jueves, 26 de marzo de 2009

López Rejas afirma que no está imputado y Bancaja desmiente que lo financie en La Paz

MURCIA.- El promotor José López Rejas aseguró hoy en rueda de prensa que "no estoy imputado en el caso Peñalver, todo lo que sé lo he leído y escuchado en los medios de comunicación". De hecho, "ni la jueza ni el fiscal me han pedido, ni directa ni indirectamente, ninguna explicación o documentación sobre los hechos". Lo que pasa, continuó, es que decir que "mi persona está imputada parece que es lo que gusta".

Y es que los medios de comunicación regionales apuntan que varios proyectos de la empresa José López Rejas S.L. fueron aprobados de forma irregular por el ex jefe del Servicio de Planeamiento del consistorio, Joaquín Peñalver, investigado por la Justicia. A pesar de ello, añadió el promotor, "ayer, a través de nuestro abogado, remitimos un escrito a la jueza, diciéndole que nos ponemos a su entera disposición para lo que estime".

Según explicó en un hotel murciano, ya que su sede en la calle Correos está en venta porque "estamos bajando costes y ese edificio era muy caro de mantener", todo arranca hace tres años a través de un escrito anónimo, un informe fantasma sobre el que está basada la denuncia hacia mi empresa, redactado por el decano del Colegio de Arquitectos, Paco Camino, mandado al fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, y que a mi me hizo llegar un medio de comunicación". Una denuncia, que a su juicio, está destinado a "intentar paralizar el proyecto de La Paz".

López Rejas presentó en la rueda de prensa un certificado del Colegio de Arquitectos, firmado por su secretario en la que "se define con nombres y apellidos todas las obras que mi empresa ha realizado en los últimos años".

De hecho, apuntó, en el escrito "no existe ninguna obra de Planeamiento presentada durante la etapa del señor Peñalver como arquitecto municipal". Aunque, "sí que existen 48 viviendas que ha firmado el estudio del hermano de Peñalver, no 600 como dice el señor Camino en su escrito fantasma", pero son viviendas "de licencia inmediata que nada tienen que ver con Planeamiento", insistió.

"Esto es una lindeza que siempre ha intentado volcar Camino a los medios de comunicación, pero es absolutamente falso y que desmiente su propio Colegio a través de su gerente, que dice que ese informe fantasma nunca ha salido del Colegio", reiteró, tras lo que manifestó "no sé en qué están pensando los arquitectos para mantener a un señor que no para de mentir y utilizar el Colegio no sé en qué provecho".

Asimismo, aclaró que las sociedades a las que hoy se hace mención fueron creadas por él. Y es que "estaba levantándose la anterior crisis y pensábamos que sería una buena idea hacer una empresa para organizar cooperativas de viviendas".

Por suerte, añadió, "esa empresa no ha hecho ninguna casa ni cooperativa, no llegó a funcionar nunca y ni llegó a tener movimiento económico". Al tiempo que atajó, "Sandra de la Puente no tiene ninguna acción de esa empresa y, hoy día, no tiene nada que ver en eso".

"Gracias a Dios nunca hicimos ninguna cooperativa, sólo fue una idea y conforme le he podido devolver la aportación que hizo se le la he devuelto", apuntó. Al hilo, aseguró que están a la espera de que se resuelva la demanda de conciliación que presentaron a Camino "en la que él contestó que eran los medios de comunicación los que mentían".

De hecho, manifestó que sólo ha realizado tres promociones con la familia Peñalver. Una en La Manga, que no llega a 100 viviendas, y otras de dos bloques de 28 y 19 viviendas en la zona de Zarandona, pero "ninguna que tuviera que pasar por Planeamiento", insistió.

Asimismo, López quiso contestar a las declaraciones de las ediles del PSOE e IU+LV en el Ayuntamiento de Murcia en las que se pedían responsabilidades políticas y la revisión de expedientes del ex jefe del Servicio de Planeamiento del consistorio. En este sentido, lamentó que María José Alarcón, sabiendo de su preparación, "haga caso de estas cosas sin al menos preguntar a la otra parte".

En el caso de Esther Herguedas, señaló, "entiendo que lleva poco tiempo en estas cosas y le falta algo de formación para poder hacer preguntas".

El proyecto de La Paz es "un proyecto en casco urbano consolidado, muy mediático, que se ha politizado mucho, y que cumple todas las ordenanzas previstas en cualquier proyecto y todas las que se le ocurren a cada uno en cada momento", aseveró.

Y es que está pendiente nuevamente de la aprobación definitiva del PERI. De todas formas, "por las noticias que tenemos, creo que puede ir al Pleno municipal del día 30 de abril, pero como siempre todo depende de la Gerencia de Urbanismo".

A partir de ahí, prosiguió, "nos queda el proyecto de reparcelación, que pueda tardar cosa de un mes, aunque la Junta de Compensación ya está firmada ante el notario y tenemos la adhesión del 90 por ciento de los vecinos y estamos dispuestos a empezar cuando nos dejen".

En cuanto a la financiación, señaló, "el proyecto de La Paz está financiado hoy, todo dependerá del potencial financiero que tengan las entidades de crédito en el momento de arrancar". De hecho, la financiación está firmada, "cuando llegue el momento tendremos que ver a qué precio de salida podemos ir para que el mercado lo asuma o en qué sistema", afirmó.

El proyecto consiste en cinco torres cuyo presupuesto ronda los diez millones de euros cada uno, es decir, "50 millones de euros, a lo que hay que añadir los avales necesarios de urbanización, que garanticen la ejecución del proyecto ante el Ayuntamiento de Murcia".

López Rejas aseguró que el proyecto básico y de ejecución está redactado desde el año pasado y lo que "tiene que hacer, después de las aprobaciones, es revisarlos, ver que cumplen la ley, comprobar los avales y darnos la licencia", explicó el promotor que manifestó que su idea era que las obras comenzasen en el primer trimestre de este año, pero ahora "no sé estimar el plazo porque lo de exigir un nuevo informe no ha pasado nunca".

"Un retraso que se debe a que éste es un proyecto mediático que lleva muchas vueltas de papel, más de lo normal", lamentó.

Al hilo, mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos del barrio, y es que tenemos a 1.502 familias detrás de este proyecto. "Aquí no se ha ido nadie, seguimos adelante". De hecho, anunció que el lunes pasado tuvieron una reunión con el director general de Urbanismo y mañana con el jefe del servicio de Planeamiento de la Gerencia, "estamos trabajando como siempre".

Preguntado por si se ha puesto en contacto alguna vez con Paco Camino, el promotor indicó que "le propuse, vía email, financiar el concurso de ideas del Colegio de Arquitectos". Lo único que le pedí, añadió, "es que es que convergiera en plazo con la entrega del proyecto de Ricardo Bofill, a efectos de que si había alguna idea buena que incorporar al proyecto lo pudiéramos hacer y la fundación, que yo represento, pagaría los honorarios y el premio del proyecto".

Por último, López Rejas manifestó su deseo de que la jueza "aclare todo".

"No soy imputado pero aparezco el primero en los medios de comunicación y no tengo noticia de nada, esto es grave".

"El tiempo dejará a cada uno en su sitio", concluyó.

Bancaja lo desmiente

Bancaja no ha dado su conformidad previa a la operación de financiación del proyecto de remodelación de La Paz, ni está estudiando la propuesta de José López Rejas, ni tan siquiera ha tratado nunca este plan. Así de contundente se mostró un portavoz de la entidad bancaria que, por otro lado, manifestó que el banco "sí ha financiado otros proyectos de este constructor, aunque no podemos revelar cuáles».

Sólo unas horas antes, López Rejas había asegurado a una decena de periodistas que el proyecto estaba financiado por una entidad de crédito y preguntado acerca de cuál era, respondió que se trataba de Bancaja. De hecho el constructor tan sólo apuntó que todo dependería «del potencial financiero que tengan las entidades de crédito en el momento de empezar el proyecto».

«No se trata de que yo tenga dinero sino de que los tengan los bancos», afirmó.

