La CSIF denuncia la paralización de la Ley de Coordinación de policías locales de la Región

MURCIA.- El sector de Administración Local del sindicato CSIF denuncia la paralización de la Ley de Coordinación de Policías, que no se debatirá la próxima semana en la Asamblea Regional, con la "nefasta consecuencia" para más de 3.000 policías, al no aprobarse antes de que finalice esta legislatura.

CSIF recuerda que la actual y vigente Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia (Ley 4/98 de 22 de julio) tiene más de 20 años, que la convierte en una "ley obsoleta" ante los cambios legislativos y tecnológicos que se han producido a lo largo de estas dos décadas.

A título de ejemplo, retrasar la aprobación de esta Ley está "perjudicando de manera directa" a cuestiones tan importantes y necesarias como lo son la edad, estatura y permisos de conducción que se solicitan en las bases de las convocatorias para acceder al puesto de Agente de Policía Local en los diferentes municipios de la Región, o mejorar la situación de segunda actividad, entre otras.

La Central Sindical está preparando un calendario de movilizaciones para protestar ante la postura "incomprensible" de PP y PSOE, en Junta de Portavoces de la Asamblea, para que no se debata esta Ley que va a retrasar, sin duda, su aprobación, por la inactividad del Parlamento Autonómico a causa de las próximas Elecciones del 26 de mayo.

Desde CSIF consideramos que aún "no es tarde" para aprobar la tan "esperada nueva normativa" y hacemos un llamamiento a todos los policías locales de la Región para que aporten su "granito de arena" en beneficio de todos y se "sumen" a las protestas.

La Región, a la cabeza en licencias de armas concedidas

MADRID.- España tiene autorizadas casi tres millones de armas, de las que 8.459 son cortas del tipo B, las calificadas como de 'autodefensa' particular y a las que se ha referido el líder de Vox, Santiago Abascal, partidario de un "cambio radical urgente en la ley" para que los españoles puedan disponer de este tipo de arma en "situaciones de amenaza real".

En una entrevista en la web armas.es, el líder de Vox reconoce que tiene licencia para portar una del tipo B, las armas de fuego cortas para particulares. Abascal se quejaba de situaciones, a su entender injustas, como la condena a dos años y medio de cárcel de un anciano que mató al ladrón que asaltó su casa en Tenerife.

La Guardia Civil, con competencias exclusivas en materia de armas, gestiona cerca de 1.700.000 licencias y más de 2.900.000 armas (existen licencias para más de un arma), según los datos facilitados el 7 de febrero pasado en la inauguración de las nuevas dependencias de la Intervención de Armas y Explosivos de Madrid capital.

En su web, el Instituto Armado explica que la expedición de este tipo de armas cortas tiene un "carácter restrictivo" y que se limita a los "supuestos de especial riesgo". 

"La razón de defensa de personas o bienes, por sí sola, no justifica la concesión de la licencia B", advierte. Es el director general de la Guardia Civil quien autoriza este tipo de armas.

En una respuesta parlamentaria por escrito a pregunta del senador Carles Mulet (Compromís), el Gobierno de Pedro Sánchez aseguró el pasado 14 de diciembre que en 2018 había en vigor en todo el territorio nacional 8.459 licencias de armas cortas del tipo B, es decir, licencias para que particulares dispongan de pistolas o revólveres. 

Aquí no se incluyen las armas reglamentarias de los agentes de las Fuerzas de Seguridad o del Ejército, ni tampoco las de caza o uso deportivo, sean de fuego o no.

Fuentes del Instituto Armado han asegurado que el último dato del que disponen sobre las licencias de tipo B es el de 2017, cuando se dio luz verde para 8.048 armas cortas. En su respuesta por escrito, el Gobierno cifra en 7.847 las licencias en ese año. También hubo 275 licencias denegadas.

Madrid es, de largo, la comunidad con mayor números de armas cortas con licencia, con 2.426 autorizadas en 2017, una cifra que se mantiene estable desde 2013, aunque con un leve descenso progresivo en los últimos cinco años. Por provincias, las que tienen más licencias concedidas en 2017 del tipo B después de Madrid son: Murcia (437 armas cortas), Barcelona (358), Granada (309), Sevilla (298), Asturias (270) o Vizcaya (257).

Cómo obtener licencia del tipo B

Al contrario de lo que ocurre en otros países donde el uso de armas en defensa propia está permitido, como en Estados Unidos, en España este uso está restringido previa autorización y justificación de su uso. La ley obliga a resguardar las armas de fuego en lugar seguro y comunicar inmediatamente su extravío o robo.

En su página web, la Guardia Civil explica que la licencia de armas del tipo B ampara las clasificadas a su vez en la primera categoría (pistolas y revólveres). Hay siete categorías: la segunda incluye, entre otras, armas de fuego largas para vigilancia y guardería; la tercera categoría, armas largas de tipo deportivo; la cuarta, carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de repetición; la quinta, armas blancas, cuchillos y machetes; la sexta, armas de fuego antiguas e históricas y, finalmente, la séptima categoría, armas de inyección anestésica, arcos o pistolas detonadoras.

Estas categorías se reclasifican a su vez en varias tipologías, además de la B para particulares: en el tipo A figuran las armas para las Fuerzas de Seguridad, Ejército o Vigilancia Aduanera; las del tipo C son las de vigilantes de seguridad o escoltas; las del tipo D, caza mayor; tipo E, caza menor; y tipo F, las armas para práctica deportiva.

En su web, la Guardia Civil informa de que, de acuerdo al Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, las del tipo B "solamente podrán ser expedidas a los españoles y extranjeros con residencia en España que sean mayores de edad". El trámite se puede realizar telemáticamente y hay restricciones a partir de los 60 años.

El interesado tiene que hacer constar en la solicitud los motivos que, "a su juicio, justifican la posesión de un arma corta, y acompañará los documentos que considere oportunos".

Las licencias de armas tipo B son concedidas por el director general de la Guardia Civil y tienen una vigencia de tres años, sin admitir renovación automática.
El interesado tiene que adjuntar certificado de aptitudes psicofísicas y de antecedentes penales, así como de violencia de género. También tiene que presentar el pago de la tasa y la referida justificación para portar la pistola o el revólver.

El pasado 7 de marzo, Santiago Abascal elogió en su cuenta de Twitter la ley italiana que ampara la defensa con armas en este tipo de casos. Según dijo entonces, es un "acierto político reconocer el derecho a defender nuestro hogar".

Según la estadística del Ministerio del Interior sobre infracciones penales, en 2018 aumentaron un 1,8% los robos con fuerza en domicilios, pasando de 105.095 en 2017 a 107.012 en el último año. Eurostat ofrece una visión comparativa tomando de referencia la tasa de más de 1.500 hurtos por cada cien mil habitantes. 

En España, según este organismo europeo, se cometieron 225 robos con fuerza en viviendas (sin violencia) y 132 robos con violencia en la vía pública.

