Fomento abre la puerta a privatizar en 2019 las autopistas quebradas

MADRID.- El Ministerio de Fomento mantiene la puerta abierta a relicitar las nueve autopistas de peaje quebradas tal y como pretendía hacerlo el Gobierno anterior. "Vamos a continuar con la tramitación", aseguran fuentes oficiales del departamento que dirige José Luis Ábalos consultadas por elEconomista. 

Ahora bien, el proceso se retrasará irremediablemente hasta el próximo año, con lo que el Estado se anotará un impacto sobre el déficit público de 2018 del entorno de los 2.000 millones de euros. Esta postura contrasta con la expresada por el PSOE, que en el último año ha defendido la gestión pública de las carreteras rescatadas.

La decisión final, en todo caso, dependerá también de cuándo se convocarán las elecciones generales. 

Por el momento, el Ministerio prorrogará el convenio con Seittsa para que la sociedad pública siga gestionando las autopistas en 2019 -finaliza el 31 de diciembre-.

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna había programado lanzar la relicitación de las autopistas de pago en quiebra (las cuatro radiales 2, 3, 4 y 5, la AP-41, la AP-36, el Eje Aeropuerto, la Circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera) en junio, de manera que la adjudicación de los dos lotes en que las dividió se culminara antes del 31 de diciembre de este año. 

Con ello, conseguiría compensar parcialmente el impacto sobre las cuentas públicas de este ejercicio. En concreto, los cálculos oficiales apuntaban a que la privatización de las carreteras que han ido revertiendo a la Administración en los últimos meses alcanzaría un valor de entre 700 y 1.000 millones de euros.

A su llegada al Ministerio de Fomento, Ábalos apostó en una entrevista a El País por "hacer una revisión ajustada" del proceso de relicitación de las autopistas liquidadas, toda vez que enfrentan una Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) que el Gobierno de Mariano Rajoy cifraba en 1.800 millones y el nuevo ministro la eleva a entre 2.000 y 2.600 millones.

Fomento tiene que comenzar a fijar la RPA de cada una de las autopistas a partir de agosto. El plazo legal para establecer la compensación es de seis meses. Seittsa asumió la primera vía, la R-4, el 21 de febrero, por lo que ese periodo concluye el 21 de agosto. En las semanas posteriores deberá hacer lo propio con el resto de carreteras rescatadas. Solo la AP-41 Madrid-Toledo está pendiente de que el juez apruebe su liquidación.

Sea cual sea la cifra global, el Gobierno tendrá que anotarla en el déficit público, en un contexto en el que Bruselas mantiene las exigencias fiscales sobre España. Se espera que los fondos que tienen el grueso de la deuda (King Street, Attestor, SVP y Taconic) litigarán con el Ministerio, por lo que el importe definitivo tardará unos años en conocerse.

El anterior Gobierno quería relicitar las autopistas en el presente ejercicio para limitar el impacto en las cuentas públicas. De la Serna y su equipo preveían sacar los concursos de los dos lotes de autopistas (las radiales y próximas a Madrid, por un lado, y las del Levante, por otro) en junio para así poder cumplir con ese objetivo -este tipo de procesos pueden llevar de cuatro a seis meses-. 

Fuentes oficiales de Fomento aseguran, sin embargo, que el pliego aún no estaba definido, que todavía "tiene algunos escollos". De hecho, señalan que el cronograma de Seittsa indicaba la necesidad de que "estuviera aprobado a mediados de mayo

"La situación inicial de adjudicación antes del 31 de diciembre es absolutamente inviable", remarcan.

Fomento trabaja ahora igualmente en los estudios económico-financieros para determinar el valor real de las autopistas. El propio Ábalos cuestionó el valor máximo estimado de 1.000 millones.

La privatización de las radiales choca con lo defendido por el PSOE en los últimos meses. No en vano, en febrero apoyó una proposición no de ley de Unidos Podemos-En Comú-En Marea para que el Gobierno recupere la gestión pública tanto de las autopistas quebradas como de las vías de pago cuyas concesiones vayan venciendo. Sobre estas últimas, el Ejecutivo ya ha anunciado que así lo hará.