Derecho de rectificación

D. Francisco Porto Oliva, en su condición de Teniente de Alcalde de Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en ejercicio del derecho de rectificación que le reconoce la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo y en relación con la noticia publicada en La Verdad, de Murcia el día 26 de marzo de 2009, titulada «El entramado de la Gerencia de Murcia quería controlar todo el urbanismo regional» ha solicitado la publicación de las siguientes manifestaciones:

«El Ayuntamiento de Murcia, y la Gerencia como organismo autónomo son instituciones que no han tenido ni tienen relación con las actividades privadas del ex jefe de Planeamiento, Sr. Peñalver, ni con ninguno de los otros posibles implicados en los presuntos delitos que se imputan como así se desprende del desarrollo de la noticia publicada, que es, según se afirma, transcripción de la denuncia formulada por el Fiscal Superior del Tribunal Superior de la Región de Murcia, no admitiendo la existencia de un entramado en la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia».

Murcia es la CC.AA que concentra más fincas con hipotecas constituidas en enero

MURCIA.- La Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma que concentró un mayor número de fincas con hipotecas constituidas en enero por cada 100.000 habitantes, con un total de 449, según la estadística de hipotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La variación interanual experimentó un descenso en Murcia del 49,4 por ciento, 10,7 puntos superior a la caída de la media nacional (-38,7 por ciento). Asimismo, la Región ocupa el tercer lugar en lo que se refiere a la Comunidad que tuvo un mayor número de cambios en las condiciones de las hipotecas por cada 100.000 habitantes, con 133.

En cuanto al número de hipotecas canceladas por cada 100.000 habitantes, en la Región ascendió en enero a 205, frente a las 123 registradas en el conjunto del país, por lo que se sitúa en el primer puesto con respecto al resto de autonomías.

El importe medio hipotecado en la Región de Murcia alcanzó en enero los 144.450 euros, 6.089 euros por debajo de la media nacional (150.539), lo que supone un aumento interanual del 22,7 por ciento.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas fue de 4.998, mientras que el capital ascendió a 721.959 euros. Del total, 4.668 fueron urbanas, cuyo importe ascendió a 621.275 euros.

En relación con estas fincas urbanas, de las 4.668, un total de 3.446 fueron viviendas, con un capital invertido de 412.139 euros; mientras que 147 fueron solares y 1.075 corresponden a construcciones urbanas.

Según la entidad prestamista, los bancos prestaron 179.891 euros para las hipotecas de 967 viviendas, mientras que las cajas de ahorro financiaron 385.705 euros para 3.182 viviendas. El resto corresponde a otras entidades.

Respecto a las fincas canceladas registralmente por la naturaleza, el número ascendió a 2.277, de las que 91 fueron rústicas, 1.540 viviendas, 76 solares y 570 corresponden a otras urbanas.

El Gobierno no comparte algunas cuestiones del manifiesto que firmaron CC AA productoras de tomate

MADRID.- La secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, aseguró hoy que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no comparte algunas de las cuestiones que, a su juicio, plantea el manifiesto en defensa del tomate que firmaron los responsables de las cuatro comunidades productoras, como las que, según sus palabras, hacen referencia a que "no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos".

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la responsable ministerial señaló que el documento que rubricaron a principios de este mes los consejeros del ramo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias contiene algunas indicaciones que "no es realista plantearlas", al menos, "en los términos que ahí aparecen matizadas y planteadas".

Villauriz aseguró que el departamento que dirige Elena Espinosa sí apoya "la finalidad del documento", en lo que se refiere a que "debemos de poner todos los medios a nuestro alcance para evitar distorsiones comerciales y para actuar en el caso de que no se realicen los términos del acuerdo" de exportación de tomate marroquí a la Unión Europea.

Sin embargo, cuando "por ejemplo se dice que no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos, en este caso, eso no es factible" porque "hace ya muchos años, en 1995, se acordó un establecimiento de zonas de libre comercio con países del norte de África", algo que aprobaron el Congreso y el Senado para la política comunitaria y española de vecindad con las áreas del Mediterráneo.

Por lo tanto "existe una negociación permanente de este tipo de acuerdos a la que nos tenemos que someter y en la que tenemos que estar, evidentemente con todas las precauciones y con todos los mecanismos que podamos contemplar para evitar que las distorsiones se produzcan", aseveró.

Sobre las cantidades, el manifiesto dice textualmente que el actual acuerdo establece "un status muy ventajoso" para Marruecos que consiste, desde la campaña 2006-2007, en "un contingente de 233.000 toneladas compuesto por contingentes fijos mensuales de octubre a mayo, con una parte fija y otra variable" y pide que no se permita "en ningún caso que los contingentes se distribuyan por trimestres en lugar de por meses, pues esta flexibilidad puede provocar fuertes hundimientos de precios en determinados momentos, difíciles de recuperar".

El Gobierno sí actuará "de la manera más firme posible" para que los términos del acuerdo actual y también del futuro -cuya negociación está actualmente paralizada--, se "estén cumpliendo" en lo que se refiere a los "precios de entrada y cantidades" de forma que se pueda evitar la competencia desleal.

Del mismo modo, el Ministerio está "de acuerdo" con la petición de hacer partícipes a las Comunidades Autónomas de todos los datos de corrientes de exportación que proporciona regularmente la Comisión Europea.

La secretaria general señaló que el Ministerio también está comprometido con que se vigilen los límites máximos de residuos y se realicen las inspecciones necesarias para que los productos que llegan del país vecino "cumplan al 100 por cien" con el uso de los productos fitosanitarios y lleguen al consumidor con todas las garantías necesarias.

Sin embargo, a pesar de que el manifiesto de los productores de tomate pedía que se exija "reciprocidad" en lo relativo a las condiciones sociales de los productores en terceros países, Villauriz mantuvo que "ni la Unión Europea, ni España como Estado Miembro" tiene competencia para actuar en este sentido.

Por su parte, el diputado nacional del PP Juan José Matarí ensalzó las "buenas intenciones" que tiene el Gobierno pero, según dijo, éste ofrece "poca garantía" de que el Gobierno vaya a defender los intereses del sector hortofrutícola. Además, dudó de si el Ministerio explicó al consejero andaluz del ramo, Martín Soler, esta postura pues, a su juicio, "no tiene nada que ver con lo que (él) traslada al sector en Almería".

La CAM emitirá cédulas hipotecarias en 2009 por un importe de hasta 1.000 millones de euros

VALENCIA.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) aprobó hoy la participación de esta entidad en el programa de emisiones de Titulización de Activos para el lanzamiento de cédulas hipotecarias, durante el ejercicio 2009, por importe de hasta 1.000 millones de euros, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

Durante la sesión ordinaria, correspondiente al mes de marzo y celebrada en el marco de Forinvest, en Valencia, el consejo aprobó la titulización de activos mediante lanzamiento de cédulas hipotecarias para este año por un importe máximo de 1.000 millones de euros, tras tener "conocimiento de que CAM es un emisor consolidado en el mercado de cédulas hipotecarias, un instrumento útil y ágil para la generación de activos líquidos".

Además, también se presentaron los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Caja Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2008, elaborados por KPMG Auditores S.L.

En ambos informes la firma auditora expresa su "opinión favorable" a las cuentas del grupo CAM.El órgano rector de la caja aprobó también el Informe Anual de Autoevaluación del Capital correspondiente al ejercicio 2008, expuesto por eel director general, Roberto López Abad.

Por otro lado, con la reunión de su Consejo de Administración en Forinvest, CAM "muestra su apoyo a este certamen pionero en el que, por segundo año consecutivo, se dan cita los principales representantes del sector financiero y empresarial de nuestro país para analizar las cuestiones de mayor actualidad en el mundo de las finanzas".

CAM ha sido reconocida en la presente edición de Forinvest con el Premio al Mejor Producto Financiero por sus cuotas participativas y, de igual manera, el presidente de CAM, Vicente Sala, también ha sido distinguido con el Premio a la Trayectoria Profesional.

Unos vándalos atacan la casa del ex consejero delegado del Royal Bank of Scotland

LONDRES.- Unos vándalos destrozaron ayer miércoles las ventanas y dañaron un coche en la casa del antiguo consejero delegado de Royal Bank of Scotland, Fred Goodwin, que desató la ira del público al negarse a renunciar a su elevado fondo de pensiones después de que el Gobierno rescatara el banco.

Un grupo desconocido llamado "Los jefes de los bancos son unos delincuentes" reivindicó el ataque.

Goodwin dejó el banco el pasado octubre después del rescate gubernamental con una pensión anual de unas 700.000 libras (unos 761.000 euros).

