MURCIA.- José Luis Cano Valverde, funcionario en excendencia de la Consejería de Presidencia, lo debió ver claro desde su privilegiada atalaya de responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios cuando, corriendo el año 2001, un terremoto causó daños muy cuantiosos en la comarca del río Mula y la Administración Regional pronto estableció una línea de ayudas a los damnificados. Fue entonces cuando, según diversos datos que surgen de la investigación realizada con motivo de la Operación Biblioteca, Cano decidió supuestamente constituir una trama dirigida a lucrarse con ese dinero público.
Fuentes próximas a la investigación han señalado a La Verdad que fue entonces cuando el funcionario buscó a un ingeniero conocido suyo, Domingo Peñalver Rojo, y le ofreció constituir entre ambos una sociedad llamada Asesores de la Calidad y Desarrollo de la Ingeniería S.L. (ACADI), dirigida a elaborar informes para los ayuntamientos -en los que Cano tenía buenos contactos por razón de su puesto en la Comunidad Autónoma- con los que solicitar y obtener esas subvenciones públicas.
Para evitar posibles incompatibilidades, Cano habría convencido a Peñalver para que sólo éste figurase al frente de la sociedad, aunque él tuviese el 50% de las acciones, que tampoco declaró ante el Registro Mercantil.
Tal es el germen de la presunta trama de corrución desmantelada esta semana por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) y del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo.
OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Una vez que la sociedad Cano-Peñalver comenzó a funcionar, fue ampliando con el paso de los años sus actividades, siempre orientadas a seguir lucrándose presuntamente de sus privilegiadas relaciones con la Comunidad Autónoma y con diversos ayuntamientos.
Según relata textualmente el fiscal en los autos de prisión dictados este viernes, y a los que La Verdad ha tenido acceso, contra el alcalde de Librilla, José Martínez García; el teniente de alcalde de Urbanismo Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora y el referido José Luis Cano (sólo Peñalver quedó en libertad con cargos), «la presunta trama se habría urdido por José Luis Cano, con la colaboración de Domingo Peñalver, para constituir una serie de sociedades con las que enriquecerse mediante la adjudicación de contratos públicos a través de esas empresas, bien utilizando el puesto de don José Luis en la Consejería de Presidencia o bien favoreciéndose de los contactos de este último con otros funcionarios públicos, a los que se habrían pagado comisiones ilegales por esas actividades».
Es en este punto donde entran en escena el alcalde y el concejal de Urbanismo de Librilla, así como el gerente de IDL, José Andrés Cortés.
Aprovechándose supuestamente de las buenas relaciones que Cano tenía con el equipo de gobierno de Librilla, el funcionario de la Comunidad consigue lo que el juez llama «el desembarco de Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla». Primero, como técnico municipal; y después, al conseguir que «a una empresa con tan poco bagaje económico como ACADI -presidida por Peñalver-, se le adjudique la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ese municipio».
«BENEFICIOS MUY IMPORTANTES»
Para completar la trama, el equipo de gobierno habría situado al frente de la sociedad municipal IDL a un hombre de confianza, José Andrés Cortés, quien acabó convirtiéndose en funcionario en unas oposiciones de cuyo tribunal formó parte José Luis Cano.
Con este panorama, al juez Carrillo no le extraña que ACADI -la sociedad que era propiedad de Cano y Peñalver- «haya extraído beneficios tan importantes como los obtenidos de la sistemática adjudicación de los contratos de IDL a esa ACADI. Y ello en repetidos concursos que, según refiere el mismo Domingo Peñalver, no eran tales por fijarse unos perfiles específicos para el adjudicatario que prácticamente sólo encajaban con la referida empresa».
Es decir, que según el instructor, los contratos públicos estaban amañados de antemano para que fueran siempre a parar a ACADI.
«SOBRES CON DINERO»
¿Qué habrían ganado el alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, así como el gerente de IDL, con esa adjudicación sistemática de los concursos públicos a la sociedad controlada por Cano y Peñalver? Tal es la pregunta que se hace el juez y que se contesta de la siguiente forma: dinero. Dinero obtenido en forma de comisiones, que constituirían un presunto delito de cohecho.
Así, el magistrado otorga gran credibilidad a las confesiones de uno de los imputados y presuntos integrantes de la trama, Domingo Peñalver, quien ha reconocido haber abonado cuantiosas comisiones al gestor de IDL y al alcalde y al edil de Urbanismo. El instructor considera que no parece que existan «intereses espurios» en las acusaciones de Peñalver, ya que él mismo está autoinculpándose de delitos tan graves como el cohecho y la falsedad en documento.
