MURCIA.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia desestima el
recurso de apelación presentado por Podemos contra el auto del juzgado
de Instrucción nº3 de Murcia que denegó su personación en las diligencias
que se instruyen para investigar la muerte de 13 personas en el incendio
de Atalayas, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia
de la Región (TSJMU) en un comunicado.
El tribunal apunta que
los recurrentes reproducen los argumentos esgrimidos ante la juez de
instrucción a los que la instructora ya dio respuesta "de forma muy
motivada, por lo que ello implicaría, sin más, dar por válido y correcto
el auto que se pretende recurrir".
No obstante, y "a pesar de
la falta de motivación del recurso de apelación" la sala entra en el
fondo y recuerda que en el momento que se intenta la personación el
procedimiento penal en la fase de instrucción "está limitado a la
investigación de los delitos de homicidio por imprudencia temeraria".
Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, la resolución recoge que
se reconoce legitimación a la acusación popular, aun contradiciendo la
posición procesal del Ministerio Público, en infracciones que "tutelan
intereses sociales" que no radican en nadie en particular, sino que son
difusos, colectivos, de forma que no puede señalarse un concreto
perjudicado diferente al genérico cuerpo social.
Sobre esa
base, considera la Sala que "interés público, a los efectos de
legitimación procesal no equivale a conductas o hechos que puedan tener
trascendencia en los medios de comunicación por su resultado dramático o
porque puedan interesar a la opinión pública, sino porque el bien
jurídico protegido por el tipo penal no sea eminentemente personal sino
que trascienda a la colectividad, considerándose por tales aquellos
referidos al buen funcionamiento de la Administración Pública, a
protección del medio ambiente, a protección del orden jurídico y la paz
social".
Sin embargo, añade la resolución, "no se puede hablar
de interés público cuando los bienes ofendidos por el delito son
eminentemente personales, tales como la vida, la integridad física, la
libertad e indemnidad sexual o la libertad personal".
En segundo lugar, la Sala recuerda, "a mayor abundamiento" que la
jurisprudencia se ha pronunciado también "sobre la cautela que ha de
adoptarse cuando de personación de partidos políticos se trate, no por
ser personas jurídicas, sino por la existencia de intereses no
estrictamente jurídicos que pudieran existir".
Y cita dos
autos del Tribunal Supremo en los que se alude a que "existe una
cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la
personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas
contra políticos de otros partidos.
Pero ello no excluye que,
aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas "y a
que la posibilidad de que los partidos políticos ejerzan la acusación
popular es vista con disfavor por doctrina y tribunales pues "se corre
el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso
el lenguaje propio de la confrontación política. La experiencia indica
que la sentencia adversa no suele ser explicada por el partido
accionante como la consecuencia jurídica de la valoración jurisdiccional
de los hechos. Antes, al contrario, se presenta ante la opinión pública
como la expresión de un condicionante ideológico que los Jueces han
antepuesto a la realidad acreditada".
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
jueves, 9 de mayo de 2024
La Audiencia Provincial deniega la personación a Podemos en la investigación de las muertes en el incendio de Atalayas
viernes, 3 de mayo de 2024
El juez procesa a la ex portavoz y al ex secretario general del PSOE en Albudeite por la presunta compra de votos
MULA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Mula ha
dictado un auto por el que procesa a la ex portavoz del PSOE en
Albudeite, Isabel Peñalver, y al ex secretario general de este partido
en el municipio, Héctor Antonio Martínez, por la presunta trama de
compra de votos en la localidad en las elecciones municipales del 28 de
mayo de 2023.
Así aparece reflejado en el auto de
transformación a procedimiento abreviado dictado este jueves, 2 de mayo,
por el que el instructor da por cerrada la investigación y concreta los
indicios para que continúe el procedimiento contra los investigados.
En concreto, en el auto aparecen 14 investigados, entre los que
aparece Peñalver, que actualmente es concejala en el Ayuntamiento de
Albudeite; y Martínez, que también fue secretario de Formación de la
Ejecutiva Regional del PSOE.
No obstante, el PSOE ha aclarado
que Martínez presentó el pasado mes de mayo por escrito la dimisión de
todos sus cargos. Además, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido
Socialista expulsó de forma provisional tanto a Martínez como a
Peñalver. Por lo tanto, actualmente no cuentan con ninguna
responsabilidad orgánica en el partido, tal y como ha señalado la
secretaria de Organización del PSOE en la Región, Nuria García.
En el auto, el juez instructor explica que los hechos origen de este
procedimiento, sin perjuicio de posterior calificación, pudieran
presuntamente ser constitutivos de un delito electoral, así como de un
delito de grupo criminal.
Para el magistrado, los
investigados, "con las cautelas propias de este estadio procesal",
podrían ser responsables de infracción penal en base a una serie de
hechos e indicios.
Así, el juez recuerda que Peñalver, que se
presentaba a las elecciones como candidata del PSOE a la Alcaldía de
Albudeite, procedió a dirigir a una serie de personas de su núcleo
familiar más cercano y compañeros de partido para que, en su nombre,
contactaran con los votantes o con otros colaboradores ofreciéndoles
"dinero, bienes materiales o beneficios" a cambio de que votasen su
candidatura.
En concreto, el auto sostiene que Peñalver habría
ofrecido ese dinero, bienes materiales o beneficios "una vez obtuviera
la Alcaldía".
El juez afirma que actuó en "connivencia" con esas
personas de su núcleo familiar más cercano y compañeros de partido con
el fin de "conseguir el mayor número de votos posibles para acceder a la
Alcaldía".
En este sentido, el magistrado indica que en la
"cúspide" de dicha organización se encontraba Peñalver, quien "dirigía a
su núcleo más cercano y era consultada para que decidiera qué cantidad
se podía pagar a cada votante".
"Una vez obtenían el
consentimiento de los votantes para prestar su voto a la candidatura de
Peñalver a cambio de algún beneficio, el modus operandi consistía en que
los votantes solicitaban el voto por correo", según el auto.
Para no levantar sospechas, en vez de solicitar el voto en la oficina de
Correos de la localidad de Albudeite, donde residían, lo solicitaban en
las oficinas de Mula, Campos del Río y Molina de Segura.
Una
vez les llegaba a sus domicilios la comunicación de que ya podían pasar
por la oficina de correos a recoger la documentación para ejercer el
voto por correo, uno de los hijos de Peñalver los acompañaba hasta la
oficina de correos, esperándolos fuera.