Después del ataque, que tuvo lugar de madrugada, un grupo de protesta envió un correo electrónico a los periódicos locales asumiendo la autoría y afirmando: "Esto es solo el inicio".

La policía en Edimburgo confirmó que el comunicado fue enviado por una mujer que decía llamarse Moira McLeod desde la dirección bankbossesarecriminals@mail.com.

"Estamos enfurecidos porque los ricos como él se están pagando enormes cantidades de dinero y viven lujosamente, mientras que la gente normal está quedándose en paro, desamparados y sin hogar", indicó el mensaje. "Esto es un delito. Los jefes de los bancos deberían ser encarcelados. Esto es solo el inicio".

Nadie ha sido arrestado. Un portavoz policial no quiso decir si Goodwin y su familia estaban en la mansión.

Tres ventanas de la planta baja resultaron destrozadas, así como la ventana trasera y la ventanilla del asiento del copiloto de un Mercedes S600 aparcado en la parcela, según la BBC.

La negativa de Goodwin a devolver la pensión, a pesar de haber llevado al banco al mayor fracaso empresarial en la historia de Reino Unido desató la ira pública y política.

El primer ministro, Gordon Brown, ha calificado el pago de "inaceptable" y el Gobierno ha dicho que está estudiando adoptar medidas legales para recuperar el dinero.

Goodwin, de 50 años, ha tratado de mantenerse en un segundo plano desde que el mes pasado se conocieron los detalles de su fondo de pensiones. Ha sido criticado por políticos y en varios medios de comunicación.

Para la próxima semana se han convocado manifestaciones anticapitalistas en Londres con motivo de la cumbre del G-20, y por Internet circulan panfletos que dicen "asaltar los bancos".

En un breve comunicado, la policía de Lothian and Borders dijo: "Podemos confirmar que acudimos a una dirección en Oswald Road a las 4:35 a.m. y que hay una investigación en marcha. Pedimos testigos".

RBS, que tiene su sede central en Edimburgo y ahora es propiedad mayoritaria del Gobierno, ha dicho que está proporcionando la seguridad del domicilio de Goodwin en la ciudad con un coste de alrededor de 290 libras al mes.

"Es una práctica normal de RBS para los altos cargos que se han marchado", explicó en un comunicado.

El Gobierno también ha sido duramente criticado por permitir que Goodwin dejara el banco con una pensión tan generosa después de tener una pérdida de 24.100 millones de libras en 2008, las más elevadas en la historia empresarial británica.

Los abusos urbanísticos en España pueden llevar a partir de hoy a la congelación de fondos por la Unión Europea

ESTRASBURGO.- El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.

Se trata de la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue rechazada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos.

Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

Bajo San Esteban se concentra la mayor arqueología árabe de la ciudad de Murcia

MURCIA.- La mayor concentración de arqueología árabe de la ciudad de Murcia se ubica, al parecer, bajo el palacio y jardín de San Esteban, según el arqueólogo cartagenero y profesor de la Universidad de Murcia, Javier García del Toro, que ha evacuado al respecto el siguiente informe.

"ARQUEOLOGÍA MONUMENTAL ÁRABE (califal, Almorávide y Almohade) soterrada bajo el actual jardín de San Esteban, que considero ZONA DE ALTA CONCENTRACIÓN ARQUEOLÓGICA

Podría ser la zona murciana de MÁS CONCENTRACION ARQUEOLOGICA ARABE MONUMENTAL Y PALACIAL

MURALLA
ANTEMURALLA
PUERTA
PALACIOS DE DOS PISOS ARABES
PALACIOS CRISTIANOS
DOS MEZQUITAS
100 TIENDAS
MERCADOS DE SAL

En mi INFORME sobre la arqueología de San Esteban de Diciembre de 2005, lo titulaba DE PROSPECTIVA ARQUEOLÓGICA.

A día de hoy y dado la EXCAVACION Y SOTERRAMIENTO, el pasado 2008 de UN PALACIO ALGORFA ARABE CON MUJROS POLICROMADOS bajo el actual PALACIO DE SAN ESTEBAN (vid. la infografía de La Verdad, de este tipo son los PALACETES ALGORFAS DE DOS PISOS, la superior para gineceo de S. Esteban)

HE DE HABLAR DE LA REALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO DEL JARDÍN DE SAN ESTEBAN

Pormenorización de restos arqueológicos del Jardín de San Esteban y su ubicación en el propio jardín y calles aledañas:

1.- RESTOS DE BASAMENTOS PERIMETRALES DE LA IGLESIA JESUÍTICA DE SAN ESTEBAN DEL SIGLO XVI

2.-Posibilidad de MURALLA en ese mismo palacio de San Esteban,dado que durante toda la Edad Media y Moderna,según doc¡umentación escrita en el Archivo municipal,SE CONCEDÍAN A PARTICULARES LIENZOS DE MURALLA ÁRABE PARA CONSTRUCCIONES, AHORRANDOSE ASÍ UN MURO DE CARGA(es el caso del Ayuntamiento, construido sobre (sic)

3.- PALACIOS ÁRABES DE DOS PISOS O ALGORFAS muy numerosas !!!YA EXCAVADA Y SOTERRADA UNA CON MUROS POLÍCROMOS!!!/ (1)

Texto del siglo XIII alfonsino del Archivo de Murcia sobre este lugar:.

4.- MURALLAS INTERIOR Y EXTERIOR de La Arrixaca Nueva, árabe del sigloXIII

5.-PORTILLOS O PUERTAS de esta muralla especialmente en la CALLE DEL PORTILLO DE SAN ANTÓN.!!!que por eso lleva ese nombre!!!(y en esta calle va una SALIDA DEL PARKING)

6.-!!!DOS MEZQUITAS en el perímetro de San Miguel hacia S. Estean y a Los Pasos de Santiago hacia S. Esteban. PUES ERA COSTUMBRE SANTIFICAR Y CRISTIANIZAR LAS SARRACENAS MEZQUITAS, ENCASQUETÁNDOLES ENCIMA UNA IGLESIA
y en los documentos alfonsinos del siglo XIII del Ayuntamiento ......

7.-MERCADOS Y TIENDAS VARIAS ARABES:
Documentos de Alfonso X:<100> en la colación de Santiago(Pasos de Santiago actual) .

8.- PALACIOS CRISTIANOS siglo XIII
ESTE POPULOSO ARRABAL DE SAN MIGUEL Y SANTIAGO(San Esteban) FUE ELEGIDO COMO LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS PERSONAJES DE MAYOR ALCURNIA EL INFANTE DON FERNANDO DE LA CERDA EL OBISPO ELECTO DON GARCÍA MARTINEZ, ETC, ETC, ETC".

Javier García del Toro

(1) Supervision arqueológica en el palacio Norte del Palacio de San Esteban de Murcia.

XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la R. de Murcia,2008.- pags. 349 a 356

Nota: Se encontró un PALACIO ARABE CON MUROS POLÍCROMOS, y SE TAPÓ para instalar las cunas de agua potable del Palacio de la Presidencia.

miércoles, 25 de marzo de 2009

El Parlamento Europeo votará hoy el informe que pide congelar los fondos europeos a España si no acaba con abusos urbanísticos

BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo votará hoy un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero los dos partidos no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas

La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles.

También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.

La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español; se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos; y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola.

Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.

En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.

Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.

Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

La Fiscalía de Murcia desarticula una presunta gran trama de corrupción urbanística


MURCIA.- Un control casi total sobre todo el ladrillo que se mueve en la Región. Tal era, en opinión de la Fiscalía de Murcia, la pretensión «del entramado de intereses» que se habría forjado en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia: «controlar la actividad urbanística de la Región en beneficios de unas cuantas personas», recuerda hoy 'La Verdad'.

Al frente de dicho entramado, y como eje en torno al cual se habría articulado el citado «entramado de intereses», se situaría el jefe del Servicio de Planeamiento del Consistorio, el funcionario ahora en excedencia Joaquín Peñalver Motas (imagen superior).

Así se hace constar en la denuncia que la Fiscalía Superior presentó el 21 de marzo del 2007 ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia -el documento está en poder de La Verdad- y cuyo contenido se resume a continuación.

