Conclusiones del Informe GRECO sobre Transparencia en la Financiación de Partidos en España

MADRID.- El "Informe de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España", elaborado por el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción) del Consejo de Europa, con fecha de mayo de 2009, resulta un informe muy riguroso e independiente sobre este asunto, de plena actualidad en la Comunidad Valenciana por el 'caso Gürtel', que todo apunta ya claramente es un nuevo caso de financiación ilegal de un partido-el PP- además de otras corrupciones orientadas al lucro personal de algunos dirigentes del partido que se postula para gobernar España.

El informe pone de manifiesto que, pese a los avances legales en este campo, que han corregido algunos graves defectos-por ejemplo los relacionados con las generalizadas donaciones anónimas-persisten muchos puntos negros que son utilizados, una y otra vez, para cometer delitos graves por parte de un sistema de partidos que tiene la afiliación más baja de toda Europa en el marco de uno de los modelos más partitocrátricos de organización de la vida pública.

No sólo identifican los problemas, sino que se proponen medidas para corregirlos. Reproducimos las conclusiones.

"A mediados de 2007 España promulgó una nueva ley que regulaba la financiación de los partidos políticos, es decir, Lay Orgánica 8/2007. Dicho acontecimiento refleja un aumento en la concienciación de la necesidad de regular la financiación de los partidos políticos, un área en la que ha habido una serie de escándalos, tristemente famosos, durante las dos últimas décadas. Se han introducido un número importante de mejoras en la nueva ley para garantizar aún mejor la transparencia de la financiación política.

En particular, ahora las donaciones anónimas están prohibidas; además, la magnitud e identidad de las donaciones privadas que los partidos pueden recibir tendrán que ser identificadas en las cuentas del partido. Sin embargo, se lamenta que dichas cuentas no sean consolidadas para que incluyan las cuentas de las secciones locales – según proceda – y las entidades relacionadas directa o indirectamente con los partidos políticos o por lo demás bajo su control (p.ej. fundaciones políticas).

Además, según vaya evolucionando la experiencia con la puesta en práctica de la ley, las autoridades deberían permanecer alerta sobre posibles formas de burlar sus disposiciones, por ejemplo, en relación con los límites de gastos en las campañas electorales, préstamos, y donaciones de entidades públicas o semi-publicas. Aunque las medidas sobre transparencia han aumentado en teoría, continúa siendo esencial que sean transmitidas de forma efectiva al público.

En este sentido, la publicación y divulgación de información es fundamental para garantizar transparencia sobre la financiación política. En España, lo que el público en general y los medios de comunicación consideran preocupante en relación a la financiación de los partidos políticos es la información total (que no es fácil de comprender) y que es accesible demasiado tarde en el proceso.

Es decisivo que la información comprendida en las correspondientes publicaciones del Tribunal de Cuentas sobre financiación política tenga suficiente sentido como para ayudar a identificar vínculos económicos discutibles y posible corrupción en el sistema de financiación de partidos. Respecto a la supervisión de la financiación política, el Tribunal de Cuentas, que tradicionalmente ha jugado un papel clave en la detección de defectos y áreas de riesgo en el sistema, actualmente no solo está autorizado a monitorizar, sino que también tiene poder de ejecución.

Dicho esto, es sumamente importante que a este organismo le sean atribuidos recursos adicionales de forma que esté en mejores condiciones para realizar sus trabajos en relación con la financiación política, incluso asegurando una supervisión más a fondo de los informes financieros de los partidos políticos y la presentación y publicación de sus conclusiones oportunamente. La estrecha cooperación y coordinación entre el nivel central y el de las Comunidades Autónomas es clave para identificar y abordar áreas de riesgo relacionadas con la financiación de partidos.

Además, es fundamental que la obligación que los partidos políticos tienen de desarrollar sus propios sistemas de control interno sea rápidamente puesta en práctica, lo cual reforzaría indudablemente la disciplina económica de los partidos políticos y reduciría las posibilidades de corrupción.

Por último, el sistema sancionador en vigor necesita aumentar su regulación, incluso definir claramente las infracciones de la normativa sobre financiación política y enlazar dichas infracciones con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Teniendo en cuenta lo anterior, el GRECO traslada a España las siguientes recomendaciones:

i. que se tomen las medidas oportunas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se utilizan para eludir las disposiciones sobre financiación política (párrafo 74); ii. que se tomen las medidas necesarias para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de (i) los partidos políticos a nivel local; (ii) las entidades vinculadas directa o indirectamente a los partidos políticos o que estén bajo su control (párrafo 75); iii. que se cree un formato común para las cuentas y rendimientos de los partidos (tanto a nivel de oficina principal como de secciones locales) con objeto de garantizar que la información que se facilite al público es lo más coherente y comparable posible, y que se presenta en la forma oportuna dentro de las fechas límite prescritas en la Ley 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos, permitiendo así una comparación significativa tanto en relación con un período como entre los partidos (párrafo 76); iv. que se tomen medidas necesarias para mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políticos para garantizar la independencia de este tipo de controles (párrafo 77); v. que se aumenten los recursos financieros y de personal destinados al Tribunal de Cuentas de forma que esté en mejores condiciones para realizar de forma eficaz sus tareas de control y ejecución en relación con la financiación política, incluyendo una supervisión más a fondo de los informes financieros de los partidos políticos (párrafo 79); vi. que se definan claramente las normas sobre financiación política y que se introduzcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para dichas infracciones, en especial, mediante la ampliación del rango de sanciones disponibles y el aumento del ámbito de la estipulación de sanciones para poder implicar a todas las personas/entidades (incluyendo a los donantes individuales) a los que la Ley Orgánica 8/2007 impone obligaciones (párrafo 83).

Viva la clase media

Al comenzar la Segunda República, en España había un tres por ciento de ricos, fundamentalmente agrarios, una inmensa masa proletaria y apenas un veinte por ciento de clase media: una estructura social catastrófica capaz de alentar el discurso revolucionario que provocó la tragedia.

El porcentaje de fortunas se ha mantenido en los últimos ochenta años, aunque su base actual sea la industria y la especulación bursátil, pero la mesocracia se ha convertido en la médula de un país en el que ahora son los inmigrantes quienes representan la mayor parte de la mano de obra no cualificada.

Aunque la recesión ha incrementado peligrosamente el índice de pobreza, el discurso dual de pobres y ricos queda hoy relegado al plano de la más burda demagogia.

Escribe Ignacio Camacho en ABC que el Gobierno está en su derecho de subir la presión fiscal y la deuda para sufragar su política de subsidios y gasto público sin tasa, pero lo que ya no cuela de ningún modo es el rancio argumentario de exprimir a los ricos, aunque se disfrace con el eufemismo técnico de las «rentas altas» o «rentas de capital».

Los impuestos se los suben a los que los pagan, que es la clase media porque es la única que está bajo el control de Hacienda.

La burguesía que ha sostenido el crecimiento español con el esfuerzo de su trabajo y de su ahorro ha sido señalada por el zapaterismo para sufragar la factura de una estrategia clientelar destinada a mantener el apoyo del voto subsidiado.

Los analistas gubernamentales entienden que ha crecido el número y la edad de los mileuristas y que pueden constituir con ellos y los desempleados una fuerza social capaz de mantener al socialismo en el poder si se le administra una inyección económica suplementaria.

En este peculiar concepto de la redistribución no importa tanto el número de parados como la posibilidad de mantenerlos adheridos a un Estado maná que les asegure la supervivencia.

El problema es que para lograrlo es necesario exprimir al sector productivo, a una clase media menguante y asfixiada que ha de sufrir además la ofensa de ser considerada un sector de privilegiados.

Quizá acabe siendo un privilegio tener trabajo en esta España de parados profesionales, autónomos en quiebra y sindicalistas atrincherados en la subvención, pero será el Gobierno el responsable de esa silenciosa destrucción de la médula social que ha vivificado el país y lo ha dotado de musculatura económica.

El incremento impositivo, por mucho que se intente afinar en su alcance, es un paso atrás que define la impotencia de esta sedicente socialdemocracia para invertir el sentido de la recesión y buscar un impulso de crecimiento.

Con su cerrada negativa a rebelarse contra la crisis y su empeño en el discurso paliativo, el zapaterismo no está defendiendo a los pobres: está empobreciendo a los que aún no lo son del todo.

http://www.periodistadigital.com/opinion/economia/2009/09/27/viva-la-clase-media.shtml

El Bloc pide a Camps que defienda la valencianidad de Bancaja y CAM

VALENCIA.- El portavoz del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera, reclamó ayer al jefe del Consell, Francisco Camps que recurra al Tribunal Constitucional al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) si finalmente se elimina la posibilidad de que los gobiernos autonómicos puedan vetar fusiones interregionales entre cajas de ahorro, según 'Levante'.

Morera dijo que prefería una unión entre Bancaja y la CAM antes que con Caja Murcia, que consideró "un error" para el sistema financiero valenciano. El dirigente nacionalista advirtió del riesgo de que la caja alicantina y la murciana puedan después ser absorbidas por entidades de mayor tamaño como La Caixa o Caja Madrid.

