miércoles, 26 de septiembre de 2007

La bronca de la que todos hablan: una polémica biografía sobre Adolfo Suárez

MADRID.- “Realmente, Adolfo Suárez, el hombre que hizo la transición, aquel gran presidente del Gobierno, hubiese merecido un cumpleaños mejor”. Este fue el comentario que ha hecho alguien que tuvo una gran amistad pública con el ex presidente del Gobierno, en el día de su 75 aniversario. Esta fuente, que prefirió que su nombre no fuese revelado, atacó con dureza el último libro aparecido sobre Adolfo Suárez, una obra que está protagonizando un gran escándalo.

El libro del ex periodista y eurodiputado Luis Herrero, que se jacta de su amistad con Suárez, revela ‘indiscreciones’ que, seguramente, fueron comentarios (¿o no?) de quien fuera presidente y amigo del propio padre de Herrero, el fiscal general del Estado Fernando Herrero Tejedor, muerto en un accidente de automóvil. Esos comentarios fueron aparentemente hechos como confidencias al hijo del amigo, y no al periodista y sin duda no tenían el ánimo de ser publicados, dice ahora el hijo del duque de Suárez , Adolfo Suárez Illana.

La indignación de Suárez Illana es grande, primero por la confianza traicionada y segundo, porque en el libro se utiliza al que fuera presidente para atacar al Rey. “Que yo sepa, mi padre no ha sido nunca amigo de Luis Herrero, ni le ha hecho confidencias jamás”, dijo Suárez Illana a este periódico.

Suárez Illana, albacea de los papeles y de la memoria de su padre, impedido por el alzheimer, califica de mentiras buena parte de las conversaciones que Herrero reproduce con el líder de UCD cuando éste estaba en plena forma. Sobre todo, las referidas a la relación con Don Juan Carlos.

Suárez Illana comentó también que “Luis Herrero es un político ahora, no un periodista y lo que se dice en el libro puede dañar a mi partido, el PP, que es donde él también milita ahora” . “No se puede hacer simultáneamente el papel de político y de periodista”, añadió.

Tras la salida del libro la relación entre Suárez Illana y Herrero se ha roto abruptamente.

También en el seno del eurogrupo del PP se ha detectado un enorme malestar con respecto a este libro, algunos de cuyos protagonistas han comenzado a rechazar haber narrado algunas de las cosas que aparecen en esta obra. Entre otras cosas, un eurodiputado del PP señaló que “parece que desde el partido se quiere atacar al Rey, y eso, desde luego, es radicalmente falso, faltaría más”.

Este lunes, en vísperas del 75 cumpleaños de Adolfo Suárez, se presentó en Madrid la “biografía sentimental” que le ha dedicado el periodista y eurodiputado popular Luis Herrero en un acto marcado por la controversia y el enfrentamiento entre el escritor y el hijo del ex presidente.

Los que le llamábamos Adolfo
, el último libro de Luis Herrero presentado el lunes en Madrid, no ha pasado en absoluto inadvertido. En sólo cinco días se han vendido más de 25.000 ejemplares, y La Esfera de los Libros ya va por la tercera edición de la obra. Tal vez es la propia polémica que rodea al libro la que ha motivado estas buenas cifras de ventas.

La relación entre las familias de Suárez y Herrero, muy unidas hasta ahora (el padre del periodista fue el mentor político del ex presidente) parece haberse enfriado a raíz de la publicación de este libro. A un sector de los allegados del ex dirigente de UCD encabezado por su hijo Adolfo Suárez Illana no le han gustado en absoluto las declaraciones en contra del Rey que el eurodiputado pone en boca de Suárez, hoy enfermo de Alzheimer.

De hecho, Suárez Illana publicó este fin de semana en el suplemento Crónica del diario El Mundo un duro artículo en el que aseguraba que son falsas muchas de las conversaciones que recoge el libro. La relación de amistad entre el ex candidato del PP a la presidencia de Castilla La Mancha y el escritor parece haber sufrido una abrupta ruptura y, de hecho, el hijo del ex presidente no acudió a la presentación del libro.

Tampoco acudieron los cinco amigos íntimos de Suárez que estaba previsto que presentasen la obra. Según Herrero, él mismo al saltar la polémica llamó a Manolo Santana, Gustavo Pérez Puig, José Luis Graullera, Fernando Alcón y Aurelio Delgado para que no tuvieran que pasar por la situación “incómoda” de hablar del polémico libro. En su lugar, Federico Jiménez Losantos dedicó unas palabras de elogio al que fuera líder de UCD.

En declaraciones a La Mirada Crítica de Telecinco, Herrero se refirió a la parte del libro en la que se menciona que Suárez, en 1994, le confesó: “No descarto la posibilidad de que, muy pronto, me toque ir al despacho del Rey para decirle: Majestad, no tiene usted más remedio que abdicar por el bien de España”. El líder de UCD pensaba dar este consejo ante la aparición de informes sobre los supuestos negocios privados de don Juan Carlos, algo que desmiente rotundamente Suárez Illana.

Herrero lamentó que se dé tanto valor a una parte “tan minúscula de la obra”, que se refiere a “cinco o seis páginas de un libro de más de 300”, y aseguró que su publicación “no pretende sentar cátedra” ni ser “consultado por los historiadores”, sino que es “una humilde contribución a ese ejercicio conmemorativo” del 75 cumpleaños del político.

El eurodiputado del PP Luis Herrero reivindicó la ambición de Adolfo Suárez en la presentación de su libro 'Los que le llamábamos Adolfo', un acto que estuvo marcado por la polémica tras las críticas vertidas a la obra por el hijo del ex presidente del Gobierno.

Herrero explicó que, tras el rechazo mostrado por el hijo del ex jefe del Ejecutivo, Adolfo Suárez Illana, ante la publicación del libro, él mismo decidió contactar con los cinco invitados para comunicarles que no era necesaria su asistencia".

Sobre la figura de Suárez, Herrero apuntó que es "rigurosamente cierto" que el ex presidente del Gobierno fuera "muy ambicioso", una característica que definió como "buena", siempre que no implique "pagar cualquier precio". El parlamentario destacó también la "audacia política" de la que hizo gala Suárez durante su carrera, y manifestó que, con este libro, intenta que "mejore la opinión" sobre su figura.

La presentación de la obra, que se celebró a pocas horas del 75 cumpleaños de Adolfo Suárez, se produjo un día después de que Suárez Illana, en ese artículo en "El Mundo", acusara a Herrero de haber utilizado datos "absolutamente falsos" y que forman parte "de leyendas urbanas del peor gusto".

Herrero, en afirmaciones recogidas en el dossier de prensa entregado en la presentación, afirma que si Suárez hubiera podido leer el libro -sufre Alzheimer- le "habría dispensado más de una mortífera mirada de desagrado por ver publicadas conversaciones que jamás se produjeron con el ánimo de ser publicadas".

Sea o no una parte importante de la obra, la polémica generada hizo que a la presentación del lunes no acudieran tampoco tantos políticos como estaba previsto. De la cúpula del PP sólo Eduarzo Zaplana, Vicente Martínez Pujalte y el ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano acudieron a la cita.

Aún así, el encuentro fue multitudinario, y no faltaron familiares y amigos del primer presidente democrático tras el franquismo a una presentación en la que tanto Herrero como Losantos trataron una vez más de restar hierro a la polémica e insistieron en que el grueso de la obra no contiene ningún tema cuestionable.

El ex presidente del Gobierno, que no recuerda que lo fue, dedica los días a pasear, actualmente lee un poco y se sienta frente a la tele sin hacer comentarios. Padece una enfermedad degenerativa, según sus hijos.

Adolfo Suárez no recuerda que gobernó España entre 1976 y 1981. El ex presidente del Gobierno padece una enfermedad degenerativa que le mantiene como un niño de tres o cuatro años.

Dos médicos amigos de la familia que le han tratado aseguran, ahora que se cumplen 30 años de democracia, que no es alzheimer.

Creen que durante la enfermedad de su esposa sufrió varios ictus cerebrales, una especie de infartos que lesionan venas del cerebro y lo deterioran. Así lo explicaron a la familia.

En su momento, dijeron fuentes cercanas al padre de la Transición, estos ictus no se diagnosticaron. "Hubo despistes, dudas... Ahora es irreversible. Las muertes de su mujer (2001) y su hija Marian (2004) por cáncer aceleraron la enfermedad de Suárez".

El primogénito del que fuera fundador de UCD, relató hace poco que su padre supo, hasta la pérdida casi completa de sus facultades mentales, hace dos años, de la enfermedad que padecía, y que trató siempre de disimularla para evitarnos sufrimiento" y porque, "además siempre ha sido muy coqueto".

Aseguró que, precisamente por el cariño que se le profesa en España, "me comprometo a entregar toda la información sobre su estado". Y señaló que ya "no recuerda quién fue, aunque se muestra participativo a las muestras de cariño que le ofrecemos, interviene en algunas conversaciones con nosotros y sobre todo con sus nietos. Responde, en resumen, a los estímulos del cariño".- (NEM)

Biólogos recomiendan proteger en la costa de Águilas cañones marinos refugio de gamba roja

MURCIA.- El catedrático de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia Angel Pérez Ruzafa ha dicho que sería conveniente declarar como reserva marina una zona de cañones submarinos que hay en Águilas, donde actualmente se pesca la gamba roja, con el objetivo de preservar esta especie.

Ruzafa, organizador del Simposio europeo sobre Áreas Marinas Protegidas que se celebra desde ayer en Murcia, indicó que el gran reto actual es preservar los grandes cañones marinos y no solo las zonas del litoral o costeras.