EL PRESUNTO CEREBRO

Joaquín Peñalver Motas, arquitecto, desempeñó desde el 1 de abril de 1996 el puesto de jefe de la Primera Sección Técnica del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia. El 15 de enero de 1999 se le adscribió al puesto de jefe del Servicio de Planeamiento.

El 9 de marzo del 2006, ocho días antes de que la Fiscalía incoara las diligencias informativas nº 76/06, «en averiguación de presuntas irregularidades en su gestión, el señor Peñalver pasa a la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de sus hijos menores de tres años».

El fiscal recuerda que «durante el tiempo que Peñalver desempeñó funciones de arquitecto municipal, estuvo sometido al régimen de incompatibilidades, no pudiendo por tanto ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estaba destinado».

Pese a lo cual, «obviando esa prohibición, ha venido interviniendo, a través de su esposa, Sandra de la Puente Vázquez, y de otras personas interpuestas, en actividades urbanísticas en las que posteriormente debía intervenir, e intervenía, el servicio del que era jefe; esto es, el Servicio de Planeamiento Urbanístico».

UN DESPACHO EN LA DIANA

«A tal fin -prosigue la denuncia-, Sandra de la Puente fundó en escritura, el 24 de diciembre del 2004, junto con su suegro Joaquín Peñalver Ruiz, y su cuñado, Francisco José Peñalver Motas (hermano del jefe de Urbanismo), ambos arquitectos, la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados S.L.».

«La finalidad de la participación de Sandra de la Puente en esta sociedad (no olvidemos que su profesión es economista) era servir de tapadera a la intervención de su esposo en actividades que le estaban vedadas por la normativa administrativa y penal, y asegurarse la participación en las ganancias de la empresa. Ésta tenía como principal activo la presencia de aquél (Joaquín Peñalver) al frente del Servicio de Planeamiento Urbanístico, al que iban a ir, y fueron, una parte importante de sus proyectos urbanísticos para ser aprobados».

«Los tres socios -la mujer, el padre y el hermano de Peñalver-, convencidos de su impunidad, decidieron colgar en internet una página web en la que anunciaban sus servicios, los profesionales que formaban su plantilla, los despachos de arquitectos que colaboraban con la empresa (el fiscal ofrece una amplia relación), y sus principales clientes, entre los que se encuentran las empresas promotoras y constructoras más importantes de la Región».

EL 'SOCIO' LÓPEZ REJAS

«En los listados de visados facilitados por el Colegio de Arquitectos de Murcia, a solicitud de esta Fiscalía, se observa que un importante número de los proyectos urbanísticos desarrollados en el municipio de Murcia aparecen firmado por socios, empleados o despachos de arquitectos colaboradores de Peñalver Arquitectos S.L., y entre las empresas destaca, por su número, la mercantil José López Rejas S.L.».

A este respecto, el fiscal destaca que «el día 26 de enero de 1999, 11 días después de que el señor Peñalver fuera nombrado jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, José López Rejas (en la imagen) le vende a la esposa de Peñalver, Sandra de la Puente, 125 participaciones de la mercantil Septiembre 97 Promociones S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria. El 27 de julio del 2004 también le vendió a Sandra de la Puente 1.472 participaciones de la mercantil Nou Vivienda Joven Murcia S.L., de la que López Rejas poseía 3.006 participaciones. ¿Por qué tendrá tanto interés López Rejas en ser socio de Sandra de la Puente?».

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

«El 14 de julio del 2003, (Sandra de la Puente) adquiere, por compra a José Sánchez Marín, 25 participaciones de la mercantil Urbasa Mediterránea S.L.. Con posterioridad se hace con el 50% de la sociedad».

«Urbasa se convertirá en la principal fuente de ingresos de Sandra de la Puente e, indirectamente, de Joaquín Peñalver, al estar casados en régimen de participación en ganancias. La sociedad es titular de una finca en El Esparragal, valorada en 1,1 millones de euros; de una finca rústica en Cabezo de Torres, de 52.082 m2; otra finca rústica en la Sierra de Carrascoy, con una superficie de 1,2 millones de m2, y el 55% de una finca de 2,6 millones de m2, llamada Columbares, en Cañadas de San Pedro (Murcia)».

UNA SOCIEDAD 'CONSEGUIDORA'

«Urbasa Mediterránea se constituye en una especie de conseguidor, mediando a cambio de sustanciosas cantidades de dinero entre las empresas inmobiliarias y el departamento que dirigía el señor Peñalver».

El fiscal señala, a tal respecto, que Urbasa vende al promotor Félix García Ripoll un trozo de terreno de secano, perteneciente a la hacienda Lo Espinosa, por 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas. En la escritura se hace constar que «la finca se adquiere por su condición esencial de estar inmersa en un proceso de gestión urbanística, por el cual se le reconocerá un aprovechamiento urbanístico futuro de 7.500 m2 de techo.

Urbasa asume el compromiso y se obliga a que tales terrenos tengan esas características en el plazo improrrogable de 24 meses. Si en el término de ese plazo no se hubieran logrado esas características, Félix García Ripoll podrá requerir a su elección a Urbasa Mediterránea, quien vendrá obligada a la devolución de 750.000 euros».

En base a ello, el fiscal considera que «el negocio que se realiza no es realmente una compraventa de tierras, sino la gestión de un aprovechamiento urbanístico. Y ese aprovechamiento deberá otorgarse con el dictamen favorable del esposo de Sandra, Joaquín Peñalver, jefe del Departamento de Planeamiento Urbanístico. Si la gestión ante el Ayuntamiento prospera, el precio del servicio será de 1,2 millones. Si no prospera -cosa difícil, ya que todo queda en casa-, el precio de la gestión será de 450.000 euros».

«A través de Urbasa, Sandra de la Puente logrará tener participación oculta en otras sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria y urbanística como NF Desarrollos S.L. y Mursiya Golf S.L.».

«El 4 de mayo del 2006, conocedora por la prensa de la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía, Sandra de la Puente decide finalizar su participación en Urbasa y liquidar patrimonio».

EL PODER DE LOS 'NARANJITOS'

«Tal era el número de proyectos presentados al visado por Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., que los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban».

«Para evitar el control del Colegio de Arquitectos, que ya había recibido quejas por el monopolio en que se estaba erigiendo la citada mercantil y sus colaboradores, el despacho empezó a desviar el visado hacia el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos».

FACTURANDO A SU FAMILIA

«Como indica la Agencia Tributaria, desde el año 2002 al 2005, periodo en que Joaquín Peñalver era jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, éste ha venido cobrando de distintas empresas, destacando los 513.863 euros (más de 80 millones de pesetas) que recibe en el 2005 de la empresa Peñalver Arquitectos». Esto es, el jefe de Planeamiento habría facturado sumas muy abultadas a su propia familia por servicios no especificados en la denuncia.

«LAS COSAS NO VAN MAL»

«Como las cosas no funcionaban mal, la familia Peñalver decide en enero del 2004 crear otra mercantil dedicada a la actividad urbanística y así constituye Titobio S.L.. Entre las operaciones que lleva a cabo la citada empresa familiar figura el proyecto Plan Parcial La Cerca de Arriba, firmado por el arquitecto Jesús Zafra, colaborador de Peñalver Arquitectos y socio de Sandra de la Puente. Ese proyecto deberá recibir el dictamen favorable de Joaquín Peñalver. Sandra de la Puente gana al menos 50.088 euros, más lo que gana Titobio y sus familiares, con una operación urbanística que ese mismo mes se presentará como proyecto al Servicio de Planeamiento que dirige Joaquín Peñalver».

«De todo lo antedicho -concluye el fiscal- se deduce, a nuestro criterio, la existencia de un entramado de intereses en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, para controlar la actividad urbanística de la Región en beneficio de unas cuantas personas».

El fiscal considera que de los hechos denunciados se deducen indicios de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.

