producirá mañana. Están previstas visitas a empresas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía, aunque en su mayor parte serán castellano leonesas.
Está prevista la visita en unas 15 empresas, en concreto 12 nuevas y tres para la revalidación de la autorización, y los técnicos inspeccionarán los requisitos higiénicos y sanitarios tanto de mataderos como fábricas, toda vez que la primera vez sólo se visitaron mataderos.
Asimismo, el portavoz de la organización ecologista y responsable del área de Conservación de la Naturaleza, Rubén Vives, ha recordado que otro documento que "también lleva años en un cajón sin aprobar es la Estrategia Forestal de la Región".
"En el año 2003 se presentó un borrador y cinco años después, se hizo incluso una revisión del mismo, pero todavía no se ha aprobado legalmente el documento por el Gobierno de la Comunidad", ha señalado, tras lamentar que el Ejecutivo murciano "no está haciendo los deberes en materia ni de planificación forestal ni de prevención de incendios, como el que ha ocurrido estos días atrás, que ha devorado 900 hectáreas de alto valor ecológico".
Para Ecologistas en Acción, "la planificación de la gestión forestal es esencial en la lucha contra los incendios forestales y para la gestión sostenible de los montes". Se trata, explica Vives, "de la hoja de ruta en la que se deben plasmar las actuaciones e inversiones con un horizonte de 10 años vista".
Y es que, ha considerado, "si hubiese existido una mínima planificación se habría tenido en cuenta que hace 20 años la Sierra del Molino sufrió otro grave incendio, y por tanto se debería haber incluido esta zona como un área prioritaria para actuar".
La zona quemada y su entorno "es un corredor ecológico fundamental para especies tan importantes como la cabra montés y águila perdicera (en peligro de extinción); otra razón para haber dado prioridad a esta zona de existir una política forestal seria".
Y es que, a juicio de la organización, "la incineración no elimina los residuos, sólo los transforma y convierte en otro tipo de residuos algunos potencialmente más peligrosos que los iniciales, y facilita su dispersión, principalmente en forma de cenizas y gases a través de la atmósfera".
Es por ello por lo que ha demandado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Cartagena que "valoren negativamente la instalación de esta planta de quema de residuos tóxicos y peligrosos".
Al hilo, ha precisado que "en el proceso de incineración se emiten un gran número de gases contaminantes, algunos tan nocivos como son dioxinas y furanos; así como también emisión de metales pesados, potencialmente peligrosos para los trabajadores del Valle de Escombreras, la diputación de Alumbres y algunas zonas de Cartagena ciudad".
Otra de las razones consiste en que "la instalación de la planta de incineración se convertirá en un foco atractor para el traslado de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en otras comunidades, con una mayor vigilancia ambiental y normativas más estrictas (País Vasco, Navarra, La Rioja)".
Un ejemplo de la potencialidad peligrosa y contaminante de la incineración de residuos ha sido "el cierre por la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Consejería de Agricultura y Agua, en el pasado 30 de julio, de una caldera de incineración de una planta química en Alcantarilla por la superación de emisión de los valores límite de dioxinas y furanos".
A tenor de lo ocurrido, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Consejería "el expediente y el acta de inspección", al tiempo que demanda la información sobre cuáles son las causas y si se han depurado las responsabilidades pertinentes.
En otro orden de cosas, se ha dirigido a la Administración regional para pedir una lista de todas las infraestructuras de incineración, si éstas cumplen los valores limite de emisión e inmisión y si se desarrollan los Programas de Vigilancia Ambiental sobre estas infraestructuras.
En ese sentido, Ecologistas en Acción ha destacado que durante la incineración "se generan flujos de emisiones contaminantes, tóxicas y nocivas para la salud y el medio ambiente, y además se produce una contaminación de los suelos con toneladas de cenizas y escorias, residuos que están considerados como peligrosos ya que llevan un alto contenido en componentes tóxicos.
Reclama, entonces, que "se respete el orden prioritario de tratamiento, la llamada jerarquía de gestión de los residuos marcada por la Unión Europea, y donde enterrar en vertedero o incinerar suponen la peor y menos deseable solución a adoptar".
La asociación ecologista considera que "se debería trabajar más desde las instituciones públicas en la prevención de residuos y la promoción del reciclaje, puesto que se ha demostrado que son los mas eficaces para promover cambios en los comportamientos de los diferentes agentes, sector con un importante yacimiento de empleo".
Herguedas ha hechos estas declaraciones tras hacerse público que el Gobierno regional y Paramount Pictures han alcanzado un acuerdo para ejecutar en la Región un parque temático que recibirá fondos de inversores privados entre los que se encuentra la compañía Santa Mónica Sports, de la que es presidente el empresario Jesús Samper, presidente a su vez del club Real Murcia y promotor del complejo Nueva Condomina, en Murcia.
Herguedas ha señalado que, según una sentencia judicial, Samper "debe un terreno o su equivalente en metálico al Ayuntamiento de Murcia", y ha recordado que "tampoco ha cumplido la parte del citado convenio que le exige ceder al municipio una ciudad deportiva y un campo de golf".