El presidente Sánchez renunciaría a 10.340 millones por 'nacionalizar' las autopistas

MADRID.- Una de las primeras medidas que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez al poco de llegar al poder fue la decisión de no prolongar la concesión de las primeras autopistas de peaje en España, así como la eliminación de los peajes que hoy pagan los ciudadanos. De esta forma, las autopistas empezarán a revertir al Estado a partir de noviembre de este año. Esta 'nacionalización' supondrá que el Estado renuncie a 10.340 millones a largo plazo, según los cálculos realizados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y que hoy recoge Voz Pópuli.

En concreto, suprimir los peajes que hoy pagan los ciudadanos por circular por esas carreteras de pago tendrá un impacto negativo en las arcas públicas de 437,5 millones euros al año, como ya dijo la patronal de constructoras y concesionarias Seopan. 

Según el IEE, la cifra se explica por los 84,8 millones de coste de explotación y mantenimiento, hasta ahora asumido por las concesionarias, y por los 352,7 millones que dejaría de recibir el Tesoro en concepto de retorno fiscal anual (IVA, Sociedades, IRPF, cargas sociales y otros tributos).

Pero ahí no acaban los problemas. A esta cifra habría que añadir las pérdidas en las que incurriría el Estado por no volver a licitar, como estaba previsto, las nueve autopistas que han revertido anticipadamente y cuyo ingreso para el Estado se estima en unos 1.000 millones de euros. 

Además, el levantamiento de barreras de las autopistas que terminan contratos implica la renuncia a su relicitación, que podría haber permitido un pago inicial al Estado por parte de futuros concesionarios de 9.340 millones de euros.

La renuncia de Sánchez

Esto significa que la continuidad del sistema de peaje en las tres autopistas que acaban contrato en breve (AP-1, AP-7 y AP-4) y la relicitación de las autopistas que han revertido anticipadamente supondrían la obtención de unos recursos adicionales para el Estado de 10.340 millones a los que Sánchez ha decidido renunciar, según anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País. A esta renuncia de ingresos habría que sumar los 437,5 millones que se ahorraría en gastos.

En 2021 llegará el vencimiento de otras dos autopistas de peaje: la AP-2 entre Zaragoza y la costa mediterránea y diversos tramos de la AP-7 (Tarragona-La Junquera y Montmeló-El Papiol). Sin embargo, el horizonte temporal del fin de estas concesiones trasciende la actual legislatura por lo que deberá ser el Gobierno resultante de las próximas elecciones el que tome una decisión definitiva.

Lo cierto es que el Gobierno del PP había dicho también que no prolongaría las concesiones de peajes con próximos vencimientos, a pesar de las peticiones de las sociedades concesionarias (Itínere, para el caso de la AP-1, y Abertis para las otras dos vías). Sin embargo, no terminó de definir cuál sería el destino de los peajes una vez que finalizara la concesión.

La idea del Ministerio de Fomento que dirigía Íñigo de la Serna era que el coste de estas primeras autopistas de peaje ya estaba amortizado. No obstante, aún se planteaba la posibilidad de que fuera el Estado el que siguiera cobrando el peaje, una vez vencida la concesión, para sufragar el mantenimiento de esos tramos, que ya no correrían a cargo de la concesionaria.

La renuncia a los 10.000 millones es una de las razones que han llevado al Instituto de Estudios Económicos (IEE) a llamar a su ultimo informe  ‘No perder la confianza que tanto ha costado recuperar’. 

El organismo, laboratorio de ideas económicas de la CEOE, se ha mostrado muy critico con las primeras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno y convencido de que el próximo que salga de las urnas en 2020 tendrá que arreglar los desastres de los socialistas.

El futuro de la conexión Cartagena-Vera

MADRID.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dejado en el aire el futuro de las autopistas quebradas que han sido rescatadas por el Estado, entre la cuales figura la de Cartagena-Vera, que pasó a ser de titularidad pública el 1 de abril. 