Ante las reticencias de Bancaja y CAM a explorar una unión, Morera propone que la sede social se ubique en Alicante, mientras Valencia albergue la dirección estratégica. Además propuso buscar fórmulas para reducir lo que denominó "costes sociales" de la operación, es decir posibles despidos de empleados por el ajuste de oficinas y personal.

Morera ha presentado una pregunta parlamentaria al Consell para conocer si considera que el FROB (aprobado en el Congreso con los votos del PSOE y PP) invade competencias autonómicas.

El líder del Bloc recordó que el Consell Jurídic Consultiu de Cataluña ha emitido un informe en este sentido y advirtió que si finalmente el Gobierno central elimina el veto autonómico a las fusiones presentará una proposición no de ley para que la Generalitat recurra el fondo ante el Tribunal Constitucional, como ha anunciado el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.

Las fusiones interregionales están provocando roces políticos, como en el caso del interés de la vasca BBK por Caja Castilla-la Mancha. La presidenta del PP manchego, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que su partido se opondrá "radicalmente" a que la posible fusión entre Caja Castilla La Mancha (CCM) y la BBK se haga "como pago" al PNV por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

El secretario de organización del PSOE manchego, José Manuel Caballero, calificó esta afirmación de "intoxicación".

La Región de Murcia es la tercera autonomía con mayor superficie de regadío en relación a la superficie agraria utilizada

MURCIA.- La Comunitat Valenciana es la primera autonomía con más superficie de regadío en relación con la SAU (superficie agraria utilizada), con un 41,7 por ciento, seguida por País Vasco (40,3 por ciento) y la Región de Murcia (37,1 por ciento).

A continuación, se sitúa Canarias (32,6 por ciento), Cataluña (23,9 por ciento), Andalucía (19,6 por ciento), Aragón (18,2 por ciento), Navarra (14,3 por ciento), y La Rioja (14,3 por ciento).

Por contra, Cantabria es la comunidad autónoma con menor superficie de regadío en relación a la SAU en la región, el 0,1 por ciento del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Según dicho informe, a continuación se sitúa Asturias (1,1 por ciento) y en tercer y cuarto lugar, aunque con bastante mayor porcentaje, si bien por debajo de la media de España (13,6 por ciento), están Baleares (6,2 por ciento) y Extremadura (6,6 por ciento).

También por debajo de la media nacional se encuentran Madrid (7,2 por ciento); Castilla y León (8,4 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,6 por ciento).

Atendiendo a la superficie total nacional, el primer puesto en cuanto al uso de agua de regadío lo ocupa Andalucía (23,8 por ciento); seguida de Aragón (14,2 por ciento); Castilla y León (13,5 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,9 por ciento), situándose a continuación la Comunitat Valenciana (9,8 por ciento).

Según los datos del INE, en el año 2006 la superficie dedicada al regadío en España ascendió a 3.278.906 hectáreas, lo que supone el 13,6 por ciento de la superficie agraria utilizada, y el 7 por ciento de la superficie nacional.

Por tipo de cultivo, los herbáceos acaparan el 44,7 por ciento del total. En cuanto a técnicas, el que se realiza por gravedad es el menos sostenible y concentra el 45,2 por ciento del total.

La FEMP exigirá que los PGE y las CC.AA. garanticen la suficiencia financiera de los gobiernos locales

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) exigirá que tanto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como en los de las comunidades autónomas quede garantizada la suficiencia financiera de los gobiernos locales para el próximo ejercicio, con el fin de "mantener el acceso igualitario de todos los ciudadanos a los servicios básicos".

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha anunciado que propondrá en la Comisión Ejecutiva de la FEMP, que se reúne el próximo martes para analizar el proyecto de Ley de los PGE, que en los presupuestos se mantengan todas las partidas y conceptos que tradicionalmente se han destinado a las entidades locales, sin recortes ni supresión alguna.

En lo que respecta al nuevo Fondo de Inversión Local, cuya dotación prevista es de 5.000 millones, la FEMP solicitará al Gobierno que una buena parte del mismo pueda ser destinada a la financiación de gastos corrientes relacionados con políticas sociales y educativas.

Según la FEMP, esta medida responde a la "necesidad de financiar" los servicios públicos que actualmente prestan los ayuntamientos, los cuales podrían "ponerse en peligro como consecuencia del descenso de los ingresos en 2010".

En la Comisión Ejecutiva del martes también se abordarán las medidas de ayuda anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la semana pasada y según las cuales se aplaza un año la deuda de los municipios y se destina el 15% del segundo 'Plan E' a educación.

Castro afirmó el pasado martes que con estas medidas, los ayuntamientos comienzan "a ver un poco la luz", pero consideró que "no son suficientes", por lo que así lo trasladará a la Comisión Ejecutiva.

El presidente de la FEMP exigirá, asimismo, que los gobiernos locales tengan el mismo tratamiento que las comunidades autónomas en lo relativo a las entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), una partida que, para la federación, "con toda seguridad se verá mermada por la correspondiente minoración de los ingresos del Estado".

"Si a esto añadimos la pérdida de ingresos que van a tener los ayuntamientos españoles por la disminución de la actividad económica en sus respectivos territorios y su incidencia en la recaudación de los tributos locales, la situación se agravará aun más y habrá ayuntamientos que no puedan prestar algunos servicios básicos a sus ciudadanos", explica la FEMP.

A juicio de Castro, "en unas circunstancias de crisis como las actuales es más necesario que nunca dirigir todos los esfuerzos presupuestarios a reforzar las políticas sociales y el empleo", ya que recordó que los ayuntamientos son "la institución pública que alcanza mayor eficiencia y mayor rentabilidad social en la ejecución de las políticas públicas, como así se ha demostrado en el desarrollo de los proyectos del Fondo de Inversión Local de 2009".

Por todo ello, reclamará al Gobierno que "renueve la confianza" en la capacidad de gestión de los recursos públicos por parte de los ayuntamientos, porque "no podemos olvidar que son los gobiernos locales los que, en primera instancia, perciben los problemas y pueden dar las respuestas adecuadas".

Saura destaca que el 50% del aumento de los impuestos "será para las CC.AA"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, destacó este sábado que el 50 por ciento del aumento "moderado" de los impuestos "será para las comunidades autónomas", y dijo que la subida "servirá para incrementar la inversión pública, pero también para seguir apostando por la solidaridad y las políticas sociales, para que nadie se quede en la cuneta".

Saura hizo así referencia al anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tras la reunión del Consejo de Ministros de que el tipo general del IVA subirá dos puntos desde el 1 de julio de 2010, hasta el 18 por ciento, y el tipo reducido un punto, hasta el 8 por ciento, y se mantendrá, en cambio, el tipo superreducido (del 4 por ciento) aplicable a los bienes de primera necesidad, mientras que el gravamen de las rentas del ahorro se elevarán del 18 por ciento al 19 por ciento para los primeros 6.000 euros y el resto, tributarán al 21 por ciento.

Saura destacó que es una subida "progresiva, con un reparto justo en el que pagarán más los que más posibilidades tienen", y añadió que "además de ser una subida que pretende financiar la política social y las inversiones, no interfiere la actividad económica, porque es una subida muy moderada y se reduce el impuesto de sociedades", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El líder socialista instó al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel a que "deje su hipocresía, ya que, por una parte dice que hay que bajar los impuestos y, por otra, no explica -y sí acepta- que el 50 por ciento de esa subida moderada sea para las comunidades autónomas y financiar, en definitiva, las políticas sociales".

"Valcárcel pide más dinero para la Administración regional y para los ayuntamientos mientras dice que no hay que subir impuestos", añadió Saura, quien recordó que, con el nuevo acuerdo de financiación autonómica, el 50 por ciento de la recaudación del IRPF y del IVA "se queda en las comunidades autónomas".

Agricultura pone en marcha medidas contra la caza furtiva

MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua, en colaboración con el colectivo de cazadores, representado por la Federación Murciana de Caza, ha puesto en marcha medidas activas para controlar y evitar la caza furtiva, como la obligatoriedad de marcar las piezas abatidas con precintos facilitados por la Administración, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, señaló que la Región de Murcia "alberga importantes poblaciones de ungulados, entre las que destacan la cabra montés (Capra pyrenaica) en el Noroeste, y el arrui (Ammotragus lervia) en la zona centro, que "se ven afectadas por crecientes episodios de furtivismo".

Según Fernández, "el cazador furtivo provoca importantes daños a los ecosistemas, al no respetar los ciclos biológicos, y también perjudica al resto de cazadores que cumplen las normas legales y hacen un aprovechamiento racional de la caza". Asimismo, añadió, dichas poblaciones silvestres "tienen un alto valor económico para el desarrollo de las zonas rurales".

Entre las medidas que ha puesto en marcha la Consejería para combatir la caza ilegal destaca la obligación de marcar las piezas de caza abatidas con precintos facilitados por la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, antes de abandonar el lugar de caza.