España se encuentra comparativamente entre los países europeos con menos homicidios y crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Desde el 2010, la tasa de criminalidad ha bajado un 11%, la de homicidios, un 23% y la de robos con violencia, un 27%. 

Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tampoco recogen la inseguridad ciudadana entre las diez principales preocupaciones.

Un sindicato policial denuncia deficiencias en los calabozos de los juzgados de San Javier

CARTAGENA.- La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha elevado un informe de deficiencias detectadas en los tres calabozos existentes en el edificio de los Juzgados de San Javier, tras denunciarlo ante la Dirección General de la Guardia Civil, que alegó "falta de competencia en esas instalaciones del Ministerio de Justicia", ya que Murcia "no tiene transferida esa competencia dependiendo actualmente del Estado".

El informe de deficiencias requerido por el Decanato de los Juzgados de San Javier es consecuencia de una primera denuncia de la asociación profesional IGC, que supuso la apertura de un expediente gubernativo por parte de ese organismo.
Las "deficiencias" que observa IGC se fundamentan en "las exigencias de la Secretaría de Estado de Seguridad que la Guardia Civil tiene que observar en sus propios calabozos".
Se han concretado en "la inexistencia o, al menos, desconocimiento de los guardias civiles del plan específico de medidas de emergencia y seguridad de los calabozos que debe estar integrado en el plan de emergencia del edificio de los juzgados, necesidad de que los detenidos permanezcan separados en celdas individuales, existiendo tan solo tres, y en caso de existir un número mayor de detenidos estos pueden permanecer juntos, hasta el límite de aforo recomendado, pero siempre y cuando no se haya ordenado la incomunicación de estos, o la peligrosidad de alguno de ellos con respecto a los otros desaconseje del todo esa medida".
"Además, no pueden estar en la misma celda detenidos comunes con miembros de las Fuerzas de Seguridad, Militares, funcionarios de prisiones, o personas de distinto sexo, mientras se encuentran en esa situación a la espera de ser pasados a presencia del juez, cada uno por la acusación de sus respectivos delitos", señala.
Esta necesidad de separación de los detenidos y el aforo de los calabozos, hacen que IGC "requiera de un mayor número, por el volumen de detenidos que, de común, esperan en las instalaciones del edificio de justicia a la espera de ser pasados a la presencia del juez de guardia que decida sobre su situación para ser puestos en libertad o ingresados en prisión preventiva".
Independientes de la Guardia Civil (IGC), a través de su delegado en la comarca del Mar Menor, también denuncia ante el órgano de gobierno de los Juzgados de San Javier "la falta de sistemas de video vigilancia que además tengan posibilidades de grabación como elemento de control y seguridad, además de ser medio de prueba tanto en beneficio de las personas custodiadas como de los guardias civiles, para acreditar un delito y para evitar denuncias falsas sobre el trato que reciben los detenidos".
Además, la falta de cámaras "obliga a los guardias civiles a tener siempre a la vista las celdas, estando frente a los detenidos, cuando podrían hacerlo a través de las cámaras en dependencia anexa que evite esa continua exposición".
Los guardias civiles de esta organización profesional también requiere "la instalación de un video portero, lo que evitaría el desplazamiento de uno de los agentes que en ese momento custodian a los detenidos en vehículo oficial, para facilitar la entrada a edificio judicial".
"Este es un momento crítico que podría facilitar la huida de los detenidos, auxiliados por persona que espere en las inmediaciones de los juzgados, incluso desarmar a los guardias civiles, amenazados por el portador de escopetas u otras armas", dice.
Otra insuficiencia denunciada por Independientes de la Guardia Civil (IGC) es que las celdas "se cierran con una cadena y un candado, en lugar de tener un sistema de cierre común, incluso automático, siendo que la propia cadena y el candado podrían ser empleados como medio de agresión si los detenidos consiguieran abrirlos, o quitárselo a los guardias civiles cuando proceden al cierre entre los barrotes de la celda".
Otro momento crítico para los guardias civiles es consecuencia de "estar el cuarto de aseo fuera de la zona de arresto de los detenidos, debiendo salir de la celda, tras abrir el candado con cadena por los guardias civiles, y desplazarse al lugar".
Además, la forma de construcción del aseo "lo hace incompatible con una vigilancia externa del lugar, no del concreto urinario". También IGC denuncia que "la instalación del aire acondicionado mediante un cable exterior conectado al enchufe le convierte en un elemento peligroso para la seguridad".
Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera oportuno que se hagan rápidas inversiones por el Ministerio de Justicia, en la seguridad de los calabozos de las dependencias de los juzgados, al igual que se exige en los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía.

Cartagena, tercera ciudad en la que más dinero paga el seguro de vida

MADRID.- Cartagena es la tercera ciudad de España en la que más dinero paga el seguro de vida a los familiares del fallecido con 64.119 euros, cantidad solo inferior a la de Marbella (Málaga) con 93.136 euros, y San Sebastián (Guipúzcoa), con 76.607 euros, según un informe de Estamos Seguros de Unespa.

A nivel nacional, los seguros de vida con cobertura de fallecimiento saldan alrededor de 4.700 hipotecas cada año en España y las aseguradoras abonan unos 166 millones de euros para reequilibrar las situaciones familiares producidas por el fallecimiento prematuro e inesperado de la persona.
Según se desprende del informe de Estamos Seguros de Unespa titulado 'La fatalidad, en el peor momento. Prestaciones del seguro de vida relacionadas con hipotecas', unas 6.500 familias (aseguradas y no aseguradas) se ven sometidas cada año a la situación de sufrir un fallecimiento o una enfermedad grave que compromete su capacidad para el abono del préstamo hipotecario, de las que 4.700 disfrutan de protección de seguro.
Asimismo, los datos indican que la cantidad abonada por las aseguradoras para reequilibrar las situaciones familiares producidas por el fallecimiento prematuro e inesperado de la persona, o de una de las personas, que estaba abonando las cuotas del préstamo hipotecario, ronda los 166 millones de euros.
Así, cada mes se resuelven situaciones comprometidas por 14 millones de euros, según Unespa, siendo la prestación media que entrega la aseguradora por fallecimiento de 34.783 euros, si bien la muestra utilizada para el estudio incluye también casos en los que el seguro pagó más de 324.000 euros.
Las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia agrupan, juntas, una de cada cinco muertes de personas con hipoteca y seguro. Sin embargo, ninguna de estas localidades lidera el ranking de indemnizaciones medias que contiene el informe.
A la cabeza de la lista se encuentra Marbella (Málaga), donde el seguro de vida pagó 93.136 euros de media a los familiares del fallecido; San Sebastián (Guipúzcoa), con 76.607 euros; Cartagena (Murcia), con 64.119 euros; Alcalá de Henares (Madrid), con 62.686 euros, y Elche (Alicante), con una media de 61.038 euros.
La edad más habitual a la que perecen personas aseguradas con deudas pendientes son 56 años, aunque el estudio indica que son habituales fallecimientos a edades más tempranas. Así, uno de cada cinco fallecidos asegurados tenía menos de 46 años, y tres cuartas partes tenía menos de 60 años.
Por otro lado, transcurre una media de 11,3 años desde que se contrata el seguro de vida ligado a la hipoteca y el momento en que se produce el fallecimiento del asegurado. En dos de cada cinco casos, el fallecimiento del asegurado se produjo en los primeros cinco años de aseguramiento, es decir, cuando prácticamente toda ladeuda seguía pendiente.
El seguro de vida con cobertura de fallecimiento que se suscribe al contratar una hipoteca saldan la deuda pendiente con el banco y evitan que la familia sufra "estrecheces económicas" si alguno de los titulares del préstamo fallece y se pierden los ingresos que aportaba para atender el pago del crédito. En España hay 3,8 millones de personas hipotecadas que cuentan con un seguro de vida.