En toda España hay nueve autopistas de peaje en quiebra que el Gobierno anterior 'rescató' con el fin de volver a ceder su explotación a empresas privadas a través de concurso público este mismo año.
El actual titular de Fomento indicó que hará «una revisión ajustada» de estos planes «para saber de qué cifras se hablan y su repercusión sobre el déficit».
«Tenemos que hacer una revisión ajustada, porque nos enfrentamos a una responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) y todo parece indicar que vamos a tener un horizonte de litigios considerables con las antiguas concesionarias y es importante saber de qué cifras estamos hablando», aseguraba el ministro a El País.
La pretensión del Ministerio de Fomento era que durante 2018 sacaría a concurso las nueve autopistas de peaje en quiebra, entre las cuales está la de Cartagena-Vera. El objetivo era ceder su explotación a empresas privadas mediante contratos de concesión, una vez que revirtieran al Estado.
El anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, había adelantado que su idea era licitar las autopistas «en el menor tiempo posible» para poder «compensar con los ingresos que genere su adjudicación el importe que suponga la responsabilidad patrimonial de la Administración».

Primer paso para suprimir el peaje de la AP-7 en el tramo que penaliza a los vecinos y vecinas de Mazarrón

MAZARRÓN.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Joaquín López Pagán, el viceportavoz Alfonso Martínez Baños y el secretario general del PSOE de Mazarrón, Gaspar Miras han mostrado su satisfacción por la aprobación, en la Comisión de Política Territorial de la Asamblea, de una iniciativa socialista para que se dé el primer paso en la supresión del peaje a todos los vecinos y vecinas empadronados en el término municipal de Mazarrón y sean usuarios de la AP-7 en el tramo que une esta localidad con Cartagena.

López Pagán lamentó la abstención del Grupo Parlamentario Popular, "y que se pongan de perfil en esta justa reivindicación, lo que demuestra que la alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, ha sido incapaz de transmitir a sus compañeros en la Asamblea Regional que esta es una necesidad real de sus vecinas y vecinos, y así se acordó en el Pleno municipal ".

Para el portavoz socialista, "es triste y contradictorio que el PP utilice excusas sobre responsabilidad y coherencia en el Ayuntamiento y luego en la Asamblea mantenga una postura contraria a la de su alcaldesa en su municipio. El PP ha demostrado que no tienen ni coherencia ni responsabilidad ni solidaridad con estos vecinos y vecinas".

La principal circunstancia que justifica esta petición es el hecho de que los habitantes de Mazarrón tienen como centro sanitario de referencia el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, lo que les obliga a desplazarse hasta la ciudad portuaria para ser atendidos; además de para realizar otros trámites administrativos. 

El portavoz socialista indicó que si estos ciudadanos realizan el desplazamiento por la actual AP-7 se ven obligados a pagar un coste aproximado de 11 euros por ir y venir.

Una ruta alternativa es a través de la RM-332, pero se trata de una carretera secundaria de montaña, con numerosas curvas peligrosas y prolonga el tiempo de desplazamiento en más de 20 minutos respecto de la AP-7, "lo que en caso de una urgencia sanitaria podría ser determinante".

La AP-7 cuenta con un total de nueve peajes, que comienzan en el troncal de Vera A-7 y terminan en el de Cartagena oeste. A lo largo de 115 kilómetros existen siete puntos de peaje a los laterales que son: Cuevas del Almanzora-Los Lobos, Pulpí-San Juan de los Terreros, Águilas-Lorca, Calabardina-Cabo de Cope, Ramonete-Cañada de Gallego-Puntas de Calnegre, Totana-Mazarrón-Puerto de Mazarrón y Tallante-Las Palas-Fuente Álamo.

Según datos oficiales la franja con mayor actividad circulatoria corresponde a Mazarrón y Águilas. Así, el tráfico de pago de la parte que afecta a la Región duplica a la almeriense, donde el tramo Pulpí-Cuevas de Almanzora es el menos transitado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Mazarrón Gaspar Miras indicó "que los vecinos y vecinas de Mazarrón están de enhorabuena, porque hoy se ha dado el primer paso para conseguir una antigua reivindicación muy necesaria, que también respaldó el Ayuntamiento de Mazarrón".