Denunciados por el fiscal

Joaquín Peñalver Motas: Arquitecto y jefe del Servicio de Planeamiento.
Sandra de la Puente: Economista y esposa del anterior.
José López Rejas: Promotor y socio de Sandra de la Puente.
Antonio José Sánchez Marín: Promotor y socio de Sandra de la Puente.
Renato de Noce: Ingeniero de Caminos, socio de Sandra de la Puente y colaborador de Peñalver Arquitectos.
Jesús Zafra Serrano: Arquitecto, socio de Sandra de la Puente y colaborador de Peñalver Arquitectos
Esteban Martínez Abarca Pastor: Socio de los Peñalver en Titobio S.L.
Joaquín Peñalver Ruiz: Arquitecto, padre de Joaquín Peñalver Motas y fundador de Peñalver Arquitectos.
Francisco J. Peñalver Motas: Arquitecto, hermano de Joaquín Peñalver Motas y fundador de Peñalver Arquitectos.
Francisco Peñalver Ruiz: Tío de Joaquín Peñalver y socio de Titobio S.L.
María Dolores Vázquez Sánchez: Suegra de Peñalver.
Alexis de la Puente Vázquez: Hermano de Sandra de la Puente.
Tomás de la Puente Filoso: Familiar de Sandra de la Puente.
Félix García Ripoll: Promotor.

Puertos del Estado ve viable la dársena de El Gorguel

CARTAGENA.- Puertos del Estado considera viable la construcción de la nueva dársena de contenedores en El Gorguel, según anunció el delegado del Gobierno. El Ayuntamiento de La Unión se va a dirigir a este ente público para mostrar su rechazo a este proyecto, según avanzó Onda Regional.

El delegado del Gobierno, Rafael González, que reiteró sus dudas acerca de la incompatibilidad de esta infraestructura con la regeneración de la bahía de Portmán, reconoce que Puertos del Estado le ha comunicado que considera viable el proyecto, siempre a expensas de los estudios y permisos medioambientales.

Sigue el culebrón municipal

Por otra parte, la asociación de vecinos Ribalta de Mar de Cristal responsabiliza al ayuntamiento de Cartagena "de permitir el presunto fraude en las cuentas de la Entidad Colaboradora", señaló en un comunicado su presidente José Castellano Blaya.

El representante vecinal reprochó al Consistorio que haya convertido este organismo "en una empresa particular en manos de miembros del Partido Popular que aprovechan el Estatuto Oficial de la Entidad para coaccionar, chantajear, presionar y explotar a 1.200 familias".

En su denuncia, esta la asociación asegura que en la contabilidad de la Entidad "faltan por justificar 450.000 euros en cinco años. Creemos que más porque el presupuesto se compone de doce partidas y sólo se han analizado cuatro", dijo.

El pleno municipal celebrado el lunes rechazo una moción de la oposición que pedía una comisión de investigación para analizar las cuentas de la entidad "porque el caso está en los tribunales", señaló el portavoz del PP.

En su denuncia la asociación señalaba entre otros al edil Enrique Pérez Abellán, quien se ha querellado contra Ribalta.

Precisamente el concejal de Seguridad y Vía Pública se enfrenta a un periodo de investigación por parte de los técnicos municipales y los servicios jurídicos del Ayuntamiento respecto a la legalidad de un procedimiento de contratación de su hijo en el que podría haber otros cuatro pagos.

Que sumarían algo más de 20.000 euros, por la dirección de las obras referidas a los proyectos que redactó por encargo directo con cargo al Plan ‘E’.

Las pesquisas en marcha forman parte de las gestiones que se están llevando a cabo, por orden de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para dilucidar si el concejal, que el pasado lunes puso a el cargo a disposición de la primera edil, sigue o no en su puesto.

Fuentes municipales de toda solvencia indicaron a 'El Faro' que la redacción de los cuatro proyectos que cayeron en manos de Enrique Pérez Blaya, de manera directa, no era lo único que habría sido encomendado por este procedimiento a esta misma persona.

Así, habría al menos cuatro expedientes más, separados, en los que figurarían facturas a favor del ya ex presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho e hijo del edil de Vía Pública, por trabajos realizados el año pasado. Estas facturas sumarían algo más de 20.000 euros totales, estarían referidas a las mismas obras cuyos proyectos ya han sido denunciados y habrían sido contabilizadas a principios del mes de diciembre.

Sin embargo, según las fuentes municipales consultadas, la investigación interna estaría más ligada a dilucidar la legalidad de todo el procedimiento que a saber a cuánto ascienden los contratos.

Si se confirmara que hubo estos ocho pagos, la suma alcanzaría los 50.000 euros, ya que a los 28.000 de los que ya se viene hablando por la redacción de proyectos habría que añadir ahora al menos otros 20.000 por la dirección de las obras correspondientes. La separación de facturas hubiera favorecido el encargo directo y sin fiscalización técnica alguna.

Desde Alcaldía aseguraron que la decisión a tomar sobre la continuidad de Pérez Abellán deberá esperar. Así las cosas “quien garantice la continuidad o la salida del edil del Gobierno municipal, se quiere quedar con los periodistas”, según las mismas fuentes.

Enrique Pérez Blaya se dio de alta como autónomo el pasado noviembre, un mes antes de que venciera el plazo dado por el Ministerio para que el Ayuntamiento enviase a la Delegación del Gobierno todos los proyectos del Plan E que para Cartagena supone una inversión de 37 millones de euros, revela hoy 'La Opinión'.

Además, se da la circunstancia de que el domicilio fiscal de la empresa de Pérez Blaya es el mismo que el del concejal situado en el centro de la ciudad, señalaron ayer fuentes consultadas por esta redacción.

El hijo del edil percibirá los 52.000 euros como pago a un trabajo que le fue adjudicado gracias a que su padre lo enchufó como profesional ingeniero de Caminos, tal y como el propio Pérez Abellán admitió el lunes en su única comparecencia pública en la que puso su cargo a disposición de la alcaldesa para que sea ésta quien decida si lo cesa o no.

Los citados proyectos se referían a la adecuación y pavimentación de calles en Los Barreros, obra presupuestada en 190.000 euros; y en Cuatro Santos, por 92.000 euros; el arreglo de varias calzadas en Los Dolores, por más de 247.000 euros; y la renovación de servicios urbanísticos y pavimentación en El Llano del Beal, por 300.000 euros.

"Por la redacción de los cuatro proyectos le corresponden 23.358,92 euros incluido el IVA y por la dirección de las cuatro obras otros 28.323,16 euros", señaló el portavoz del Gobierno, Joaquín Segado, quien añadió que el decreto del Fondo de Inversión "señala de forma expresa que los proyectos y direcciones de obras deben ser financiados por los Ayuntamientos. Uno de los proyectos está ejecutado y el resto están en marcha.

No se tuvo en cuenta su experiencia "sino su capacitación profesional", añadió. Mientras Pérez Abellán y el vicealcalde, Agustín Guillén no abren la boca ni cogen el teléfono, Barreiro está pendiente de los informes sobre la legalidad del proceso y la dimisión del edil.

En la Alcaldía están convencidos de la legalidad de los contratos porque cada uno de ellos tiene un importe inferior a 18.000 euros y, además, Pérez Blaya no ocupa un cargo público electo (no fue elegido en las urnas por los ciudadanos).

La ley del silencio impera en el gobierno y el PP, y el portavoz del Ejecutivo, Joaquín Segado, defiende que «el gobierno está totalmente unido y fuerte». Pero 'La Verdad' ha constatado un creciente malestar con Pérez Abellán. Ediles, cargos y militantes del PP consideran que ha sido «innecesario y poco valiente» poner en el disparadero a Barreiro y al resto del gobierno con una crisis que «podría haber evitado» de dos formas.

Una habría sido dar la cara el primer día en lugar de dejar que lo hiciera el vicealcalde y coordinador del Plan ZP, Agustín Guillén; la otra, presentando su dimisión para no «desgastar» a Barreiro al «forzarla a ganar tiempo para decidir» si lo destituye por una cuestión ética y de imagen de su gobierno, o ratificarlo porque ha pedido perdón y no hay reproche legal.

Tras catorce años en el equipo de Pilar Barreiro, el concejal Enrique Pérez Abellán está en la picota y su cargo está ahora en manos de la alcaldesa de Cartagena. Ante esta situación y al grito de 'Sálvese quien pueda', los presidentes de las juntas vecinales no se mojan para defender al que ha sido su jefe más directo en las tres últimas legislaturas como edil de Descentralización, según percibe 'La Opinión'.

Uno de sus más fieles amigos Pedro Obradors, presidente de la Junta de La Palma, señaló: "Somos compañeros y no quiero pronunciarme. Apoyo lo que mi partido decida". Mucho más elocuente fue el presidente de la Junta de Isla Plana, José Mendoza, quien dijo: "Para mí es un caballero, pese a ser de otro partido. Ha cometido un error porque no pensó en las consecuencias".