Murcia, la comunidad autónoma que registra mayor caída en el precio del seguro de coche en 2018

MURCIA.- Ceuta y Melilla (415 euros), Cantabria (316 euros), Asturias (308 euros) y Galicia (305 euros) son las comunidades autónomas con los precios medios del seguro de coche más elevados en 2018. Por otro lado, Castilla la Mancha (243 euros), Extremadura (233 euros) y Aragón (223 euros) son las regiones con las primas medias contratadas más económicas.

Castilla y León, con un precio medio de 265 euros en 2018, es la única comunidad autónoma que registra un incremento en la prima en el último año, aunque este aumento se sitúa por debajo del 1% (+0,76%). Por su parte, Murcia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana son las comunidades donde se registran mayores caídas en las primas medias, con descensos del 8%, 7,9% y 7,2%, respectivamente.

Los Seguros a Terceros son los que registran un mayor descenso en los precios (-7,9%), con una prima media contratada en 2018 de 260,3 euros. Les siguen los Seguros a Terceros Ampliado, con una caída del 4,9% y una prima media de 427 euros y los Todo Riesgo con Franquicia, que registran un descenso del 4,2% y un precio medio de 427,7 euros.

Por su parte, los seguros a todo riesgo son la única modalidad que, aunque leve, experimenta un aumento en sus precios, hasta los 1.016,8 euros, un 1,3% más que en el ejercicio anterior.

AUGC denuncia que "la Comandancia de Murcia deniega la conciliación familiar de los guardias civiles"

MURCIA.- "Los guardias civiles tenemos los mismos derechos para la conciliación familiar que el resto de funcionarios y trabajadores, en concreto el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años con la adecuación del horario de trabajo. Todo ello está legislado tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) como en la propia normativa interna de la Guardia Civil, en concreto en la Ley 29/2014 de Régimen de Personal y la Orden General de Jornada Laboral", recuerda la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) en un comunicado.

 

"Sin embargo la Jefatura de la 5ª Zona de la Guardia Civil desestima sistemáticamente la adecuación del horario de trabajo de los guardias civiles que tienen concedida reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años, es decir, a pesar de que los guardias civiles afectados tienen concedida una reducción de su horario diario para cuidar a sus hijos se les puede nombrar y de hecho se ha nombrado servicios en horarios de tarde y nocturnos que son totalmente incompatibles con la obligación de cuidar a sus hijos menores". 

En el año 2018 AUGC ha tenido que denunciar tres denegaciones de adecuación de horario en una reducción de jornada, dos de ellas a guardias civiles en familia monoparental con el cuidado de un hijo menor de 12 años y sin apoyo familiar de ningún tipo al estar desplazados de su localidad de origen. 

El tercer caso es de una guardia civil con tres hijos menores de 3 años que asisten a guardería en horario de mañana y que debe cuidar el resto del día compaginándolo con su horario de trabajo.  

En todos estos casos, según la resolución denegatoria, se les puede nombrar servicio en horarios de tarde y nocturnos, debiendo realizar una elección complicada como es “abandonar” a sus hijos que incluso puede llegar a ser un delito de abandono de un menor o no prestar el servicio nombrado "y ser condenadas con un delito militar de abandono de un servicio, difícil y complicada elección".

"Resulta paradójico que en la Comandancia de Murcia donde hay destinados 1.800 guardias civiles y existen siete compañías territoriales, los tres casos descritos se centren en la 6ª Compañía de la Guardia Civil de Lorca. 

Pero más asombroso son las excusas que se argumentan para denegar la elección de horario por parte de los guardias civiles que tienen concedida la reducción de jornada, en concreto se debería realizar un informe con tres puntos, a saber, si la situación personal es real, si existen puestos de trabajo que puedan adaptarse al horario que necesitan y si existe un gran perjuicio para guardias civiles en la misma situación.  

Sin embargo se realiza un informe mucho más extenso con 18 puntos y datos innecesarios como la extensión geográfica, las fiestas patronales de la localidad, los componentes comisionados en otras unidades, etc."

Pero a juicio de AUGC resulta más grave informar de cuestiones como el número de hijos del resto de componentes, situación escolar de los mismos e incluso si existen embarazos o previsión de estos. 

"Todo ello lógicamente es para justificar artificiosamente la denegación de la adecuación horaria, bajo excusas generalistas como que existen necesidades del servicio o que en un futuro podría perjudicar a potenciales beneficiarios de reducciones de jornada, desde luego argumentos muy pobres en derecho. 

Sin embargo no se tienen en cuenta que en dichas unidades se nombran a diario servicio a varios componentes en horario de mañana que se adecua perfectamente a las necesidades de conciliación familiar de las peticionarias, no existiendo impedimento alguno para su concesión.

Aunque las reducciones de jornada por cuidado de hijos menores son solicitadas indistintamente por hombres y mujeres, el porcentaje es más alto en las ultimas y en los casos concretos que denunciamos todas son mujeres guardias civiles. El 16% por ciento de las mujeres guardias civiles solicitan reducción de jornada, mientras que entre los hombres lo peticionan el 2%. 

De este modo el mensaje que se lanza a la sociedad es que las mujeres tienen peor conciliación familiar en la Guardia Civil que en otros cuerpos de seguridad y militares y que para hacer valer sus derechos tendrán que acudir inexorablemente a la vía judicial con los consiguientes retrasos y perjuicios personales y en su carrera profesional como guardias civiles. 

Por ello no nos debemos extrañar que el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil sea del 7,5% mientras que en la Policía Nacional es del 12%, en las Fuerzas Armadas del 12,5% y en los Mossos D’Esquadra del 21%, cuerpos todos ellos con una mejor conciliación familiar y laboral. 

Y tampoco podemos extrañarnos que este trato discriminatorio perjudique a su carrera profesional disminuyendo el porcentaje de mujeres según el empleo, mientras que en la escala básica suponen el 7,1% en la escala de suboficiales desciende al 2,61% y en la de oficiales al 3,30%. 

Desde luego, las dificultades de conciliar la vida familiar y laboral en la Guardia Civil correlacionan negativamente para que la mujer ingrese en el Cuerpo, optando por otros donde el respeto a la conciliación es mucho mayor". 