Posteriormente un agente medioambiental levantará un acta con los datos morfológicos del animal y las correspondientes mediciones, y cada precinto deberá ser convenientemente marcado en el soporte donde se fije el trofeo del animal cazado, una vez naturalizado, lo que dará fe de que ha sido cazado de forma legal.

La Consejería ha fijado en 6.000 euros el valor cinegético de cada ejemplar de las citadas especies, en concepto de indemnización complementaria, cuando se trate de una pieza cobrada ilegalmente o se incumplan las normas fijadas en la autorización expedida por la Administración.

Asimismo, el Cuerpo de Agentes Medioambientales y el de Celadores de Caza y Pesca Fluvial, integrado por más de cien profesionales, intensificará el seguimiento de las actividades cinegéticas. En este sentido, el director general destacó la reciente creación de la Brigada de Caza y Pesca (Bricap), que se suma a otras ya existentes como la Brigada Ecuestre y la Brigada Canina.

Fernández explicó que "el control se ampliará también a los taxidermistas, "mediante la recogida de los precintos de los animales naturalizados y el seguimiento de los libros de registro obligatorios, en los que deberá figurar la procedencia de los ejemplares de fauna silvestre disecados, para garantizar que son legales".

La Consejería pretende incorporar también dispositivos de videovigilancia y fototrampeo nocturno y diurno en los terrenos cinegéticos más sensibles al furtivismo, una tecnología que proporciona información mediante soportes digitales, en tiempo real.

Finalmente, realizarán controles disuasorios de vehículos sospechosos de actividades ilícitas, para evitar la utilización de armamento y accesorios de uso corriente entre los furtivos, tales como rifles de pequeño tamaño desmontables y adaptados, silenciadores, dispositivos de iluminación y elementos de comunicación, entre otros.

De hecho, la Consejería recordó que agentes medioambientales y celadores de caza de la Consejería sorprendieron recientemente a dos cazadores furtivos en el paraje de la Umbría de la Galluba, ubicado en el interior de la Reserva de Caza del Parque Regional de Sierra Espuña, que portaban un rifle desmontado bajo el asiento de su coche.

Los agentes rastrearon intensamente la zona y, a pesar de la oscuridad, pudieron localizar un ejemplar abatido de arrui macho, tras lo cual decomisaron el arma y la pieza capturada, y efectuaron la correspondiente denuncia.

La Ley de Caza de la Región de Murcia considera infracción muy grave cazar en una reserva, así como en refugios de caza, sin la autorización de la Consejería competente, aunque no se haya cobrado pieza alguna.

Por cometer infracciones muy graves, dicha ley establece multas de entre 3.000 y 60.000 euros y la retirada de la licencia e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre tres y cinco años, además de la suspensión de la actividad cinegética durante el mismo período, en su caso.

El número de inmigrantes irregulares que entraron este año a la Región en patera desciende un 36% respecto a 2008

CARTAGENA.- Hasta el mes de septiembre llegaron a las costas murcianas un total de 364 inmigrantes a bordo de pateras, un 36 por ciento menos que en 2008, en el que llegaron 569 personas.

"Esto indica que el dispositivo de control de la costa está funcionando de forma efectiva y disuasoria al tiempo, lo que demuestra tanto la eficacia conjunta de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Vigilancia Aduanera, Salvamento Marítimo y Cruz Roja, junto a instrumentos de apoyo como es el SIVE", se dice desde la Delegación del Gobierno.

La última embarcación, con once inmigrantes irregulares a bordo, diez varones y una mujer y que se dirigía al litoral de Cartagena, fue interceptada por una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, poco antes de la pasada medianoche.

La operación que dio lugar a esta interceptación se inició a raíz de que, sobre las 23.00 horas de ayer, el SIVE detectara la presencia de la citada embarcación, cuando ésta se encontraba a unas siete millas del litoral y navegaba en dirección al Cabo del Agua, en el término municipal de Cartagena.

Hacia las 23.55 horas, la patrullera de la Guardia Civil interceptó la mencionada embarcación, de pequeño tamaño y equipada con un motor de 30 cv, a bordo de la cual viajaban once personas, todas ellas de origen argelino, mayores de edad y en aparente buen estado de salud. Entre estos inmigrantes había una mujer.

Tanto los inmigrantes como la embarcación fueron trasladados por la Guardia Civil al puerto de Cartagena, donde los primeros, tras recibir asistencia de la Cruz Roja, fueron puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para la tramitación de los oportunos expedientes de devolución a su país de origen.

La exportación española de frutas y hortalizas aumenta un 3,2%

MADRID.- La exportación de frutas y hortalizas alcanzó los 5,9 millones de toneladas hasta junio, lo que supone un incremento de 3,2% en relación del mismo periodo del año anterior, mientras que el valor se mantuvo prácticamente igual al registrado en 2008 (+0,7%), con una facturación total de 4.993 millones de euros en los siete primeros meses del año, informó hoy la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex).

En términos mensuales, la exportación en julio creció un 23% en volumen en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta las 598.227 toneladas, mientras que su valor se redujo un 5%, situándose en 374,9 millones de euros.

Para esta organización, los datos relativos al mes de julio demuestran una fuerte presión a la baja de los precios, en donde el crecimiento de la exportación en volumen se debe a un incremento en la comercialización exterior de la fruta, que aumentó un 27,5% sus ventas, hasta las 480.303 toneladas.

Los incrementos más importantes fueron los registraron por la sandía, 107.513 toneladas, un 73% más; el melón, con 98.551 toneladas, un 25,3% más; y la nectarina, que exportó un 27% más, hasta las 80.663 toneladas.

Por su parte, la exportación de hortalizas en volumen durante este mes también se incrementó en un 6,7%, hasta 117.924 toneladas, siendo la patata y la cebolla las que más crecieron, con incrementos del 62,5% y 33%, respectivamente.

En cuanto al retroceso de la facturación, el valor de la exportación de frutas en el mes de julio cayó un 4,5% totalizando 298,6 millones de euros y el de hortalizas se redujo en un 4%, situándose en 76,2 millones de euros. Los precios medios en julio se redujeron un 22% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por regiones, la Comunidad Valenciana exportó 1,9 millones de toneladas en el mes de julio, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, Andalucía comercializó 1,8 millones de toneladas de frutas y hortalizas (-3,6%) y Murcia exportó 1,3 millones de toneladas (+13%). Destacó también la exportación de Cataluña, con 379.187 toneladas (-8%) y Extremadura, 79.144 toneladas (+26%).

En relación a estos datos, Fepex subrayó que la "fuerte presión sobre los precios" en todos los mercados pone en evidencia la necesidad de medidas urgentes de mejora de la competitividad, actuando sobre los rendimientos, la productividad y los costes.

Esta situación será objeto de debate en las jornadas técnicas que se celebrarán en el marco de Frui Attraction, la feria de frutas y hortalizas que Fepex organiza junto con Ifema, y que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de noviembre.

Murcia fue la comunidad que registró un mayor aumento de los precios industriales en agosto, con un 1,8%

MADRID.- Los precios industriales registraron un aumento el pasado mes de agosto de un 1,8 por ciento en la Región de Murcia respecto a julio, siendo el mayor crecimiento experimentado en el conjunto nacional, según el Índice General de Precios Industriales publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque, en términos interanuales, los precios industriales en la Región de Murcia bajaron un -7,6 por ciento en agosto con respecto al mismo mes del año anterior, más de dos puntos que la media española (-5,5 por ciento).

En el conjunto del país, los precios industriales ralentizaron su caída interanual en agosto, con un descenso del 5,5 por ciento, tras registrar el pasado mes su mayor descenso (-6,7%) en toda la serie histórica, iniciada hace 33 años, en concreto en enero de 1976.

Con agosto, ya son ocho los meses consecutivos en los que los precios industriales registran caídas interanuales.

En valores interanuales, catorce comunidades presentaron en agosto caídas en los precios industriales, con Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha y Murcia en los cuatro primeros lugares (-12%, -11,3%, -8,3% y -7,6%, respectivamente), mientras que las subidas correspondieron a Baleares (+3,6%), Navarra (+3%) y La Rioja (+1,1%).

En tasa mensual (agosto sobre julio), Murcia fue la región donde más se incrementaron los precios industriales, con un avance del 1,8%, seguida de Andalucía (+1,7%) y Castilla-La Mancha (+1,5%).

Ocho comunidades registraron tasas mensuales negativas en el mes de agosto: Asturias (-1,1%), Aragón (-0,5%), Cantabria y Extremadura (-0,4%), Castilla y León (-0,3%), Baleares (-0,2%), Madrid y La Rioja (-0,1%).

El ministro del Interior entrega la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario a la viuda de Guillermo Miranda

MURCIA.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo entrega de la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario a título póstumo al que fue director de la prisión de Murcia, Guillermo Miranda.

El acto tuvo lugar en el transcurso de un acto celebrado ayer en Madrid con motivo de La Merced, patrona de la Institución Penitenciaria.