"Desde el Partido
Socialista, reiteramos nuestro más absoluto respeto hacia la justicia",
según fuentes del PSOE, que esperan que "se aclare lo sucedido lo antes
posible".
viernes, 26 de abril de 2024
El pequeño partido 'Valores' se persona en Murcia en defensa de las menores tuteladas
MURCIA.- Los servicios jurídicos del pequeño partido 'Valores' se han personado en un juzgado de la Región de Murcia solicitando ejercer la acción popular en el caso de las menores tuteladas agredidas sexualmente. Si, finalmente, el juez que lleva el caso, acepta que 'Valores' ejerza la Acusación Popular, presentará querella contra las personas denunciadas y sus autores en los diferentes grados y circunstancias.
Se cumple así con lo acordado en la Junta Directiva Nacional de principios de mes y que facultaba a los abogados de 'Valores' a personarse en los Juzgados de la Región de Murcia para esclarecer lo que ha sucedido con esas dos niñas menores de edad y que son tuteladas por la Administración y, en su defecto, por una empresa privada que está sufragada con fondos públicos.
"Tenemos un sistema de protección de menores que hace aguas por todos sitios y es nuestra obligación realizar cuantas acciones se vean oportunas para cambiar el destino de los más de treinta y cinco mil niños tutelados que hay en España" comentaba el presidente nacional de 'Valores', Alfonso Galdón, a las puertas de los juzgados murcianos.
Hace dos semanas, los eurodiputados del ECPM, partido político europeo al que pertenece 'Valores', se dirigieron a la comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europa, la sueca Ylva Johansson por la negativa del Partido Popular y de Vox en la Asamblea de Murcia para dar explicaciones por lo sucedido con estas niñas tuteladas.
"También, llama la atención el sigilo con el que esta noticia ha pasado por la prensa regional y nacional".
Para Toñi Moreno, candidata de 'Valores' al Parlamento Europeo y portavoz de la Asociación Nacional del Menor Tutelado: "Que 'Valores' se persone es una buena noticia. Hasta ahora ningún partido político lo ha hecho. Vamos a llegar hasta el final, caiga quien caiga. No vamos a consentir más menores tuteladas agredidas sexualmente o prostituidas y que los responsables sigan en sus despachos como si nada".
jueves, 25 de abril de 2024
La UCO y un piso de Zaplana en Cartagena
VALENCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desgranado el uso que dio el cartagenero, expresidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro con el PP Eduardo Zaplana al dinero obtenido en la trama Erial y se ha referido, entre otros, a un reloj de 20.000 euros --que posteriormente "regaló" a un amigo-- y a dos televisores valorados --cada uno-- en 10.000 euros.
Así se han pronunciado tres agentes de la UCO encargados de la instrucción de Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITVs y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. Estos agentes comenzaron a declarar ayer en la Audiencia pero su testimonio se tuvo que interrumpir al estar prevista la declaración en el juicio del abogado uruguayo y testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belhot.
"El que dirige todas las operaciones inmobiliarias y comerciales y toma las decisiones es Eduardo Zaplana", han afirmado los agentes de la UCO, quienes lo han situado en el centro del entramado societario creado para cobrar comisiones por las ITV y el plan eólico.
En esta línea, han detallado que tras algunas sociedades como Costera del Glorio, la persona que "verdaderamente estaba detrás" era Zaplana y no su amigo íntimo y testaferro confeso Joaquín Barceló --figuraba como administrador--.
En relación con esta sociedad, uno de los agentes ha detallado que adquirió una parcela en La Finca, en Madrid, que dos años más tarde vendió y generó una plusvalía de más de tres millones de euros.
"Inferimos que la compra no respondía a una operativa real de adquisición sino que se confeccionó para generar la plusvalía en Costera. Esta operativa estaba relacionada con Zaplana, según pudimos ver reflejado en varios documentos", ha señalado, y ha apuntado: "En la agenda --del 'ex president-- vimos reuniones relacionadas con personas vinculadas a esta operación".
Con la plusvalía generada en esta operación, los agentes han explicado que comenzaron a producir otras adquisiciones, entre ellas, la compra de un inmueble en Núñez de Balboa, en Madrid, en enero de 2010, que firmó Barceló como administrador de Costera. "Nuevamente en todo lo que analizamos, la persona que aparecía relacionada como propietaria real del inmueble era Zaplana", han dicho.
"Vimos de nuevo --han agregado-- en la agenda intervenida a Zaplana reuniones con visitas al inmueble así como para programar la reforma de la misma y la adquisición de enseres. La reforma, por unos 90.000 euros, la gestionó una persona muy vinculada con Zaplana, su asesor personal", han apostillado.
Respecto a esta operativa, los agentes también se han referido a la emisión de un cheque de 20.000 euros por la compra de dos televisores para el piso y, sobre este aspecto, la UCO refiere que el día antes de la compra se observó en la agenda personal de Zaplana una visita de éste a la tienda que vendió los televisores.
En cuanto a los inmuebles, los agentes desconocen quién los adquirió pero, cuando se decidió vender el piso, Barceló comentó que los mismos iban a ir destinados a un piso "de una tercera persona" en Cartagena.
Al respecto, los peritos averiguaron que las hijas de Zaplana habían pagado "tras una donación" una señal en ese tiempo para adquirir dos inmuebles en Cartagena. "De nuevo el verdadero propietario de los muebles era Zaplana", han apostillado.
Los agentes también han hecho referencia a que fue Zaplana el que contrató a una mujer para que limpiara el piso de Núñez de Balboa y el que ordenó confeccionar una carta de despido. Cuando se le tomó declaración a esta persona, afirmó que el único usuario del piso durante los ocho años que estuvo ella había sido Zaplana.
"Cuando se le detuvo a Zaplana se le intervino un maletín personal en el que tenía, entre otros documentos, uno relacionado con gastos por la compra de un garaje en el edificio de Núñez de Balboa, otro con la mujer de la limpieza y un documento privado del piso para el cambio de la propiedad", han detallado.
Los agentes también se han referido a que Zaplana podría ser el propietario o interesado en unos áticos, tal y como figuraba en un documento intervenido a una inmobiliaria titulado 'Áticos Zaplana', y han señalado que usó embarcaciones y abonó dinero de esos viajes con amigos con dinero de la trama.
"No salió de sus cuentas dinero alguno para el disfrute de yates de recreo y, sin embargo, se le encontró en los registros documentación relacionada con gastos de estas embarcaciones", han apostillado los peritos.
Por otro lado, han indicado que la secretaria de Zaplana era la encargada de recibir dinero en efectivo para el 'expresident' y se han referido a 50.000 euros que entregaron al exministro, importe sobre el que los agentes han indicado que comprobaron que el Zaplana no había sacado esa cantidad de sus cuentas.
En la sesión de este jueves ha continuado Belhot con su declaración que comenzó ayer y, a preguntas de las defensas, ha reiterado que "el dinero era de Zaplana" y ha agregado que era el que "gestionaba y decidía, el que tenía los contactos en España y en los bancos", ha dicho.
También ha señalado que en su propio despacho no sabían que los activos eran del exministro "por un tema de confidencialidad" y ha reiterado que únicamente dejó una carta escrita a su exmujer, escondida en un cofre, en la que le indicaba, si le pasaba algo, que esas cuentas y bienes pertenecían al 'expresident'.
Ha señalado que no se la entregó a la UCO porque era "una nota personal, de mi puño y letra, y no un documento oficial", ha señalado.
El testigo ha recordado que se enteró de que el dinero era de Zaplana "con el tiempo", puesto que inicialmente se le comentó que era de Barceló. "Me fui dando cuenta de que quien tenía el poder de decisión y tomaba la iniciativa en las reuniones era Zaplana, hasta que un día me confesó que en realidad él era el titular de los activos en el exterior", ha narrado, y preguntado por cuánto tiempo pasó hasta que se enteró, ha dicho que aproximadamente un año.
Además, ha señalado que Francisco Grau, exasesor fiscal de Zaplana, "sabía todo esto perfectamente".
"Lo sabía por los hechos, porque conocía a Zaplana de muchos años antes y había montado la estructura en España y en Luxemburgo", ha señalado.
Respecto a Mitsouko Henríquez, exsecretaria de Zaplana, ha repetido que era la encargada de recibir dinero en efectivo para trasladárselo a Zaplana --en total, unos 2,3 millones de euros--.
A preguntas de la letrada de la acusada, ha manifestado que Henríquez recibía el activo porque al cambista --persona que se contrataba para la entrega-- se le daba el nombre y el teléfono de ella.
"¿Cómo se iba a entregar el dinero a otra persona distinta con la que se hablaba por teléfono?", ha preguntado el testigo, a lo que ha añadido: "Mitsouko era la persona de confianza de Zaplana. El dinero se le entregaba a ella en un lugar pactado pero yo no me enteraba dónde", ha dicho.
viernes, 12 de abril de 2024
Denuncian por corrupción y otros varios presuntos delitos a Úrsula von der Leyen como presidenta de la CE
Se trata de un contrato de unos 35 000 millones de euros entre la UE y Pfizer. Su marido Heiko von der Leyen, fue director de Orgenesisis, una empresa que jugó un papel central en la campaña de inoculaciones de la UE.
Orgenesis y Pfizer tienen los mismos grandes accionistas. Y la CE concedió 320 millones de euros en subvenciones a Orgenesis en 2022.
Además de esos millones de dosis de medicamentos anti-Covi mRNA (etiquetados como vacunas) por valor de 4.000 millones de dólares se perdieron.
El lobbista belga Frédéric Baldan presentó una denuncia penal contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 5 de abril de 2023 por "usurpación de funciones y título", "destrucción de documentos públicos", "asumir intereses ilegales y corrupción".
Posteriormente, Hungría y Polonia se unieron. Sin embargo, a iniciativa del nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que Polonia retiraba su denuncia.
Hungría y Polonia están siendo demandadas simultáneamente por Pfizer, esta vez por impago de dosis ordenadas en su nombre por la Comisión Europea. El Tribunal de Bruselas dictó una primera sentencia provisional el 3 de abril de 2023 y ahora debe pronunciarse sobre el fondo.
En juego en la denuncia se encuentran los 20.000 millones de dólares, y potencialmente 35. 000 millones de dólares, entre la UE y la multinacional farmacéutica Pfizer. Además, se perdieron millones de dosis de medicamentos anti-Coví mRNA (etiquetados erróneamente como "vacunas") por valor de 4.000 millones de dólares.
La queja se centra en un intercambio de mensajes de texto, revelado por The New York Times, entre von der Leyen y el jefe de Pfizer, Albert Bourla.
El periodista Alexander Fanta (Netzpolitik.org) intentó en vano obtener una copia de los mensajes de texto. Los esfuerzos de la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O-Reilly, han fracasado.
El New York Times ha presentado una denuncia contra Ursula von der Leyen en virtud de los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que otorgan un derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
Una directiva obliga a los fiscales nacionales a notificar a la Fiscalía Europea los casos por los que creen que podría ser competente. Sin embargo, un año después, la Fiscalía Europea (EPPO) aún no ha respondido a la notificación que le ha presentado la Fiscalía de Bruselas.
Las leyes no imponen plazos.
La Fiscalía Europea (EPPO) no es un órgano comunitario, sino un conjunto de cooperación reforzada. Sólo 22 de 28 estados lo reconocen. Pero ni Hungría ni Polonia. La Comisión ha nombrado a la Fiscal General de Rumanía, Laura Codrusa Kávesi, tras las negociaciones con el Parlamento Europeo.
Heiko von der Leyen se convertió de repente en director de Orgenesis, una empresa que ha desempeñado un papel central en la campaña de vacunación de la UE. Sin embargo, Orgenesis y Pfizer tienen el mismo accionista importante de referencia.
En 2022, la Comisión Europea concedió 320 millones de euros en subvenciones a Orgenesis. La revelación de estas subvenciones llevó a Heiko von der Leyen a renunciar a su cargo.
Este caso llega cuando Ursula von der Leyen busca un segundo mandato al frente de la Comisión Europea.
miércoles, 10 de abril de 2024
El Ayuntamiento de Murcia arremete contra un abogado de la acusación particular en el 'caso Atalayas'
"Ante la manipulación torticera y las acusaciones infundadas que el abogado José Manuel Muñoz Ortín ha realizado en relación a la supuesta destrucción de documentación vinculada al incendio de Atalayas, de la que se han hecho eco algunos medios de comunicación de la Región, el Ayuntamiento de Murcia quiere realizar las siguientes aclaraciones:
1. No se ha destruido ningún documento relacionado con el expediente de la discoteca Teatre.
2. Las bolsas con papeles triturados que aparecen en las imágenes publicadas por algunos medios de comunicación no son actuales, sino que corresponden al pasado 9 de febrero de 2024, última fecha en la que el Servicio de Protección Civil tuvo que retirar documentación antigua relativa al voluntariado, con el objetivo de habilitar espacios para la incorporación de nuevo personal, con el procedimiento habitual para estos casos.
3. Las cámaras de seguridad demuestran que nadie entró ni salió de las instalaciones de Protección Civil entre las 15.00 y las 3.00 horas en el día del miércoles por la puerta del garaje, tal y como insinúa el abogado. El motivo por el que esta puerta se encontraba abierta es una avería en la célula fotoeléctrica. La puerta quedó reparada ayer.
4. Este abogado está haciendo una manipulación torticera de hechos que no tienen vinculación en el tiempo, ni relación alguna con el caso del incendio de Atalayas, con el objetivo de crear una apariencia de ilegalidad con la que intenta engañar al órgano judicial, a los medios de comunicación y a la opinión pública.