AUGC ha interpuesto un pleito contencioso-administrativo en los Juzgados Contenciosos de Murcia que ha sido admitida a trámite "y que esperamos que regule definitivamente estas irregularidades en la aplicación de los derechos de los guardias civiles en materia de conciliación. 

Pero además de todo ello AUGC ha realizado una ronda de reuniones con partidos políticos donde se han expuesto tales irregularidades, instando a los mismos a que realicen preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados. 

Por último, estamos a la espera de una pronta reunión con el Delegado del Gobierno, al objeto de exponerle esta grave situación de conculcación de derechos de unos trabajadores públicos y desde este foro le invitamos a que se informe e imparta órdenes a la Jefatura de la 5ª Zona de la Guardia Civil para que cumpla con la legislación al respecto y no vulnere los derechos de los guardias civiles murcianos".

Cerca de 1.200 efectivos velarán por la seguridad de aguileños y visitantes durante los próximos Carnavales

ÁGUILAS.- En torno a 1.200 efectivos velaran por la seguridad de aguileños y visitantes durante las próximas fiestas de Carnaval, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad en la que se han dieron a conocer los aspectos más importantes del Plan de Emergencias Específico del Carnaval 2019.

Entre los aspectos más destacados cabe señalar, como ya ocurriera el paso año, la presencia de seguridad privada titulada en los accesos a todos los puntos del desfile, así como a los actos de mayor afluencia de público, entre ellos el Cambio de Poderes.

Del mismo modo, y por tercer año consecutivo, se volverá a controlar el acceso a la plaza de España con el fin de evitar el botellón en esta zona; asimismo se volverá a contar con la presencia permanente de 38 miembros de GRS durante todos los días de Carnaval, así como con un hospital de campaña de Cruz Roja y una ambulancia permanente en la zona de La Colonia. 

 Entre las novedades destaca la instalación, tras la aprobación unánime de todos los miembros del Pleno del Ayuntamiento, de un punto violeta; un espacio seguro al que puede acudir cualquier mujer a denunciar cualquier tipo de agresión o pedir ayuda (práctica o psicológica) ante abusos o discriminaciones.

A nivel general, según han informado las autoridades municipales, está prevista la participación de efectivos pertenecientes al Servicio de Emergencias Municipal, Protección Civil, Seguridad Privada, Policía Local, Bomberos, Servicios Técnicos, Guardia Civil, Cruz Roja, 061, SUE y otros servicios públicos y privados. 

En cuanto a recursos materiales, contará con más de setenta vehículos y dos hospitales (uno de campaña y otro de emergencias), así como con doscientas emisoras de radiofrecuencia que ayudarán a coordinar a los diferentes cuerpos, al tiempo que estos atenderán cualquier eventualidad a través del teléfono 112.

C's-CT pedirá explicaciones a la Delegación del Gobierno por el cuartel de la Guardia Civil y la comisaría de Policía Nacional

CARTAGENA.- Tras el comunicado emitido por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en el que advierten de "señales de ruina" en el cuartel de la Guardia Civil en Cartagena, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha decidido llevar el asunto a su Grupo en la Asamblea Regional para que exijan explicaciones y respuestas al delegado del Gobierno, Diego Conesa.

 "Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad merecen unas infraestructuras dignas en las que desarrollar su trabajo, y ésa es una asignatura pendiente en el municipio; no sólo por la situación del cuartel de Ángel Bruna sino también por el estado de la Comisaría de la Policía Nacional que sigue sufriendo muchas deficiencias de climatización, espacio y mobiliario".

El comunicado del sindicato de Guardias Civiles "nos debe preocupar a todos, y lo primero que los responsables políticos deben hacer es solicitar un informe sobre el estado del inmueble para contrastar la información ofrecida por la AUGC", ha señalado el portavoz naranja.

 Sostiene que "en función de las conclusiones de ese informe, tenemos que realizar y presupuestar los trabajos que sean necesarios para garantizar que el acuartelamiento y las más de 100 viviendas oficiales se encuentren, si no lo están, en las condiciones adecuadas", ha explicado el portavoz que añade que "si existe proyecto tal y como ha informado la AUGC para solventar todas estas deficiencias, queremos verlo y saber en cuánto se ha presupuestado para valorar su ejecución".

En cuanto al caso de la comisaría de Policía Nacional en Menéndez Pelayo, Manuel Padín ha recordado que sus diputados nacionales llevaron las denuncias y deficiencias al Congreso de los Diputados el 2 julio de 2018.

 "La respuesta del Gobierno del Estado fue que eran conscientes de los problemas, que se estaban realizando las gestiones oportunas, y recordaron que la Jefatura Superior de Murcia informó (poco después del registro de las preguntas de C's en el Congreso, el 9 de julio de 2018), que iba a proceder de forma inmediata a la reparación de las máquinas de aire acondicionado que dan servicio a la planta baja y primera".

A día de hoy, según ha informado hoy el sindicato Csif a C's Cartagena, sólo constan algunos trabajos para parchear una maquinaria vieja, tanto aire acondicionado como caldera, y graves problemas de espacio, con áreas con un mobiliario que se cae a pedazos impropio de nuestra Policía Nacional, "deficiencias que estamos obligados a llevar también a la Asamblea Regional para pedir soluciones al delegado del Gobierno", informa Padín.

Por otra parte, Manuel Padín recuerda que sigue pendiente la respuesta del Gobierno central a la solicitud unánime del Pleno de Cartagena para la creación de un puesto principal en el cuartel de Guardia Civil de Cartagena o en el de El Albujón, lo que implicaría por Ley un aumento de efectivos y materiales "una antigua reivindicación de la Federación de Vecinos (FAVCAC) que fue presentada por el Grupo MC en agosto de 2018 sin que hasta el momento haya sido resuelta por el Estado". 

Tampoco se ha dado respuesta a la ampliación del área de influencia de la Policía Nacional o al estudio para la reordenación territorial del área de influencia de los cuarteles de la Guardia Civil, cuestión que Ciudadanos reclamó a la Delegación del Gobierno en marzo de 2016 tras una reunión con la FAVCAC".

El sindicato de Policía pide que se definan las competencias de Guardia Civil y Policía

MADRID.- El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha lamentado ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que exista “una actitud permisiva” hacia la Guardia Civil que, “sin ningún tipo de trabas” entra en el terreno de la Policía Nacional en “una clara vocación urbana e internacional”.

Y lo hace, según el sindicato mayoritario de la Policía, “dejando sin servicio zonas rurales y ocupando destinos que son, por ley, de ámbito de la Policía”, por lo que la organización ha vuelto a pedir a Interior que, “de una vez por todas”, se definan las competencias de los cuerpos.

Un planteamiento que esta semana hizo al ministro la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, en la primera reunión del Consejo de Policía a la que ha asistido Marlaska, a quien trasladó también las “cotas de tensión” dentro del contexto laboral, en las dependencias policiales y en el trabajo cotidiano, “que no favorecen a nadie ni aportan nada positivo” a los policías y a su imagen.

En su discurso, la sindicalista insistió en la necesidad de cumplir con todo lo establecido en el acuerdo de equiparación salarial y censuró que aún no se haya dado paso alguno para desarrollar la cláusula del pacto, la de la aprobación de una Ley de Retribuciones para las fuerzas de seguridad.

“Inmovilismo y parálisis”. Con estas dos palabras, el SUP definió al ministro la política de Interior en el ámbito normativo, sobre todo en lo referente a la jornada laboral de los agentes.

Y aunque Gracia reconoce que el relevo en la cartera del Ministerio no ha sido fácil, opinó que ya había pasado tiempo suficiente para afrontar algunas medidas laborales, como la reclasificación, el sexto turno, la indemnización de los servicios extraordinarios o los retoques en la ley de Régimen de Personal.

También trasladó al ministro la necesidad de solventar “la clara perversión” en el sistema de concesión de medallas y su “falta de imparcialidad”.

Sobre este asunto, la secretaria general del SUP instó al ministro a que comparara el porcentaje de cruces rojas pensionadas en la escala superior con las concedidas en la escala básica. “Verá que no guardan ninguna relación”, apostilló.

Respecto a la Ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco, el sindicato reiteró a Marlaska su opinión de que la norma contribuía a “blanquear” el terrorismo de ETA, por lo que cree “inaceptable” cualquier gesto de apoyo por parte del Gobierno central.

“Les pedimos que no sucumban a esta trampa porque, en esencia, deslegitimaría el trabajo de los jueces y ofendería a los cuerpos de seguridad, que tantas muertes han aportado a esta injusta causa”, manifestó Gracia.

No se olvidó la responsable del SUP de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite de ponencia, y recriminó al ministro la instrucción de Interior que limita la posibilidad de sancionar a quienes graben y difundan la imagen de los agentes.

Para el sindicato, la eliminación de esta infracción de la Ley “incrementaría a niveles inasumibles la situación de vulnerabilidad e indefensión de los policías”.

La AUGC propone que los reservistas refuercen la plantilla de la Guardia Civil

MADRID.- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha propuesto al Ministerio del Interior que se oferten paulatinamente vacantes para personal en reserva para “reforzar” la lucha contra la violencia de género.

En un comunicado, la AUGC señala que, de llevarse a cabo esta propuesta, se estaría dando “un gran paso contra esta lacra” gracias a la optimización de los recursos humanos de la Guardia Civil en este sentido. Destacan, no obstante, que la reincorporación de este personal en reserva “debería pasar por una formación adecuada a su cometido”.

Desde esta asociación critican las “carencias” que presentan en formación y medios las unidades denominadas y conocidas como ‘Unidades de Violencia de Género’.

“Es indiscutible que la violencia de género es una enorme lacra que hay que combatir con todos los medios. Por ello, la respuesta institucional debe basarse en la necesidad de atender con inmediatez los casos, adaptándola a las circunstancias concretos y gravedad del hecho, para asegurar a las víctimas un tratamiento adecuado, personalizado y específico“, agregan desde la AUGC.

Tal y como explican, para atender estas incidencias, los puestos de la Guardia Civil “deben detraer” recursos humanos de sus plantillas, “circunstancia que impide ofrecer un servicio de calidad a mujeres, menores y mayores que conviven en el mismo núcleo familiar”.

La AUGC enmarca esta propuesta dentro del acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de Guardia Civil y que contempla 100 millones de euros cada año para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva al servicio activo.

No obstante, denuncian que, pese a que el acuerdo firmado con Interior en su mayor parte se está ejecutando, la consecución de la cláusula anteriormente citada no se está llevando a cabo, tal y como explican.

Consideran que existe una demanda por parte de guardias civiles en situación de reserva, para volver a incorporarse al servicio, en puestos de trabajo compatibles con su edad, y es por ello por lo que, desde AUGC, se ha formulado esta propuesta al Ministerio del Interior.

España perdió al 7% de los efectivos de la Guardia Civil durante la legislatura del PP

MADRID.- La Guardia Civil ha perdido 5.886 efectivos durante las últimas dos últimas legislaturas en las que el PP ha asumido el Gobierno, desde 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, hasta el pasado mayo, cuando el líder de los populares dejó su sillón presidencial al socialista Pedro Sánchez, que había impulsado una moción de censura. La cifra representa un 7% de la plantilla total que el instituto armado tenía en ese primer año de mandato, según revela hoy El Confidencial.

En concreto, en 2011 el cuerpo contaba con 82.692 funcionarios. El pasado mayo, cuando Rajoy dejó el poder, la institución había reducido su personal hasta los 76.806 guardias civiles. Así lo pone de manifiesto una respuesta parlamentaria del actual Gobierno remitida el pasado 29 de noviembre al PSOE, grupo al que pertenece Miguel Ángel Heredia, el diputado que había realizado la pregunta apenas un mes antes.

La corporación experimenta un receso de plantilla en la práctica totalidad de las provincias españolas durante el mencionado periodo. Tan solo Melilla experimenta excepcionalmente un incremento. La ciudad autónoma pasa de los 602 efectivos que tenía en 2011, cuando el PP llegó al Gobierno, a los 629 que conformaban la plantilla en mayo de 2018, cuando los populares salen de Moncloa.

Las que más caen, por contra, son Guipúzcoa, que pasa de 1.135 a 778 guardias civiles; Vizcaya, que baja de 1.347 a 1.027 individuos; y Madrid, que reduce de 6.908 a 6.533 el número de componentes que prestan servicio en la provincia. 

En la capital de España, además, operan los agentes que trabajan en los denominados Servicios Centrales del instituto armado, que también disminuyen, aunque en este caso desde los 7.120 efectivos que había en 2011 a los 6.957 que terminaron en mayo de 2018.

Las cifras se han reducido entre las mencionadas fechas porque tanto durante el último periodo de José Luis Rodríguez Zapatero como en los primeros años de Rajoy la oferta de empleo público se redujo a cero. 

En las fuerzas de seguridad apenas se renovaba un 10% de la plantilla cuando llegó el PP. Las tornas comenzaron a cambiar al final del mandato del líder de los populares.

El pasado julio, el Boletín Oficial del Estado dio a conocer su última oferta de empleo público, que incrementaba notablemente los números respecto a los años anteriores caracterizados por la escasez de fondos en plena crisis económica. 

En concreto, el Gobierno aprobó más de 23.000 ofertas de empleo público para la Administración General del Estado, de las cuales 3.000 eran plazas para ingresar en la Policía Nacional (2.900 en la escala básica y 100 en la ejecutiva) y 2.095 para acceder a la Guardia Civil (2.030 para la escala de cabos y guardias y 65 para la de oficiales).

Los policías locales que quieran acogerse a la jubilación anticipada a los 59 años deben comunicarlo antes del 31 de enero

MADRID.- El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto por el que los policías locales podrán acceder a la jubilación anticipada a los 59 años, en el mejor de los casos. Para anticipar su retiro hasta esa edad, los profesionales deben acreditar 37 años de actividad y un mínimo de 15 años cotizados como miembros del Cuerpo policial.