Miras señaló "que esta iniciativa pretende hacer justicia con la discriminación que sufren los habitantes de este municipio, tras once años de funcionamiento de la autopista".

Recordó que en los años 94-95, cuando se estaba valorando el proyecto de la autopista, los ciudadanos de Mazarrón protagonizaron manifestaciones y protestas por esta causa. Entonces, se barajaron dos opciones: una, la mejora de los accesos de Mazarrón a Cartagena; y otra, una salida de peaje a través de la AP-7, que finalmente se impuso. 

Miras mostró su esperanza de que "el Gobierno regional traslade pronto al Gobierno de la Nación esta medida y la apruebe, para que se pueda hacer efectiva en el menor plazo posible".

López Pagán y Miras aseguraron que desde el PSOE se vigilará el cumplimiento de este acuerdo.

Bruselas advierte que las pensiones y el rescate de autopistas elevarán el déficit español

BRUSELAS.- La subida de pensiones, el rescate de las autopistas y el aumento del salario de los funcionarios han elevado el déficit público español que llegará este año al 2,6%, según las previsiones de primavera que ha presentado la Comisión Europea y recoge La Vanguardia en Barcelona.

Son datos que avanzó este periódico y que indican para el déficit una cifra superior al objetivo marcado, pero en cualquier caso por debajo del límite sagrado del 3% del PIB. Lo preocupante no es la cifra en sí, este 2,6%, sino que se llega a este dato sin incluir la última subida de pensiones acordada por el gobierno español el 25 de abril.

Si estamos hablando de un aumento de 1.500 millones de euros extras de gasto para este año por este motivo, esta cifra incrementará el déficit. La tasa digital improvisada por el gobierno a última hora no llegará a cubrir la diferencia.

Ante esta situación, la recomendación del comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici ha sido que “hay que continuar los esfuerzos” para reducir el déficit español. Una recomendación genérica de una Comisión Europa que, de momento, no quiere tirar de la señal de alarma, pero sí dar constancia que seguirá atentamente cómo compensa el gobierno español los gastos extras que se está permitiendo últimamente.

Si por el lado del déficit, al dato positivo le acompaña una cierta preocupación por el impacto del aumento de las pensiones, por el lado del crecimiento todo va a favor. Crecimiento de un 2,9% este año, tres décimas por encima de la previsión anterior, y un 2,4 % en 2019. Sigue pues el crecimiento sostenido que desde 2014 ha conseguido la economía española.

Es precisamente este crecimiento el que ha permitido ir reduciendo progresivamente el déficit. Conclusión meridiana, en cuestión de crecimiento España va bien, según ha certificado con rotundidad la Comisión Europea.

La Autoridad Fiscal prevé un desvío del déficit de tres décimas por el rescate de las autopistas

MADRID.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que España acabará este año con un déficit del 2,5%, lo que supone tres décimas por encima del objetivo del 2,2%. La mayor parte de ese desfase se debe al rescate de las autopistas de peaje, que tendrán un coste de 2.000 millones (dos décimas de PIB). Si no se tiene en cuenta ese gasto, el organismo considera que el límite pactado con Bruselas sería «factible pero muy ajustado». 

Así lo ha expresado el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Congreso en la que consideró «prudente» la previsión de crecimiento del 2,7% para 2018 contemplada en las cuentas públicas.

En concreto, el responsable del organismo fiscalizador ha criticado el reparto «inadecuado» de los objetivos de déficit por las distintas administraciones al considerar que «no se ajusta a la realidad». 

En este sentido, Escrivá ha explicado que el mayor desfase se producirá en la administración central, que casi duplicará su objetivo de déficit fijado en el 0,7% hasta el 1,3% si se incluye el importe del rescate de las autopistas.

En cualquier caso, ha considerado «plausibles» la estimación de los ingresos y gastos del Estado. De hecho, la AIReF ve «factible» el incremento de la recaudación tributaria del 6% fijada en los Presupuestos a pesar de la rebaja del IRPF. En este sentido, estima que el impacto de esta medida será de 900 millones en 2018 y 1.300 millones en 2019.