Indicó que en Europa se empiezan a llevar a cabo este tipo de reservas y, así, en España se ha propuesto cabo Creus, y en el mar de Irlanda se están tramitando los corales de profundidad.

Este experto señala que en el simposio se ha puesto el ejemplo de la reserva marina de Cabo Palos, porque es de las pocas zonas protegidas sobre las que existen estudios antes y después de su protección, lo que sirva para conocer la repercusión que ha tenido.

En este caso, se ha visto el comportamiento positivo que ha tenido para especies como el mero, que estaba prácticamente esquilmada hace años y que rápidamente se ha recuperado en reservas como la murciana.

En el caso del atún rojo, las soluciones "son mucho mas difíciles de obtener porque se trata de una especie pelágica, de un gran migrador, y no se pueden poner puertas al campo y es imposible encerrarlo en una reserva", agregó Pérez Ruzafa.

Señaló la necesidad en el caso de especies como el atún de otras herramientas que pasarían por proteger esta población, disminuir las tasas de captura y las gestiones que hacen las pesquerías.

El simposio se celebra hasta el viernes en el auditorio regional y ha puesto de manifiesto la importancia que las reservas marinas están teniendo como beneficio directo a la pesca porque se están recuperando poblaciones que de otro modo se irían esquilmando.

El flujo de peces y organismos vivos desde el interior de la reserva al exterior aporta importantes beneficios a las pesquerías, reiteró, y recalcó también la importancia que supone para el sector turístico porque una vez que se declara protegida una reserva son muchos los aficionados al buceo que desean acudir allí, con la consiguiente instalación de clubes de submarinismo en el entorno.

En este simposio no solo se tratan las cuestiones proteccionistas del medio marino, sino el modo de sostener los recursos del mar, y las repercusiones económicas que suponen la gestión de reservas.

Los promotores de este simposio son los proyectos europeos Empafish y Protect, sobre la sostenibilidad de la pesca y acuicultura, con el análisis del efecto de las reservas marinas y la propuesta de nuevas prácticas de gestión.

Entre los participantes al simposio destacan Roberts Callum, profesor de conservación marina en la Universidad de York, en el Reino Unido; Anthony Charles, profesor de estudios ambientales en la Universidad Saint Mary, de Halifax (Canadá), y Peter Jones, de la Universidad College, de Londres, que es experto en reservas marinas.
www.laopiniondemurcia.es

La Fiscalía del TSJ insiste en dar prioridad a los casos de corrupción y delitos de 'cuello blanco'

MURCIA.- la Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia dará prioridad a los casos de corrupción urbanística, medio ambiente, delitos económicos y delitos laborales, según el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel López Bernal, durante su intervención en el acto de apertura del año judicial.

El fiscal-jefe solicitó, en presencia del mismísimo presidente Valcárcel, un aumento en la plantilla, "porque la Región se encuentra a la cola en cuanto al número de fiscales por habitante".

López Bernal defendió la independencia de la Justicia y, en particular, del ministerio fiscal. Hizo especial énfasis en subrayar que la Fiscalía del TSJ de Murcia "siempre ha mantenido respeto por los poderes públicos y por las personas que lo representan" y pidió "la máxima colaboración y lealtad" con el trabajo de la Fiscalía a la Comunidad Autónoma y a los ayuntamientos.

Recordó luego que todos los ciudadanos "incluidos los poderes públicos", están sujetos a la Constitución. "Detrás del término politización de la Justicia se aprecian intereses corporativos que no deben prevalecer sobre el interés general".

En este sentido, López Bernal recordó también que la Fiscalía recibió 48 denuncias procedentes de los partidos políticos durante el pasado año. "De ellas, 22 fueron archivadas por la propia Fiscalía, once enviadas a los juzgados de instrucción y hay otras 15 en fase de investigación.

"Esto no es más que el funcionamiento normal de la Fiscalía".

El presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, reconoció luego durante el mismo acto el aumento de la litigiosidad en la Región de Murcia. Manifestó también que Murcia se encuentra por encima de la media nacional en cuanto al número de resoluciones de procesos judiciales

La intervención inaugural estuvo a cargo de Antonio Reverte, catedrático de Derecho Civil de la UMU y presidente del Consejo Económico y Social. Disertó sobre "La mediación en la sociedad y en la economía", un tema mucho más que oportuno en la Región de Murcia.- (NEM)

Preguntas y respuestas del periódico "La verdad" sobre el "caso La Zerrichera"


MURCIA.- ¿Cuando saltó el escándalo de La Zerrichera? A raíz del Pleno municipal de Águilas del 27 de octubre del 2005. Cuando se supo que un concejal del PP había vendido parte de los terrenos al Grupo Hispania y pese a ello había votado. Otros cuatro ediles del PSOE fueron expulsados por no votar en contra. A partir de ahí se conocieron las supuestas irregularidades de los trámites efectuados por el Ayuntamiento y el Gobierno regional para recalificar los terrenos, después de que el convenio urbanístico hubiera sido archivado y después reactivado. Los terrenos pasaron de no urbanizables a urbanizables.

¿Qué se quería construir? El Grupo Hispania, propiedad de Trinitario Casanova, presentó un proyecto para levantar más de 3.000 viviendas, un campo de golf y un hotel. El proyecto se llamaba Águilas Golf, y se sumaron Inverlur -inmobiliaria de La Kutxa de San Sebastián-, la promotora madrileña C-15, el Grupo Lar y Riofisa. Al final sólo quedaron Grupo Hispania e Inverlur. Para edificar era imprescindible cambiar la calificación de los terrenos.

¿Cómo subió el valor de los terrenos? Alhóndiga Agrisel de Águilas compró la finca en 1999 por 20 millones de pesetas. Seis socios de esta cooperativa y sus mujeres la adquirieron tres años después (a su propia alhóndiga) por 44 millones de pesetas. Y un año después cerraron la venta al Grupo Hispania por 1.185 millones de pesetas a pagar en especie (a cambio de 44 viviendas). El Grupo Hispania recibió trece meses después un primer pago de 23,2 millones de euros de Inverlur por la venta de La Zerrichera. Cuatro meses después, recibió un segundo pago de Inverlur de 105 millones de euros. El incremento de valor está asociado a la revalorización de los terrenos, que pasaron a ser urbanizables. Los seis socios de Agrisel y sus esposas dicen que no han recibido todavía ni un céntimo.

¿Quién denuncia y por qué? El PSOE y la Asociación de Naturalistas del Sureste denunciaron ante la Fiscalía del TSJ dos posibles delitos de prevaricación y daños contra el medio ambiente. Los ecologistas acudieron al TSJ pidiendo la paralización cautelar, que al final obtuvieron.

¿Qué papel tiene la Fiscalía? Después de un año de diligencias informativas, el fiscal jefe del TSJ Manuel López Bernal presentó querella por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho contra el alcalde de Águilas Juan Ramírez; el ex concejal del PP José López Díaz; el ex director de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de Medio natural, Encarna Muñoz; el ex jefe de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el ex director de Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas, subdirector de Vivienda.

¿Quién dio la orden de reactivar el expediente que estaba archivado? Partió de la Consejería de Medio Ambiente. La directora de Medio Natural envió el expediente a Calidad Ambiental, cuyo titular asumió personalmente la tramitación al considerar que el primer informe técnico que prohibía la urbanización (porque eran terrenos protegidos) no tenía rigor científico ni se ajustaba a derecho. Hasta ahora no hay constancia pública y por escrito de que mediara una orden superior, por lo que la Fiscalía sólo ha actuado contra los altos cargos que dejaron el rastro de sus firmas. El PSOE apunta a que estos altos cargos no pudieron actuar sin el consentimiento de sus consejeros.

¿En qué fase está ahora La Zerrichera? Judicialmente, el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia asumió el caso después de que otro juzgado de Lorca se declarara incompetente. La Audiencia Provincial, a su vez, había rechazado el recurso de los imputados. Ahora está en fase de instrucción y días pasados el juez tomó las primeras declaraciones. De momento mantiene la situación de los imputados, a expensas de decidir si amplía las declaraciones a otras personas. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado un auto paralizando cautelarmente la resolución del consejero de Obras Públicas, entonces Joaquín Bascuñana, que aprobó la recalificación de los terrenos.

Asimismo, la Comisión Europea tiene abierta otra investigación para averiguar cómo y por qué se recalificaron los terrenos protegidos. Por último, y a nivel político, el proyecto del Grupo Hispania fue paralizado por el Gobierno regional en mayo del año pasado, después de que saltara el escándalo y con la investigación de Fiscalía en marcha. A nivel administrativo, está pendiente de que se apruebe el Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara para ver si se puede urbanizar o no. Por último, el Grupo Hispania mantiene su proyecto. Anunció que pensaba denunciar al Gobierno regional, y en concreto al presidente Valcárcel, por los daños que le ocasionaba la paralización. No presentó tal denuncia.

¿Qué ha pasado con los políticos y funcionarios relacionados con el caso? Ninguno ocupa ahora el puesto que tenía cuando se tramitó La Zerrichera, según explicó en julio pasado el presidente Valcárcel. El consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués dimitió en abril del año pasado para entrar en la actividad privada. Negó que fuera a causa de La Zerrichera. Sin la aprobación de su departamento -de la Dirección de Calidad Ambiental- habría sido imposible que el proyecto saliera adelante. El consejero Joaquín Bascuñana, que firmó la resolución final como titular de Obras Públicas, ha pasado a la nueva Consejería de Política Social. Según Valcárcel, había que sacarlo del ojo del huracán. Bascuñana se confesó públicamente amigo personal de Trinitario Casanova. Por su parte, Antonio Alvarado dirige el Cluster del Mar Menor. El alcalde de Águilas revalidó el cargo, con un concejal más.