Se concluye así con una demanda de muchos años de este cuerpo policial, como ha reconocido la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras que el real decreto ha sido aprobado a propuesta del Ministerio de Trabajo. 

"A través de este real decreto aquellos policías locales que acrediten 37 años de actividad efectiva podrán jubilarse a los 59 años en el mejor de los casos", ha añadido la ministra.

Ha indicado que para ello deben comunicar su voluntad de acogerse a esta modalidad antes del 31 de enero de cada año y tener un mínimo de 15 años cotizados efectivamente como policías locales.

Según ha explicado el Ministerio de Trabajo en un comunicado, los años de cotización efectiva como policía local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años (los 59 años) se van a exigir de manera progresiva: en 2019, serán necesarios 35 años y medio; en 2020, 2021 y 2022, 36 años; en 2023, 2024, 2025 y 2026, serán 36 años y medio; y en 2027 y posteriores, 37 años. 

El real decreto "cuenta con el aval del Consejo de Estado y con informe favorable de las distintas administraciones y está respaldado por la Ley General de la Seguridad Social", ha concluido Celaá.

Para financiar la medida, se aplicará un incremento en la cotización de estos trabajadores públicos, ya contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esta cotización adicional será del 10,6% para todos los policías en activo. 

"De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,86% y los propios funcionarios, el 1,76% restante", explica Trabajo.

Nada más conocerse el acuerdo, los sindicatos CCOO y CSIF han comunicado que celebran la aprobación de esta medida que entrará en vigor el próximo 2 de enero.

CCOO destaca que es una reivindicación histórica del sindicato por la que lleva trabajando intensamente desde hace más de diez años. CSIF reclama ahora más empleo público para reponer plantillas y alerta de que la falta de previsión de los municipios ante la jubilación anticipada a los 59 años puede provocar problemas de plantillas.

Ambos sindicatos recuerdan que en España hay cerca de 70.000 policías locales de los cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 entre 55 y 60.

IU exige la redotación de efectivos de Policía Local y Guardia Civil en las Tierras Altas de Lorca

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha vuelto a exigir el incremento de presencia policial en las Tierras Altas de Lorca después de que el pasado fin de semana se produjeran robos y destrozos en el local social y en la iglesia de Zarcilla de Ramos.

La edil de IU explicó que se trata de un servicio imprescindible para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona y mostró su preocupación porque el clima vecinal se esté "enrareciendo" y ya haya ciudadanos amenazando con tomarse "la justicia por su mano", alertó.

Martín aseguró que las pedanías del norte del municipio están "totalmente desasistidas" en materia de seguridad. Únicamente existe un cuartel de la Guardia Civil en la diputación de Zarcilla de Ramos, abierto de lunes a jueves de 9 a 14 horas. La atención al público está limitada además a una sola mañana por semana, lo que supone, entre otras cosas, que los vecinos de cualquier otra diputación que acuden a presentar una denuncia se encuentran, habitualmente, con el cuartel cerrado. 

La excusa es que el resto del tiempo los efectivos están prestando sus servicios en la calle, cuando la realidad es que el 77% de la plantilla no está cubierta, lo que se traduce en un par de agentes al frente de las instalaciones, los mismos que deben encargarse de patrullar por alguno de los siete pueblos que conforman las Tierras Altas de Lorca.

Izquierda Unida lleva años alertando que la disminución paulatina del número de agentes y horas de atención ciudadana en este cuartel es el paso previo para su desaparición. "Mientras ocurría con el Gobierno de Rajoy, el PP local permanecía callado", recordó Martín. "Aunque ahora se pongan reivindicativos, hay que recordarles que esta lamentable situación es consecuencia de la brutal política de recortes que durante años ha estado practicando el PP, también en materia de seguridad ciudadana".

Gloria Martín ha pedido al actual delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, que trabaje en la dotación de más medios humanos y materiales en el cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos para revertir la paupérrima situación heredada de sus antecesores en el cargo.

Martín también ha traslado las quejas de los vecinos respecto a la escasa presencia de Policía Local en la zona. En ese sentido, recordó que en 2007 el Partido Popular cerró el cuartelillo de La Paca poco después de llegar a la Alcaldía. En 2014 invirtió 700.000 euros en la construcción de otro de nueva planta en Zarcilla de Ramos que debería tener una dotación de diez agentes, un cabo y un sargento "que brillan por su ausencia".

Lo mismo sucede en las infraestructuras similares que se construyeron en La Hoya, Purias, Almendricos y Ramonete, con una inversión global de 1,2 millones de euros. "No sólo se ha despilfarrado una importante cantidad de dinero público en unos locales que están absolutamente infrautilizados, sino que tampoco de destina a los agentes a patrullar por la zona", aseguró. 

Y es que el PP tampoco ha hecho frente a su compromiso de destinar el 41% de la plantilla de la Policía Local a las pedanías lorquinas, lo que se traduce en torno a los 60 agentes.

"Lamentamos el castigo permanente que se infringe a los vecinos del medio rural a través de la reducción sistemática de los servicios públicos, incluso los que tienen que ver con su propia seguridad", concluyó la edil de IU-Verdes.

El exjefe de Policía de Cartagena se pone al frente del Cuerpo General en la ciudad de Valencia

VALENCIA.- El nuevo jefe de la comisaría provincial de la Policía Nacional en Valencia, Ignacio del Olmo, antiguo recién responsable de ese Cuerpo General en Cartagena, tomó posesión de su nuevo cargo en un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno de Valencia.

El nuevo jefe provincial se sitúa así al frente de la segunda comisaría más importante de España, según afirmó el jefe superior,  Javier Cuasante, tras haber prestado sus servicios en Cataluña, Ávila, Madrid, Kosovo, Almería, Murcia y Cartagena, además de haber sido profesor en la Escuela de Policía.

En su intervención, el comisario principal Del Olmo dijo «pertenecer al mejor cuerpo policial del mundo», y declaró su expreso deseo de convertir la comisaría de Valencia en la mejor del país.

Los cinco requisitos que tendrán los policías locales para jubilarse a los 59 años

MADRID.- El Gobierno tiene previsto aprobar antes de fin de año un real decreto que recoge los requisitos para que los miembros de las policías locales de toda España puedan jubilarse anticipadamente a partir de los 59 años. Está previsto que este texto –que recoge las condiciones de acceso y los coeficientes reductores de las futuras pensiones de los jubilados anticipados—entre en vigor en enero de 2019, según recoge hoy Cinco Días.

Esta medida fue negociada con el anterior Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el sindicato de funcionarios CSIF y el resto de la Plataforma Nacional por el Adelanto de la Edad de Jubilación –en la que también están los sindicatos CC OO, UGT, COP, CSL– y por la Plataforma Social de Policías Locales. Pero está previsto que se apruebe ahora definitivamente.

