LIBRILLA.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a dos personas más, por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Librilla, en la denominada operación 'Biblioteca', según informaron fuentes de la investigación.Al parecer habrían emitido facturas falsas para Acadi S.L. y su identidad no ha trascendido.
Con estas, se elevan ya a diez los arrestos que la UCO ha practicado desde el martes. Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Por otra parte, ha abandonado ya la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, el abogado urbanista, Cesáreo Gil de Pareja (a la derecha en la imagen), detenido ayer. Su abogado, José Antonio Martínez Moya presenció durante una hora el interrogatorio de su cliente y compañero. Había sido asesor jurídico del Ayuntamiento de Librilla hasta 2006 y contratado por Acadi para redactar el PGOM hasta junio de mismo año, en que se despidió por impago de 450.000 euros. Denunció a los propietarios de Acadi en 2006 y un juez los condenó el pasado 27 de octubre a pagarle toda la cantidad que requería, más los intereses, el IVA y las costas del juicio.
El martes pasado, en la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; al ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOM de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.
Mientras, ayer, en la segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y a un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.
No obstante, la mujer del funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Josefa B.; así como la esposa de José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, Francisca G., han sido puestas en libertad aunque están imputadas.
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Murcia ha remitido al juzgado de instrucción nº 6 el procedimiento administrativo que abrió al ingeniero funcionario José Luis Cano (en excedencia voluntaria desde el 1 de junio de 2007) a raiz de una alerta mediática dada en 2007 por los socialistas murcianos, en la Oposición desde hace más de tres lustros.
Fueron remitidos además otros documentos y todo ello se ha enviado de forma proactiva y sin necesidad de requerimiento judicial, por si pudiera ser de interés en la investigación.
Al término del procedimiento, que incluyó la toma de declaración del funcionario, 'no se detectó ninguna irregularidad administrativa', según asegura ahora María de Pedro Reverte, consejera de Presidencia y de la que dependen directamente los más de 45.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario