La obra disponía de todos los permisos administrativos, incluidos los de Medio Natural, para trasladar dentro de la misma parcela una serie de especies vegetales que precisaban protección.
Las dos
mujeres fueron denunciadas por acceder a una propiedad privada y tratar
de paralizar la maquinaria. La Fiscalía, por otra parte, ha archivado sus denuncias
contra los promotores.
Para la plataforma, que aglutina a
organizaciones sociales y vecinales, el juicio representa una
"intimidación a quienes defienden el Mar Menor del urbanismo depredador"
y afecta a dos ciudadanas que "tuvieron el coraje de levantarse contra
la construcción ilegal" en el enclave costero.
Este espacio es
"uno de los pocos que quedan naturales sin construir en La Manga",
según apunta 'Por un Mar Menor Vivo', que no entiende "cómo es posible
que en pleno siglo XXI, en una supuesta democracia, se permita que los
intereses económicos de unos pocos prevalezcan sobre el bienestar de
toda una región".
Caroline Riviere, integrante de la
asociación, ha asegurado que las acusaciones sobre las
dos mujeres "no son correctas" y que aquellos que se han opuesto a las
obras han sufrido una "presión tremenda por todos lados".
"Denunciar una construcción ilegal no es un delito, es un acto de
valentía y responsabilidad cívica. Es hora de que las autoridades
escuchen la voz de los ciudadanos y actúen en consecuencia", ha agregado
'Por un Mar Menor Vivo', para la que "la corrupción y la impunidad no
pueden seguir siendo el pan de cada día en nuestra sociedad".
En este sentido, ha exigido "justicia ambiental, transparencia en las
decisiones políticas y un compromiso real con la protección de nuestro
patrimonio natural".
"¡Basta de abusos! ¡Defendamos nuestro
derecho a un medio ambiente sano, limpio y seguro! Es evidente que no
nos van a silenciar y seguiremos luchando por defender nuestro entorno y
nuestras convicciones", concluye el comunicado de la asociación
eco-ciudadana.
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