¿Cuáles son los supuestos puntos oscuros? 1) El primer informe técnico contrario a la urbanización fue suprimido del expediente. 2) La Evaluación de Repercusiones, trámite previo a la declaración de impacto, se basó en un estudio de la Universidad de Almería que fue supuestamente manipulado. 3) El jefe de servicio que tramitó la Evaluación informó después a sus superiores de que no asumía lo que había firmado. 4) La Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental no informó a favor del proyecto. 5) Intentaron colar un informe técnico sin firma para favorecer la recalificación. 6) Se dio 24 horas de plazo a una dirección general y a los servicios jurídicos para informar del expediente, y en caso contrario se daba por favorable. 7) Un fax misterioso llegó al Ayuntamiento de Águilas dando el visto bueno a la recalificación, antes de que la firmara Alvarado. 8) Alvarado a su vez firmó un día antes de que estuviera el estudio de repercusiones. 9) El secretario municipal de Águilas advirtió de supuestas ilegalidades de trámite. 10) El alcalde de Águilas dijo en le «rebañaban la cabeza» si no reactivaba el expediente archivado. 11) El informe jurídico de Obras Públicas no se incluyó en el expediente enviado a la Fiscalía, y en su lugar apareció otro favorable al proyecto. 12) La recalificación se aprobó sin que Bruselas informara y autorizara el cambio de uso, al tratarse de zona LIC y ZEPA.

¿Dónde está el meollo? Si se forzaron o no la ley y los usos administrativos para beneficiar al promotor Trinitario Casanova. El Gobierno regional siempre ha sostenido que no hubo ninguna ilegalidad, y menos, dinero de por medio. En última instancia, miembros del Ejecutivo creen que si la Justicia encuentra algo se limitará a irregularidades o reproches de tipo administrativo. En el Gobierno regional, no obstante, muchos aguantan la respiración, hasta comprobar qué derroteros toma la instrucción judicial. Según ha podido saber el periódico "La Verdad", un equipo externo de abogados y juristas está analizando la situación para actuar, si llega el caso, y si salpica más arriba.
www.laverdad.es

WWF/Adena, Greenpeace y ANSE piden al Gobierno de la Región de Murcia pasos en firme para la creación de áreas marinas protegidas

MURCIA.- Coincidiendo con la celebración en la ciudad de Murcia durante esta semana del Simposio Europeo sobre Áreas Marinas Protegidas, las organizaciones ecologistas recuerdan en un comunicado que "esta Región tiene un importante déficit en espacios marinos protegidos, a pesar de poseer una rica diversidad marina y litoral, amenazada por un excesivo desarrollo urbanístico, pesca insostenible, obras costeras y vertidos".

Durante los últimos dos años, WWF/Adena, Greenpeace y ANSE han realizado propuestas para la creación de una red de áreas marinas protegidas que incluían el medio marino de la Región de Murcia, "que destaca por su altísima diversidad de hábitats y especies marinas".

El año pasado, y después de que la Autoridad Portuaria negara la entrada al puerto de Cartagena del buque Rainbow Warrior, representantes de las organizaciones presentaron ante los medios de comunicación, y posteriormente al Consejero de Medio Ambiente, un informe-propuesta para crear una Red de Áreas Marinas Protegidas en el litoral de la Región de Murcia.

Ésta incluía siete áreas del litoral y de mar abierto: Isla Grosa y su entorno, Calblanque-Cabo de Palos, Cabo Tiñoso-La Muela y Roldán, Moreras-Isla Cueva de Lobos, Calnegre-Cabo Cope-Isla del Fraile, Bahía de Águilas y cañón submarino frente a La Azohía y Cabo Tiñoso. No obstante, "la Comunidad Autónoma no ha dado respuesta hasta el momento a esa propuesta".

Durante las I Jornadas Internacionales sobre Reservas Marinas, celebradas en el Palacio de Congresos de Murcia, en marzo de 1999, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma anunció la inmediata declaración de Cabo Cope como la segunda Reserva Marina del litoral de la Región. Sin embargo, según denuncian estas organizaciones, "la única acción llevada a cabo ha sido desproteger el litoral emergido de la Marina de Cope para permitir su urbanización y la construcción de una gran marina deportiva de entre 1.500 y 2.000 puntos de amarre".

Recientemente el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma hizo pública la creación de un área marina protegida que incluiría la actual Reserva Pesquera de Cabo de Palos-Islas Hormigas. También, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que está estudiando su ampliación.

Las organizaciones demandan a las Administraciones con competencias en la gestión del medio marino una mayor coordinación y cooperación para conservar estos espacios con mecanismos claros y participativos que permitan iniciar los trámites "que hagan realidad la creación de nuevas áreas marinas protegidas".

Por otra parte, las organizaciones demandan al gobierno regional una gestión efectiva de los espacios que actualmente están protegidos y que forman parte de la Red Natura 2000 europea. Denuncian que estos espacios "se ven sometidos a amenazas continuas, que deberían estar reguladas, tales como maniobras militares o enmalle accidental de tortugas en artes de pesca, convirtiéndolos en meros mapas de colores sin ningún objetivo de conservación real".

Por último, Cabo de Palos-Islas Hormigas fue declarada la primera Reserva Marina Pesquera tras una campaña de ANSE a favor de su conservación, y "se ha convertido en un buen ejemplo de las posibilidades de recuperación de los recursos pesqueros en zonas costeras mediante la aplicación de medidas de gestión y conservación, gracias a la labor científica, entre otros, de la Universidad de Murcia".

"Desgraciadamente, la administración regional no ha creado ningún órgano de participación que permita a las organizaciones y otros sectores afectados por la declaración de la reserva conocer las medidas de gestión y sus resultados, así como realizar propuestas de mejora de la gestión o participar en proyectos de conservación".
(En la imagen, parque natural de Cabo Tiñoso-La Azohía)

martes, 25 de septiembre de 2007

El Ayuntamiento de Murcia inicia los trámites de adquisición de terrenos para ampliar la base militar 'Méndez Parada'

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado los trámites para la adquisición de una franja de terreno de 500.000 metros cuadrados situada al oeste del colchón de salto de la Base Militar 'Méndez Parada' para la ampliación de la Base Militar, según informaron fuentes municipales en un comunicado de prensa.

La Gerencia de Urbanismo llegó a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para ceder un espacio a la Base Aérea Militar 'Méndez Parada' para la construcción de una zona de prácticas de salto en paracaídas, que se convertirá en un referente en Europa. Con este proyecto podrá coexistir la zona militar y la industrial.

Una vez cedidos los terrenos a la Base Aérea Militar, quedará libre de afección militar una gran superficie de terreno entre Sangonera la Verde y Sangonera la Seca destinada a suelo industrial.

El Ayuntamiento de Murcia desarrollará de oficio esta zona industrial, de vital importancia para el tejido empresarial murciano ya que los grandes polígonos como el Polígono Industrial Oeste no cuentan con espacio libre. Además, esta área industrial está muy bien comunicada.

El Consistorio ha mantenido reuniones con los responsables del Instituto de Fomento de la Comunidad Autónoma (INFO), que consideran que esta actuación puede dar respuesta a una gran demanda de suelo para actividades económicas en el municipio. Las dos Administraciones planificarán conjuntamente el desarrollo y la gestión urbanística del suelo, al ser una actuación estratégica para la consecución del modelo industrial regional.

La Gerencia de Urbanismo cuenta con planes para que todas las pedanías del municipio tengan zona industrial. Así, ha encargado de oficio a Urbamusa los planes parciales de los polígonos industriales de Beniaján, Cobatillas y Zarandona, y están previstos también los de Alquerías y Avileses.- (Agencias)

El auge de los precios inmobiliarios en España parece haber llegado a su fin, según Knight Frank

MADRID.- El "auge" de los precios de la vivienda en España podría haber llegado a su fin, si bien, éstos siguen subiendo en algunas localidades, según el último Índice Mundial correspondiente al segundo trimestre del año elaborado por la consultora inmobiliaria Knight Frank.

La consultora coloca a España, con un incremento de los precios del 5,7%, en la décimosexta posición de un ranking de 30 países en el que Letonia, Bulgaria y Singapur figuran como los tres países que experimentaron las mayores alzas entre abril y junio, con porcentajes del 37,7%, 27,1% y 21%, respectivamente. Por su parte, tres países registraron caídas: Alemania (-06,9%), Suecia (-2,5%) y Dinamarca (-1,3%).

La desaceleración de los precios en España forma parte, según Knight Frank, de una ralentización de los mercados a escala mundial, especialmente perceptible en Europa, y que se ha concentrado en el mercado de los apartamentos, propiedades que atraen típicamente el interés de los compradores especulativos.

Así, los precios de los inmuebles crecieron un 7,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2006 en todo el mundo, frente al incremento del 9,6% registrado el pasado año.

"La subida de los tipos de interés ha sido un factor importante en la ralentización del crecimiento de los precios de la vivienda, además de la mayor rigurosidad en los criterios de préstamo en gran parte de los países europeos", explica el informe.

Además, precisa, "la ralentización del crecimiento es también consecuencia del control de las insostenibles tasas de inflación del precio de la vivienda en algunos mercados europeos".- (Agencias)

Espinosa destaca que las inversiones ejecutadas en mejora de regadíos son "el doble de lo previsto"

CÓRDOBA.- La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, aseguró hoy que las inversiones ejecutadas por el Gobierno en materia de ampliación y mejora de los sistemas de regadío son "el doble de lo previsto en la mitad de tiempo".