5. El expediente de la discoteca Teatre fue remitido en su totalidad al Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, competente en la investigación del incendio.
6. El abogado José Manuel Muñoz, que además de ser representante legal de algunas de las familias de las víctimas también es letrado de la organización Ecologistas en Acción (en cuya sede ha ofrecido ruedas de prensa en relación al incendio de Atalayas), ya ha intentado anteriormente sin éxito acusar al Ayuntamiento de destrucción de pruebas, siendo todas sus infundadas acusaciones rechazadas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia.
7. Este Juzgado, en un auto del 17 de noviembre de 2023, señaló claramente que "el Ayuntamiento de Murcia, tan pronto fue requerido por policía judicial, fue facilitando desde el primer momento todos los expedientes administrativos habidos para con la discoteca Teatre y demás, aportando a policía documentos físicos y digitales, que consta agrupados en el último atestado obrante en autos".
8. Ante esta situación tan grave, en la que se ha valido de la manipulación, excediendo todos los límites éticos y legales, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia están estudiando ejercer acciones penales y de cualquier otra índole que pudieran corresponder".
lunes, 8 de abril de 2024
El partido 'Valores' se personará en el caso de las menores tuteladas de Murcia
Los hechos sucedieron un día laborable, un 8 de febrero y la información salió a la luz casi un mes después. Silencios que no convencen a la dirección del partido Valores y, por eso, se ha decidido que los Servicios Jurídicos comiencen el proceso para personarse en el caso como Acusación Particular.
Para el Secretario Nacional de Defensa del Menor, el cirujano murciano Juan Mariano Pérez Abad, "la Fiscalía de Menores debe llegar hasta el final, caiga quien caiga. Lo sucedido con estas dos niñas es de una gravedad nunca vista, al menos que haya salido a la luz pública, en la Región de Murcia".
"España con los niños tutelados, en los que se ataca la dignidad de
miles de madres y padres, a los que se les arrebata la custodia de sus
hijos sin orden judicial, pisoteando la Constitución y eliminando la
tutela judicial efectiva, lo cual es muy grave, pasando así a estar
tutelados por empresas que viven de la desgracia de otros y a las que
hay que exigirles responsabilidad por las negligencias que cometen", añade
Además, Valores ha trasladado toda la información que se tiene sobre este caso a los cinco eurodiputados que pertenecen al ECPM, partido político europeo al que está adscrito Valores.
Para Toñi Moreno, candidata nº 3 de Valores al Parlamento Europeo, " lo de Murcia pone de manifiesto lo necesario que es cambiar la Ley de Protección del Menor, algo que haremos en cuanto los españoles nos den su confianza".
Por último, tanto Pérez Abad como Moreno, han querido dejar claro que Valores es el único partido político español que está dando la cara por los menores tutelados y sus familias.
"La política no es estar al servicio de unos pocos lobbies, es estar al servicio del más débil, del más necesitado", argumentan.
miércoles, 3 de abril de 2024
Dos activistas ambientales van a juicio por intentar paralizar las obras legales de un chalé en la Cala del Pino, de La Manga
La obra disponía de todos los permisos administrativos, incluidos los de Medio Natural, para trasladar dentro de la misma parcela una serie de especies vegetales que precisaban protección.
Las dos
mujeres fueron denunciadas por acceder a una propiedad privada y tratar
de paralizar la maquinaria. La Fiscalía, por otra parte, ha archivado sus denuncias
contra los promotores.
Para la plataforma, que aglutina a
organizaciones sociales y vecinales, el juicio representa una
"intimidación a quienes defienden el Mar Menor del urbanismo depredador"
y afecta a dos ciudadanas que "tuvieron el coraje de levantarse contra
la construcción ilegal" en el enclave costero.
Este espacio es
"uno de los pocos que quedan naturales sin construir en La Manga",
según apunta 'Por un Mar Menor Vivo', que no entiende "cómo es posible
que en pleno siglo XXI, en una supuesta democracia, se permita que los
intereses económicos de unos pocos prevalezcan sobre el bienestar de
toda una región".
Caroline Riviere, integrante de la
asociación, ha asegurado que las acusaciones sobre las
dos mujeres "no son correctas" y que aquellos que se han opuesto a las
obras han sufrido una "presión tremenda por todos lados".
"Denunciar una construcción ilegal no es un delito, es un acto de
valentía y responsabilidad cívica. Es hora de que las autoridades
escuchen la voz de los ciudadanos y actúen en consecuencia", ha agregado
'Por un Mar Menor Vivo', para la que "la corrupción y la impunidad no
pueden seguir siendo el pan de cada día en nuestra sociedad".
En este sentido, ha exigido "justicia ambiental, transparencia en las
decisiones políticas y un compromiso real con la protección de nuestro
patrimonio natural".
"¡Basta de abusos! ¡Defendamos nuestro
derecho a un medio ambiente sano, limpio y seguro! Es evidente que no
nos van a silenciar y seguiremos luchando por defender nuestro entorno y
nuestras convicciones", concluye el comunicado de la asociación
eco-ciudadana.
lunes, 1 de abril de 2024
Las violaciones aumentan en la Región un 18,3% en 2023
En concreto, la Región registró en 2023 un total de 661 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 14,6% más con respecto al año anterior. De ellos, 110 fueron agresiones sexuales con penetración (+18,3%) y 551 se encuadraban en el resto de delitos contra la libertad sexual (+13,8%).
La Región de Murcia cerró el año 2023 con un total de 74.187 infracciones penales contabilizadas, lo que supone un 8% más que en 2022, según figura en la última actualización del balance estadístico de criminalidad del Ministerio de Interior.
En el caso concreto de la criminalidad convencional convencional, la Región registró 60.491 infracciones penales, lo que supone un incremento del 3% con respecto a los 58.746 del año anterior. Se trata del octavo mayor incremento por comunidades, superior al de la media nacional (2,1%).
Entre las 74.187 infracciones penales contabilizadas en la Región de Murcia en 2023, según los datos recogidos, destacan 15 homicidios dolosos y asesinatos consumados, un 87,5% más que los ocho contabilizados en 2022.
Además, aumenta el número de homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que el pasado año ascendió a 64, un 25,5% más que en 2022; y también aumentan los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria con 1.190 contabilizados, un 2,9% más.
En cambio, han bajado los secuestros, al pasar de seis en 2022, a cuatro en 2023, lo que representa un descenso del 33,3%.
Del mismo modo, los robos con violencia e intimidación ascendieron el pasado ejercicio a 2.069, un 3,5% más que en 2022. Los hurtos, con un total de 16.577, se incrementaron un 7,1% respecto al año anterior.
Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de los que se registraron 5.319 en 2023, descendieron un 0,8% respecto a 2022. En el caso exclusivo de los robos con fuerza en los domicilios, se registraron 3.907, lo que supone una caída del 2,3%.