La todavía treintañera Soraya Sáenz de Santamaría le ha dicho a Mariano Calleja, en ABC, que “el problema real de España es que nadie cree al presidente del Gobierno”. Eso es verdad, pero no toda la verdad. La militancia empuja a las personas, incluso a las más inteligentes y formadas, a contemplar el mundo con orejeras y, en consecuencia, suelen perderse parte del espectáculo. El problema real de España es que nadie cree a José Luis Rodríguez Zapatero… ni a Mariano Rajoy. Al primero, por sus acciones; al segundo, por sus omisiones. A ninguno de los dos por su falta de grandeza política y sus muchas marrullerías operativas.
“La voz de la calle, como dice Sáenz de Santamaría, está indignada con la política de Zapatero” y es parecido el grado de indignación que genera la no política, la inacción, de Rajoy. Como bien pronosticaba hace unos días el semanario The Economist, las próximas elecciones legislativas las ganará “el partido que sea lo suficientemente valiente para cambiar de líder”. Claro que eso no es fruto de la casualidad ni, mucho menos, de algún negro designio de los hados malignos. Tiene su explicación.
La Historia de España, como la de todas las naciones de Occidente, puede sintetizarse como la sucesión de unos pocos en el mando y control del Estado y de sus instituciones fundamentales en cada momento. Esos “pocos” se diferencian fundamentalmente por el origen de su poder que puede haber sido alcanzado por la fuerza – invasora o golpista –, por la continuidad dinástica, por el abandono de sus predecesores o siguiendo cauces, más o menos, democráticos. En los periodos, no demasiados, en que la ostentación del poder ha coincidido con su ejercicio real, España ha funcionado y, en sentido contrario, la dualidad entre el poder real y su apariencia ha sido promotora de grandes catástrofes, al margen de la ilicitud de tan nociva esquizofrenia.
Atravesamos un momento en el que “los que mandan” obedecen a otros, bien sea de un modo consciente o inconsciente, inducidos por las normas, ignorándolas o burlándolas.
Parece evidente que Zapatero, aunque todavía sea mucho su poder y muchísima su capacidad para apartar a otros de sus reductos de influencia, no es “el que manda” en el Gobierno ni en el PSOE. En el Gobierno, por mucho que le duela al trío vicepresidencial, el verdadero poder, la capacidad decisoria, reside en Alfredo Pérez Rubalcaba. En el PSOE no hay mayor bastón de mando que el de José Blanco que, como es a su vez ministro de Fomento, conforma con Rubalcaba un poder duunviral del que cuelgan muchos de los problemas que nos afligen y en el que pivotan la mayoría de las deficiencias y anulaciones democráticas que padecemos.
Tampoco Rajoy manda en el PP aunque, después de haber apartado con gran precisión a todos cuantos pudieran empañar su brillo (?) político, se lo parezca a muchos. En el PP sigue siendo hipertrófico el poder de José María Aznar que, desde arriba, influye – en la medida en que el viento lo hace sobre la piedra – sobre su sucesor digital, de dedo. Desde abajo, la influencia de Pedro Arriola es grande y establece la dependencia que los supersticiosos tienen de quienes les echan el tarot o les miran las palmas de las manos. María Dolores de Cospedal está tan pluriempleada que si tuviera ganas, que no las tiene, no tendría tiempo para corregir, o tratar de hacerlo, la actitud recalcitrantemente inmovilista de Rajoy. No manda y, menos aún que ella, todos los demás. Entre la baronías regionales se ven atisbos de poder y fortaleza, como es el caso de Alberto Núñez Feijoo, y otros de pura mayoría, como Francisco Camps; pero la peripecia que vive en Asturias Francisco Álvarez Cascos pone en evidencia una maquinaria partidista corrompida por la molicie y encastillada en el sueldo y el empleo antes que en el interés de ganar elecciones y servir a la Nación.
En el resto de los partidos, especialmente en los de naturaleza nacionalista o soberanista, ocurre lo mismo que en las dos grandes formaciones nacionales. Sus expectativas de poder real, en lo que al Estado se refiere, solo se sostienen en la elástica fragilidad representativa que padecemos y se corresponde con el Titulo VIII de la Constitución. No tienen poder objetivo; pero, en función de la necesidad de cada instante, pueden mandar sobre el Ejecutivo y determinar su conducta, como es el caso presente del PNV y el Gobierno de Zapatero en vísperas de la elaboración de los Presupuestos del Estado para 2011.
Para nuestra mayor desgracia colectiva y jibarización de la democracia, tampoco en los demás poderes del Estado, ni en sus más notables instituciones, manda quien parece. En quiebra de nuestros propios supuestos constitucionales y forzado por una normativa electoral, que impide la representatividad y el parlamentarismo, se ha generado un gigantesco pasteleo entre los tres clásicos grandes poderes que los amanceba. El Poder Judicial, como puede observarse a diario, no es independiente del Ejecutivo. No manda sobre sí mismo desde que, por su propio interés, Felipe González – hace ya veinticinco años – lo anuló. Lo mismo, o parecido, puede decirse del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y de cuantos mecanismos ha ido creando la experiencia democrática internacional para garantizar la independencia de los Poderes del Estado y aquí sirven para lo contrario o, en el mejor de los casos, para nada.