En su visita a las obras de riego de la zona del Genil-Cabra, la ministra dijo que el Ejecutivo diseñará los nuevos planes a llevar a cabo junto a las comunidades autónomas en el marco del periodo 2008-2013.

La titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dijo que el Gobierno "está abierto" a lo que planteen las comunidades e incidió en que la optimización de regadíos y el aprovechamiento hídrico es una "línea prioritaria" en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE).

Según detalló, a través de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el Gobierno contará con "un instrumento complementario para temas de infraestructuras, pero siempre a propuesta de las comunidades autónomas".

En este sentido, incidió en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pretende ser "absolutamente respetuoso con el sistema competencial, tal y como se venía haciendo hasta ahora, pero abierto a cualquier planteamiento que se pueda hacer".- (Agencias)

Vueling, participada por Caja Murcia, cae un 3,98% tras la dimisión de Abad como presidente

MADRID.- Vueling registró hoy una de las mayores caídas del mercado continuo al registrar un descenso del 3,98%, hasta los 11,59 euros, después de que José Miguel Abad (en la imagen) renunciara a su cargo de presidente, junto con los consejeros Ferrán Conti Penina, de Inversiones Hemisferio, y José Creuheras Margenar, del Grupo Planeta, así como el secretario no consejero Enrique Morera Guajardo.

Los títulos de la aerolínea (participada por Caja Murcia) cotizaron entre los 12,07 euros del precio más alto y los 11,03 euros del más bajo, cerrando a 11,59 euros, tras intercambiarse en el mercado un total de 1.080.125 de títulos, valorados en 12,5 millones de euros.

La aerolínea registró hoy este descenso pese al rápido nombramiento de Barbara Cassani como presidente de la compañía. Vueling explicó que este nombramiento se enmarca en la nueva etapa abierta tras la junta de accionistas celebrada en junio, en la que se inició una renovación del consejo de administración con la inclusión de Cassani y Jacques Bankir, y con el refuerzo del equipo de dirección con fichajes procedentes de compañías del sector de acreditada experiencia.

Por su parte, la nueva presidente indicó que Vueling es una compañía "muy sólida" y con unas perspectivas "muy buenas", ya que cuenta con una marca muy conocida y cuatro bases de operaciones, y recordó que está inmersa en una "reorientación estratégica" enfocada a la rentabilidad. Además, manifestó estar "encantada" de poder aplicar su experiencia en aerolíneas 'low cost' en Vueling.

En la sesión del consejo de administración celebrada ayer también presentaron su renuncia los consejeros Ferrán Conti Penina, de Inversiones Hemisferio, y José Creuheras Margenar, del Grupo Planeta, así como el secretario no consejero Enrique Morera Guajardo. Durante la misma sesión se acordó el nombramiento de Cassani como presidenta del consejo de administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Además, Javier Somoza será el nuevo secretario no consejero y Jacques Bankir será miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.- (Agencias)

lunes, 24 de septiembre de 2007

Los militantes del PSOE en Cartagena-centro renuevan su confianza en Martínez Bernal

CARTAGENA.- Antonio Martínez Bernal seguirá siendo secretario general de la agrupación Centro del PSOE cartagenero gracias al apoyo que le mostraron los militantes que acudieron a la asamblea extraordinaria celebrada en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy.

Martínez Bernal, que accedió a la secretaría general de la agrupación Centro hace dos años y medio, convocó esta asamblea extraordinaria para poner en manos de los militantes el futuro de la misma ante los continuos ataques que ha estado recibiendo, muchos de ellos insultantes y de forma anónima, como aseguró a esta redacción.

Con el resultado obtenido, Martínez Bernal podrá acabar su mandato sin mayores sobresaltos -en teoría- y legitimado por la fuerza de los votos: un 63% de los más de 400 afiliados que asistieron a la asamblea frente al 37% obtenido por la candidatura alternativa.

El 'perdedor' de la jornada fue Julio Nieto, que fue mano derecha del ex candidato Ignacio Segado(en la imagen) hasta que éste se apartó de la política después de perder las pasadas elecciones municipales. Nieto pretendía hacerse con la dirección de la agrupación centro, la más grande de las cinco en las que está organizado el partido en Cartagena, y llevar a cabo un proceso de renovación heredado de Segado.

No obstante, la lista de Martínez Bernal para las distintas secretarías de la agrupación está repleta de personas jóvenes que, a la vez, cuentan con experiencia en las tareas de organización política, con lo que se produce de hecho la tan ansiada renovación, al menos en las personas, aunque en las formas y en los métodos habrá que esperar.

,Miembros de la vieja guardia, como Pedro Trujillo, se quedan con cargos honoríficos, como, en este caso, el de presidente.

La interpretación del resultado de las elecciones no es el mismo para todos. Miembros afines a la candidatura alternativa consideran que el hecho de que Martínez Bernal haya conseguido 'sólo' el 63% de los votos de los asistentes a la asamblea -una de las más concurridas de los últimos años- supone una agrupación Centro dividida y con el 'enemigo' en casa y, además, reforzado.

Por esta razón, la vida interna del PSOE cartagenero se adivina animada en los próximos meses, y, sobre todo, de cara a las próximas elecciones generales.

La Sur, por libre

Otro dato a tener en cuenta para el futuro próximo del PSOE local es que la agrupación Sur, con casi tantos militantes que la Centro, va por libre. Sus líderes no están dispuestos a pactar con Antonio Martínez Bernal porque consideran que debería dejar la política y tampoco se muestran muy afines al grupo de Ignacio Segado-Julio Nieto.

A esta situación se suma la división existente en el seno del grupo municipal, liderado por Juan Luis Martínez, de la agrupación Centro, de quien Manuel Torres, de la Sur, se ha distanciado en las últimas semanas a causa de la polémica de 'los liberados', los concejales con sueldo.

Mientras, desde la dirección regional ya han adivinado que la reestructuración del PSOE de Cartagena pasa por volver a la agrupación única frente a las cinco actuales, aunque hay quienes creen que de esta manera no desaparecerían las baronías en el seno del partido.- (EPI)

Grupo Hispania recurre por indefensión el auto del TSJ que paraliza el proyecto de La Zerrichera

CARTAGENA.- El Grupo Inversor Hispania ha presentado un recurso a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que pide a la Sala que anule las medidas cautelares adoptadas por ese tribunal y que suspenden la ejecución de la Orden Resolutoria del consejero de Obras Públicas, de 13 de febrero de 2006, relativas a la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de Águilas para clasificar como urbanizable sectorizado terrenos en el paraje de La Zerrichera.

Esta medida fue adoptada por el tribunal tras un recurso presentado por el grupo ecologista ANSE.

Hispania pide “la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado hasta la personación de esta parte”, al mismo tiempo que solicita que “se retrotraigan las actuaciones”.

La defensa de Hispania, según ha explicado a este periódico, expresa su malestar por haber sido, a través de la prensa, cuando se ha enterado en este proceso y en el que el Tribunal dicta el mencionado auto de paralización porque no perjudica el interés general.

El Grupo Hispania advierte que “es un legítimo interesado en el proceso, como promotor de la iniciativa urbanística sobre el paraje La Zerrichera. En segundo lugar, es totalmente identificable. Y, en tercer lugar, resulta patente que se ha producido una causa de indefensión real y efectiva, ya que la falta de emplazamiento ha impedido a Hispania defender sus intereses legítimos en cuanto a las pretensiones instadas por ANSE y sin dar audiencia al principal perjudicado por ese auto de suspensión”.

Además, Hispania insiste en que no ha sido notificado de la existencia del proceso, ni emplazado para que pueda comparecer como demandado en el mismo. Este hecho, “le crea una indefensión manifiesta, y en consecuencia vulnera su derecho consagrado en la Constitución”.

Por todo ello, Hispania insiste en que “nos encontramos ante una falta absoluta de emplazamiento de un tercero, nuestro grupo inversor, que ostenta un interés legítimo en el proceso de autos, lo cual vicia de nulidad las actuaciones seguidas en su ausencia. Por tanto, procede la sanción de nulidad de los actos judiciales cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa”.

Críticas a la falta de respuesta de la Comunidad Autónoma

El Grupo Hispania también ha mostrado su malestar con el Gobierno regional por la falta de respuesta en todo este proceso. Por una parte, recrimina que transcurridos 14 meses desde que el Ejecutivo frenó el proyecto, a la espera del Plan de Gestión, aún no se ha producido ninguna respuesta.

La empresa entiende que “ha transcurrido el tiempo suficiente para que se hubiera adoptado ya una determinación sin la necesidad de crear las negativas consecuencias que esta paralización crea al grupo impulsor de este proyecto”.

Por último, entiende Hispania que dicho Plan de Gestión, “de existir una voluntad real de sacarlo adelante, se abordaría con la máxima celeridad y no dilatándose tanto en el tiempo; lo que sigue creando importantes perjuicios para nuestro grupo, además de una indefensión total”.

El Plan de Gestión sobre La Zerrichera se encuentra desde hace varios meses en el Consejo Económico y Social (CES) a la espera de su valoración y dictamente.

Después este Plan de Gestión deberá pasar por el Consejo Jurídico de la Región para volver, finalmente a la mesa del Ejecutivo regional. Para lo que, de momento, el Gobierno no ha fijado plazos para su tramitación.