El galardón, el máximo que se concede en la institución, fue recogido por su mujer, Maria Paz Anguita. En medio de un fuerte aplauso de todos los asistentes, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Antes de la entrega de la medalla, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró echarle de menos todos los días y explicó que "le entregamos la medalla a título póstumo y se la daremos con toda la emoción que nos cabe a su familia, a su esposa y sus hijas".

Guillermo, continuó, "estará siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazón porque representa los mejores valores de nuestra gente".

"La generosidad, la bondad, la inteligencia y la simpatía de Guillermo nos acompañarán siempre. Gracias Guillermo, donde quiera que estés, por todo lo que nos diste", concluyó.

La CHS descubre vertidos al Segura a través del alcantarillado municipal de Las Torres de Cotillas

MURCIA.- La Guardería Fluvial y los Agentes Medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en su continua labor de vigilancia del Dominio Público Hidráulico, ha comprobado un foco de origen de las espumas que periódicamente aparecen en el río Segura aguas abajo de la Contraparada tras episodios intensos de lluvia.


La CHS inició la semana pasada la investigación por la aparición de espuma en el río Segura a su paso por la Vega Media, para lo cual ha controlado 25 puntos de vertido directo al cauce con toma de muestras, que se están analizando actualmente en el laboratorio, y se procedió a rastrear los orígenes de los vertidos, habiéndolos detectado en la red de alcantarillado del municipio de las Torres de Cotillas.

El vertido de contaminantes sin tratamiento previo a la red municipal de alcantarillado provoca que, en días lluviosos, las conducciones de pluviales que van a parar al río Segura rebosen y afloren acumulaciones de espuma, según informaron fuentes del organismo de cuenca en nota de prensa.

Ante tales evidencias, la CHS ha dado traslado al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, como titular del permiso de vertido al río Segura a través de su red de alcantarillado, para que, inmediatamente, tome medidas que atajen esta situación, tan perjudicial para el buen estado ecológico del río Segura.

El organismo de cuenca considera "inaceptable" que, con el esfuerzo que han realizado y siguen realizando las administraciones para que el río Segura se haya recuperado medioambientalmente y deje de ser una "cloaca", se sigan produciendo vertidos incontrolados, incluso, a través de una red municipal de alcantarillado.

El embarcadero del Hornillo, en Águilas, recibe la declaración de Bien de Interés Cultural

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha declarado hoy Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, el embarcadero del Hornillo, en Águilas. La Compañía Inglesa de Ferrocarril del Sur de España realizó, entre 1887-1890, el tramo Águilas-Lorca y solicitó una concesión para la construcción de un cargadero de mineral aprovechando las condiciones naturales de la bahía y la proximidad a la estación del término municipal de Águilas.

El embarcadero se inauguró en 1903 y la exportación masiva de minerales provenientes de las minas de la sierra de Bacares se mantuvo hasta 1968, año en que dejó de funcionar. En 1918 este embarcadero soportó un tráfico superior a las 800.000 toneladas y era considerado el segundo en importancia de España.

La estructura metálica está formada por tres filas de 39 columnas de hierro unidas entre sí dos a dos por unos tirantes dispuestos en forma de 'cruces de San Andrés' conectadas por refuerzos con roblones con perfil tipo raíl.

Con esta nueva declaración, el municipio de Águilas cuenta con cinco Bienes de Interés Cultural, ya que al embarcadero del Hornillo se suman el Castillo de los Chuecos, el Castillo de Tébar, el Castillo-fortaleza San Juan de Águilas y la Torre de Cope.

Detenido un individuo por hacer cientos de pintadas contra instituciones del Estado en calles de Murcia

MURCIA.- Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, pertenecientes a la Brigada Provincial de Información, han detenido a un individuo, de 54 años y vecino de la pedanía murciana de El Palmar, como responsable de cientos de pintadas en las que se injuriaba gravemente a instituciones del Estado como la Guardia Civil, la Justicia o el Gobierno.


En concreto, las pintadas, la mayor parte de ellas de grandes dimensiones, se realizaban en espacios visibles de inmuebles de toda la ciudad de Murcia y de varias de sus pedanías y contenían textos alusivos a las instituciones señaladas, con expresiones injuriosas y vejatorias.

El detenido, a quien se le imputa deslucimiento de bienes inmuebles e injurias contra las instituciones del Estado, fue puesto ya a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Murcia, informó el citado Cuerpo en un comunicado.

En las investigaciones que han llevado a la identificación y detención del responsable de los hechos, se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Murcia.

El TSJ se declara competente para instruir, y en su caso, enjuiciar, al diputado Bartolomé Soler por el caso Limusa

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia declaró hoy la competencia de la misma para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento con respecto al aforado Bartolomé Soler en relación con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, así como de aquellas personas relacionadas con los hechos que se imputan al diputado socialista regional en su etapa como concejal de Lorca y consejero delegado de la empresa municipal Limusa.

Estas investigaciones se encuentran dentro de la conocida como 'Operación Reciclaje' que investiga una presunta trama de corrupción en torno a esta empresa de limpieza del municipio lorquino.

En concreto señala que existen indicios suficientes sobre la participación de este aforado en gastos, comidas, viajes, autorizaciones a terceros de uso de bienes públicos y de fondos para fines privados, y firmas de pagarés emitidos con relación a facturas sobre las que existen dudas sobre los hechos o negocios a que responden.

A juicio de la Sala, compuesta por los el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, y los magistrados Manuel Abadía Vicente y Julián Pérez-Templado, todos estos indicios "son susceptibles de ser investigados en el proceso instructor que se abre", añade.

Asimismo la Sala decide incoar diligencias previas, designar instructor, conforme el turno establecido, al Magistrado de esta Sala, Enrique Quiñonero Cervantes, "a quien se remitirán inmediatamente las diligencias, poniéndolo en conocimiento del mismo", según indica el auto remitido por el Tribunal.

En cuanto al diputado José Antonio Pujante, la Sala, por el momento, no encuentra indicios suficientes que justifiquen la apertura de una instrucción penal y consiguiente imputación por presunto delito de malversación de caudales públicos, tal y como señaló el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca; sin perjuicio de que continué la investigación respecto al mismo y, en su momento, de existir indicios racionales de la comisión de una conducta delictiva, eleve nueva exposición razonada.

Así se indica que Pujante fue una de las personas que viajó a Sevilla en el año 2004 con ciertos cargos públicos del Ayuntamiento de Lorca a cierto evento, viaje en el que se acabaron cargando en las cuentas de Limusa los gastos que se ocasionaron en un local de alterne. Textualmente, en la exposición razonada, se añade que "igualmente en el año 2006 y aprovechándose otro evento se produjese otro desplazamiento de cargos públicos a Sevilla y se acabase efectuando igualmente otro elevado gasto en el mismo local de alterne de Sevilla y cargándose igualmente a las cuentas de Limusa".

Las fuentes que justifican la participación en estos hechos del aforado y singularmente, en lo que atañe tanto a su presencia como los gastos generados en un club de alterne, provienen de manifestaciones de uno de los imputados, no aforado (Gil Eguino), en la causa y de anotaciones manuscritas unilateralmente realizadas por éste, elementos, apuntó la Sala, que "no integran indicios suficientes para fundamentar por sí mismos una imputación penal contra Pujante.

Con relación a los restantes imputados no aforados que se relatan en el informe de la Fiscalía Superior de Justicia, la Sala señala que el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca deberá continuar la instrucción.

Esta semana se hacía público el informe de la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, que señalaba que el diputado socialista podría haber incurrido en un delito de malversación de fondos públicos en su etapa como administrador de la empresa municipal Limusa.

En julio de 2009 el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca remitió al TSJ los hechos investigados sobre el caso Limusa en relación a ambos diputados --Soler y Pujante--, ya que vio indicios de participación de delito de malversación de fondos.

Posteriormente, el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, elevó en su informe a la Sala que no veía indicios de delito por parte del diputado de IU José Antonio Pujante y recomendaba a los magistrados que archivaran la causa contra él, aunque sí contra Soler.

Por entonces el diputado socialista aseguró que quería comparecer de manera urgente ante el TSJ "con el fin de aclarar este asunto cuanto antes".

En el 'Caso Limusa' se investigan los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron cometer algunos ciudadanos de Lorca. En el marco de esta trama fueron detenidos y puestos después en libertad con cargos ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento lorquino, entre ellos el ex alcalde socialista regidor de este municipio lorquino durante 13 años --desde 1993 hasta julio de 2006--, Miguel Navarro; el ex gerente de Limusa, un dentista, un notario, un corredor de seguros y empresarios.

El PP valenciano mantenía una facturación doble con una empresa de Francisco Correa

VALENCIA.- Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que investiga el denominado 'caso Gürtel' revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al Partido Popular valenciano conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido, según publica hoy 'El Mundo'.

La contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'.

La denominada 'caja A' era conocida contablemente como 'Alicante' y la B, fue bautizada como 'Barcelona'. "En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe.

De los balances se deriva que el PP valenciano mantenía una deuda latente con Orange Market tanto en su caja A como en la B, que 'El Bigotes' reclamaba a Costa y al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, con el que se reunió para solicitar adjudicaciones de la Generalitat, según el informe policial.