Otros como el presidente de La Aljorra o el de Molinos Marfagones optaron por no pronunciarse. Sin embargo, el presidente de Alumbres, Juan Pedro Torralba, apostilló: "Yo tengo claro que en mi Junta si yo tengo una empresa no la voy a poner a trabajar en mi diputación".

El Consejo Jurídico arremete contra las supuestas ilegalidades de la Consejería de Educación

MURCIA.- El Gobierno regional recibió ayer un tirón de orejas del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, durante el acto de presentación de la memoria de 2008 de este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. El presidente del Consejo, Mariano García Canales, recordó durante el acto la importancia de respetar el principio de legalidad en la gestión pública, en referencia a los reiterados incumplimientos cometidos por la Comunidad Autónoma en la contratación pública, en especial por parte de la Consejería de Educación.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, asistió al acto celebrado en la sede del Consejo Jurídico, pero al final del mismo prefirió no hacer comentarios sobre unos hechos cometidos en la etapa de su antecesor, Juan Ramón Medina Precioso, según 'La Verdad'.

La memoria del Consejo Jurídico de 2008 hace mención especial, en el capítulo de observaciones y sugerencias, a los seis dictámenes aprobados por unanimidad sobre obras contratadas por la Consejería de Educación y en los que se reprueban las «ocupaciones totales o parciales de obras, realizadas al margen de los requisitos legales (...), y siempre prescindiendo de la participación del Interventor».

La memoria alude también al caso de «la contratación verbal de la red informática y cuadros eléctricos de un instituto», y al que, como ya informó La Verdad, el Consejo Jurídico se refirió en uno de sus dictámenes como «la vulneración total de la normativa que regula la contratación administrativa».

El órgano consultivo apunta en la memoria de 2008 sobre las ilegalidades cometidas por la Consejería de Educación que «el cúmulo de incumplimientos observado, impropio del carácter profesional de la Administración, no puede ser justificado ni amparado por los titulares de los órganos directivos, a quienes compete salvaguardar el principio de legalidad».

Estos incumplimientos, sin embargo, no son exclusivos de Educación. El informe del Consejo Jurídico informa de la aprobación durante 2008 de 15 dictámenes «sobre obligaciones contraídas sin fiscalización previa»; en 13 de ellos «la infracción se había cometido en un procedimiento contractual, y, de estos últimos, 6 corresponden a las irregularidades cometidas por la Consejería de Educación.

El órgano recomienda también «hacer un uso moderado de la potestad de modificación del contrato», al existir el riesgo de «articular auténticos nuevos contratos con fraude del principio licitatorio».

El Consejo Jurídico emitió 219 dictámenes el pasado año, un 21% más que en 2007, y recibió 223 expedientes con solicitud de dictamen, de los que la mayoría (70,8%) eran casos de responsabilidad patrimonial de la Administración.

La consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, que presidió el acto, destacó la importancia de la labor del Consejo Jurídico como garante de la legalidad.

El PSRM denuncia el silencio del Gobierno murciano sobre las donaciones millonarias de la UCAM

CARTAGENA.- El PSRM-PSOE considera "escandaloso" el silencio que mantiene el Gobierno de Murcia sobre las donaciones millonarias que desde la Fundación San Antonio ha realizado su presidente, José Luis Mendoza, a distintos colectivos y personas, según informaron fuentes del partido en un comunicado de prensa.

De tal forma, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia del consejero de Universidades, Salvador Marín, en la Asamblea para que explique la postura del Gobierno regional sobre la titularidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y también sobre las decisiones futuras que ha de tomar con relación a esta institución docente.

El responsable de Universidad del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, manifestó que en este momento "más que nunca, son necesarias las explicaciones del Gobierno regional" para esclarecer todos los pormenores sobre las donaciones millonarias que, al parecer, han podido realizarse por parte de la UCAM a distintos particulares y organizaciones eclesiásticas.

Carpena se preguntó "si en estos momentos, conocidos los pagos de dinero a distintos colectivos y personas, la decisión del Gobierno de Valcárcel sobre la titularidad de esta Universidad y sobre el rechazo al recurso interpuesto a sus Estatutos por el obispo, Juan Antonio Reig Plá, sería ahora la misma que en noviembre de 2007 y en mayo de 2008". En esa fecha fue cuando se aprobaron los Estatutos y se desestimó el recurso del Obispado.

A juicio de Carpena, "en estos momentos, la sociedad murciana en general y los católicos en particular, se encuentran abochornados y sorprendidos por las noticias que vienen apareciendo sobre donaciones de dinero".

El PSRM-PSOE cree que el silencio del Gobierno regional es "clamoroso". Por ello, le reclama que explique en la Cámara las relaciones del mismo con la Fundación San Antonio y con su presidente, José Luis Mendoza, "ya que muchas de las decisiones que ha tomado parecen tender a favorecer más a esta Fundación privada que a la propia institución eclesiástica".

El diputado socialista quiere conocer la opinión y la postura del Gobierno murciano sobre este asunto ya que desde la propia Comunidad Autónoma y desde el Ayuntamiento de Murcia se han tomado decisiones sobre la UCAM que "se podrían entender si la titularidad fuese de la Iglesia pero no de una Fundación Privada", explicó.

Carpena preguntó si el Gobierno de la Comunidad debe algún favor al presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, "porque no se entiende que guarde silencio, callando y otorgando".

Eugenio Galdón y Tomás Fuertes se marchan de ONO

MADRID.- El consejo de administración ONO nombró en su reunión de hoy a Rosalía Portela, ex directiva de Telefónica, como nueva consejera delegada de la compañía en sustitución de Richard Alden, informó hoy el operador de cable.

Rosalía Portela, que desempeñó durante seis años el puesto de directora del negocio residencial de Telefónica en España, ocupará el cargo que el pasado 20 de noviembre dejó vacante Richard Alden tras su dimisión después de 11 años en el mismo.

La decisión del consejo responde a la remodelación de su órgano ejecutivo, que comenzó el pasado noviembre con el nombramiento de José María Castellano, ex consejero delegado de Inditex, como presidente del grupo, y a la apuesta del capital extranjero, que con un 68,4% del capital mantiene una posición de peso en el grupo, por una gestión más agresiva de la compañía.

En este sentido, el operador señaló que culmina un proceso de relevos en su cúpula directiva y que ahora, con el nombramiento de Portela, cierra las filas de "su primera línea" ejecutiva.

"Se trata de poner el foco en gestionar los recursos con los que contamos de forma eficiente y en hacer especial hincapié en reforzar la atención que prestamos a nuestros clientes, así como dirigirnos a los hogares y empresas a los que llega nuestra red y que todavía no han optado por ONO como proveedor de servicios de comunicación y entretenimiento", indicó Castellano.

Portela desarrolló su carrera profesional en la multinacional estadounidense Kimberly Clark, al frente del área de consumo de España y Portugal y, más tarde, como vicepresidenta para Europa. Asimismo, la directiva ha ocupado puestos de responsabilidad en el área de marketing en empresas como Repsol y Procter & Gamble, donde permaneció durante más de 14 años.

Por otra parte, el consejo de ONO ha aceptado las dimisiones del fundador y ex presidente de la firma, el murciano Eugenio Galdón (en la imagen) y del fundador de 'El Pozo', Tomás Fuertes, representantes del grupo Multitel con un 21,4% del capital, y de Matías Rodríguez Inciarte, representante del Banco Santander, compañía que mantiene una participación del 4,4% en ONO.

El motivo de la salida de los consejeros se debe, según apuntaron fuentes del mercado a Europa Press a la nueva política empresarial y al giro en el modelo de negocio que el grupo está llevando a cabo y que supuso la sustitución del anterior presidente, Eugenio Galdón, por Castellano y al dominio del capital extranjero en las decisiones del grupo.

Todos estos cambios se ratificarán en la junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Un alto mando declara que Trillo le encargó repatriar "cuanto antes" los cadáveres

MADRID.- El teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de las tareas de repatriación de las víctimas del accidente del Yakovlev-42, que costó la vida a 62 militares españoles en mayo de 2003, aseguró hoy que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, le encargó que se encargara de coordinar la misión para repatriar "cuanto antes" los cadáveres de las víctimas.