Medida cautelar

Las mismas fuentes de Hispania explican que merece especial atención el auto de medidas cautelares respecto a la fundamentación jurídica que argumenta la Sala al decir que “la medida cautelar interesada no ocasiona perjuicio alguno al interés general, pero en ningún momento entra a valorar la posibilidad de que se produzca un perjuicio a un tercero, como en este caso se produce, ignorando absolutamente al perjudicado directo por la suspensión de la orden resolutoria”.

Para la empresa, “este proceder vicia de nulidad el acuerdo de suspensión, ya que difícilmente puede el juzgador valorar todos los intereses en conflicto si a uno de los protagonistas principales de la causa, Grupo Hispania, siquiera ha sido oído a la hora de acordar el auto de suspensión, a pesar de que ello perjudica directamente, al paralizarse consecuentemente la aprobación inicial del Plan Parcial La Zerrichera, que ha presentado mi mandante”.
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Rosique : «El Gobierno regional debe explicar por qué se puso al servicio de un promotor»

CARTAGENA.- La diputada socialista Teresa Rosique considera que el Gobierno regional tiene que decir a los ciudadanos «toda la verdad sobre La Zerrichera y debe explicar por qué puso toda su capacidad de decisión al servicio de un promotor urbanístico que, sólo catorce días después de aprobarse la reclasificación, vendió los terrenos y obtuvo un beneficio neto de 75 millones de euros».

Rosique estima que los cargos políticos del PP están obligados a dar explicaciones a los ciudadanos, «porque los procesos judiciales abiertos en relación con la Zerrichera se basan en las decisiones del Gobierno regional, y del Ayuntamiento de Águilas, para convertir en urbanizable este paraje protegido y posibilitar la construcción de 4.000 viviendas, en contra de los informes técnicos. Las decisiones políticas se tienen que explicar en el ámbito político».

La parlamentaria recuerda que dos son las resoluciones que han convertido en urbanizable La Zerrichera. Por un lado, la Declaración de Impacto Ambiental y, por otro, la aprobación definitiva de la reclasificación urbanística. «Ambas resoluciones han sido aprobadas por el Gobierno regional y en ellas se basan las actuaciones judiciales», recuerdas. «El Gobierno regional mantiene estas resoluciones, a día de hoy, intactas. No ha movido ni una sola coma a pesar de lo que les está lloviendo desde el ámbito judicial».

En este sentido considera que «han pretendido lavarse la cara paralizando el Plan Parcial de la Zerrichera y van a conseguir el efecto contrario, porque las razones que han dado para justificar esa paralización ponen de manifiesto, aún más, la prevaricación que han cometido».

Rosique recuerda que el Ejecutivo autónoma ha alegado que «el Plan Parcial se paraliza hasta que no esté aprobado el Plan de Gestión de ese espacio protegido». Un hecho con el que, según la socialista, «reconocen que quien determina el uso del suelo en un espacio protegido es el Plan de Gestión y, sin embargo, convirtieron en urbanizable La Zerrichera antes de que dicho plan estuviese aprobado, con el agravante de que no han anulado la orden de Bascuñana que aprobaba definitivamente esta reclasificación urbanística».

Además señala que «el Gobierno regional paraliza el Plan Parcial pero se resiste a anular la DIA, firmada por Alvarado, y la Orden de Bascuñana». Por eso, piensa, el PP ha impedido que se debata en el Pleno de la Asamblea del próximo miércoles una moción del PSOE. «En ella pedimos al Gobierno regional que anule ambas resoluciones porque son las fundamentales en todo este proceso».

Tras apuntar a que «son muchas las explicaciones que hay que exigirle al Ejecutivo regional», asegura que «todavía no han explicado por qué el Ayuntamiento de Águilas inició esta reclasificación urbanística, y por qué le pidieron al Ayuntamiento de Águilas que continuara con el expediente cuando éste lo había archivado; por qué aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental sin ningún informe que la avalara; por qué no hicieron caso de los numerosos informes negativos; por qué se saltaron los trámites obligados para dicha aprobación... También tienen que explicar por qué los altos cargos responsables de la aprobación siguen siendo altos cargos».

Rosique acaba manifestando que «las actuaciones judiciales han dictaminado ya la suspensión cautelar de la aprobación definitiva de la reclasificación urbanística de la Zerrichera en vía contencioso administrativo, y en vía penal, han sido imputados siete altos cargos del PP por supuestos delitos como el de prevaricación, falsedad en documento público o cohecho y han aplicado ya medidas cautelares al ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, actual gerente de la Fundación Cloustar. Todo esto exige explicaciones de Valcárcel y su gobierno».
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viernes, 21 de septiembre de 2007

El alcalde de Águilas intenta ahora convertirse en la víctima del "caso La Zerrichera"

MURCIA.- El alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del PP, tal vez por consejo de sus abogados, intenta ahora convertirse en la víctima del "caso La Zerrichera" filtrando al diario "La Verdad" su versión de todo lo sucedido, justo en el momento en que se inicia la fase judicial, y parece que con el objetivo estratégico de ser juzgado únicamente por el cargo de presunta prevaricación al objeto de alejar el foco de atención del magistrado sobre cargo de un presunto cohecho, que lleva aparejada pena de cárcel e inhabilitación para el cargo que actualmente ocupa Ramírez.

(...) el expediente para recalificar los terrenos (de La Zerrichera), que están protegidos como LIC y ZEPA, se reabrió desde la Consejería de Medio Ambiente -concretamente desde la Dirección General de Calidad Ambiental- y el alcalde pudo recibir presiones para levantar el archivo del convenio con el Grupo Hispania, según apuntan en sus declaraciones algunos testigos.

En Águilas, funcionarios y técnicos daban por hecho que la urbanización iba a tener luz verde, pese a que había un informe negativo de la Dirección General del Medio Natural. Se intuyó incluso siete meses antes de que se aprobara la declaración de impacto ambiental.

Presiones sobre el alcalde

El expediente para recalificar los terrenos de La Zerrichera había sido archivado por el Pleno municipal el 28 de diciembre del 2004, dejando sin efecto el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Águilas y el Grupo Hispania propiedad de Trinitario Casanova, a quien se le devolvió incluso el dinero que había adelantado. La razón estribaba en que los terrenos estaban protegidos y no eran urbanizables, según un informe inequívoco de la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma.

Muchas cosas sucedieron a partir de ahí -entre enero y marzo del año 2005- para que el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del Partido Popular, llamara un día a su despacho al secretario del Ayuntamiento, José Luis Pascual Martínez, quien se encontró en la estancia al arquitecto municipal, José Espín Cánovas, y a la jefa de Planeamiento Urbanístico, Mari Carmen Martínez Muñoz.

El asunto a tratar era peliagudo y el alcalde necesitaba consejo: ¿Se podía reabrir de nuevo el expediente de La Zerrichera? La respuesta del secretario general fue que el Ayuntamiento debía respetar los acuerdos tomados en el Pleno, y que en caso contrario se debían explicar los motivos que justificaran el cambio que se pretendía.

Desde el punto de vista formal, la reapertura no tendría inconveniente legal, y se entendía que se debía tramitar un nuevo expediente, y no seguir con el ya iniciado. En todo caso, se trataba de una decisión política que escapaba a los técnicos y funcionarios y que quedaba por lo tanto sobre las espaldas del primer edil.

Lo más relevante vino a continuación, cuando en esa misma reunión se le preguntó al alcalde por los motivos para reactivar el proyecto urbanístico. Juan Ramírez contestó que «había sufrido presiones, que se estaba jugando el puesto y que le rebanaban la cabeza» [si no lo hacía]. Así lo relata uno de los participantes en ese encuentro.

El alcalde Juan Ramírez rechaza sin embargo que hubiera recibido presiones, y que hubiera hecho saber a sus técnicos en la mencionada reunión que peligrara su puesto y su futuro político.

Advertencias de ilegalidad

El Ayuntamiento de Águilas era en aquellos meses un hervidero. No era para menos, después de dejar en la estacada una urbanización de 4.000 viviendas de lujo, el campo de golf y el hotel del Grupo Hispania. Se comentó incluso que después de archivarse el convenio habían acudido a Águilas dos consejeros a entrevistarse con el alcalde para interesarse por el proyecto de Trinitario Casanova. Unas visitas que nadie confirma, y que además niega el alcalde, y que pudieron repetirse una semana después.

El alcalde Juan Ramírez revalidó su cargo en las recientes elecciones municipales, incluso con un concejal más pero sin alcanzar la mayoría. La polémica y el escándalo que han rodeado al proyecto de La Zerrichera no ha hecho mella entre sus electores. Ni siquiera sabiéndose que había sido imputado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por varios delitos.

Al margen de las supuestas presiones que el niega y que entran más en la esfera política, Juan Ramírez, sin embargo, sí tendrá que aclarar otras decisiones suyas y de su grupo municipal en el juzgado número 3 de Murcia que instruye el caso.

Por ejemplo, por qué la Comisión Informativa de Urbanismo del 20 de octubre del 2005 decide elevar al Pleno la aprobación provisional de La Zerrichera sin tener sobre la mesa la declaración de impacto ambiental que debía emitir la Consejería. Los concejales y técnicos que acudieron a dicha Comisión no tuvieron oportunidad de examinar ni de informar sobre la recalificación de los terrenos que se pretendía. Fue una presunta infracción legal que no respetó el artículo 23 de la Constitución.

Asimismo, y abundando en esta supuesta infracción, el alcalde convocó el Pleno que debía aprobar La Zerrichera el 24 de octubre, sin que se hubiera emitido aún la declaración de impacto favorable por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental. De hecho, la notificación favorable a la recalificación llegó por una vía inesperada: un fax que entró en el Ayuntamiento a las 21:34 horas de ese mismo día, y al parecer sin registro de salida de la Consejería.

El alcalde fue aconsejado para que retrasara un día la fecha de la convocatoria, con el fin de que estuvieran todos los expedientes completos -faltaban los de La Zerrichera y otros dos más-, pero Juan Ramírez se negó y mantuvo la fecha de convocatoria del Pleno que se celebró el día 27.

Una firma extraña

El alcalde tampoco atendió un tercer aviso del secretario general del Ayuntamiento, quien el mismo día del Pleno dirigió un oficio a la alcaldía para que se dejara sobre la mesa La Zerrichera, debido a que tenían defectos de forma y fondo. Curiosamente, antes del Pleno, el alcalde se reunió con los concejales de su grupo y también con Pedro Gil, concejal socialista que luego se ausentó de la sesión, junto con otros ediles de su partido, para no votar en contra de La Zerrichera. Esto les valió días después la expulsión sumarísima del PSOE.

La Zerrichera se aprobó mediante una declaración de urgencia que se acordó en el mismo Pleno. Como remate, existen supuestamente otras anomalías en la certificación de aquel Pleno, puesto que no llevaba la firma del secretario general, sino de otra persona. Este extremo también corresponde aclararlo al juez instructor.

Entre técnicos y funcionarios de Águilas existía la convicción de que al menos el alcalde ya conocía extraoficialmente que la Consejería de Medio Ambiente, por entonces en manos de Francisco Marqués, iba a informar favorablemente para recalificar los terrenos de La Zerrichera y facilitar la urbanización de la zona. De otra forma no parecían explicarse las decisiones y la celeridad de los trámites.

Y, al tiempo, avalaría el hecho de que la Comisión Informativa de Urbanismo propusiera la aprobación en el Pleno (previa recepción del estudio de impacto) y que el Pleno en cuestión se convocara antes de que se firmara y notificara formalmente el estudio de impacto por parte de Antonio Alvarado, director general de Calidad Ambiental, y de su segundo, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.

Otra cita extraña

Las advertencias del secretario general del Ayuntamiento sobre las supuestas irregularidades fueron compartidas también por la jefa de Planeamiento Urbanístico de Águilas, Mari Carmen Martínez Muñoz. Ésta opinó igualmente que el punto del Pleno que trataba sobre La Zerrichera debió anularse y dejarse sobre la mesa por cuanto no estaba disponible la documentación en el momento en que se hizo la convocatoria.

Para Martínez Muñoz, además, era la primera vez, en sus años como jefa de Planeamiento, que llegaba al Ayuntamiento de Águilas un oficio de la Dirección General de Calidad Ambiental, con fecha del 28 de abril del 2005, advirtiendo de que era el órgano competente para realizar el estudio de impacto de La Zerrichera, y no la Dirección General de Medio Natural que ocho meses antes había prohibido urbanizar la zona.

Para que no le cupiera ninguna duda, Martínez Muñoz y el arquitecto municipal fueron citados telefónicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental -en lugar de recibir un oficio-, donde una secretaria con rango político les comunicó que eran ellos competentes en el caso. Ambos estaban hechos un lío, o cuanto menos extrañados: Medio Natural había dicho que la urbanización era inviable; mientras que Calidad Ambiental -la dirección general hermana- ordenaba ocho meses después que se reabriera el expediente.

Una carta a Trinitario

Después de salir del despacho del fiscal jefe, el 23 de enero pasado, el alcalde de Águilas descargó la responsabilidad de La Zerrichera sobre «Murcia», en referencia a las consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas que habían aprobado el estudio de impacto y la recalificación de los terrenos mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Lo que siempre ha tenido claro Juan Ramírez es que las instrucciones para reactivar el expediente del Grupo Hispania le llegaron de la Dirección General de Calidad Ambiental de Antonio Alvarado.

Juan Ramírez se ha escudado asimismo en los técnicos y en su floja memoria para tratar de sortear las puntos más comprometidos, salvo que su perspectiva de los hechos le haya hecho cambiar en los últimos meses.

La apreciación de que la decisión política de aprobar la urbanización ya se había tomado desde algunas instancias, pese a que el expediente había sido archivado por el Ayuntamiento, se basa en un escrito que envió el propio alcalde al empresario Trinitario Casanova, promotor de La Zerrichera. Ya no se trataba de la intuición de los técnicos y funcionarios municipales, sino de un oficio de la alcaldía. El 26 de abril del 2005, el dueño del Grupo Hispania se dirigió al alcalde para interesarse por la situación del convenio urbanístico, y saber si éste se encontraba todavía en vigor.

Ese mismo día, el alcalde le contesta al promotor que el convenio «no ha sido derogado expresamente por el órgano que lo aprobó, por lo que sigue en vigor» a expensas de lo que decida la autoridad ambiental. La respuesta del alcalde se produjo, además, dos días antes de que Antonio Alvarado le notificara formalmente que se había reactivado el expediente y que su oficina era la competente para realizar la evaluación ambiental. De igual manera, dos días antes del oficio de Alvarado, el Ayuntamiento le envió a este director general una copia del proyecto.

Dicho oficio no consta, al parecer, en el expediente del caso remitido a la Fiscalía del TSJ; como tampoco la carta que le envió el alcalde a Trinitario Casanova diciéndole que el proyecto de urbanización seguía vivo.

Un fax que llegó de noche

El alcalde de Águilas mantiene la legalidad de sus actuaciones. Considera además que los acontecimientos ocurridos en octubre del 2005 y que desembocaron en la aprobación por el Pleno del proyecto de La Zerrichera -diez meses después de que lo hubiera archivado la misma Corporación- no contienen irregularidades. Al parecer, se considera una práctica habitual que en algunas comisiones informativas no estén todos los documentos disponibles.

La secuencia vivida en el Ayuntamiento de Águilas fue vertiginosa: 1) El alcalde convocó el Pleno la misma tarde del día en el que le llegó por fax el estudio de impacto, aunque el rastro de entrada fuera a las 21:34 horas. 2) Ese estudio llevaba fecha del día 25 y estaba refrendado por Sánchez Gelabert. 3) El día 25 le llegó la declaración formal de impacto firmada por Antonio Alvarado, aunque con fecha del 24. 4) El alcalde convoca el Pleno el día 24, para que se celebre el 27. Eso permitió a los concejales disponer el día 25 de la documentación, para respetar de esta forma el plazo de 48 horas que requiere la ley.

Diez días antes, Trinitario Casanova recibió de la mercantil Inverlur -perteneciente a La Kutxa (Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián)- 23,2 millones de euros como primer pago y anticipo por la compra de La Zerrichera. El segundo pago de 105 millones lo recibió en febrero del 2006, quince días después de que el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana aprobara definitivamente la recalificación de los terrenos.
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jueves, 20 de septiembre de 2007

El alcalde de Águilas sale descompuesto tras declarar ante el juez durante dos horas y media

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, ha tomando hoy declaración a los implicados por presuntas irregularidades en la recalificación del paraje protegido de La Zerrichera, en Águilas. En espera del correspondiente auto judicial para conocer los eventuales cargos, todos siguen estando imputados al no haberles sido comunicado expresamente lo contrario por parte del magistrado tras estas diligencias previas a la apertura de juicio oral. Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ya han sentado cierta jurisprudencia en este caso con sendos autos emitidos a petición de los imputados y de los denunciantes.

Declaró en primer lugar el ex director general de Arquitectura, Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero, durante más de dos horas y media. Seguidamente pasó ante el juez el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, el cual estuvo más de una hora y media prestando declaración. Ninguno hizo manifestaciones a la salida pese a la insistencia de los periodistas por conocer algunos extremos y matices de ambas comparecencias. Lo hizo de mejor humor éste último, hasta sonriente.

Según la querella del fiscal Bernal, en febrero de 2006 el consejero de Obras Públicas, a la sazón Joaquín Bascuñana, acordó, a propuesta de Ródenas y de Guerrero, aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Águilas para recalificar como suelo urbanizable sectorizado el paraje protegido de La Zerrichera.

Bernal dice que esta decisión se tomó a pesar de la existencia de seis informes en contra de la transformación en urbanizable del terreno protegido: cuatro de distintos funcionarios de la propia consejería de Obras Públicas, otro elaborado por un profesor de la Universidad de Murcia (encargado por Ródenas y por el que se pagaron 12.000 euros) así como un sexto del director de los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia, José María Lozano.

Se ha hecho luego un receso para almorzar, desde las 14 hasta las 15 horas, y poco después pasó a testificar el actual alcalde de Águilas, Juan Ramírez, durante más de dos horas, asistido de su nuevo letrado; y finalmente lo hizo el ex concejal del PP aguileño, José López.

José López fue uno de los socios de la empresa Alhóndiga Agrisel S.A. que en 2003 compró la finca tras haber convenido con el presidente del grupo Hispania, Trinitario Casanova, vendérsela cuando el terreno fuera recalificado para construir una urbanización de 4.000 viviendas y un campo de golf.

Quince días después de que Bascuñana acordara aprobar la modificación del PGOU de Águilas, Casanova vendió el terreno a Inverlur 5005, constructora de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (la "Kutxa") por 105 millones de euros.

Tanto Ramírez como López mantuvieron una larga y tensa espera desde primeras horas de la mañana en los pasillos judiciales como consecuencia de la prolongación de la comparecencia de los dos ex altos funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Se especula con que la Fiscalía ha solicitado al juez Alcázar, entre otras medidas cautelares, la retirada del pasaporte a los dos últimos por el riesgo de fuga a Suiza del alcalde y a Brasil del ex concejal al tener familiares residentes en sendos países. López Bernal hace meses que está advertido de esas circunstancias por personas interesadas en el procedimiento.

Ramírez, al contrario que López, ha sido el único en tener el detalle de atender a la Prensa pese a su evidente cara larga, descompuesta, la mirada perdida y el silencio cortante que mantenía con su abogado. El alcalde de Águilas, con una voz que apenas le salía del cuerpo, ha dicho estar tranquilo "por colaborar con la Justicia, contribuir al esclarecimiento de los hechos", e insistido en que su comportamiento como alcalde "siempre ha sido legal y hecho todo correctamente".

Tras la toma de declaración de los siete imputados, el juez continuará las investigaciones y, según fuentes judiciales, no se descarta que llame a declarar a otras personas citadas en la querella. Las siete que ya han declarado en esta fase mantienen la calificación de imputados.

Según la querella los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.

Precisamente durante la larga espera en los pasillos de la Audiencia se ha sabido que el Juzgado nº 2 de Lorca se ha inhibido en favor del Juzgado nº 3 de Murcia para que entienda acerca de la denuncia por presunto cohecho de la Fiscalía contra el ex concejal de Águilas, Pedro Gil, expulsado del PSRM-PSOE por ausentarse en la votación municipal sobre la recalificación de la finca La Zerrichera.

El lider del PSOE aguileño y actual portavoz de la Oposición, Ramón Román, al ser llamado a declarar con toda la Corporación, le comunicó al fiscal-jefe, Manuel López Bernal, que Gil le llegó a ofrecer, supuestamente en nombre del especulador Trinitario Casanova, un millón de euros si los socialistas aguileños no votaban contra esa recalificación en el Pleno.- (NEM)
(En la imagen, Ramírez después de su anterior declaración ante el fiscal jefe)

Solbes cree que las empresas "se están dando cuenta de que no es viable hacer negocios de espaldas a la sociedad"

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se mostró hoy convencido de que "las empresas son cada vez más conscientes de las consecuencias de sus acciones". "Esto quiere decir que se están dando cuenta de que no es viable hacer negocios de espaldas a la sociedad en la que actúan", apostilló.

Solbes hizo estas declaraciones en la II Conferencia España-Iberoamérica de Responsabilidad Social, que se celebra entre hoy y mañana en la Casa de América de Madrid, y organizada por la Fundación Carolina y la Fundación Euroamérica.

Este evento analizará principalmente las características de las alianzas público-privadas que, en opinión de Solbes, "pueden aportar soluciones a problemas que no se pueden resolver de un modo individual".

Por otro lado, según Solbes, la implantación de la RSC en las empresas españolas implica "una potencial mejora de la competitividad" e insistió en la "importancia de la voluntariedad de estas políticas que revierten en mejoras de bienestar para la sociedad en su conjunto".

Al finalizar su intervención, Solbes destacó que "aunque quedan muchos progresos, se está avanzando por el buen camino" y mencionó la proliferación de Memorias de Sostenibilidad, Códigos de conducta o la creciente adhesión de empresas españolas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Solbes también repasó las iniciativas del Gobierno en esta materia como la Mesa de Diálogo Social sobre Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Expertos o la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados, que ya ha publicado un 'Libro Blanco' sobre ellas.

Por último, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, también presente en la jornada inaugural, recordó que "a lo largo de 150 años de historia", la entidad "ha demostrado su compromiso con América Latina", una región en la que tiene "una enorme confianza".

En su intervención, Botín desgranó qué supone la RSC para el Grupo: "Generar beneficios, comunicar con transparencia, responder ante los empleados, accionistas y clientes, y mantener un caracter voluntario". El principal ejemplo de esta política de RSC es el 'Programa Santander Universidades', puesto en marcha en el año 1996.

"La formación y el conocimiento son claves para reducir y eliminar las brechas sociales", indicó Botín que recordó que, en este año, el Programa se ha implantado a centros de China, Rusia y Reino Unido.- (Agencias)

miércoles, 19 de septiembre de 2007

El PSOE de Águilas admite públicamente que está negociando un gobierno municipal de progreso

ÁGUILAS.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSRM en Águilas, Ramón Román, reconoció en rueda de prensa que “aunque todavía no hay un acuerdo final, sí que se han producido ya las negociaciones que pueden llevarnos a presentar, en un momento determinado, una moción de censura, porque las posturas se están acercando ante el grado de ineficacia que viene demostrando el actual equipo de gobierno del PP".

Sobre las afirmaciones de la portavoz municipal del PP, Caty Lorenzo, en el sentido de que “ser alcalde no puede estar por encima de la dignidad” al tiempo que se preguntaba por “los posibles intereses que pueden estar detrás del pacto” que se negocia a tres bandas (PSOE-MASd-IU) para desalojar al alcalde imputado Juan Ramírez, Román ha recordado que “ellos si que han dado ejemplo de falta de dignidad cuando en 1999 se saltaron la ley antitransfugismo formando Gobierno con cuatro tránsfugas del MIRA, uno de los cuales aún permanece en las filas populares, y en el 2.003 cuando llegaron a un pacto con un grupo independiente a cambio de acuerdos urbanísticos”.

Román acusó al PP de “no estar centrado en el Gobierno sino en lo que se dice de ellos, generando un clima de crispación y enfrentamientos que no se corresponde con esa labor de gestión”, y reflejo todo, según sus palabras, “del estado de nervios que padecen”.

Respondió también Román a los datos aportados por la concejala de Turismo, Clara Valverde, en los que ésta destaca un “aumento significativo” de turistas durante la temporada estival, afirmando con rotundidad que “si preguntasen entre los hosteleros y comerciantes sabrían que este ha sido uno de los peores veranos que se recuerdan en Águilas”.

Reveló Román que “en los 90 días que los del PP llevan en el Gobierno, han estado también pendientes de las obras de una Glorieta que, tras siete meses, continúan sin finalizar, al igual que el nuevo Pabellón Deportivo, el Auditorio y el colegio de Las Lomas”.

Finalmente quiso contestar a las acusaciones de Caty Lorenzo al responsabilizar el martes al Gobierno central del problema de la burbuja inmobiliaria local. “Sólo se le puede achacar a la falta de buena gestión en política urbanística, ya que todo el modelo de gestión urbanística que hay, hasta ahora, en Águilas, se encuentra en los tribunales”, concluyó Román.

Por su parte, Pedro Gil, lider del MASd, recién llegado de sus vacaciones, ha desmentido las acusaciones de Caty Lorenzo en su ausencia, en el sentido de que él era partidario de la urbanización del paraje natural de la Marina de Cope y de La Zerrichera.

"No tengo ningún interés en que se ponga un ladrillo en La Zerrichera, y respetaré cuanto dictamine la Justicia, que es quien tiene ahora la palabra”.

Los líderes de las tres formaciones en liza para alcanzar un acuerdo de alternativa y formar un gobierno municipal de progreso en el ayuntamiento de Águilas, Román, Gil y Carrasco, se muestran tranquilos ante la posibilidad de que se pudiera presentar finalmente una moción de censura.

Reconocen los tres la existencia de un acuerdo previo, tras haber dado el visto bueno a un borrador inicial de condiciones, realizado durante los pasados meses de verano por personas de las tres formaciones políticas aguileñas.- (NEM)

García Meroño pone en nómina a De la Cierva mientras Guerrero abandona "Polaris World"

MURCIA.- Polaris World no sólo es una de las empresas murcianas que más puestos de trabajo crea en la Región, sino que además se trata de empleo de calidad y bien remunerado.

El último fichaje de relumbrón del máximo accionista de Polaris World, Pedro García Meroño (en la imagen), ha sido la contratación del hasta hace pocas semanas consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, que desde hace días figura en la nómina de una sociedad particular del empresario pachequero: la gestora del paquete accionarial que García Meroño posee en Polaris World.

La relación de García Meroño con De la Cierva viene de lejos. El ex consejero no sólo asistió a la boda del primero, y nunca han ocultado su mutua admiración. Una amistad que le costó al ex alto cargo figurar en el punto de mira de la oposición durante su etapa política, sobre todo tras la concesión por el Gobierno regional a un grupo empresarial integrado por Polaris Wolrd de la gestión del canal autonómico.

La relación entre altos cargos del Ejecutivo autónomo y la principal promotora murciana tampoco es nueva. Antes que De la Cierva fue el ex director del Instituto de Fomento, Francisco Sardina, quien fichó por la compañía de García Meroño.

Y mientras De la Cierva une su futuro laboral al máximo propietario de Polaris World, uno de los directivos de esa compañía, Mariano Guerrero, ha anunciado que deja la constructora murciana.

Guerrero, que dirigía el hospital Virgen de la Arrixaca cuando fue fichado por Polaris, ha sido el responsable de impulsar la vertiente sanitaria y social de la compañía, además de presidir el Patronato de la Fundación Polaris World.

«Se cierra una etapa de mi vida profesional y empieza otra», apunta en su carta de despedida. Ya estudia nuevas y sugerentes ofertas del mundo sanitario.
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El PSRM espera que la Justicia llegue hasta sus últimas consecuencias en el "caso La Zerrichera"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, deseó hoy que la Justicia "trabaje y llegue hasta sus últimas consecuencias" en lo concerniente al "caso La Zerrichera", al tiempo que dejó claro que desde su partido "no se van a poner trabas, tanto en este caso como en otros, tal y como está haciendo el PP".

Saura considera que "es verdad que hay unas responsabilidades políticas que no se han asumido en esta Región y como no quisieron asumirlas, el PSRM se fue a la Justicia".

Igualmente, lamentó que "en esta Región se haya escuchado lo que ha dicho el PP sobre la Justicia, fiscales y Guardia Civil", porque, reprobó, "no tiene parangón en la democracia española y en la del mundo desarrollado".

"Han dicho que la Guardia Civil no tenía que hacer su trabajo, incluso se ha ido contra lo que la Guardia Civil estaba haciendo, y que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, estaba politizado, al igual que los jueces", criticó Saura, quien afirmó que "no tienen altura en la Región los del PP".

Al respecto, recordó que "aquí se llamaba desde el Gobierno regional para decirle a los altos cargos del PP en la Región que la Guardia Civil los estaba investigando", ante lo que, insistió, "nosotros no le vamos a poner ninguna traba al trabajo de la Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".- (Agencias)

El PP dice estar tranquilo ante una eventual moción de censura al imputado alcalde de Águilas


ÁGUILAS.- La portavoz del equipo de Gobierno del PP en el ayuntamiento de Águilas, Caty Lorenzo, asegura que su grupo está muy tranquilo ante la posibilidad de que PSOE, MASd e IU+LV presenten una moción de censura contra el alcalde, Juan Ramírez, para desalojarle del gobierno municipal.

Lorenzo informó de que "a día de hoy no se ha registrado en el Ayuntamiento ninguna moción de censura por parte de los grupos de la oposición" y aseguró que las únicas noticias que tiene le vienen por "La Opinión", que el sábado adelantó que los tres partidos habían alcanzado un acuerdo de gobierno para desbancar al PP.

La edil se mostró "sorprendida" de que la oposición "no haya dejado ni los cien días de cortesía para ponerse a negociar una moción de censura" y manifestó también su extrañeza "porque dos partidos contrapuestos en su ideología y sus relaciones personales, como el PSOE y el MASd, puedan plantearse gobernar juntos".

"El MASd nace tras la expulsión del ex secretario general del PSOE, Pedro Gil, de las filas del partido. Gil ha defendido una política urbanística contraria a la que quería el PSOE. Por ejemplo, el MASd es partidario del proyecto de Marina de Cope mientras que PSOE e IU, no", manifestó la portavoz municipal.

Caty Lorenzo recordó que Ramón Román, portavoz del PSOE, y Pedro Gil, líder del MASd, mantienen una disputa judicial tras la querella presentada por el responsable socialista, que acusa a su antiguo compañero de partido de haberle sobornado para que votara a favor de la recalificación de La Zerrichera.

Por parte del PP, la concejala aseguró que "a la espera de noticias, seguiremos trabajando para cumplir los compromisos adquiridos con los aguileños".

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Bruselas prohíbe a España y otros cuatro países pescar atún rojo en lo que resta de 2007

BRUSELAS.- La Comisión Europea decretó hoy el cierre de la pesquería del atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo para lo que resta de 2007, al haberse agotado la cuota anual de 16.779,5 toneladas que tenía asignada la Unión Europea este año.

Los países más afectados serán España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre. Italia y Francia, que también pescan atún rojo, habían cerrado el caladero en julio y agosto, respectivamente. La Comisión Europea se ha visto obligada a adoptar la medida a la luz de los datos sobre capturas enviados por los Estados miembros.

Bruselas asegura también haber constatado deficiencias en las declaraciones de capturas, un requisito necesario para poder supervisar en tiempo real el grado de uso de la cuota comunitaria, por lo que tiene previsto adoptar próximamente medidas para subsanar estas deficiencias y acciones de cara a la campaña de 2008 para evitar los problemas vividos este año.

El comisario de Pesca, Joe Borg, dijo que "es evidente que existen problemas tanto de sobrepesca de una población que ya se encuentra amenazada como de equidad entre los Estados miembros afectados", y que la Comisión, "como es su deber, hará todo lo posible para abordar con carácter urgente este asunto".

En este momento los siete Estados miembros de la UE que explotan la pesquería del atún rojo son España, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal y durante la reunión celebrada en Tokio en el pasado mes de enero, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) asignó a la UE una cuota de 16.779,5 toneladas, que se repartió entre los Estados miembros interesados con arreglo a una clave de reparto previamente acordada. A España le fueron asignadas 5.568,21 toneladas, la más alta de los siete países comunitarios que pescan atún rojo.

Las autoridades italianas decidieron cerrar la pesquería el pasado 24 de julio y las francesas el 27 de agosto por lo que los países que se verán afectados por la prohibición de pescar atún rojo sin haber capturado su cuota se verán compensados en años posteriores. La normativa comunitaria prevé también un mecanismo para reducir la sobrepesca de determinados Estados miembros.

En relación con la cuota global de la UE, el Plan de recuperación de la CICAA contempla un mecanismo de restitución para quienes realicen sobrepesca.

El Comité de Aplicación de la CICAA se reunirá en noviembre para determinar las cifras definitivas de capturas de todas las partes correspondientes a la campaña de 2007. Cuando la CICAA adopte una decisión sobre las medidas que deben tomarse, la Comisión presentará a comienzos de 2008 su propia propuesta sobre restitución y la compensación dentro de la UE.

Además, Bruselas intentará garantizar que todo Estado miembro que se vea penalizado por este cierre anticipado de la pesquería en 2007 quede compensado cuando se concedan futuras posibilidades de pesca.

Para garantizar que el Plan de recuperación se aplica "plena y efectivamente" por todos los Estados miembros de la UE afectados resulta esencial evitar la sobrepesca, sostiene el Ejecutivo comunitario, quien asegura que ello exigirá disponer de datos reales de capturas "más fiables" y "en el momento adecuado".

Además de adoptar el Reglamento para que el Plan de recuperación de la CICAA quede definitivamente incorporado a la normativa comunitaria, Bruselas examinará medidas que permitan garantizar que los Estados miembros respetan los requisitos contemplados en el Plan sobre la "declaración en tiempo real" de capturas por periodos de cinco días que deben completar los capitanes de todos los buques pesqueros.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario mantendrá y ampliará las visitas sorpresa de sus propios inspectores a los puertos de desembarque y a las granjas y pondrá mayor empeño en mejorar el intercambio de información entre los responsables de la pesca, tanto a nivel de los Estados miembros como con otras partes de la CICAA, especialmente en la transferencia de atunes a jaulas de engorde.

El sistema de inspección conjunta internacional en el mar de la CICAA también tendrá un atención prioritaria y de igual modo se instará a los países importadores, y en particular a Japón, a rechazar las importaciones que no se ajusten plenamente a las disposiciones de la CICAA.

La población oriental de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo ha sido objeto de sobrepesca durante muchos años y los científicos han advertido repetidamente de que corre peligro si no se interviene para reducir drásticamente el nivel de actividad pesquera. Se estima que una de las principales causas del declive de la población es, en particular, el elevado índice de sobrepesca no declarada.

El atún rojo es una especie altamente migratoria y, por esta razón, la gestión de la pesquería se realiza en el marco de la CICAA. La UE es un destacado miembro de este organismo y, en la reunión anual que celebró la CICAA en Dubrovnik en noviembre del pasado año, desempeñó un papel decisivo en la adopción de un nuevo Plan de recuperación a 15 años de la población oriental de atún rojo.

Uno de los principales logros de este Plan fue el establecimiento de un nuevo sistema, "riguroso y global", de control y ejecución cuya finalidad es combatir la sobrepesca, que, por definición, es una actividad ilegal.

La Comisión Europea concede una gran importancia a su aplicación y, en particular, al régimen de control, y hace un llamamiento a los Estados miembros para que cooperen mutuamente, así como con otros miembros de la CICAA y con la Comisión, para evitar la sobrepesca, que constituye una amenaza para la supervivencia de una de las más antiguas y ricas pesquerías de Europa.- (Agencias)

Alvarado deberá presentarse cada mes en el juzgado ante el riesgo de fuga

MURCIA.- El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, ha emitido un auto por el que acuerda como medida cautelar, y ante el riesgo de fuga, contra el ex-director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, que éste "se presente el primer día de cada mes en el juzgado", según ha confirmado hoy el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal.

López Bernal ha precisado que esta medida cautelar la solicitó él mismo y Alcázar la acordó. El motivo responde, según el fiscal jefe, a que "es la medida más ligera y menos gravosa de control de asistencia que hay al llamamiento judicial".

Precisa también que no se han tomado otro tipo de medidas cautelares, pero sí que los tres funcionarios autonómicos que declararon ayer ante el juez "quedaron en libertad con cargos; es decir, sujetos al procedimiento y, por tanto, continúan como imputados".

Se da, además, la circunstancia de que Alvarado, ahora pendiente de suerte judicial, iba a ser nombrado, pese al riesgo objetivo de inhabilitación como funcionario público, nuevo gerente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, con un sueldo de 6.000 euros mensuales, por recomendación personal y directa del propio presidente Valcárcel.

Pero la resistencia del alcalde lorquino, Francisco Jódar, del PP, que es quien posee la facultad última de su nombramiento, lo evitó antes del pasado verano aunque el Presidente le pidió entonces que lo hiciese con Alfonso Guerrero Zamora, otro alto funcionario imputado en el mismo procedimiento, aunque el alcalde sigue sin hacer caso a San Esteban en espera de que avance la Justicia.

Que se sepa, el funcionario imputado y ahora sometido a control judicial, Alvarado, no tiene ni ha tenido nunca la más mínima vinculación lorquina y tampoco ha estado casado, con la también imputada, Encarna Muñoz, hoy vinculada sentimentalmente a otro alto cargo de la Consejería de Economía, divorciado y padre de dos hijos varones.