Las sustracciones de vehículos ascendieron a 958 en 2023, un 23,8% más que en 2022; mientras que el tráfico de drogas, con un total de 572 delitos contabilizados, se incrementó un 8,5% con respecto a 2022. El resto de la criminalidad convencional sumó 33.062 infracciones penales, un 0,8% más que en el año anterior.
Por otro lado, el número de infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad ascendió en la Región de Murcia a 13.696 a lo largo del año 2023, lo que supone un incremento del 37,4% respecto a 2022.
El dato de la Región es el segundo mayor en el panorama nacional, tras el aumento del 42,8% experimentado por Andalucía, y un incremento superior al de la media nacional (25,5%).
De las 13.696 infracciones registradas en Murcia en 2023, 12.268 corresponden a estafas informáticas, esto es, un 41,8% más que en 2022, y el resto --1.428-- a otros ciberdelitos, lo que representa un incremento del 8,2%.
viernes, 29 de marzo de 2024
Un juez obliga a incluir a un profesor de religión en una estabilización porque su plaza es "estructural"
En una sentencia, el Juzgado de lo Social nº 31 de Barcelona ha estimado la demanda presentada por el docente y ha obligado a la Dirección General de Función Pública de la Generalitat a incluir al profesor de religión en el proceso de estabilización, tras considerar que su plaza es "estructural".
El profesor, miembro del sindicato AMRC y representado por la abogada Julia Calvo, comenzó a ejercer como profesor de religión católica en la educación pública en el año 2010, servicio que presta en la actualidad como personal laboral temporal en cuatro centros educativos catalanes.
El docente solicitó su inclusión en un proceso de estabilización de funcionarios e interinos del sector público de junio de 2022, que la administración desestimó, y aunque el afectado recurrió la decisión, la Generalitat la rechazó basándose en el carácter "singular" de este profesorado.
Entre otras cuestiones, la Dirección General de Función Pública señaló en su rechazo a incorporar al profesor al proceso en que es la confesión correspondiente quien tiene que acreditar al docente, y que será impartida "para cada año escolar" por el profesional designado por la autoridad religiosa competente.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida, destaca que el demandante "acredita cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la resolución".
Sobre la asignación específica del profesorado de religión, la sentencia recuerda que "una vez superado el requisito inicial de idoneidad" para ejercer como docente de la materia confesional, este "no es renovado anualmente", sino que se mantiene.
El juez subraya que "partiendo de la singularidad de los profesores de religión", estos cuentan con "un cuadro normativo idéntico" al personal interino no fijo, con características, regulación y obligaciones iguales al resto de docentes, y que están "completamente integrados en los claustros".
Por su parte, el sindicato AMRC ha calificado de "histórica" la decisión, de la que han indicado que es la primera de España de estas características, que reconoce, entre otras cosas, la "naturaleza estructural" de sus puestos de trabajo.
El oriolanoTrinitario Casanova se queda sin los 700 millones que reclamaba por 'Madrid Nuevo Norte'
Así consta en una providencia en la que la Sala de lo Civil de la Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por Baraka contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de marzo de 2022, en la que los magistrados tumbaron el recurso del grupo dirigido por el empresario oriolano Trinitario Casanova contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid, de abril de 2021, que ya desestimó dicha reclamación.
El Alto Tribunal acuerda ahora no estimar las alegaciones realizadas tras la previa audiencia en cuanto considera que "no desvirtúan lo expuesto" y ordena que se declare firme dicha sentencia, imponiendo a la parte recurrente las costas.
En la resolución impugnada, los magistrados esgrimieron que los expropiados no transmitieron al demandante "derecho de reversión concretado y reconocido plenamente" ya sea por la Administración expropiante o en sentencia del procedimiento contencioso que pudieran haber planteado al efecto.
Baraka interesaba en la demanda que se declarase que BBVA y DCN estaban obligadas contractualmente a satisfacerle los derechos de reversión derivados del procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, y se les condenara a abonarle la cantidad de 713.786.683,94 euros, como titular que decía ser de esos derechos de reversión.
El grupo dirigido por Trinitario Casanova firmó en 2018 con los antiguos propietarios de los terrenos un acuerdo sobre sus derechos de reversión, que haría efectivo si lograba ser titular de los suelos.
Baraka exigía que, como titular de dichos derechos de reversión, la cantidad de 713.786.683,94 euros a ambas entidades, importe calculado de la "pérdida sufrida por la privación de sus derechos de reversión derivados del referido procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, dada la imposibilidad de restitución in natura de las fincas".
En la resolución, el Alto Tribunal expone que los motivos alegados son "inadmisibles" por carencia manifiesta de fundamento porque "la sentencia recurrida confirma la falta de acción y, por tanto, de legitimación activa de la recurrente".
Recalca que "los miembros de la Asociación No Abuso no transmitieron a la actora un derecho de reversión reconocido plenamente, ya fuese por la Administración expropiante o mediante sentencia firme recaída en el procedimiento contencioso destinado a tal fin tras la negativa de ese reconocimiento por parte de la Administración, por lo que la recurrente solo adquirió una expectativa vacía de contenido y este extremo no ha sido debidamente rebatido".
martes, 26 de marzo de 2024
El juez deja en libertad provisional al jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Murcia
El agente fue arrestado por efectivos de la Unidad de Asuntos Internos desplazados desde Madrid e ingresó en prisión provisional el pasado 22 de febrero, en el marco de una operación que investiga actividades supuestamente relacionadas con el tráfico de drogas.
Según el TSJMU, el procedimiento está abierto por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, blanqueo de capitales, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.
Junto al jefe del grupo de estupefacientes, el Juzgado, que este martes ha levantado el secreto de sumario, envió a prisión a otro de los investigados en la misma causa, mientras que dejó en libertad a otras cuatro personas.
Asimismo, ordenó varias entradas y registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San Javier, en el marco de un procedimiento judicial declarado secreto en el que se investigan actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Según se informó al instructor, se practicaron varias detenciones en la Región y en Madrid, entre ellos la del jefe del grupo de estupefacientes, practicada por agentes de la Unidad de Asuntos Internos.
Se da la circunstancia de que la Policía Nacional detuvo el pasado sábado en el aeropuerto de Vigo a un agente del citado Cuerpo que, al parecer, estaría relacionado con la misma operación que desembocó a finales del pasado mes de febrero en el arresto del jefe del grupo de estupefacientes en Murcia.
En libertad provisional el policía detenido en Vigo vinculado con el arresto del jefe de estupefacientes de Murcia
MURCIA.- El agente de la Policía Nacional detenido el pasado sábado en el
aeropuerto de Vigo y vinculado presuntamente con el arresto
del jefe del grupo de estupefacientes de Murcia ha quedado en libertad
provisional, según han informado fuentes del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia (TSJMU).