Si a tan triste panorama se le añaden los poderes autonómicos y municipales, fundamentales para el Estado de Derecho, veremos que son meras terminales, salvo en las Autonomías de relevancia separatista, de la voluntad y el designio de las cúspides del PP o del PSOE. Los presidentes autonómicos, salvo en Cataluña y el País Vasco, y los alcaldes de la mayoría de las ciudades españoles lo son porque Zapatero o Rajoy decidieron, o autorizaron, su inclusión como cabezas de una lista electoral.
Tampoco, y salvo excepciones rarísimas, en el contrapoder clásico, en los medios informativos, mandan quienes parecen mandar y, en ese entendimiento, se centra el problema real de España. Los apuntadores, escondidos en su concha, determinan la conducta de quienes parecen primeros actores en el espectáculo político y solo son muñequitos de un triste guiñol del que, a mayor abundamiento, son muchos sus acreedores internacionales.
Así lo ha anunciado este lunes, en rueda de prensa, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, quien ha explicado que sendas iniciativas se orientan a que la educación "se fije en el centro de las prioridades".
Sobre la segunda de las propuestas, García Retegui ha recordado que el PSOE se sumó a dicho Pacto Educativo, en el que se señalaba a las infraestructuras "como el eje del mismo para conseguir los objetivos en materia educativa y la realidad es que a día de hoy, la Comunidad ha sido incapaz de presentar un solo documento en donde se marquen las necesidades reales y la situación de colegios, institutos y centros de FP para abordar esas necesidades de inversión".
"El único documento, ha resaltado, sobre aproximación a las necesidades reales es el elaborado por el PSOE y a partir del mismo, se puede hacer una planificación estratégica que aborde, de forma decidida, la Red de Centros de Enseñanzas no Universitarias".
Y es que, a juicio de Retegui, "la educación es un asunto de Región", por lo que ha asegurado que una de sus prioridades políticas será ésta, ya que "sin educación ni siquiera podemos pensar en calidad de empleo ni en competitividad ni en servicios públicos".
Por contra, ha dejado claro que "debería de ser una prioridad política, ya que después de 15 años de gobierno del PP en la Región, se está en el pelotón de cola en todos los indicadores, cuando es un asunto de Región donde nos jugamos el futuro".
Asimismo, ha recordado que el presidente Ramón Luis Valcárcel "hace meses parecía que se estaba enterando de la situación y reconocía que tenía problemas y existían consecuencias de un modelo que no había tenido entre sus prioridades la educación".
Sin embargo, ha lamentado, "sólo lo ha hecho de boquilla, ya que hoy empieza el curso escolar y los datos demuestran la falta de prioridad política".
En concreto, ha denunciado públicamente que el curso escolar ha arrancado con "2.000 aulas masificadas, necesidades de casi 30 nuevos colegios para atender las necesidades, así como de 60 ampliaciones en número de aulas y de otras 60 para recuperar espacios comunes de música y biblioteca, entre otros, además de casi 50 actuaciones en institutos y que se culmine la Red de Centros Integrados de FP".
Al hilo, el consejero ha recordado que, ahora mismo, están a punto de concretarse toda una serie de proyectos en la Región que tienden a retroalimentarse y a complementarse los unos a otros, como Contentpolis, el AVE y el aeropuerto, que lo que hacen es "darse contenido y todavía más legitimidad de la que ya tenían".
"Estamos en un momento en el que, si somos capaces de cohesionar y dar una vertebración a todos esos esfuerzos, se puede conseguir algo muy importante", manifestó.
En una rueda de prensa, Cruz confirmó que hay "varias alternativas sobre la mesa" para elegir la ubicación del parque, y aseguró que, en las próximas semanas, con "bastante celeridad", se tomará una decisión al respecto.
No obstante, admitió que el Gobierno regional hará pública la localización cuando se haya producido la elección y adquisición de los terrenos para evitar especulaciones con el precio de la superficie. "No vamos a decir que estamos pensando en un sitio o en otro, sino que se dará la opción ya cerrada", confirmó el consejero.
Cruz corroboró que el Gobierno regional será prudente en futuras notificaciones con el objetivo de "no cerrar nuevos procesos que se están desarrollando y que es mejor no desvelar, porque pueden haber muchas especulaciones en un macroproyecto como este y muchos intereses que sean ajenos a lo estrictamente regional".
El consejero manifestó que el proyecto será "más que un parque temático", y que no se va a copiar ninguna de las fórmulas que hay ya instaladas en España. De hecho, puntualizó que se trata de un proyecto de innovación en la industria del ocio, que adquirirá la forma de un complejo 'multiocio' que va a ser más que un parque temático".
Cruz insistió en que "cualquier análisis que se haga sobre modelos vigentes ahora mismo en España es perfectamente inútil porque no va a tener nada que ver, va a ser mucho más", aunque no avanzó ningún detalle, y no aclaró la posible construcción de unos estudios cinematográficos.