Además, se relata cómo empresarios con importantes contratos con la Generalitat Valenciana hacían entregas de dinero en la 'caja B' de Orange Market y sus nombres se utilizaban para realizar facturas de actos del PP.

El documento infiere que el PP pagaba su deuda con Orange Market a través de contrataciones administrativas concedidas a dedo desde la Generalitat Valenciana y mediante aportaciones directas de varias empresas, a las cuales compensaba igualmente, mediante la licitación de contratos públicos.

El informe revela que los pagos en B a las empresas de Correa se sufragaban con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana" e incluso cita a Enrique Gimeno, presidente de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa y sobrino de uno de los vicepresidentes del Consell, Juan Cotino; o Luis Batalla, del grupo LUBASA.

"Una factura de un acto realizado para el Partido Popular se transforma en otra emitida para empresas privadas como Ortiz e Hijos (...) o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado", explica el texto como ejemplo de las alteraciones en las facturas.

El informe de la Unidad de Delitos Económicos asegura que el PP, "en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas".

También subraya que el sistema de doble financiación tiene "una persistencia en el tiempo suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política".

El pasado martes, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', al considerar que no guardaba relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', ya sobreseída; que fue presentado 'motu propio' por la Policía, ya que nadie lo pidió; y que no puede considerarse una denuncia, según consta en un auto facilitado por el TSJCV a los medios de comunicación.

El informe se basa en la documentación intervenida en los registros a Correa y subraya la "estrecha relación" de Álvaro Pérez con Ricardo Costa y Vicente Rambla, pero también con David Serra, vicesecretario de organización del PPCV, y Yolanda García Santos, tesorera del partido.

El 'modus operandi', según relata el documento, era el siguiente: "La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo [socio de Correa], confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez; David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono; y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".

La fusión CAM-Cajamurcia choca con los recelos de los presidentes autonómicos

MADRID.- Las conversaciones que desde hace semanas mantienen los presidentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, y de Cajamurcia, Carlos Egea, tendentes a una fusión entre ambas entidades, “progresan adecuadamente”, en opinión de las fuentes consultadas por 'El Confidencial', a pesar de los recelos de los respectivos presidentes autonómicos, Francisco Camps, de Valencia y Ramón Valcárcel, de Murcia, ambos del Partido Popular pero pendientes del reparto de poder.

En realidad los contactos comenzaron hace tiempo, cuando Cajamurcia se encontraba inmersa en el intento de fusión con Cajasur, alternativa preferida tanto por el cabildo cordobés como por la jerarquía eclesiástica, pero que frustró la negativa en redondo de la Junta andaluza. Y fue la CAM, entidad que casi dobla en tamaño a Murcia aunque su situación financiera sea bastante peor, la que llamó a las puertas de la caja murciana.

Hay que decir que tanto Crespo como Egea son muy amigos, e incluso compañeros de carrera. El nivel de interlocución entre ambos es, pues, muy fluido, por lo que el acuerdo ha progresado rápidamente, “con el visto bueno del Banco de España, que ve con buenos ojos la operación”, de acuerdo con las fuentes.

Por curioso que parezca, sin embargo, la operación estaría tropezando de nuevo con los ya inevitables problemas “políticos” cuando de Cajas de Ahorro se trata, y ello a pesar de que ambas Comunidades están gobernadas por el PP. La fusión ha provocado algunos recelos en la Generalitat valenciana, donde algunos la han tachado sotto voce de “operación zaplanista”.

Más duras parecen las dificultades adelantadas por Ramón Luis Valcárcel, presidente murciano. Enfadado por la reacción de la Junta de Andalucía negando la posibilidad de la fusión entre Cajamurcia y Cajasur, lo que hubiera significado la primera operación de concentración entre entidades de CC.AA. distintas y de Gobiernos de distinto color, Valcárcel quiere ahora tomar sus precauciones, y de alguna manera pretende que el Banco de España obligue a abrir la espita “a todas las Autonomías”.

Quiere Valcárcel, en suma, que se derriben las barreras que impiden fusiones entre CC.AA. distintas. Pretende, también, que la Región de Murcia no se quede sin una Caja propia, sobre todo cuando la que preside Egea es de las más saneadas y mejor gestionadas del país. De ahí la exigencia, al menos inicial, de que la sede de la entidad resultante permanezca en Murcia, y de que, además, el citado Carlos Egea, “sea presidente de la entidad fusionada”, lo cual podría no gustar demasiado en Valencia.

Tan cerca como este martes, el presidente murciano aseguró en un acto público que, de llevarse a efecto la operación, “la presidencia de la nueva entidad debería ser para Carlos Egea, al que atribuye el mérito de haber situado a la caja murciana en los puestos de cabeza en eficiencia.

De acuerdo con la prensa local, Modesto Crespo ha encargado a un pluriempleado como Rodrigo Rato, ex ministro de Hacienda y ex director del FMI, que medie entre las Administraciones regionales para facilitar la fusión. La semana pasada, el presidente de la entidad con sede en Alicante mostró abiertamente su interés por "bailar con la más guapa", en referencia a la caja murciana.

La operación tiene sentido, porque la “salud” –en términos de recursos propios- que le falta a CAM podría dársela Cajamurcia. A tenor de la cifra de balance, sin embargo, la fusión resultante sería un 65/35 a favor de la alicantina. Tras hacer un gran trabajo en la entidad murciana, la pretensión de Egea es “dejar una obra bien hecha que le trascienda”, en opinión de las fuentes consultadas, “y que no diluya a Cajamurcia. Y ello por encima del reparto del cargos”.

La UE endurece la normativa sobre pesticidas y prohíbe el uso de sustancias "muy tóxicas" para su fabricación

BRUSELAS.- Los Veintisiete aprobaron hoy definitivamente la nueva normativa sobre el uso de productos fitosanitarios que supone un endurecimiento de la legislación comunitaria al reducir el número de pesticidas que pueden utilizarse y prohibir para su elaboración ciertas sustancias químicas consideradas "muy tóxicas". Tampoco estarán permitidos los plaguicidas en zonas residenciales, parques, escuelas, hospitales y ríos.

La nueva norma fija una lista europea de sustancias activas --componentes químicos de los pesticidas-- que permitirá a los Estados miembros conceder autorizaciones nacionales a los productos fitosanitarios o reconocer las licencias aprobadas por otros países comunitarios.

Gracias a un mecanismo para el reconocimiento mutuo y autorización zonal, un Estado miembro podrá autorizar un pesticida tras la evaluación de este en otro país de su misma zona. La UE estará dividida en tres zonas según las condiciones agrícolas, climatológicas y ecológicas de los países: norte, centro y sur, incluyendo esta última a los países del arco mediterráneo, entre ellos España.

La armonización de la evaluación no impedirá, sin embargo, que un país pueda prohibir a título individual un producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas.

Esta normativa, que entrará en vigor a finales de este año, fue adoptada formalmente en un Consejo de ministros de Competitividad de la UE celebrado este jueves en Bruselas, después de haber sido criticado por los propios agricultores y por las organizaciones ecologistas, que consideran insuficientes las nuevas reglas tanto para la protección de los ciudadanos como del medio ambiente.

La comisaria de Salud, Androulla Vassiliou, sin embargo, celebró la decisión de los Veintisiete porque considera que establece el sistema "más moderno y protector" para la salud de los consumidores. "También beneficia a nuestros agricultores porque garantiza sus propia protección y promueve los productos saludables", añadió.

También queda prohibido el uso de una serie de sustancias químicas consideradas muy tóxicas (cancerígenas, mutagénicas, etc.) para la fabricación de pesticidas y se aplicarán criterios más estrictos de seguridad en el caso de las sustancias neurotóxicas e inmunotóxicas. La lista de componentes vetados incluye también sustancias perjudiciales para las abejas de miel.

No obstante, existe la posibilidad de que se autorice durante un máximo de cinco años aquellas sustancias que, aún no cumpliendo los estándares de seguridad, resulten necesarias para combatir una plaga importante. Además, habrá un plazo de tres años para sustituir por alternativas más seguras aquellos pesticidas que tengan alguna de las sustancias peligrosas.

Otra de las novedades con las que se pretende frenar el uso abusivo de plaguicidas, especialmente en el sector agrícola, y minimizar su impacto, es que cada Estado deberá contar con un plan de acción nacional que incluya medidas de formación para la venta y manejo de los pesticidas, de inspección y de protección. También deberán trabajar en métodos alternativos de control de las plagas.

Asimismo, queda prohibida la fumigación aérea, si bien se admiten una serie de excepciones limitadas que deberán contar con el visto bueno de las autoridades competentes. Dichas excepciones nunca podrán ser aplicadas para la pulverización o uso de pesticidas en zonas residenciales, parques y jardines públicos, escuelas, hospitales, ríos y lagos.

Rambla y Costa dirigían la financiación ilegal del PP valenciano, según la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales

MADRID.- La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP, según revela 'El País'.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.