El colectivo al que se le reconoce la jubilación anticipada es a “todos los funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades”.

Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de estos profesionales serán, por tanto, distintas a las del resto de asalariados del Régimen General. 

En concreto, la fórmula que ha decidido aplicar el Ministerio de Trabajo para determinar a qué edad se jubilarán es la siguiente: “La edad ordinaria de su retiro se reducirá en un periodo equivalente al que resulte de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como policía local el coeficiente reductor del 0,20”, según el contenido de este real decreto.

No obstante, la ley fijará un límite máximo de adelanto de estas jubilaciones en cinco años antes que su edad ordinaria de jubilación en términos generales; o, seis años antes de dicha edad ordinaria de retiro si el trabajador acredita 37 años de edad efectiva y cotización, “sin cómputo de las pagas extraordinarias”.

Así, por ejemplo, si un policía acredita haber trabajado como tal 25 años, aplicándole el citado coeficiente del 0,20 este agente podría adelantar cinco años la edad ordinaria de jubilación que le correspondiese en cada momento. En 2019 la edad ordinaria de jubilación será de 65 años y ocho meses. Pero si este trabajador solo hubiera estado en activo diez años, solo podría adelantar dos años su retiro.

No obstante, la exigencia de esos 37 años cotizados para poder jubilarse seis años antes de la edad legal se requerirán de forma progresiva: 35 años y 6 meses de cotización efectiva como policía local en 2019 (esto quiere decir que quien cumpla este requisito el próximo año ya podrá adelantar seis años su jubilación en el próximo ejercicio); se exigirán 36 años cotizados en 2020, 2021 y 2022; 36 años y seis meses en 2023, 2024, 2025 o 2026; y 37 años de 2027 en adelante.

Otro requisito será que el policía acredite, al menos, 15 años de trabajo como agente municipal, así como tener cubierto el periodo mínimo de cotización de 15 años que se exige para cobrar cualquier pensión contributiva.

Dicho todo esto, Trabajo precisa en este decreto que el número de años que se adelante la jubilación solo se contabilizará como cotizados para calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora para determinar la cuantía de la pensión, pero no contarán como cotizados para elevar dicha base.

Este adelanto de la jubilación solo se permitirá a los policías que hayan permanecido en situación de alta en la Seguridad Social hasta que la fecha en que se produzca la jubilación. Aunque también podrán acogerse a este retiro los que, habiendo cumplido 15 años en activo como agentes municipales, hayan cesado como policía local pero sigan de alta en la Seguridad Social desempeñando una actividad laboral diferente.

La norma, además de fijar el citado coeficiente para determinar cuántos años podrán adelantar su retiro, establece una “cotización adicional”, de forma que “se garantiza el equilibrio financiero del sistema”. 

Esta cotización será de 10,6 puntos de los cuales 8,84 puntos los pagarán los ayuntamientos a la Seguridad Social y el 1,76 restante, lo abonarán los policías en activo, detrayéndoselo de sus nóminas.

Se quita la vida de un disparo un agente de la Guardia Civil en la Comandancia de Murcia

MURCIA/ÁGUILAS.- Un agente de la Guardia Civil se quitó la vida hoy jueves por la mañana en la misma Comandancia de Murcia de un disparo, según confirmaron fuentes próximas al caso.

El guardia era Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax).

El cuerpo ha sido trasladado ya al Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia.

Se descarta la participación de una tercera persona en lo sucedido.

La propia Guardia Civil ha abierto una investigación, aunque se da por hecho que se trata de un suicidio.

Fuentes no oficiales del Cuerpo confirmaron, no obstante,  que el suceso se produjo en las oficinas que el Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex) tiene habilitadas en el acuartelamiento, por causas que se están tratando de determinar. 

Las mismas fuentes señalaron que no se descarta ninguna hipótesis, desde un posible accidente a cualquier otra circunstancia, aunque lo que sí parece descartado por completo es la intervención de otras personas. 

Por otra parte, un pescador ha encontrado el cuerpo, esta mañana en el mar,  del empresario lorquino de 74 años desaparecido hace cuatro días en Águilas. Su coche fue encontrado el pasado lunes, vacío y cerrado, en Cabo Cope.

El cadáver será trasladado esta tarde al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia y continuar con la investigación sobre su fallecimiento.  

Esto es lo que cobran los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional después de su última subida de sueldo

OVIEDO.- La decisión del Ministerio del Interior del gobierno central de subir el sueldo de las decenas de miles de funcionarios tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las diferentes comunidades autónomas ya tiene su traducción en las nóminas de los agentes, según el diario La Nueva España. 

Es, aseguran desde el Ministerio, un primer paso para llegar a la tan solicitada equiparación salarial con los agentes de las policías autonómicas (sobre todo la vasca y la catalana). Aunque el mes pasado los sueldos vivieron un importante incremento lo que cobraron los funcionarios no era real: en ese pago se incluían los atrasos de los últimos meses. 

Pero ¿cuánto cobran estos agentes? Un guardia civil cobra un sueldo de unos 1.466 euros al mes mientras que un agente del Cuerpo Nacional de Policía llega a los 1.572 euros. 

La subida de sueldo en las nónimas de ambos trabajadores ha vuelto a generar una importante polémica. La creación de una junta independiente de Policías al margen de los grandes sindicatos del cuerpo y de las asociaciones de guardias civiles (en la Benemérita no están permitidos los sindicatos), provocó que miles de funcionarios en toda España se organizaran y salieran a la calle para exigir el mismo sueldo (por el mismo trabajo) que las policías autonómicas. 

Se vivieron concentraciones históricas en todo el país e incluso marchas desde diferentes capitales de provincia hasta Madrid. Tanto que el gobierno se vio obligado a intervenir. Y lo hizo en la mesa de la policía a nivel nacional en donde los únicos representantes válidos con los gobiernos son los de los sindicatos (Jusapol no tiene ahí representación alguna). Y ahí volvió a llegar la polémica. 

Nómina noviembre mismo Policia N. y mismo G. Civil comparada con septiembre.

GC 1574,74 € - 1466,96 €=107,78 €
PN 1655,13 € - 1572,46 €=82,67 €

Subida real del acuerdo de equiparación este mes.

GC 107 €
PN 82 €

13.481 familias de 2ª actividad/reserva ni lo cobran.
 

Los sindicatos policiales con presencia en la mesa de negociación acordaron varios aumentos progresivos en los sueldos (uno de ellos el que acaba de llegar este mes). Pero eso a muchos de los que habían salido a las calles les resultaba insuficiente de cara a sus expectativas. 

Hace varias semanas se dijo cuánto cobra un agente de los Mossos de Cataluña y cuánto recibe un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de una comisaría cualquiera de toda España. Las diferencias son notables y lo siguen siendo y por eso muchos agentes siguen amenazando con ir a otras grandes convocatorias de manifestaciones para intentar paliar esta situación que consideran injusto al ser el mismo trabajo el que realizan que sus colegas de cuerpos autonómicas.