"Las únicas indicaciones del ministro fueron ocuparme de coordinar los vuelos y los aviones para traerme cuanto antes los cadáveres pero sobre las identificaciones no se habló nada en absoluto", señaló Beltrán durante su comparecencia, en la que detalló que el encargo del ministro se produjo en la zona 'vip' del avión en el que las autoridades se trasladaron hasta el lugar de accidente.

Beltrán también explicó que acudió a Trabzon (Turquía) como representante del Ejército del Aire y que se quedó hasta el día 28, cuando se produjo la repatriación de los cuerpos, porque Trillo le dijo que se quedaba "más tranquilo" si él permanecía al frente de la misión.

Según explicó, la tarea de los reconocimientos recayó en exclusiva en Navarro, aunque en todo caso no consideró que este asunto pudiera dificultar las tareas de repatriación. "Yo estaba dispuesto a traerme los cadáveres como estuvieran. Que estuvieran o no identificados no era un impedimento para traérmelos, siempre y cuando fuera legal", dijo.

En la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra tres militares por la identificación errónea de los cadáveres, Beltrán señaló hasta en dos ocasiones que el principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro, le dijo que todos los cuerpos estaban identificados, a pesar de que pudo deducir "de la lectura del acta de entrega" que redactaron las autoridades turcas que existían 30 cuerpos que no habían sido identificados.

No obstante, indicó que durante la firma del acta, que calificó de "documento turco preparado por los turcos y con las condiciones que pusieron los turcos", no se trató el asunto de la identificación de los cadáveres ni tuvo constancia en ningún momento de los reproches que Navarro hizo a las autoridades locales por sus dudas en los 30 identificaciones que a la postre resultaron erróneas. "Estuve asesorado por el general Navarro, que me dijo: 'Cadáveres nuestros hay 62 y los 62 están identificados'", dijo.

El teniente general explicó que, a pesar de que nunca habló con Navarro de las dificultades que se estaban produciendo en las tareas de identificación, firmó el acta de entrega junto al general Navarro porque iba a "viajar con los cadáveres" y en aquel momento "le pareció lógico firmar". En este sentido, indicó que un intérprete realizó "una sucinta traducción" del acta de entrega y que, en concreto, "le señaló párrafos" al general Navarro.

El único intercambio de opiniones que tuvo con Navarro sobre las identificaciones se produjo en la noche del día 27, cuando éste le advirtió que tenían "un problema muy serio" porque había un cadáver sin identificar que la delegación ucraniana, nacionalidad de los miembros de la tripulación que fallecieron en el accidente, no aceptaba como suyo. "El general estaba completamente seguro de que ese no es nuestro y al final los ucranianos aceptaron el cadáver", dijo.

En otro momento del interrogatorio, uno de los letrados de la acusación se hizo eco del contenido del acta en la que se admitía que 30 de los cadáveres pertenecían "a soldados españoles" pero que desconocían sus identidades. "¿A usted le leyeron este acta?", preguntó el abogado a Beltrán.

"Eso no nos lo leyeron, se lo debió inventar el teniente que elaboró la información", replicó el testigo, quien aseguró no recordar "nada" sobre ese tema. Asimismo, en otra fase de su declaración añadió que apenas tuvo contacto con las autoridades turcas y destacó la "dificultad" que entrañaba trabajar con Navarro por su carácter.

En otro punto del interrogatorio que le hizo el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, Beltrán aseguró que los mandos militares siempre actuaron pensando en las víctimas. "Nuestra preocupación son las familias, aunque ellos no lo crean --dijo--. Nosotros siempre tuvimos allí presentes a las familias y a nuestros compañeros en todas nuestras actuaciones, en las mías y en las de nuestros compañeros".

Pedro Cano afirma que el Valle del Ricote reúne condiciones para haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad

MURCIA.- El pintor Pedro Cano aseguró hoy, en la Escuela de Turismo de la Universidad de Murcia, que "el Valle de Ricote reúne méritos más que suficientes para haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", aunque lamentó las "cosas horribles" que se han hecho en algunas zonas.

Cano, que ofreció esta conferencia con motivo de su nombramiento como padrino de la última promoción de diplomados en Turismo, se quejó especialmente de los excesos urbanísticos cometidos en Villanueva junto al Río Segura.

El conferenciante, que es también doctor 'honoris causa' por la Universidad de Murcia, animó a los estudiantes "a amar nuestras cosas, porque si no es así, difícilmente podremos ofrecérselas a los demás en toda su dimensión". Igualmente, el pintor aconsejó a los alumnos acercarse siempre a los sitios que visiten con afán de aprender y con mucha curiosidad, "porque hay cosas maravillosas que merecen ser conocidas".

A este viajero infatigable que siempre vuelve a su tierra natal, Blanca, porque, aseguró, "es como una llamada al útero materno", entre los muchos lugares que le han impresionado se encuentran Irán y, también, la isla griega de Patmos, "donde San Juan escribió el Apocalipsis".

Cano, que fue presentado por la directora de la Escuela, la profesora Manuela López, se refirió igualmente a su unión con Roma, "una ciudad que desde el primer momento me ganó el corazón, una ciudad que atrapa a cuantos llegan hasta ella".

Este pintor blanqueño será homenajeado por los alumnos de Turismo en el transcurso de la Gala del Turismo, que se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo, en un restaurante de Santomera y durante la cual recibirán las Palomas del Turismo la Autoridad Portuaria de Cartagena, los Caballos del Vino y el ex consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, según indicaron en un comunicado fuentes de la institución docente.

Los precios industriales suben un 0,3% en la Región de Murcia en febrero

MURCIA.- Los precios industriales se incrementaron el pasado mes de febrero un 0,3 por ciento en la Región de Murcia respecto a enero, el tercero mayor de España por Comunidades Autónomas, por detrás de Canarias, que registró un aumento del 0,6 por ciento, y de Madrid (0,4 por ciento).

Además, el aumento es superior al de la media del país, que se mantuvo sin variación.

Así, en términos interanuales, los precios industriales en la Región de Murcia bajaron un 4,1 por ciento en febrero con respecto al mismo mes del año anterior, un dato que a nivel nacional descendió un 1,1 por ciento, su mayor caída desde marzo de 1999, cuando registraron también un descenso del 1,1 por ciento, según el Índice General de Precios Industriales publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las actividades que más influyeron en esta variación interanual fueron las de coquerías y refino de petróleo (-33,1%), metalurgia (-12,8%) e industria de la alimentación (-3,6%).

Por destino económico de los bienes, las tasas de variación respecto a febrero de 2008 fueron del 0,4% para los bienes de consumo (2,4% los bienes de consumo duradero y del 0,1% para los bienes de consumo no duradero), del 1,5% para los bienes de equipo, del -3,2% para los bienes intermedios y del -1,9% para la energía, que redujo sus precios por tercer mes consecutivo después de haberse pasado 15 meses al alza.

En términos mensuales, las actividades que registraron las caídas de precios con mayor repercusión fueron las de industria del papel, metalurgia y fabricación de productos de caucho y plásticos, con descensos del 1,5%, 0,7% y 0,6%, respectivamente, mientras que, entre las que experimentaron subidas, las de mayor repercusión fueron las de fabricación de productos farmacéuticos y la industria de la alimentación, con avances del 0,6% y del 0,1%.

Atendiendo a la clasificación por destino económico de los bienes, las tasas de variación intermensuales fueron del 0,1% para los bienes de consumo (0,2% para los bienes de consumo duradero y 0,1% para los no duraderos), del -0,2% para los bienes de equipo, del -0,2% para los bienes intermedios, y del 0,1% para la energía.

Por comunidades autónomas, Canarias es la región donde más se incrementaron los precios industriales en tasa mensual (febrero sobre enero), con un avance del 0,6%, seguida de Madrid (+0,4%), Murcia (+0,3%) y Baleares (+0,2%). Por el contrario, donde más bajaron fueron en Extremadura (-2%) y Aragón (-0,7%).

En valores interanuales, nueve comunidades presentaron en febrero caídas en los precios industriales, con Andalucía y Murcia a la cabeza (-9,2% y -4,1%, respectivamente), mientras que las subidas más destacadas fueron las de Baleares (+8,4%) y Madrid (+5,6%).