El Tribunal valenciano saca del sumario la posible financiación del PP al pedirlo Camps

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.

El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.

El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.

Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.

El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.

"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".

Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".

Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.

El sindicato CGT se opone a una posible fusión CAM-Cajamurcia

MURCIA.- La Confederación General del Trabajador manifestó este jueves su "más rotunda oposición" a una posible fusión entre Caja Mediterráneo (CAM) y Cajamurcia, por considerarla "ni positiva, ni necesaria", según indicó el secretario general de CGT-CAM, Ventura López, quien advirtió que de llevarse finalmente a cabo habrá "una notable pérdida de puestos de trabajo para las zonas donde están implantadas ambas cajas, afectando sobre todo a Murcia".

En este sentido, explicó que en la Región de Murcia "la duplicidad de oficinas es notable", ya que CAM posee 182 y Cajamurcia 251 oficinas.

A ello habría que sumar, indicó López, la concentración de servicios centrales en una de las dos provincias, "que provocaría, sin lugar a dudas, varios cientos de puestos de trabajo menos y la tremenda movilidad geográfica que se padecería por parte de la plantilla resultante".

López estimó que ambas entidades "ya tienen un volumen suficiente y no necesitan crecer para mantenerse en el actual mercado", al tiempo que destacó en un comunicado que "Cajamurcia ha demostrado ser más eficiente que CAM, caja que la triplica en tamaño".

Además, defendió la viabilidad de ambas cajas "como grandes creadoras de empleo de calidad y su influencia social en los entornos donde se desarrollan en la actualidad".

Por ello, reclamó "a los partidos políticos, a los órganos de gobierno y a las direcciones de las cajas que no escondan las repercusiones negativas que los procesos de fusión acarrearán para los trabajadores del sector y para nuestros clientes".

En opinión de López, "la excusa de la crisis es una herramienta que están utilizando para que la fusión sea aceptada por nuestra sociedad como única alternativa".

"Detrás de ella están los deseos de los poderes económicos del país para que haya concentraciones de bancos/cajas y puedan ser mas fácilmente controlados por los intereses especulativos del capital".

A la vez, agregó, su objetivo es "el de abaratar/eliminar las actuales condiciones laborales de los trabajadores de las cajas". Precisamente, López indicó que "observamos, en línea con lo descrito anteriormente, una campaña mediática para desacreditar y desestabilizar a las cajas de ahorro del país, persiguiendo una disminución del número de las mismas, camino que llevará a la desaparición del sector de ahorro".

Desde CGT-CAM reivindicaron "unos servicios financieros de carácter público, suprimiendo la especulación y los beneficios privados de la intermediación financiera".

De ahí que la Confederación General del Trabajo abogue "por un modelo jurídico de las cajas de ahorros como de naturaleza pública, ligado a las Obras Sociales, a la atención de las necesidades de la población y como garantía de sus derechos básicos".

El Ayuntamiento de Murcia aprueba por unanimidad conceder el título de Hijo Predilecto de la Ciudad al obispo Lorca Planes

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó hoy por unanimidad la concesión del título de Hijo Predilecto de la Ciudad al obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, mostró su "satisfacción" por el apoyo unánime a este nombramiento, e indicó que Lorca Planes "lo merece por ser hijo de Murcia, concretamente de Espinardo, y por su trayectoria".

Además, el alcalde hizo hincapié en que por primera vez es obispo de la Diócesis de Cartagena un "hijo de Murcia, lo que nos llena de orgullo".

Según el Ayuntamiento, Lorca Planes mostró un profundo conocimiento de la ciudad de Murcia, tanto por ser hijo de esta tierra como por los diferentes cargos que desempeñó en la Diócesis antes de su nombramiento como obispo y su firme defensa de las tradiciones murcianas y la labor que desempeñó como fiel embajador de la tierra durante el gobierno de la Diócesis de Teruel.

En todas las responsabilidades llevadas a cabo por monseñor Lorca Planes coincidió el "desinteresado trabajo por engrandecer la ciudad, al que se suma su relevancia e indiscutible consideración en el ámbito público, por cualidades y méritos personales, y por los servicios prestados con inequívoco amor al municipio", explicó el Consistorio.

En su vida y en su obra están presentes los méritos, cualidades y circunstancias que le hacen acreedor del reconocimiento de la ciudad donde nació, de una ciudad que ha amado y proclamado con especial ilusión y entrega.

El Ayuntamiento de Murcia aprueba por unanimidad un gran parque económico y comercial en El Palmar

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó hoy por unanimidad la aprobación definitiva de un gran parque económico y comercial que se desarrollará al noroeste de El Palmar. Este Plan Parcial contará con un gran complejo comercial, que generará más de 500 empleos, informaron en un comunicado fuentes municipales.

Este gran parque económico y comercial, con una superficie total de cerca de 1,3 millones de metros cuadrados, está situado junto a la autovía El Palmar-Alcantarilla (MU-30) y el paso de La Paloma (MU-31), frente al Polígono Industrial Oeste, el Centro Integrado de Transportes (Citmusa) y el CAEDI Oeste (complejo de actividades económicas, dotacionales e industriales).

El parque tendrá 626.000 metros cuadrados destinados a parcelas, 97.000 metros cuadrados de equipamientos, 155.000 metros cuadrados de zonas verdes y 100.000 metros cuadrados de viarios y carril-bici. Además, el Ayuntamiento ha obtenido 87.000 metros cuadrados de suelo en una parcela para construir equipamiento deportivo.

La inversión privada a realizar entre obras de urbanización, sistemas generales, equipamientos y las edificaciones comerciales y terciarias ascenderá a los 500 millones de euros.

La locomotora de este gran espacio será el centro comercial que el Grupo Anjoca está desarrollando en la unidad de actuación primera del Plan Parcial, sobre una parcela bruta de unos 102.000 m2 y una edificabilidad de 40.000 m2 de techo.

Contará con más de 112 locales dedicados entre otras actividades a alimentación, moda, servicios, hogar, electrónica, restauración y ocio, y con más de 2.200 plazas de aparcamiento, que supondrá la creación de más de 500 puestos de trabajo directos. Adicionalmente, se construirá un hotel.

El Ayuntamiento de Murcia destacó en una nota de prensa su "apuesta por el desarrollo económico del municipio en una época de crisis en la que es necesario aunar esfuerzos para impulsar el mercado laboral".

Además, el Grupo Adeo (Leroy Merlin, Bricomart, Aki Bricolaje) pretende desarrollar su proyecto en la unidad de actuación número tres, sobre una parcela bruta de unos 100.000 m2 de superficie y una edificabilidad de más de 35.000 m2 para la posterior instalación de un gran establecimiento de bricolaje con servicios complementarios.

La unidad de actuación dos albergará con una superficie bruta de unos 150.000 metros cuadrados, otros 60.000 m2 de edificabilidad techo para los mismos usos.

La pensión media en Murcia está en 90,13 euros por debajo de la media española

MURCIA.- La pensión media en la Región de Murcia que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) es de 666,54 euros al mes, lo que supone 90,13 euros por debajo de la pensión media del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en septiembre la cuantía de 756,67 euros, según datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

No obstante, en Murcia se experimentó un crecimiento en la pensión media de 4,9 por ciento en relación con el mes de septiembre del año anterior, una décima superior a la del conjunto del país (4,8%).

En cuanto al número de pensiones en Murcia ascendió a 218.734 en el mes de septiembre, lo que representa un incremento del 1,8 por ciento de las pensiones en esta comunidad en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior, también una décima por encima de la media nacional (1,7%).

Por tipo de pensiones, en Murcia se registró un total de 120.581 de jubilación; 31.269 de incapacidad permanente; 57.785 de viudedad; 8.465 de orfandad, y 634 a favor de familiares.

El 70% de los indocumentados en España tiene garantizado el acceso a la sanidad

BRUSELAS.- El 72,7% de los inmigrantes sin permiso de residencia en España cumple las condiciones para acceder al sistema sanitario, aunque en la práctica sólo el 40% disfruta de la cobertura sanitaria, según un informe que presentó hoy Médicos del Mundo.

El porcentaje de personas que podrían acceder a la sanidad en España es ligeramente superior a la media (69,8%) de los once países que han participado en el estudio -Suecia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia y Suiza, además de España-.

"España es uno de los países más favorables" a la hora de prestar asistencia sanitaria a los extranjeros indocumentados, explicó hoy a los medios la presidenta de la ONG en España, Teresa González, tras una rueda de prensa para presentar el estudio.

Sin embargo, González puntualizó que el acceso a la sanidad en España "se complica por los trámites administrativos", ya que los inmigrantes se ven obligados a acreditar que no tienen recursos y, además, a presentar su certificado de empadronamiento.

De este modo, aproximadamente el 30% de los indocumentados "se queda fuera del sistema", lamentó.

No obstante, valoró el "esfuerzo" de determinadas comunidades autónomas para garantizar la asistencia a estas personas y, de este modo, reconocer la realidad a la que se enfrenta una parte de la población.