Asimismo, determinó que se ha hecho un trabajo "muy intenso hasta el momento, que se va a seguir haciendo, porque se trata de un trabajo muy completo y delicado que consta de varios hitos y, el primero, que era el más importante, se ha conseguido".
El estudio, cuyo autor principal es el investigador de la UMU, J.S. Carrión, establece que no es posible comprender las complejas relaciones de los paisajes modernos sin recurrir a los estudios retrospectivos, según fuentes del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), dependiente del ministerio de Ciencia e Innovación.
Así pues, los científicos han revisado datos paleoambientales correspondientes al sureste de España, un paisaje vulnerable a la desertificación y cuyo paisaje cuenta con una presión humana desde la antigüedad. Al remontarse al Mioceno medio, ha discernido un componente xerofítico en los diagramas de polen del área sureste de la península, que sigue hoy presente.
Según el estudio, durante las glaciaciones del Pleistoceno, crecieron las praderas de las montañas y las estepas de las tierras bajas, pero la vegetación arbórea, aún con contracciones episódicas, siempre estuvo presente en la región, lo que explica parte de la diversidad moderna de especies vegetales.
La magnitud de los impactos humanos sobre la vegetación durante el Holoceno fue muy variable, con un comienzo temprano, por ejemplo, unos 5.000 años antes del presente, calibrados según el método de datación del radiocarbono, en las áreas de elevación moderada y en las cuencas de los ríos.
Así pues, la degradación de la cubierta forestal de las montañas tuvo un inicio más bien tardío, durante el período Argárico y alcanzó el máximo durante la ocupación del Imperio Romano, según este estudio en el que han colaborado investigadores de la Universidad de Granada, de la Universidad de Montpellier (Francia), de la Universidad de Wales, y del Instituto Pirenaico de Ecología en Zaragoza .
De este modo, el partido "deja a un lado la euforia para plantear diferentes interrogantes, para conocer cuánto costará a los murcianos el proyecto, al que la firma tan sólo aporta la licencia, y qué estudio de impacto avala el proyecto".
Y es que, "hasta que el Gobierno Regional, en concreto su consejero de Cultura y su presidente, no informen de los detalles del proyecto, Unión Progreso y Democracia no mostrará su apoyo a un proyecto que aun está en el aire, y que si bien puede ser muy importante, aun no se han aportado los datos suficientes para conocer su viabilidad", han indicado.
Del mismo modo, UPyD deja clara "su intención de apoyar y colaborar con todas aquellas iniciativas que supongan una inyección económica a la Región de Murcia y supongan una creación real de empleos".
Así, según su portavoz, Rafael Sánchez, "esperemos que este anuncio venga acompañado de la información suficiente para conocer a fondo el proyecto, y que no suponga un riesgo económico para la Región, ya suficientemente castigada por la crisis económica y la mala gestión de sus administradores. No queremos un nuevo Terra Mítica como el de Benidorm, y acaparar deudas millonarias".
Andalucía concentra el 16 por ciento de los 56 traspasos de competencias aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a las comunidades autónomas desde el inicio de la IX legislatura, mientras que alcanza un 24,32 por ciento del coste económico de todas las transferencias realizadas por la administración central desde marzo de 2008.
En este sentido, el informe señala que Andalucía ha recibido en este periodo nueve traspasos, sólo superada por Cataluña (diez) y por delante de comunidades como Galicia (siete); Aragón y Murcia (seis); Canarias (cuatro); Cantabria y Castilla León (tres); Asturias, Extremadura y País Vasco (dos); y Baleares y Comunidad Valenciana (uno).
El porcentaje de participación de Andalucía en las transferencias realizadas por el Gobierno en lo que va de legislatura se incrementa si se tiene en cuenta el personal traspasado, ya que la comunidad andaluza ha recibido 856 funcionarios, lo que supone el 25,08 por ciento de los 3.413 funcionarios transferidos por el Estado a las comunidades autónomas desde marzo de 2008, sólo por detrás de Asturias, que ha recibido 1.205.
Teniendo en cuenta el coste total de los traspasos realizados por la Administración del Estado a las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Andalucía ocupa el segundo lugar, con 71,1 millones de euros --lo que representa el 24,32 por ciento del total--, sólo superada por el País Vasco, que alcanza los 86,8 millones y el 29,69 por ciento.
Pese a ser CCOO el sindicato que "más alternativas ha planteado al expediente", al final ha considerado que las últimas modificaciones "perjudican al global de la plantilla de trabajadores gastando una parte importante del total de las indemnizaciones en pagar unos contratos blindados" que, para esta formación sindical, "nunca deberían haber restado otros conceptos para el resto de la plantilla".
En este sentido, el sindicato ha incidido en que no comparte que "personal que ha cobrado más de 6.000 euros al mes durante años, incluso a parque cerrado, sean en este momento quienes se lleven la mayor parte de la indemnización al hacer uso de un contrato blindado".