El
magistrado ordenó la retirada del pasaporte del policía, al que se le ha
prohibido salir del territorio nacional, y le impuso la obligación de
comparecer periódicamente en el juzgado.
El procedimiento está
abierto por los presuntos delitos de pertenencia a organización
criminal, contra la salud pública, cohecho, blanqueo de capitales,
omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.
Cabe recordar que la Unidad de Asuntos Internos detuvo el pasado
febrero al jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de
Policía Nacional de Murcia en el marco de una operación dirigida por el
Juzgado de Instrucción nº 7 de la capital murciana.
El
arresto se produjo por agentes desplazados desde Madrid y el agente
arrestado pasó a disposición judicial el pasado 22 de febrero.
El Juzgado envió a prisión provisional al jefe del grupo de
estupefacientes y a otro de los investigados dentro de esta operación
contra el tráfico de drogas. Además, dejó en libertad a los cuatro
investigados restantes.
Asimismo, ordenó varias entradas y
registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San
Javier, en el marco de un procedimiento judicial declarado secreto en el
que se investigan actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Según se informó al instructor, se practicaron varias detenciones en
la Región y en Madrid, entre ellos la del jefe del grupo de
estupefacientes, practicada por agentes de la Unidad de Asuntos
Internos.
viernes, 22 de marzo de 2024
Confirman el procesamiento del expresidente de la Región de Murcia en el 'caso Guardería'
Dentro de la causa en la que la jueza investiga presuntas irregularidades en la construcción de los centros municipales de atención a la infancia y la mujer en Puerto Lumbreras cuando el político del PP era el regidor de la ciudad, el fiscal Anticorrupción de Murcia presentó el pasado julio su escrito de conclusiones provisionales, en el que reclama para él penas que suman 13 años y medio de prisión y 36 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El juzgado de Instrucción de Lorca, en el auto que acaba de ser notificado a las partes, desestima las alegaciones expuestas por el exmandatario regional, que afirmó que los hechos que se le imputaban no eran constitutivos de delito alguno, por lo que solicitó la revocación de su procesamiento.
Y añade la resolución judicial que el auto recurrido, por el que se acordaba la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, es solo la expresión de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal, con independencia de la acusación del fiscal y de lo que finalmente resulte del juicio.
El auto desestima igualmente el recurso presentado por la que era interventora en el momento de los hechos, en los años 2007 a 2010, cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras y promovió el proyecto de construcción de la guardería y del centro para la mujer, que está en el origen de esta causa.
La Fiscalía Anticorrupción de Murcia, en su escrito de acusación, sostiene que Sánchez cometió, presuntamente, diversas ilegalidades en torno a ese proyecto por fraccionarlo indebidamente e incumplir varias formalidades legales.
En referencia al supuesto delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía afirma que cometió el mismo con el pago con sobre-costes y con la emisión de certificaciones y actas de recepción de obras inexistentes.
En cuanto al delito contra la ordenación del territorio, que también le atribuye, el fiscal sostiene que se incurrió en el mismo al aprobar el proyecto del centro de la mujer con una edificabilidad que superaba la máxima permitida.
El auto no es firme, ya que contra el mismo se puede presentar el recurso de apelación, que tendría que resolver la Audiencia Provincial de Murcia.
lunes, 18 de marzo de 2024
El número de asuntos en trámite en los juzgados sigue subiendo en 2023 en la Región y supera los 179.000
Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante el año 2023 un total de 219.180 asuntos, cifra que representa un descenso del 1,2% respecto a 2022.
Cabe destacar que, durante los seis primeros meses del año, la fuerte incidencia de la huelga de letrados y funcionarios de la Administración de la Justicia, con el mayor seguimiento de todo el país, lastró de forma decisiva la capacidad de resolución de los juzgados y tribunales de la comunidad (los 179.164 asuntos resueltos supusieron una reducción inter-anual del 13,1%).
Como resultado, a 31 de diciembre de 2023 seguían en trámite un total de 179.188 asuntos, un 27 % más que un año antes, tal y como han aclarado las mismas fuentes.
Los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales, hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo el número de nuevos asuntos sólo creció en el orden Civil (un 1,5%) mientras que en las jurisdicciones Penal, Contenciosa y Social bajó un 3,1%, un 4,9% y un 1,2%, respectivamente.
Así, en el orden Civil, los órganos judiciales registraron 91.067 asuntos en 2023, lo que equivale a un incremento del 1,5% respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 64.293 asuntos, un 17,4% menos que en 2022, y quedaron en trámite 107.816, un 30,1% más. Colocándose los juzgados de Instancia murcianos, con una tasa de 2,70, en los órganos más congestionados de todo el país.
En la jurisdicción Penal ingresaron 110.089 asuntos, con un descenso del 4,9%; se resolvieron 100.520 asuntos, un 9,4% menos respecto a 2022, y quedaron en trámite 49.418 asuntos, lo que supone un incremento del 23,2% respecto al ejercicio anterior.
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 6.130 nuevos asuntos supuso una disminución interanual del 4,9%. También se redujo, en 15,1%, el número de asuntos resueltos, que sumaron 5.271. Al final del periodo quedaron en trámite 7.093 asuntos, un 16% más.
El ingreso de 11.849 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un descenso del 1,3% respecto a 2022. El número de asuntos resueltos se situó en 9.080, un 19,1% menos que el año anterior y el de asuntos en trámite, en 14.816, un 22,4% más.
La paralización de los juzgados y tribunales de la Región y la falta de registro de nuevos asuntos durante el primer semestre del año por la huelga hizo que la tasa de litigiosidad anual (141,3) se colocara, por primera vez, por debajo de la media de España en 2023, que fue de 145,7 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Sin embargo, la Región de Murcia recuperó su alto nivel de litigiosidad en el cuarto trimestre, colocándose entre las comunidades autónomas con mayor tasa de conflictividad, sólo superada por Canarias.
"Las huelgas han sido la puntilla para la Administración de Justicia regional", según el presidente del TSJMU, Miguel Pasqual del Riquelme, quien ha señalado que "la paralización del primer semestre ha venido a coadyuvar para llegar a la dramática situación actual".
"La combinación de una litigiosidad por encima de la media nacional y una de las ratios más bajas de jueces por cada 100.000 habitantes del país, mantenida durante la última década ya determinaban que los tiempos de respuesta judicial sean los peores de todo el territorio nacional", ha subrayado.
"Y ello, a pesar de que el nivel de productividad y resolución de nuestros juzgados se ha mantenido durante todos estos años muy por encima de la media nacional. ¿No sé a qué hay que esperar para que se tomen las medidas necesarias?", se pregunta Pasqual del Riquelme, tras analizar los últimos datos.