La crisis socialista de San Pedro se le escapa de las manos a Pedro Saura

SAN PEDRO DEL PINATAR.- Se ha quebrado la recomposición del Gobierno socialista, reagrupado de nuevo a principios de marzo, tras la crisis que enfrentó a cuatro concejales con el alcalde, José María García Ruiz. Tres de los ediles díscolos -José Luis Caravaca, Olivia Sánchez y Dolores García- solicitaron ayer su baja como militantes socialistas con la intención de continuar en la Corporación municipal como concejales no adscritos. El otro concejal partícipe en el enfrentamiento, Francisco Molero, a su vez secretario general del PSOE local, permanece de momento en el partido y en el Grupo municipal, según 'La Verdad'.

Así lo confirmaron ayer fuentes del PSOE local y regional, que añadieron que van a «exigir» a los tres concejales que devuelvan sus actas de concejales, ya que «las obtuvieron presentándose en las listas del PSOE, como socialistas, y en una candidatura encabezada por el alcalde». Las mismas fuentes señalan que «ya se está trabajando en este requerimiento desde las secretarías de Organización y Política Municipal».

A pesar de que los ediles se habían reincorporado a la actividad municipal tras la crisis, en los últimos días ha rebrotado el conflicto a causa del nuevo reparto de las concejalías que el alcalde les retiró por decreto el pasado diciembre. Fuentes del PSOE local destacaron ayer el distanciamiento que han mantenido los ediles ante los ofrecimientos del alcalde para reincorporarse plenamente al Grupo.

Las mismas fuentes consideran «una estrategia» el hecho de que Molero se quede en el Gobierno, ya que de otra manera perdería las riendas del partido, cuyo control ha sido una de las piedras de toque del conflicto desde el principio. La rivalidad entre Molero y el alcalde se hizo evidente el pasado otoño, cuando Molero fue reelegido secretario general del PSOE local en una Asamblea discutida por una parte de la militancia.

A los pocos días fue García Ruiz quien retiró por decreto las competencias a Molero y a Dolores García, mientras que reducía las delegaciones a Caravaca y a Sánchez, en lo que el regidor llamó una remodelación de Gobierno.

Como reacción, los cuatro ediles se declararon en rebeldía con su ausencia en tres plenos consecutivos, en los que dejaron al alcalde en minoría y sin poder aprobar iniciativas como la creación de la Empresa Municipal del Suelo, otra de las fuentes de discusión.

Con la crisis institucional abierta, a finales de febrero acudieron las dos partes a una reunión en la sede socialista de Madrid, donde instaron a los cuatro concejales rebeldes a reintegrarse en el Grupo y en la disciplina de partido, bajo amenaza de expulsión.

A los pocos días, un comunicado conjunto del alcalde y Molero anunciaba la recomposición del Gobierno, aunque, tres semanas después, la huida de tres de los ediles rebeldes romperá definitivamente la mayoría socialista.

El alcalde no quiso ayer hacer declaraciones y, al igual que durante la crisis, ninguno de los concejales contestó al teléfono. Ni siquiera la mediación del concejal de Unión de Centro Pinatar, Marcos Gracia, socio del PSOE en el Gobierno, logró acercar las posturas después de cuatro meses de desavenencias.

El pleno convocado para el próximo viernes a las 11 de la mañana será el primer escenario de la ruptura definitiva. El alcalde podrá contar tan sólo con 7 votos, más el del concejal de UCPi, Marcos Gracia, frente a los 10 del PP.

Lejos de arredrarse, García Ruiz ya mostró en plena crisis interna su voluntad de gobernar en minoría y su decisión de no tirar la toalla, a no ser que la oposición sea capaz de presentar una moción de censura.

Para ello resulta ahora crucial el papel de Marcos Gracia, quien ha dado su apoyo al regidor, condicionado a que recuperase la mayoría y, con ella, la capacidad de gobierno.

Internet, autocrítica y sectarismo / Carlos Carnicero *

La negación de la evidencia es un paso fundamental en la incapacidad para la autocrítica y ésta atenaza de tal forma a quien no la practica que termina por acabar envuelto en una nube de adhesiones inquebrantables en donde la luz de la discrepancia no tiene espacio para penetrar esas barreras. Digo todo esto en relación con la reacción de la interesada, Carme Chacón, y todos los miembros del Gobierno que se han pronunciado sobre el anuncio hecho por la ministra de la salida de las tropas de Kosovo.

A partir de la negación de la evidencia de esa gestión increíblemente torpe de una decisión legítima, razonable y acertada, toda la catarata de disciplina impuesta en el hemisferio del partido socialista ha cerrado filas para justificar ese error.

Ahora mismo el zapaterismoo como ideología dominante en el PSOE está engendrando unas criaturas supuestamente progresistas que han hecho de la adoración al líder un credo irrenunciable: el líder, por el hecho de serlo, no se equivoca nunca. Y quien lo critique es su enemigo. Pero la realidad es así de sencilla: no se puede culpar a los seguidores por los postulados del profeta porque sólo cumplen los prefectos establecidos en la cúpula del poder.

José Luis Rodríguez Zapatero entiende la discrepancia como una ofensa. Quien no piensa como él está frente a él. Por eso está tan sólo, rodeado de mediocres en un Gobierno en el que está escondido Alfredo Pérez Rubalcaba y con ganas de salir corriendo Pedro Solbes. La vicepresidenta, agotada, no termina de balbucear peticiones de auxilio de forma autoritaria a unos subordinados que no son ya capaces de sustituir el absentismo de sus jefes. Y el resto de los ministros están ausentes porque no tienen autonomía excepto para seguir las directrices de un presidente que no comparte su responsabilidad con nadie. Salvo sus amigos y consejeros particulares que están fuera de las esferas del Gobierno y del partido.

La metodología con que José Luis Rodríguez Zapatero ejerce la política es netamente autoritaria porque niega el debate como instrumento en la toma de decisiones que impone bilateralmente a sus ministros. Solo hay tres personas en ese universo que se atreven a llevarle la contraria: José Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba y Manuel Chaves.

De su primera hora no queda ningún testigo: están todos desterrados porque no quiere referencias de sus orígenes.

Su forma de operar ha tenido el apoyo inestimable de un Partido Popular cavernícola que alimentaba la pretensión del presidente de que la brutalidad de sus posiciones del partido conservador, sus equivocaciones estratégicas, iban a certificar los aciertos irremediables del Gobierno.

Las hordas que le idolatran arremeten contra cualquier crítica que se formule al líder carismático. El único credo posible es la incondicional y quien no lo practica es un traidor. Y quienes unas veces aplaudimos y otras pitamos no somos tolerables y se establece que tenemos que estar al servicio de intereses ocultos.

Escribo todo esto porque me encanta comprobar como una turba de fanáticos insultan a cualquiera que vea debilidad en el liderazgo de Zapatero. No valen los artículos que señalen un acierto, porque su apetito de adhesión es insaciable: señalar un déficit significa obligatoriamente una traición, un interés inconfensable. Esas posiciones son dramáticas porque rebelan que quien las practica no puede concebir la independencia y sus pensamientos aplicados al adversario son el espejo convexo que les devuelve la visión de su propia naturaleza en la que el pensamiento individual es imposible porque la manada obliga a la sumisión,

Internet es un instrumento valioso para esta pléyade de intolerantes disfrazados de progresistas, porque el anonimato les permite el insulto como todo argumento. No necesitan el menor esfuerzo intelectual porque la descalificación personal es suficiente para aliviarse de la posibilidad de discurrir.

No soportan el ridículo que acaba de hacer el Gobierno de España en la gestión de la salida de los soldados españoles de Kosovo y niegan la mayor, la torpeza infinita y las ansias de protagonismo de la ministra de Defensa ,sólo porque ha sido la tecnología aplicada por el Gobierno repitiendo eslóganes de propaganda para ocultar su incapacidad.

A todos ellos, a los que son incapaces de ver mácula en sus propias filas, les dedico con toda mi devoción este artículo para que tenga un calentón al leerlo que les motive a ser todavía más intransigentes, haciéndoles saber que todavía tienen recorrido para prosperar y llegar a ser verdaderos Talibán de la vida española. De verdad que he disfrutado mucho dedicándoles estas líneas. Ahora, ¡ánimo! por lo menos sería deseable que los insultos de hoy fueran renovados.

(*) Carlos Carnicero es periodista y analista político