CCOO entiende que estos salarios, "que nada tienen que ver con la realidad de los mercados, son una parte importante del enorme agujero económico que tiene Terra Mítica, y han sido permitidos y avalados por la Generalitat Valenciana".
A pesar de no aceptar el ERE por considerar que el reparto de las indemnizaciones "no es lo suficientemente equitativo", para CCOO el Expediente recoge "algunas de las peticiones" que ha reclamado "en solitario" desde su inicio.
Así, valora que se ha conseguido que la nueva dirección cotice al personal fijo discontinuo los días que falten para tener derecho a desempleo. Esto permite que los fijos discontinuos, "pese a no ver satisfechas sus expectativas de horas trabajadas", puedan percibir un salario los meses que el parque permanezca cerrado.
CCOO también considera positivo que al personal que se le suspenda el contrato y vaya temporalmente al desempleo, se le completará el subsidio por desempleo con la parte proporcional de las pagas extras, así como el hecho de que se garantiza para la apertura en marzo del 2011 las mismas condiciones establecidas en convenio. "Esto evitará las tentaciones de desregular las condiciones laborales e individualizar las relaciones laborales", ha indicado el sindicato.
Esta formación sindical hace un año y medio ya solicitó que se realizará un ERE para reconvertir los contratos fijos en fijos discontinuos, "adaptando los mismos a la realidad de apertura del parque".
Por eso, entiende que el ERE es "la única opción para dar viabilidad al proyecto de Terra Mítica", pero no comparte que "una parte importante del global de la indemnización vaya a parar a determinados puestos de alta dirección con contratos blindados, quitando la posibilidad de mejorar las prestaciones para el personal que trabaja solamente a parque abierto con salarios que a veces son diez veces menores".
CCOO considera que la Generalitat Valenciana "no solamente era conocedora de algunos de los salarios que se recibían en Terra Mítica, sino que era claramente responsable". Del mismo modo, entiende que "este derroche, junto con la inoperancia de algunos directivos ha sido, sin duda, el causante de uno de los males que ha sufrido el parque temático: salarios sobredimensionados de los directivos y puestos politizados igual a nula gestión".
En concreto, CCOO ha reprochado que esta empresa "ha aplicado la nueva regulación del despido objetivo a 17 empleados" del centro de producción de Jumilla, donde trabajan aproximadamente unos 150 trabajadores.
La Federación Agroalimentaria de CCOO censuró la "actitud de obstrucción a la actividad sindical de la dirección de la empresa con los trabajadores y representantes de CCOO" y consideró que estos despidos "obedecen a esta estrategia de obstrucción empresarial al legítimo trabajo sindical".
En un comunicado, el propietario de 'Don Simón' respondió de este modo a las críticas de la Federación Agroalimentaria de CCOO, que ha censurado que el fabricante de zumos y vinos haya sido "pionero en la aplicación de la reforma laboral al despedir a 17 trabajadores".
La compañía, que tiene una plantilla superior a los 1.000 trabajadores, aseguró que ha planteado a los representantes sindicales la reubicación de estos 17 empleados en otros centros, "teniendo en cuenta las necesidades --de las empresas del grupo-- y el perfil profesional de los trabajadores afectados".
Según indicaron fuentes sindicales, el acuerdo laboral se firmará oficialmente el próximo martes en Madrid y se ha cerrado este viernes tras unas "duras negociaciones".
Éste contempla, según varias fuentes consultadas, un programa de prejubilaciones voluntarias que afectará a 1.049 trabajadores en todo el SIP, a partir de 55 años de edad, y que recibirán entre el 85 y el 95 por ciento del salario neto.
Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo en materia de movilidad geográfica, por el que, entre otras cuestiones, las personas que se tengan que mover tendrán una serie y un abanico de compensaciones según la distancia. Así, a los trabajadores sujetos a movilidad de menos de 25 kilómetros se les darán compensaciones por tramos de kilometraje y compensaciones por gastos.
Además, para movilidad geográfica de mayor distancia se le pagará un alquiler de 800 euros o se le concederá un crédito en el caso de que decida comprar una vivienda. A los trabajadores sujetos a traslados se les permitirá "cierta flexibilidad horaria durante dos años en la entrada y la salida y además la posibilidad de acogerse a una excedencia voluntaria de entre tres y cinco años, que estará remunerada, por conciliación de la vida familiar y laboral, según las fuentes.
Las fuentes destacaron que las prejubilaciones y las excedencias serán voluntarias, aunque los traslados no, toda vez que, según algunas fuentes consultadas, "está previsto el cierre en todo el grupo de 177 oficinas", tras lo que esas fuentes han indicado que "aún no está determinado el número de trabajadores afectados por esa movilidad geográfica".
Asimismo, se contempla el respeto a los derechos adquiridos y las condiciones laborales para los trabajadores de cada caja.
El acuerdo alcanzado este viernes fue refrendado por las direcciones de las cajas y los sindicatos UGT, CCOO y el resto de sindicatos de todas las cajas, excepto CGT y Union Obrera Balear, de Sa Nostra.