Cabe recordar que, en su último informe, la Sala de Gobierno del TSJMU fijó las necesidades mínimas de la Región en once nuevas unidades judiciales: dos juzgados de primera instancia en el partido judicial de Murcia; un juzgado de primera instancia en el de Cartagena; un juzgado de primera instancia e instrucción en Molina de Segura; un juzgado de lo penal en Murcia; un juzgado de violencia sobre la mujer en Murcia; un juzgado de vigilancia penitenciaria de ámbito regional; y una sección penal completa en la Audiencia Provincial de Murcia.
Sin embargo, entre las 70 nuevas unidades judiciales que el Consejo de Ministros decidió crear en toda España durante 2024, solo una --un magistrado para la Sección 3 la Audiencia Provincial-- fue asignada al TSJMU.
El Ministerio de Justicia trasladó en diciembre del 2023 su compromiso de trabajar de forma inmediata para tratar de revertir la situación judicial de la Región con medidas de refuerzo coyunturales, en espera de que para el año siguiente se puedan crear las plazas que no han sido concedidas este año.
"Esperamos que se convoque la comisión mixta de forma inminente", ha insistido el presidente.
domingo, 17 de marzo de 2024
La Fiscalía Europea investiga las ayudas que el Gobierno de López Miras concedió a la asociación proisraelí 'Zakut'
Zakut, una asociación destinada al impulso de empresas tecnológicas, fue creada el 24 de abril de 2021, y tan solo cuarenta y cinco días después recibió los primeros 500.000 euros en subvenciones en la Región de Murcia. Un año después recibiría la misma cantidad hasta sumar un millón de euros. El letrado interpuso las denuncias a través de la Asociación Preeminencia del Derecho el pasado enero contra el jefe del Ejecutivo Regional por un delito de malversación de fondos públicos.
El organismo europeo ha solicitado a Mazón que “aporte cuanta documentación o información adicional posea en relación con el fraude denunciado”, según recogía el pasado lunes LasNoticiasRM, un digital en la órbita completa del PSRM.
La suma total del dinero fue recibido a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), en base al programa de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
De lo otorgado a Zakut, solo 100.000 euros provenían de fondos regionales, el resto fue aportado por la Unión Europea, motivo por el cual Preeminencia del Derecho también había elevado la denuncia al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea.
Zakut también se habría beneficiado de otros gobiernos populares, al haber recibido subvenciones en Andalucía y la Comunidad de Madrid, que le otorgaron 1,35 millones y 200.000 euros respectivamente. En ambas comunidades la suma ha sido concedida para cursos de formación.
Mazón se puso sobre la pista del caso al detectar que la Comunidad de Madrid había otorgado el uso y disfrute de 14 viviendas sociales a la asociación, cuestión que coincidió con la publicación de informaciones en la Región de Murcia sobre la concesión de ayudas a este mismo organismo.
El abogado también denunció que la entidad había recibido la primera ayuda del INFO sin tener registrados sus estatutos.
Desde el Gobierno regional han defendido que Zakut se trata de “una empresa privada que se presentó a una convocatoria pública y, según criterios objetivos que cumplía, obtuvo la subvención del Instituto de Fomento”.
Han recordado que puede consultarse en la web del Info la concesión “como todas y cada una de las subvenciones otorgadas”.
“Todo se ha hecho bajo la normativa vigente y no se trata de una subvención directa, sino de una convocatoria de ayudas. Todo está hecho con criterios públicos incluidos en la convocatoria”, han zanjado.
Desde el Partido Socialista han indicado que, de confirmarse toda esta información, serían hechos “muy graves”, cuyo esclarecimiento debe hacerse con la máxima “rapidez y transparencia”.
“El PSOE seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para velar por una adecuada gestión de los recursos públicos”.
Por otra parte, han recordado que, el Gobierno de López Miras subvencionó con más de 26.000 euros a la empresa de un corrupto, el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuando ya estaba investigado.
“Concretamente, a una sociedad sin trabajadores y sin apenas actividad. Es importante recordar que estamos hablando del padre político de López Miras, el que lo eligió a dedo para sucederle y poder mantener la corrupción del PP en la Región, cuando se vio obligado a dimitir y huyó a Miami. Un expresidente regional que ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad”.
Desde el PSOE de la Región de Murcia han señalado que “el historial de corrupción, despilfarro, trapicheos y mala gestión de los recursos públicos del PP en la Región de Murcia es interminable”.
La formación ha reaccionado así ante la noticia de que la Fiscalía Europea esté investigando las ayudas que el Gobierno de López Miras concedió a la asociación Zakut y ha recordado que la Fiscalía de la Región de Murcia también ha abierto diligencias por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de un millón de euros a dicha asociación.
La suma total del dinero fue recibido a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). Este organismo, según el PSOE, destinó 19,89 millones de euros en subvenciones en 2023 para la creación de 101 empleos temporales.
“Estamos ante una gestión muy deficiente del dinero de los ciudadanos y ciudadanas. El Gobierno de López Miras está despilfarrando el dinero de todos. Debería utilizar estos recursos para ayudar de verdad a las empresas a generar empleo y apoyar a nuestros autónomos, ya que esta es una de las principales necesidades que tiene la Región de Murcia”.
Al hilo, la formación ha recalcado que sería muy grave que el Gobierno del PP hubiera utilizado estos recursos para beneficiar a sus amigos, “aunque no nos extrañaría, porque no sería la primera vez”.
“El Partido Popular lleva cerca de 30 años utilizando la administración regional para alimentar a sus redes clientelares”.
viernes, 8 de marzo de 2024
El abogado José Luis Mazón pone a prueba, el deber, la profesionalidad e independencia del juez García Castellón
MADRID.- El abogado José Luis Mazón ha puesto a prueba la profesionalidad, imparcialidad, deber e independencia del controvertido juez Manuel García Castellón con una denuncia ante la Audiencia Nacional, que persigue testimonios únicos sobre la eventual manipulación y/o destrucción de pruebas tras los atentados del 11M en el año 2004, a punto de prescribir cuando se cumplan los 20 años de estos hechos.
En concreto le había pedido al magistrado, que ha archivado la denuncia de la Asociación Preeminencia del Derecho, que se tenga por presentada en este Juzgado y que se investigue a los responsables de tales hechos (destrucción de los trenes).
También que se interese la declaración de las siguientes personas:
-El Sr. Juez del Olmo que ordenó (o consintió sin resistencia) hacer desaparecer pruebas que eran cruciales en el caso para esclarecer los hechos, a citar en la Audiencia Provincial de Murcia, donde trabaja.
