Prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Librilla y el alto funcionario de Presidencia

MURCIA.- El juez Andrés Carrillo de las Heras ha dictado esta noche prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Librilla, José Martínez García (PP); el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz (PP); el gerente de la empresa municipal del Suelo, José Andrés Cortés Otálora, y el alto funcionario autonómico de Presidencia, ahora en excedencia, José Luis Cano Valverde, tras más de diez horas de interrogatorios. Poco después todos ingresaban, ya de madrugada, en el Centro Penitenciario de Sangonera, muy cercano a Librilla, al que llegaron en un furgón de la Guardia Civil escoltado por otros dos vehículos policiales.

En el transcurso de las declaraciones, algunos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se acercaron hasta el despacho del juez para hacerle entrega de diversa documentación.

El titular del juzgado de instrucción nº 6 de Murcia acordó también libertad sin fianza, aunque con obligación de presentarse a firmar cada 15 días en sus dependencias, para el ingeniero de Caminos, Domingo Peñalver Rojo, de 28 años, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal de Librilla, aunque la petición de cárcel por parte del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, también le incluía. Su abogado defensor ha sido el penalista murciano Evaristo Llanos.

Todos ellos fueron puestos hoy a disposición judicial después de ser detenidos el martes y el jueves por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en Murcia y Librilla, por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en la que se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los que pudieron obtener ilegalmente beneficios por casi siete millones de euros.

Poco antes, tras haber escuchado a los cinco detenidos, el fiscal solicitó la prisión incondicional sin fianza para cuatro de ellos. El magistrado-juez titular del nº 6, después de los alegatos presentados por los abogados defensores, en el sentido de pedir la libertad de sus clientes aunque fuese bajo fuertes fianzas, anunció su esperada decisión, sólo revocable ahora mediante la estimación de un eventual recurso de reforma presentado por los letrados defensores María Pascual y Francisco Valdés Albistur. El juez volverá a pronunciarse la próxima semana sobre la situación procesal de todos los imputados tras una segunda ronda de nuevas declaraciones.

Los hechos

El Ayuntamiento de Librilla, a través de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, contrató la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio sin concurso ni publicidad con una sociedad inexperta y sin actividad conocida en el sector.

La sociedad beneficiaria era Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería, S.A. (ACADI), constituida en el año 2001 por el ingeniero de Caminos, Domingo Peñalver Rojo y en la que figuran como accionistas él mismo y su padre.

Esta sociedad, radicada en Murcia, declaró pérdidas hasta el año 2003, cuando empezó su colaboración con el municipio de Librilla, y carece de personal asalariado, según figura en las memorias anuales presentadas por ACADI en el Registro Mercantil.

En junio del año 2005, dos meses antes de la presentación del avance del Plan General de Ordenación de Librilla, ACADI amplió su objeto social para incluir la 'gestión de suelo, urbanística e inmobiliaria', ya que hasta entonces sólo figuraba 'las asistencias técnicas en ingeniería', el 'control de calidad y ejecución de obra civil y de edificación' y, de acuerdo con otra ampliación del objeto social realizada en marzo del 2004, la 'promoción y construcción de viviendas'.

A pesar de que el alcalde de Librilla, José Martínez (PP), aseguró que la contratación del Plan General se hizo mediante concurso, lo cierto es que en el Boletín Oficial de la Región de Murcia no aparecen publicadas ni la convocatoria ni la resolución de ningún concurso para la elaboración de este trabajo, tal y como establece la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas para un contrato de este tipo, que puede superar los 200.000 euros.

La aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, en junio de 2006, provocó una sonora polémica, ya que convertía en urbanizables 2.800 hectáreas de regadíos dotados con unos 40 millones de euros en subvenciones para su modernización concedidas por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Ahora, Peñalver, administrador único de ACADI, ha reconocido haber pagado cuantiosas comisiones al alcalde, José Martínez, y al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, por la adjudicación de contratos municipales. Ambos han negado rotundamente cualquier actuación irregular respecto de los 30 planes parciales urbanísticos concedidos a esta empresa.

Peñalver sostiene, en cambio, que estaba obligado a abonar entre el 10% y el 20% del importe de todos los contratos públicos que se le adjudicaban; en total, entre 200.000 y los 600.000 euros.

Asegura este ingeniero que actualmente era presionado por los dos políticos de Librilla, que le conminaban a que siguiera pagando comisiones si quería percibir los cobros que tenía pendientes por parte de las arcas municipales.

(José Martínez; la consejera de Economía y el director del INFO

con el ahora imputado alcalde de Librilla)