En concreto, el administrador de ACADI relató en su declaración ante la Guardia Civil, luego ratificada en el juzgado, que hizo diversos pagos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros (entre cinco y diez millones de pesetas) a José Martínez, Pedro Martínez y José Andrés Cortés. Peñalver contó además que, de entrada, IDL se quedaba ya con el 10% de todos los contratos, y que luego Cortés y Pedro Martínez comenzaron a exigirle otro 20% para ellos y para el alcalde.
«ME TIENES QUE DAR LO MÍO»
El juez sigue señalando que la credibilidad indiciaria de Peñalver en su relato es elevada y que «se aprecian muy serios indicios sobre la comisión de delitos graves, como lo es sin ir más lejos el cohecho de José Martínez García y de Pedro Martínez Muñoz. Domingo Peñalver da datos concretos acerca de circunstancias temporales y espaciales relativas a la entraga de cantidades a estos últimos, como medio para conseguir desbloquear el pago de cifras a favor de ACADI».
Y es que el gerente de ACADI declaró que los responsables municipales y el gerente de IDL le retrasaban los pagos de dinero público, con el presunto fin de forzarle a entregarles más comisiones. De esta forma, durante un año y medio casi no habría percibido dinero alguno; una circunstancia que el alcalde, el teniente de alcalde y el responsable de IDL admiten, pero que achacan a otras circunstancias de procedimiento y no a un intento de extorsionarle.
Respecto a la aportación de datos concretos sobre el pago de comisiones a que se refiere el instructor, Peñalver llega a relatar cómo en una ocasión se reunió en una cafetería llamada Mulligan's con su socio Cano, el alcalde y el edil de Urbanismo, y él mismo le entregó un sobre con dinero a su amigo para que a su vez se lo entregase a los dos cargos públicos de Librilla.
Cuando a lo largo del interrogatorio el juez le pregunta si José Martínez le pidió directamente dinero, el administrador de ACADI responde: «Me dijo que le tenía que dar lo suyo».
-«¿Y usted a qué cree que se estaba refiriendo con esa expresión?», le insistió.
-«Pues a que le diera su dinero, aunque no lo nombró de esa forma expresa», aclaró.
UN ESTADO CASI DEPRESIVO
Habrían sido presuntamente las continuas e imperiosas solicitudes de dinero las que habrían llevado a Domingo Peñalver a querer apartarse totalmente de Cano y de sus relaciones con Librilla. Tanto es así que en el último año no había vuelto por el pueblo y que había regalado ACADI a su socio, después de haber despedido e indemnizado a los empleados.
Ese estado casi próximo a la depresión es el que habría llevado a Peñalver a confesar de plano cuando la Guardia Civil le anunció que estaba detenido y lo condujo al cuartel para tomarle declaración. La misma que le llevó este viernes a ratificar su testimonio ante el juez instructor. Y la misma que, por colaborar con la justicia, le ha permitido eludir por ahora una prisión en la que ya están cuatro de quienes, durante años, fueron sus presuntos compinches.
RECHAZAN LAS ACUSACIONES No, no, no. Y, además, no. Los cuatro encarceladso por su presunta pertenencia a la trama desmantelada con la Operación Biblioteca han negado, tanto en sus declaraciones ante la Guardia Civil como en el juzgado, cualquier implicación en hechos delictivos. Por supuesto, el alcalde y el teniente de alcalde de Librilla, así como el gerente de IDL, niegan haber percibido cualquier comisión por la adjudicación de contratos públicos, mientras que el también encarcelado Cano rechaza haber pagado a los otros tres, o tener conocimiento de que su socio Peñalver lo hubiera hecho.
Sin embargo, entre ellos cuatro incurren en ocasiones en algunas contradicciones. Así, y según han confirmado fuentes próximas a la investigación, Cano admite que recomendó a su socio Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla, mientras el alcalde afirma que «Cano no apadrinó a Domingo».
Otro dato importante está en la declaración del teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, cuando reconoce que la empresa pública IDL, gestionada por José Andrés Cortés, le cobraba el 9% del importe de todos los contratos adjudicados a ACADI. Aunque aseguró que ello estaba contemplado en contrato e insistió en que todo se hacía legalmente, «se enredó en algunas explicaciones sin sentido a preguntas del fiscal», según las mismas fuentes. Ese dinero que recaudaba IDL iba a parar, según el concejal, al Ayuntamiento de Librilla y no a los bolsillos de ninguno de ellos.
El empresario Peñalver denuncia ´el chantaje de años´
"Me he quitado de encima un chantaje que ya duraba muchos años" y me alegro "de ser parte y haber colaborado con la investigación de los guardias civiles". Así se expresaba el joven empresario de 27 años Domingo Peñalver, a cuyo nombre se encuentra la sociedad Acadi, con la que se benefició de contratos del ayuntamiento de Librilla por un valor superior a los seis millones de euros, recoge hoy "La Opinión".
Este testimonio de uno de los detenidos el martes ha sido fundamental para que el juez Andrés Carrillo decidiera enviar a prisión como presuntos autores de los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios al alcalde de Librilla, José Martínez; al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Pedro Martínez.
También el funcionario de la consejería de Presidencia en excedencia José Luis Cano, y considerado el cerebro de la trama y copropietario de la empresa Acadi, fue trasladado a la cárcel de Sangonera la Verde, al igual que el empleado del Ayuntamiento y consejero delegado de la sociedad municipal del suelo José Andrés Cortés.
Por el contrario, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Murcia acordó libertad con cargos y sin fianza, con obligación de presentarse ante el juez cada 15 días, para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, que también fue la adjudicataria de la redacción del PGOM de Librilla.
En su declaración, tal y como confirman fuentes del caso, Peñalver aseguró que los dirigentes del ayuntamiento de Librilla le exigían entre el 10% y el 20% de los pagos realizados por el Consistorio a la sociedad Acadi, cuyo titular era Peñalver, pero que también pertenecía a Cano, tal y como ha confirmado la investigación desarrollada por la Guardia Civil.
Las mismas fuentes aseguraron a "La Opinión" que el magistrado interrogó al alcalde y al concejal de Urbanismo sobre una presunta reunión celebrada en una cafetería de Murcia en la que habrían participado los dos políticos, José Luis Cano y el propio Domingo Peñalver, en la que habrían recibido varios sobres con dinero, términos que ambos rechazaron.
El primer edil y el responsable de Urbanismo también fueron interpelados por el presunto cobro de comisiones a la empresa Urvisán, que fue registrada por los agentes.
El letrado Francisco Valdés, defensor de José Luis Cano, aseguró: "Nos vamos un poco decepcionados porque nuestro defendido no tenía que soportar una medida tan dura", añadió, aunque "por suerte se ha tomado bien" la decisión de su envío a provisional a prisión.
Ello se debe en parte, aclaró, a que desde esta mañana "le venía diciendo que esto podía ocurrir, que era lo más probable, para que estuviera psicológicamente preparado, porque luego es más fácil llevarse una alegría que esperar lo contrario y, de pronto", decidan enviarlo a la cárcel, como ha ocurrido. Valdés dijo estar de acuerdo con la decisión del juez de liberar a Peñalver.
El abogado que representa al primer edil y al concejal de Urbanismo, José Ángel González Blanco, aseguró que recurrirán la decisión de prisión sin fianza, según "El Faro", pero que esperarán a que se cumpla el plazo de cinco días que tienen para apelar para ver si modifica su criterio el juez que lleva el caso.
Según González Blanco, “esperamos que en este plazo el juez tome declaración a todos los que ha llamado, y en el caso de que no se produzca una modificación una vez hecho esto, pediremos la libertad de los dos por la vía del recurso”. Y es que González Blanco opinó que “la prisión es para que los detenidos no hablen con los que faltan por declarar”.
El concejal de Juventud y Deportes, Manuel Solana Sánchez, se hará cargo de la alcaldía en funciones de Librilla a partir de mañana lunes. También tuvo que dar las claves de su ordenador a los agentes de la UCO para la investigación.
PRINCIPALES IMPLICADOS
José Martínez García: Alcalde de Librilla entre los años 1991-1999 y desde el 2003 a la actualidad. Conocido en su localidad como Pepe El Mecánico. Se le imputa haber recibido comisiones por la adjudicación de contratos a ACADI. En situación de prisión preventiva.
Pedro Martínez Muñoz: Teniente de alcalde de Urbanismo y concejal de Librilla desde el 2003. Se le imputan los mismos hechos que a su alcalde. En prisión preventiva.
José Luis Cano Valverde: Funcionario de la Consejería de Presidencia en excedencia desde junio del 2007 y ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios. Presunto cerebro de la trama creada para lucrarse con contratos públicos. Socio de ACADi junto a Domingo Peñalver. En prisión.
José Andrés Cortés Otálora: Gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.). Se le acusa de recibir comisiones por influir en la adjudicación de contratos públicos a ACADI. En prisión.
Domingo Peñalver: Socio de Cano en ACADI S.L.. Se le acusa de pagar comisiones a cargos públicos. Ha confesado. En libertad provisional.
(Alcalde de Librilla)
TOTANA.- El notario de Totana, Patricio Chamorro, ha instado a un acto de conciliación, previo a la presentación de querella, contra el concejal de IU en Totana y responsable de Política Municipal de esa formación en la Región de Murcia, Juan José Cánovas. El acto, que al parecer no tendrá acuerdo de las partes, se celebra mañana, lunes, día 24, en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Totana.