-Al Sr. Jose María Aznar en la fecha de lo sucedido era el presidente del Gobierno, luego en funciones, y poseedor de información de alto nivel sobre la destrucción de los trenes
-Al Sr. Ángel Jesús Acebes Paniagua, ministro del Interior en el momento de los hechos y, sin duda, poseedor de información sobre la trama de la destrucción de los trenes. A localizar por Policía Judicial.
-Al Sr. Sánchez Manzano, por aquel entonces jefe de los TEDAX
-Al Sr. Fernando Íñiguez, al entonces director de Emfesa, filial de Renfe dedicada a la “enajenación de materiales”
-Al Sr. Ángel Olaiz Hoyuela, que era director general de mantenimiento integral de Renfe.
-Al Sr. Federíco Jiménez Losantos, a quien el magistrado Gómez Bérmudez le dijo que: “España no está preparada para conocer la verdad".
-Al Sr. Carlos Sánchez de Roda, ingeniero ferroviario, autor de una profunda investigación sobre la destrucción de los trenes y particularmente de uno de ellos, que se salvó de la quema y luego fue rematado.
Las declaraciones que se deriven de los anteriores testimonios o de las investigaciones que de oficio practique el instructor.
OTROSI: Que solicito ser notificado con vistas a estudiar personación como acusación popular.
OTROSI: Proceder ofrecimiento de procedimiento a las víctimas en cumplimiento de la normativa de protección de víctimas.
Anexos
1.Historia de los trenes publicado en web Libertaddigital.com
2.Artículo la paseata.net con Carlos Sánchez de Roda
3.Artículo Federico Jiménez Losantos en El Mundo de 16.11.2015
García Castellón, en su auto del pasado 5 de marzo, ordena incoar y archivar el presente procedimiento de Diligencias Previas núm. 18/24, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
Contra este auto podía interponerse recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante ese Juzgado Central de Instrucción nº 6.
Este pasado jueves, 7 de marzo, 24 horas antes, Mazón ha presentado ese recurso de reforma y, subsidiariamente de apelación, para no dejar prescribir los presuntos delitos de encubrimiento de impunidad de actos terroristas del 11M, que denuncia Preeminencia del Derecho y que publicaremos en las próximas horas.
Podemos denuncia las "sentencias machistas" de la Audiencia de Murcia
En concreto, Egío se refiere a una sentencia conocida en el mes de diciembre contra un profesor particular por abusar de dos alumnas de 8 y 15 años, profesor que no llegó a pisar la cárcel a pesar de ser condenado a 4 años.
También a otra sentencia de octubre en el que el agresor solo tuvo que hacer frente a una multa de 1.600€ tras reconocer haber avisado de sus sobrinas. La última de estas sentencias, hecha pública en febrero, suspendía la pena de dos años de cárcel a un joven de 20 años que agredió sexualmente a su prima de solo 5 años, a cambio del pago del tratamiento psicológico de la menor.
"En España y en la Región de Murcia tenemos un problema que se llama justicia machista", ha afirmado Egío. El diputado morado ha asegurado además que "no se trata de una cuestión de formación, sino de ideología".
Por eso ha asegurado que "desde Podemos vamos a seguir denunciando estas sentencias vergonzantes".
Además, ha recordado que a nivel estatal una de las líneas de trabajo de su formación es "reformar el acceso a la carrera judicial que, actualmente, se encuentra copada por una élite reaccionaria y machista".
Los presos por violencia de género son el segundo mayor grupo en las cárceles de la Región de Murcia
MURCIA.- Un total de 268 hombres cumplía condena por violencia de género en los
centros penitenciarios de la Región de Murcia a 31 de diciembre de 2023,
lo que le convierte en el segundo grupo de reclusos más numeroso según
la tipología del delito, por detrás de los cometidos contra el
patrimonio y el orden socioeconómico.
Así se desprende de los
últimos datos publicados por el Centro Regional de Estadística de Murcia
(CREM) a partir de un informe del Ministerio del Interior.
Al
cierre de 2023, el número de internos por violencia de género supuso el
15,4% del total de la población reclusa en las cárceles de esta
comunidad autónoma, que ascendió a 1.747 personas --1.651 hombres y 96
mujeres--, un 6,2% más que el año anterior
El colectivo más
numeroso de los internos en esta comunidad autónoma era, a 31 de
diciembre del pasado ejercicio, el penado por delitos contra el
patrimonio y el orden socioeconómico, esto es, los relacionados con
hurtos, robos y daños, entre otros.
En concreto, 632 personas
--un 36,1% de la población penitenciaria de la Región-- se encontraban
privadas de libertad por estas causas, de las que 597 eran hombres y 35,
mujeres. El grueso de reclusos de ambos sexos descendió un 2,32% en
este caso con respecto al pasado año.
Tras los delitos contra
el patrimonio y la violencia de género, las causas que figuran con mayor
número de presos son las relacionadas con la salud pública,
principalmente por comercio y tráfico de sustancias estupefacientes.
Así, un total de 190 personas --171 hombres y 19 mujeres-- se
encontraban en prisión por este tipo de hechos delictivos.
Le
siguen los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (146 presos
de ambos sexos); homicidios y sus formas (106); contra la Administración
de Justicia (60); lesiones (51); contra el orden público (41); contra
la seguridad vial (34); contra la libertad (28); contra las relaciones
familiares (15); contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (12) y
falsedades (7).
miércoles, 6 de marzo de 2024
La jueza confirma la resolución de no incoar una pieza separada contra el consistorio de Murcia por 'caso Atalayas'
En el recurso, el letrado insiste en que, de acuerdo con las actas de inspección de marzo de 2018, 15 de diciembre de 2020 y 28 de mayo de 2021, había una situación de riesgo para la seguridad de las personas apreciada por funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y aun así no adoptaron medidas.
La resolución apunta que, como indica la jurisprudencia, para apreciar la existencia de un delito de prevaricación será necesario una resolución dictada por la autoridad o funcionario objetivamente contraria a derecho, por falta absoluta de competencia, omisión de trámites esenciales o por su contenido, de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable y que sea dictada a sabiendas de la injusticia.
Para determinar si a los funcionarios municipales les es imputable un presunto delito de prevaricación, la magistrada ha analizado de forma "extensa y pormenorizada" los expedientes administrativos y los informes técnicos del Ayuntamiento de Murcia, distinguiendo los relativos a las licencias de actividad de los abiertos por denuncias y sanciones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.
Tras ello, la instructora ha concluido que, de la documentación existente, "no se pueden extraer unos mínimos indicios de criminalidad en la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia para con la situación urbanística en que se encontraban las salas donde tuvieron lugar los hechos objeto de investigación".
No obstante, la jueza no ha descartado "posibles irregularidades administrativas de tramitación a analizar en otra jurisdicción diferente a la penal como pudiera ser en la jurisdicción contencioso- administrativa en su caso", según ha añadido el TSJMU.