Fuentes de CCOO se mostraron "satisfechos" con dicho acuerdo, toda vez que "es el mejor acuerdo que hasta ahora se ha firmado en ningún sitio".
Fuentes de este sindicato indicaron que "las condiciones son suficientes para que nadie tenga problemas en materia de movilidad".
Por su parte, fuentes de UGT CajaGranada indicaron que "aunque nos hubiera gustado hacer sacado algo más en materia de movilidad, se ha logrado un gran acuerdo en materia de movilidad geográfica y traslados y en el cómputo total tenemos una satisfacción bastante grande".
Las fuentes indicaron que tras el preacuerdo alcanzado el pasado 9 de agosto entre los responsables y gerentes de este SIP en materia de prejubilaciones, los sindicatos y representantes de las cajas tenían que negociar y concretar los aspectos relativos a movilidad geográfica y traslados, además de desarrollar el preacuerdo alcanzado y limar algunos flecos jurídicos en el documento de prejubilaciones, algo que finalmente se ha culminado esta tarde.
Asimismo, se ha constituido una comisión de seguimiento y garantías que velará por el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen y que conocerá con antelación suficiente las medidas de movilidad adoptadas en las cajas y en el banco Mare Nostrum.
Las fuentes indicaron que la mesa marco tiene que ratificar el preacuerdo y una vez ratificado el acuerdo llevarlo a cada caja tanto por los representantes sindicales como por los órganos de gobierno de las cajas.
Los datos de deuda, referidos a 2009, ponen de manifiesto que sólo 310 ayuntamientos contarán con esta restricción para el próximo año por tener un mayor nivel de endeudamiento que sus vecinos, después de que Economía haya rectificado la prohibición total para solicitar nuevos créditos el próximo año.
A pesar de ser un porcentaje pequeño de ayuntamientos, entre estos municipios se encuentran algunos tan importantes como Madrid (con una deuda del 159% de sus ingresos), Valencia (106,6%), Málaga (127%), Córdoba (101,6%) o Santander (100,2%).
También se encuentran en esta situación ciudades como Ávila (11,3%), Cuenca (82,8%), Jaén (120,5%), Teruel (187,1%), Huelva (88,2%), Zaragoza (115,35%), Cádiz (82,8%), Tarragona (97%), Santiago de Compostela (77,7%), Lleida (90,2%), Murcia (77,2%) o Ceuta (89,6%).
Para Gestha, el nuevo criterio de Economía de restringir el endeudamiento de las corporaciones locales con un endeudamiento superior al 75% es "engañosa", dado que no se consideran las deudas que puedan tener las sociedades públicas o privadas constituidas por los consistorios.
Además, este colectivo señala que los criterios para la aplicación de esta medida pueden basarse en una "pura trampa", ya que permite un mayor endeudamiento a los ayuntamientos que hayan empleado "ingeniería financiera para maquillar" su deuda y cumplan con los nuevos requisitos.
En la distribución por comunidades autónomas, Cataluña, con 85 municipios, encabeza la lista de regiones con mayor número de ayuntamientos que no podrán endeudarse el próximo año, seguida de Comunidad Valenciana (51), Andalucía (47), Aragón (37), Castilla y León (31), Castilla-La Mancha (11), Madrid (10), Murcia (8), La Rioja (7), Galicia (6) y Baleares, Canarias y Cantabria, con 4 ayuntamientos cada una. Asturias y Melilla son las únicas regiones que no tienen ningún municipio que supere el 75% de deuda.
Gestha atribuye la "crítica" situación que atraviesan las cuentas de los consistorios a la caída de la recaudación derivada de la crisis financiera actual y a la recesión económica que "ha hecho mella" en una de sus principales fuentes de ingresos como era el sector constructor e inmobiliario.
En declaraciones a los medios antes de inaugurar en Toledo el I Congreso de Pequeños Municipios, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Zarrías ha señalado que a esos 1.200 millones se añadirán otros 300 millones, "teniendo en cuenta la liquidación que deben de hacer el 1 de enero de 2011, como consecuencia de la liquidación del año 2007".
"Eso supondrá que el año próximo se distribuirán en todos los ayuntamientos del país una cifra que supera los 1.500 millones de euros", dinero que recibirán "en un momento en que el Presupuesto General del Estado decrece en torno al 6,6% y los ministerios en torno a un 15%" y que las inversiones "van a descender en 2011 un 30%".
Zarrías ha dejado claro que ese incremento del 9,2% llegará a las corporaciones locales "de forma indeterminada", siendo los propios ayuntamientos los que podrán destinarlo "a lo que quieran", y citó como ejemplo el pago de proveedores o el pago de nóminas.
Esta opción se suma a la del endeudamiento, que deberá dirigirse a financiar inversiones y que se pondrá en marcha gracias a la modificación del artículo 14 del Decreto Ley aprobado en mayo por el Gobierno, "que va a permitir que aquellos ayuntamientos que estén por debajo del 75% en lo que es la deuda viva puedan endeudarse de acuerdo a la normativa que en este momento existe".