Murcia, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía ya han flexibilizado el sistema de obtención de la tarjeta sanitaria, puesto que todas las personas inmigrantes sin permiso de residencia pueden ser titulares de dicho documento sin necesidad de presentar ninguna acreditación administrativa.

La presidenta de la ONG en España puso como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde las autoridades han diseñado una "tarjeta solidaria" que evita tener que acreditar el empadronamiento.

También manifestó su satisfacción por el hecho de que el País Vasco esté estudiando incorporar un sistema por el cual la residencia quedaría demostrada gracias a la confirmación de un vecino del demandante de la tarjeta.

En cualquier caso, los niños y las mujeres embarazadas están exentos de los requisitos administrativos en todas las comunidades autónomas.

De este modo, de los once países de la UE objeto del estudio, España, Bélgica y Francia son los más abiertos a la hora de prestar cuidados sanitarios a los inmigrantes sin papeles.

Frente a ello, los del Norte, concretamente Suecia, Reino Unido y Alemania, son los que menos reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, denunció la española.

Así, los inmigrantes sin permiso de residencia en Suecia, incluidos los menores y las mujeres embarazadas, no tienen ningún tipo de acceso gratuito a la sanidad, aunque se encuentren en una situación de urgencia o con una enfermedad infecciosa grave.

En Alemania, las instituciones administrativas públicas, incluidas las que tienen competencia en materia sanitaria, tienen la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a sus centros, lo que evita que se generalice la atención sanitaria.

González defendió que la sanidad "no es un artículo de lujo, es un servicio público y un derecho de todas las personas".

Además, alertó de los riesgos que puede conllevar "poner a la gente más vulnerable fuera del sistema" desde el punto de vista sanitario y, concretamente, alertó sobre las consecuencias epidemiológicas.

"Me preocupa que los Gobiernos no estén aprobando políticas de salud, sino de control migratorio", dijo.

El informe refleja que la mayoría de los inmigrantes llega a la UE por razones económicas (56%), mientras que tan sólo un 6% lo hace por razones sanitarias.

Por ello, la responsable de Médicos del Mundo abogó por desterrar la idea de la "inmigración sanitaria", aunque reconoció que es un mito que "se está alimentando".

"No me imagino a un maliense cruzando el estrecho en patera para hacerse tratar una enfermedad", dijo.

En su opinión, existe un turismo sanitario, pero protagonizado por personas de países ricos y fríos, como Alemania o Reino Unido, que buscan "un mejor sistema de salud y un clima más cálido".

Por ello, el estudio concluye que los indocumentados "no han venido para aprovecharse del sistema social y sanitario europeo ni para recibir tratamientos médicos".

Finalmente, la ONG demanda la protección del secreto médico y la prohibición de denunciar a las personas sin permiso de residencia cuando estas sean recibidas en consulta.

También solicita que el Parlamento Europeo apruebe una resolución para "reafirmar la necesidad de igualdad en el acceso a la atención médica" y la concesión del permiso de residencia para los indocumentados que sufran enfermedades de gravedad.

El Corte Inglés modifica turnos a 40.000 empleados para mantener el empleo, con el rechazo de CC.OO. y UGT

MADRID.- El Corte Inglés modificará los turnos y horarios de aproximadamente 40.000 trabajadores, vigentes desde 1995, con el fin de mantener la viabilidad del empleo en el actual escenario de crisis económica, tras cerrar un acuerdo en el comité intercentros, con el rechazo de CC.OO. y UGT y el apoyo de Fetico y Fasga, informaron hoy fuentes sindicales.

Tanto CC.OO. como UGT calificaron de "auténtica aberración" y "nefasto" el acuerdo, por lo que no descartaron adoptar medidas jurídicas y sindicales para impugnarlo y evitar los "efectos negativos que tendrá sobre los derechos" de la plantilla.

"Nuevamente se impone la maquinaria avarienta y desmedida de El Corte Inglés, consumando un nuevo modelo de distribución de la jornada que en muchos casos puede poder en grave peligro la continuidad de la relación laboral y de manera generalizada la utilización en exclusiva y a su mero beneficio del tiempo de trabajo", señalaron desde UGT.

Por su parte, desde CC.OO. consideraron que dicho acuerdo no es "adecuado ni es la solución a la situación económica de la empresa", ya que "condena" a más de 40.000 trabajadores a unos turnos con los que no podrán conciliar la vida laboral y familiar, al tiempo que denunciaron la negativa del grupo a aceptar ninguna de las propuestas sindicales.

La empresa achacó la puesta en marcha de esta medida a causas económicas y organizativas, centradas principalmente en el profundo deterioro del consumo de los hogares por la caída de renta de las familias, la destrucción de empleo y las restricciones al crédito, apuntaron las mismas fuentes.

Tras el periodo de consultas preceptivo con los representantes legales de los trabajadores, la dirección del mayor grupo de distribución español tiene previsto que esta medida sea puesta en funcionamiento lo antes posible y, en todo caso, antes del próximo 1 de noviembre.

Fuentes sindicales apuntaron en este sentido que los jefes de personal de algunos centros de trabajo ya han empezado a informar hoy mismo a algunos empleados sobre la modificación de turnos y horarios.

En cualquier caso, la intención es que los trabajadores puedan tener su horario laboral planificado hasta con un año de antelación, de forma que el 1 de enero sepan cuales serán sus turnos de todo el ejercicio para que puedan organizar con tiempo sus vacaciones y periodos de libranza.

Según señalaron las mismas fuentes, la empresa explicó a los representantes sindicales que el escenario económico general y de la propia empresa es "absolutamente distinto" al de años anteriores, lo que obliga a aprovechar los recursos empleados, tanto humanos como materiales de una manera "más eficaz y eficiente".

"Esta medida pretende mantener la viabilidad en el empleo asegurando la competencia en el mercado y una mayor optimización de los recursos humanos", subrayó la empresa a los representantes sindicales al dar a conocer su propuesta.

La dirección del grupo considera que las necesidades de atención a la demanda del público no son regulares ni pueden atenderse adecuadamente con una distribución "rígida" de la jornada, como es la vigente, al tiempo que apunta que la distribución actual registra una mayor presencia del personal en momentos que hay menor necesidad comercial.

En consecuencia, la compañía pretende avanzar sustancialmente en la mejora de su atención al consumidor mediante una adecuada presencia de los profesionales en atención a la actividad de venta. "Con ello se mejora la posición competitiva de la empresa y se refuerza la base que garantiza la estabilidad del empleo", argumenta la compañía.

Para este fin, se atenderá especialmente a reforzar los tiempos que registran la mayor afluencia de clientes y a reducir aquellos con más baja actividad.

Otro de los objetivos de la compañía es suprimir momentos de improductividad provocados por los solapamientos de los actuales turnos y horarios en momentos que carecen de justificación.

Asimismo, considera necesario garantizar una óptima cobertura de plantilla en los centros comerciales en las franjas horarias comprendidas entre las 11.30 y las 14.30 horas y entre las 17.30 y las 21.30 horas, que se corresponde con los momentos de mayor actividad de venta diaria.

La compañía cree una acción prioritaria atender a una mayor seguridad en la planificación de desarrollo de la jornada anual de cada trabajador, que le permita la conciliación de su vida familiar y laboral.

Esta regularización de horarios y turnos que acometerá El Corte Inglés se produce después de haberse firmado hace unos meses el convenio colectivo de grandes almacenes, que contemplaba una subida del 2% del salario base para todos los empleados.

La corrupción urbanística arrastra a España al puesto 28 en el ranking de Transparencia Internacional

MADRID.- La corrupción urbanística es la causa de que desde 2004 España haya caído seis puestos en el Índice Global de Percepción de la Corrupción, situándose junto a Qatar y San Vicente y las Granadinas en el puesto 28 de un total de 180 países, con una valoración de 6,5 puntos, según el Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI).

La corrupción urbanística "ha aflorado" mucho más que años atrás gracias a "la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación", apuntó el presidente de TI en España, Jesús Lizcano.

Pese a este empeoramiento, se ha dado un avance significativo con la legislación sobre delitos urbanísticos y la nueva unidad de la Guardia Civil creada para perseguir dichos crímenes. "Ha habido un avance relativo con la Ley de Contratos del Sector Público, así como con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos", aunque ésta sigue presentando carencias importantes, dijo Manuel Villoria, miembro de la organización.

"Los países latinos somos muy permisivos" con la corrupción, dijo Lizcano. "Admiramos al listo, al pillo, al que defrauda mejor o más", estimó. Por esta razón, el presidente de TI en España puso como ejemplo a seguir a los países nórdicos, donde existen mayores niveles de educación al respecto y cuyos habitantes "denuncian a familiares cuando ven que hacen algo mal".

Por otra parte, la ONG advirtió de que la corrupción es un problema "claramente alarmante en el sector privado", donde además "se está generalizando". Así lo manifestó Lizcano en la presentación en Madrid del Informe, que este año se centra en el análisis de esta cuestión dentro del sector privado.