Librilla, Campos del Río y Villanueva del Río Segura dispondrán de Cuerpo de Policía Local

MURCIA.- Los ayuntamientos de Librilla, Campos del Río y Villanueva del Río Segura dispondrán de sus respectivos Cuerpos de Policía Local, una vez finalizado el 'Curso selectivo de formación para aspirantes a agentes de Policía Local', impartido por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP) a 12 aspirantes y a cuya entrega de diplomas ha asistido este jueves el consejero de Presidencia, Pedro Rivera.

Hasta ahora los servicios policiales en estos municipios los desarrollaban auxiliares de Policía Local, puesto que no disponían de un cuerpo específico al tener menos de 5.000 habitantes y no estar obligados a ello. Ahora, tras las correspondientes convocatorias de los ayuntamientos, una vez superada la fase de oposición y nombrados funcionarios en prácticas, los auxiliares tenían que superar el curso selectivo como requerimiento para su nombramiento y toma de posesión como funcionarios de carrera.

De los doce agentes de Policía Local, seis están destinados a Librilla, cuatro a Campos del Río y dos a Villanueva del Río Segura. Una vez superado el curso de formación sus respectivos ayuntamientos proceden a sus nombramientos como funcionarios de carrera agentes de Policía Local.

El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, ha incidido en la labor de coordinación de las Policías Locales que lleva a cabo su Departamento y ha recordado que se destinan 18,5 millones de euros anuales al sostenimiento de los cuerpos de Policía Local de todos los municipios de la Región.

Rivera ha valorado la labor formativa de la EFIAP, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, con un total de 45 cursos este año destinados específicamente a policías locales.

Los doce alumnos participantes han cursado un total de 276 horas de formación, repartidas en sesiones teóricas y prácticas. La programación contó con cinco áreas de conocimientos y un área de prácticas, que trataron de armonizar las necesidades formativas del alumno, los conceptos, procedimientos y actitudes básicas necesarias para el ejercicio profesional y el desempeño de las funciones del policía local en las áreas técnico-policial, jurídica, tráfico y seguridad vial, psicosocial y de emergencias.

El curso, de modalidad presencial, se desarrolló en las instalaciones del Ayuntamiento de Librilla y en las de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena, para las prácticas de tiro. De forma complementaria, el curso contó con una plataforma de teleformación, en la que el profesorado facilitó los materiales de los contenidos.

La formación se completó en el municipio al que corresponden los aspirantes y en las instalaciones de la plantilla de la Policía Local de Murcia, a lo largo de seis fines de semana y un total de 36 horas.

Damián Romero, nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en Cartagena

CARTAGENA.- Damián Romero ha tomado posesión este mediodía como comisario jefe de la Policía Nacional de Cartagena. El sencillo acto protocolario ha tenido lugar este mediodía en las dependencias de la Delegación del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

A él han asistido entre otras autoridades, la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; el delegado del Gobierno, Diego Conesa; la alcaldesa, Ana Belén Castejón; el almirante de Acción Marítima, Manuel de la Puente, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Aznar.
Damián Romero era desde enero de 2017 jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Murcia, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Cartagena en un comunicado.
Nacido en Cartagena en 1961 ha desarrollado gran parte de su vida profesional y personal en la Región, a la que se encuentra muy vinculado, especialmente a Cartagena.

La 'falsa' equiparación salarial: la subida no llegará a toda la Policía y Guardia Civil

MADRID.- El Gobierno está trabajando de manera intensiva para conseguir que la equiparación salarial en la Policía Nacional y la Guardia Civil comience a llegar a las nóminas de los funcionarios a partir del próximo mes de octubre. Pero existen algunos problemas con una subida salarial que no llegará a ser una equiparación real y total, tal como adelanta hoy www.lainformacion.com. 

En primer lugar porque para completarse se necesita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y de 2020, algo que se encuentra en entredicho a día de hoy, y, en segundo lugar, porque la mejora no alcanzará a todos los agentes. Los cuerpos policiales autonómicos, por tanto, seguirán teniendo unos privilegios que no llegarán a los estatales.

Fuentes de Interior explican a La Información que el calendario que se está manejando en este momento contempla que ya en la nómina de octubre los agentes de Policía y Guardia Civil perciban su primer salario mejorado. 

"En estos momentos estamos afinando la cuantía de la subida", añaden. No obstante, en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska admiten "complicaciones" que podrían retrasar los planes iniciales. 

Estas "complicaciones" tienen que ver con que la equiparación no será lineal en ambos cuerpos. Es decir, para empezar, la subida salarial irá incluida en los complementos específicos singulares de los agentes y, dependiendo de la cuantía de dichos pluses, será mayor en algunos casos que en otros. 

Por ejemplo, no percibirá la misma mejora en su nómina un policía nacional de base destinado en una oficina del DNI que un agente también raso destinado en la Comisaría General de Información. La equiparación salarial en la Policía y en la Guardia Civil repercutirá, por tanto, en dichos complementos específicos singulares y no en el sueldo base.

¿Qué consecuencias adicionales tendrá esta decisión en la situación laboral de los funcionarios afectados? Esencialmente dos: por un lado, supondrá que de la subida salarial quedarán excluidos los agentes que se encuentren en segunda actividad, en el caso de los policías, o en la reserva o retirados, en caso de los guardias civiles. Y es que, en efecto, el complemento específico de componente singular solo lo percibe el sindicato que se encuentre en activo.

El pase a la situación de segunda actividad en la Policía Nacional se encuentra regulado en la Ley 26/1994, de 29 de septiembre. Así, las edades en las que los funcionarios pasan a ella varían desde los 55 años en caso de los agentes de la escala básica y de subinspección, a los 60 años en el caso de los de la escala superior. 

En la Guardia Civil, por su parte, las edades en las que los funcionarios pasar a la reserva oscilan desde los 58 años, en el caso de la escala de guardias y cabos, a los 61 años para los oficiales (65 en los empleos de mayor rango como tenientes generales y generales).

A estos funcionarios que quedarán excluidos en la equiparación salarial se suma otra problemática con una clara vertiente política. La subida salarial fue firmada para completarse en tres años, hasta 2020, de forma que para que sea efectiva deberán aprobarse los dos próximos Presupuestos Generales del Estado. 

El Gobierno de Sánchez ya ha dejado caer que los actuales, los de 2018, no son sus Presupuestos y no ha descartado apretar el botón de unas elecciones anticipadas si no consigue los apoyos necesarios para sacar adelante sus propias cuentas públicas.

Este miércoles 5 el Ministerio del Interior ha convocado a las asociaciones de la Guardia Civil y a los sindicatos de la Policía Nacional para concretar las cifras concretas de la subida salarial. 

Los números manejados hasta ahora contemplan un incremento mensual aproximado de 202 euros, en el caso de la Policía, y de 260 euros para Guardia Civil. Todo ello con efectos retroactivos a 1 de enero, por lo que está previsto que en la nómina de octubre se incluyan esos atrasos correspondientes a las últimas nueve pagas.