Zarrías ha destacado que estas iniciativas van a motivar "que los ayuntamientos puedan cofinanciar diferentes proyectos de carácter plurianual o en los que exista la necesidad de una cofinanciación de los ayuntamientos con las comunidades autónomas o con la Unión Europea a través de los fondos europeos".
Estas dos medidas, que son las "más importantes que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado para 2011" y que "inciden directamente en la vida de los ayuntamientos", se unen al mantenimiento en 2011 del fondo destinado a las pequeñas poblaciones --las que no llegan a la cifra de 150 euros por habitante-- y a todo lo referente a los planes provinciales de las diputaciones provinciales.
El secretario de Estado de Cooperación Territorial, que ha indicado que esto "se ha discutido con la FEMP", ha recordado que el Gobierno durante 2009 y 2010 "ya depositó en los ayuntamientos la friolera de 13.000 millones de euros" para que pudieran llevar a cabo mejoras importantes en sus municipios "con criterios puramente objetivos, haciendo caso omiso a lo que ocurre en otras administraciones que establecen baremos de entrega de dinero en función del color político de los ayuntamientos".
Ha reconocido que los ayuntamientos "tienen que dar respuesta a los problemas del día a día y eso supone esfuerzos financieros importantes" y de ahí que, aunque "habrá que esperar a tiempos mejores" para buscar un nuevo sistema de financiación, esto va a permitir que "buena parte de los proyectos que los ayuntamientos tenían al inicio de la legislatura" puedan salir adelante.
En este punto, y ante las críticas del PP, Zarrías ha comentado que "si el Partido Popular se caracterizó por algo en su etapa de gobierno" durante los ocho años de José María Aznar, fue "por acribillar a los ayuntamientos", a los que "les retiró el IAE, sin compensación, y puso en marcha un sistema de financiación "que no ha servido para nada".
"Si hay alguien que debe permanecer con la boca cerrada en estos momentos cuando habla de financiación y apoyo a los ayuntamientos son aquellos que durante ocho años se dedicaron a machacar a las corporaciones locales", ha precisado.
Respecto al Congreso, Gaspar Zarrías ha considerado que es el "lugar idóneo" para poder analizar con los representantes de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de todo el país las novedades que los PGE van a introducir y que afectan directamente a la vida local y la vida municipal.
"El gobierno de España tiene claro, muy claro, el papel determinante que en nuestro país juegan los ayuntamientos", ha señalado Zarrías, convencido de que "dar respuesta a los problemas lleva consigo financiación y lleva consigo buscar dinero de donde no lo hay".
García Retegui explicó que "toda inversión que venga es bienvenida, sobre todo si va a crear empleo y riqueza en la Región de Murcia", y anunció que la misma mañana de este viernes se puso en contacto con el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, para pedirle una entrevista y conocer de primera mano el proyecto en profundidad.
Y es que, a su juicio, es "importante" conocer el proyecto y los inversores que hay detrás porque "no puede costar dinero a los murcianos". Así, dijo tener claro que la Región necesita "más inversión para crear empleo, pero sin asumir más costes porque las arcas de la Región no pueden gastar en este momento", por lo que adelantó su apoyo al proyecto si tiene inversores "serios y solventes".
La parlamentaria consideró este anuncio un hecho "relevante", ya que se está hablando de muchos puestos de trabajo, por ello pide que se constituya una Comisión en la Asamblea Regional donde los grupos parlamentarios puedan tener un conocimiento puntual sobre la evolución del mencionado proyecto.
No obstante, USO considera que lo más positivo es la creación de puestos de trabajo que llevan anejo estas instalaciones, aunque indicó que "no son la única fuente de lucha contra el desempleo, ya que algunas veces con la facilidad que se montan estos parques de ocio, se desmontan al cierto tiempo, algo que ha ocurrido no muy lejano a la Región de Murcia".
Pujante ha manifestado que la creación del parque puede quedar en "una tomadura de pelo" y ha asegurado que no va a creer en este proyecto hasta que sea una realidad, al tiempo que ha criticado que el anuncio se haya realizado "en un contexto preelectoral".
PLI se involucrará en la fase de planificación del parque temático, que tendrá la marca de Paramount, y proveerá el diseño conceptual de las instalaciones, al tiempo que concederá una licencia para que se empleen elementos de su filmografía en la explotación del complejo.
"Creemos que Murcia representa una gran oportunidad para llevar a Europa un Parque Cinematográfico de Paramount y estamos deseosos de trabajar junto con el gobierno regional de Murcia y Santa Monica Financial Services S.A. para desarrollar este apasionante proyecto", ha afirmado Michael Corcoran, presidente de Paramount Licensing, en un comunicado.
Michael Bartok, vicepresidente ejecutivo de PLI, ha destacado la "infraestructura turística" murciana y el "fuerte apoyo" del gobierno autonómico como base a la hora de llegar a un acuerdo. En su opinión, existen "unas condiciones ideales" que permitirán llevar "entretenimiento de primera categoría a los españoles y al creciente número de visitantes internacionales".