Lizcano explicó que en la corrupción existen dos partes: el sector público y la "contraparte", entendiendo por ésta "la empresa nacional o la empresa supranacional" que acepta u ofrece sobornos.

En este sentido, lamentó que las empresas procedentes de los países desarrollados "actúan incrementando la corrupción" en las naciones del Tercer Mundo al pagar sobornos, siendo éste un asunto más problemático que "los fallos en las infraestructuras" y los "retrasos en el sistema jurídico".

No obstante, Lizcano señaló que el pago de sobornos es sólo una de las formas de corrupción, puesto que también son prácticas generalizadas el uso de información privilegiada y la fijación ilegal de precios. Se estima que únicamente se conoce uno de cada seis cárteles de precios ilegales, de los que Lizcano criticó que "vulneran la ley de dependencia" y "socavan el crecimiento económico".

"Todos empezamos a ser conscientes finalmente de que la corrupción es uno de los grandes problemas del mundo", dijo por su parte el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, cuya organización colabora con TI. Pese al objetivo de las autoridades de restringir los salarios de los directivos de bancos, Garrigues Walker matizó que la intención de pagar comisiones "permanece íntegra y viva".

Garrigues Walker denunció que no se actúe con la suficiente contundencia contra los paraísos fiscales. "¿Cuál es la fuerza invencible que hace que se mantengan los paraísos fiscales?", planteó. En su opinión, la solución pasa por "volver a conceptos de racionalidad" y "regenerar la moral pública y la moral privada".

Por último, el director general de la Fundación, Jesús Sánchez Lambás, añadió que una de las formas de acabar con la corrupción en las empresas es dotarlas de protocolos de conducta. "La política empresarial no corrupta y la honestidad vende", aseguró, al tiempo que afirmaba que "el sector privado tiene que ser ejemplar".

Confemadera y Federmueble presentan el programa de incentivos fiscales para muestrarios, prototipos y catálogos

VALENCIA.- La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera) y la Federación Española de Empresarios e Industriales del Mueble (Federmueble) presentaron hoy en 'Ideas&Pasión' Feria Hábitat Valencia el programa de incentivos fiscales para la elaboración de muestrarios, prototipos y catálogos de muebles y productos de madera, según informaron ambas asociaciones en un comunicado.

Al respecto, señalaron que se trata de un conjunto de medidas recogidas en el Plan de Apoyo a la Industria de la Madera y el Mueble, que contempla deducciones por innovación tecnológica en el Impuesto sobre Sociedades.

En concreto, el porcentaje de la deducción aplicable será de un 8% de los gastos efectuados para realización de muestrarios, prototipos y catálogos, tales como gastos de personal asignado, de diseño, de amortización de equipo, de colaboración y de materialización, entre otros.

Además, ese porcentaje podrá llegar hasta el 25% en "casos especiales" que se beneficien de incentivos fiscales por investigación y desarrollo (I+D), apuntaron las mismas fuentes, quienes precisaron que se consideran gastos deducibles aquellos efectuados en España o e cualquier Estado miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Esta iniciativa se dio a conocer en el marco de una jornada organizada con el patrocinio de Caja Mediterráneo (CAM) y la colaboración de Feria de Valencia, cuya apertura corrió a cargo del director territorial de Obra Social de CAM, Vicente Botella. La sesión fue clausurada por el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, y contó con la presencia del secretario general de Confemadera y Federmueble, Francesc de Paula Pons.

De Paula resaltó que es "una medida realmente importante para los sectores de la madera y el mueble porque incentiva la elaboración de muestrarios, prototipos y catálogos, herramientas clave para la comercialización y la innovación, factores determinantes, a su vez, para la competitividad", dijo.

Se trata de un programa al que pueden acogerse los fabricantes de muebles; fabricantes transformadores, productores y valorizadores de productos de chapa, tableros, fibra y madera; fabricantes de puertas, ventanas, marcos y similares; industria de carpintería, ebanistería, parquets, tarimas y recubrimientos de madera; fabricación de casas de madera, fabricación de envases y embalajes de madera, industria del corcho y cestería y fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción, entre otros.

Confemadera y Federmueble también están presentes en la feria a través de los programas Innovación del Mueble Orientado al Diseño (IMOD), una iniciativa desarrollada por Federmueble que apuesta por los jóvenes diseñadores, y 'Canal Contract', ideada por Confemadera para "reflexionar y aportar nuevos conceptos, ideas y productos para arquitectos, decoradores y diseñadores".

De este modo, permitirán al sector "presentar propuestas innovadoras para el mercado del contract", al tiempo que "dotan a los empresarios del mueble de herramientas de apoyo, que les permitan posicionarse de manera inmejorable dentro de este canal".

El PSRM está dispuesto a negociar "sin condiciones" los Presupuestos de la Comunidad para 2010

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, tras la reunión que mantuvo hoy con su homólogo de Comisiones Obreras, Daniel Bueno, ofreció al Gobierno regional la colaboración de su partido para llegar a un acuerdo y negociar "sin condiciones" los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010.

"Tenemos nuestros puntos de vista y nuestras prioridades", apuntó Saura, "pero estamos dispuestos a acordar los Presupuestos sin ningún tipo de condición, lo que implica que tenemos que participar de los objetivos y programas, pero también que estamos dispuestos a asumir los costes de los recortes que serán necesarios".

"En este momento lo más importante es la gobernabilidad y la responsabilidad", añadió.

Aunque, preguntado por ello, aseguró que esas prioridades pasan por el gasto social, por la política de inversiones, la austeridad, la lucha contra el fraude fiscal y controlar el despilfarro de la Administración regional, "porque la Región de Murcia está a la cabeza del incremento de la deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas en los últimos años".

De hecho, señaló, "el déficit de la Comunidad Autónoma para el año que viene va a estar entorno a los 1.300 millones de euros y el Presupuesto a los 5.000 millones".

Saura explicó además que el INE pone de manifiesto que, debido a las políticas económicas diferentes en cada Comunidad Autónoma, "hay una España de dos velocidades", pero que la Región de Murcia "no está en la segunda velocidad, sino a la cola de la segunda velocidad".

Y comentó que tanto Daniel Bueno como él coinciden en que "este Gobierno murciano no tiene liderazgo, no sabe a dónde llevar a la Región", por lo que "urge un liderazgo y que el Ejecutivo regional lidere una salida a la crisis".

El líder socialista destacó que "vivimos un momento crítico", pero -afirmó- "si hacemos un esfuerzo podemos hacer la reconversión económica necesaria, que pasa por el trabajo bien hecho, de calidad". Saura sostiene que "se trata de ser competitivos en una economía globalizada, competitivos en turismo, en agricultura y también en construcción".

Ambos dirigentes están de acuerdo en que "urge cambiar el modelo de crecimiento" y que para ello es necesario un pacto político y social. Sin embargo, para el secretario general del PSRM no valen planes, como el Plan Estratégico de Valcárcel, "que ha dado como resultado que estemos a la cabeza del paro y del despilfarro de toda España y del incremento de los impuestos".

Por lo tanto "otra burra no", sino "un plan estratégico que lidere la salida de la crisis y siente las bases de una economía de futuro porque puede suceder que salgamos de la crisis, pero que la Región de Murcia tarde mucho más que el resto de España y de economías más desarrolladas en hacerlo", finalizó.

Mientras el secretario general de Comisiones Obreras, Daniel Bueno, afirmó que "parece imposible que la recuperación del empleo venga por la vía de la mejora del sector de la construcción, que tiene difícil solución a medio-largo plazo".

Por tanto, añadió, "todo ese volumen de empleo destruido en la construcción, empresas que trabajan también del sector industrial y el sector servicios para la construcción, sólo pueden venir de la mano de un nuevo modelo económico centrado en alternativas a la situación actual".

Esto es una dificultad que tiene la Región, a lo que se une, explicó Bueno, que "tiene una mano de obra poco cualificada con carácter general y que no existe una estructura adecuada para fomentar empresas más productivas orientadas a mejorar la calidad de sus productos y que tenga mayor vocación exportadora".

"Coincidiremos todos en que el esfuerzo que debe hacer el conjunto de la sociedad y particularmente el Gobierno regional es sentar esas nuevas bases de desarrollo económico e incentivar el desarrollo de nuevos espacios de producción", añadió.

En ese sentido, apuntó se hace necesario "afianzar las políticas sociales y empezar a pensar en como afrontamos colectivamente esa reorientación del modelo económico. No es la primera vez que reclamamos que el mejor punto de partida sea un contexto del máximo acuerdo posible". Pero ese pacto social, remarcó, "no significa tener en cuenta a las organizaciones sindicales y empresariales".

Por último anunció que la próxima convocatoria de huelga del 7 de octubre tendrá cierto carácter local para "alertar de la grave destrucción de empleo que se está produciendo y a los empresarios de que la negociación colectiva es una herramienta al servicio del diálogo y del acuerdo dentro de las relaciones laborales y no es el mejor modelo de generar un espacio de consenso el tener más del 40 por ciento de los convenios colectivos sin firmar a las alturas de año que estamos".