El escueto comunicado de Paramount Licensing no da más detalles sobre el desarrollo del parque temático y se limita a anunciar que habrá más información sobre el proyecto "en los próximos meses". La posibilidad de que Paramount abriera un parque temático en Murcia saltó a los medios de comunicación el pasado mes de febrero filtrada por las autoridades regionales a raíz de una carta que recibieron de Bartok mostrando su interés en construir ese centro de ocio allí.
Entonces se comentó que el parque de Paramount podría dar trabajo a 20.000 personas, atraería tres millones de turistas más al año y generaría alrededor de 15.000 nuevas plazas hoteleras, si bien se dijo que Cataluña y Andalucía también pugnaban por el proyecto.
Fuentes del gobierno murciano aseguraron que el primer contacto con representantes de Paramount se produjo en la feria de turismo Fitur (Madrid) donde se produjo una entrevista con un ejecutivo de la empresa consultora GAA Marta Ghasan Avidi, asociada con el holding Ruwaad, que trabaja con Paramount.
En declaraciones a la prensa desde su iglesia en Gainesville (Florida), anunció el principio de acuerdo alcanzado con el imán de Nueva York Abdel Rauf, promotor de la mezquita, y lo consideró una "señal de Dios", informa la cadena norteamericana ABC. "Ha acordado moverlo", indicó el reverendo, en referencia al centro religioso.
Sin embargo, fuentes cercanas al religioso islámico negaron cualquier pacto con Jones sobre el traslado de la mezquita.
El pastor protestante adelantó que se reunirá con Rauf el próximo sábado en Nueva York. "Los estadounidenses no quieren la mezquita ahí y, por supuesto, los musulmanes no quieren que quememos coranes", explicó Jones.
"Nadie puede decir que ya hayamos salido de la crisis. El grado de incertidumbre sobre la reactivación económica es elevado, casi todas las economías siguen creciendo por debajo de su potencial, continúan existiendo problemas importantes en diversos segmentos de los mercados financieros y los sistemas bancarios todavía no han recuperado la normalidad en su funcionamiento. Queda mucho por hacer", dijo Fernández Ordóñez en un discurso pronunciado en el Instituto de Empresa.
El gobernador señaló, no obstante, que los gobiernos y las instituciones internacionales ya han emprendido importantes reformas, pero que éstas deberán continuar hasta que se normalicen los mercados financieros, las economías crezcan de forma sostenida y el paro caiga sustancialmente "tanto a nivel español como mundial".
En el marco de la nueva normativa bancaria internacional que se está elaborando (Basilea III), Fernández Ordóñez señaló que las instituciones españolas están mejor preparadas que las de otros países para afrontar unos requerimientos de capital y liquidez más duros.
"Los cambios que están proponiendo en los ámbitos de la regulación y la supervisión están en consonancia, en términos generales, con prácticas que ya eran habituales en nuestro país (...) parece razonable pensar que los bancos españoles se vean afectados en menor medida que los de otros países", dijo el también miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo.
Al contrario que otros países de su entorno, el Banco de España ha obligado a las entidades financieras españolas a acumular unos colchones de capital o provisiones en épocas de bonanza para posteriormente ser utilizadas en períodos de crisis.
No obstante, Fernández Ordóñez señaló que los bancos e instituciones financieras -también las españolas- deben estar preparados para afrontar potenciales nuevos episodios de inestabilidad financiera a nivel internacional.
"En cualquier caso, bancos y cajas deberán seguir pensando en fortalecer su estructura de financiación (...) Evidentemente, nuestro sistema bancario (español) tendrá, como todos, que esforzarse para reforzar su capital y crear colchones de liquidez en los próximos años", señaló.
El gobernador reconoció que en general las nuevas normativas de regulación financiera "podrían tener un coste elevado" para las entidades, el sistema financiero y la economía en general en caso de aplicarse con todo su rigor "en una situación tan complicada como la actual", por lo que resaltó la necesidad de que se establezca un período transitorio suficientemente largo para su implantación.
Está previsto que las nuevas normativas de regulación financiera internacional entren en vigor a finales de 2012.
El gobernador del banco central destacó la mejora de la confianza hacia la economía española a raíz de los planes de reducción de déficit presupuestario y la reforma del mercado laboral que emprendió por el Ejecutivo.
No obstante, destacó que los objetivos deben cumplirse estrictamente y emplazó a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a que se "impliquen seriamente" para lograrlo.
España quiere reducir su déficit presupuestario al 6 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2011 frente al 11,2 por ciento de 2009 y que el déficit se sitúe en el objetivo europeo del 3 por ciento en 2013.
Dentro de las iniciativas, el Congreso de los Diputados español aprobó el jueves la reforma del mercado laboral y tiene pendiente una reforma crucial del sistema de pensiones.
A este respecto, Fernández Ordóñez señaló que el Ejecutivo deberá emprender cuanto antes la remodelación del sistema de pensiones e instó a que se lleve a cabo dentro del marco del Pacto de Toledo que incluye a todos los agentes sociales y que desde 1995 establece de forma consensuada las líneas de actuación en el sistema de pensiones contributivo.