La Seguridad Social será la otra administración que incumplirá el objetivo al situare en el 1,5% frente al objetivo del 1,1%. Es decir, un agujero del sistema similar al del pasado año y que se sitúa en los 17.000 millones. 

De hecho, el sistema recibirá una inyección de 15.000 millones procedentes del Tesoro para pagar la paga extra de los pensionistas. Y eso que la Autoridad Fiscal ha considerado que las previsiones de ingresos de cotizaciones contempladas en los Presupuestos de 2018 son «por primera vez realistas» al situarse en un repunte del 5,4%, aunque «ligeramente por encima» del 5% de la estimación de la AIReF.

Las dudas del ministro Montoro ratifican la viabilidad de la eliminación de los peajes hacia Vera y Alicante como defiende MC

CARTAGENA.- MC lo hace después de que Cristóbal Montoro cuestione la fórmula público privada de financiación del tercer carril Murcia- Alicante, infraestructura innecesaria con la simple eliminación del peaje que abonan los habitantes de la Comarca del Campo de Cartagena.

En relación al rescate por parte del Consejo de Ministros de la autopista de Cartagena- Vera y al freno al proyecto del tercer carril entre Murcia y Alicante, el presidente de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha manifestado que "continúa la discriminación a la Comarca del Campo de Cartagena por parte de los gobiernos central y regional".

Giménez ha recordado que "en este caso, desde el 1 de abril, pagamos al Estado por utilizar la Cartagena-Vera, porque tras rescatarla, el PP ha preferido que sigamos pagando. Ésta es la receta que tienen para nuestros habitantes".

"Así funciona el capitalismo de amiguetes que promociona el PP. Ahora buscan otra fórmula de colaboración público y privada para que los ciudadanos sigamos pagando a las empresas por ese tercer carril entre Murcia y Alicante", ha afirmado.

El dirigente cartagenerista ha señalado que "tal es así que hasta Montoro se ha percatado de que cientos de millones de euros de los administrados deben pasar algún tipo de filtro más que el de regalarlo, como hace el PP; por eso ha frenado estos contratos".

Giménez ha reseñado que "no debemos olvidar que la AP-7 está infrautilizada, como venimos denunciando, en el tramo entre Cartagena y Alicante, y sólo eliminando el peaje, los habitantes de la Comarca y los turistas no recurrirían a transitar por Murcia siendo innecesario el tercer carril, por tanto, la obra y el negociete que hasta preocupa a Montoro".

Fomento asume hoy la gestión de la autopista de peaje Cartagena-Vera

MADRID.- La reversión al Estado de la AP-7 a partir de hoy, domingo, en el tramo comprendido entre Cartagena y Vera y de la Circunvalación de Alicante garantizará la continuidad en la prestación del servicio, así como la subrogación de todo el personal en las mismas condiciones que en la actualidad.

Además de estas dos autopistas, en lo que va de año han revertido a la empresa pública SEITTSA la R-4 entre Madrid y Ocaña (Toledo), la R-2 entre Madrid y Guadalajara, y la AP-36, que discurre entre Ocaña y La Roda.
La Ley de Contratos del Sector Público prevé que, en el caso de que una concesión de obra pública inicie la fase de liquidación en un concurso de acreedores, exista la obligación legal de resolver el contrato de concesión y que la infraestructura revierta a la administración concedente.
Para poder continuar con la prestación del servicio, el Consejo de Ministros aprobó un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y SEITTSA para que ésta última se pudiera cargo de la gestión de estas autopistas.
En el caso de la autopista entre Cartagena y Vera, la intensidad media diaria (IMD) en el año 2017 fue de 2.153 vehículos diarios, lo que representó un aumento del 8,4% con respecto a 2016. 

Por lo que respecta a la Circunvalación de Alicante, a cierre del pasado año la IMD se situó en 5.645 vehículos diarios, el 6% más que un año antes.

La autopista Cartagena-Vera aumenta su tráfico un 7,9% tras ser 'rescatada' por el Estado

MADRID.- La autopista Cartagena-Vera, que pasará a manos del Ministerio de Fomento el mes que viene, elevó su intensidad media diaria de tráfico un 7,9% en los dos primeros meses del año, con 3.042 usuarios. El aumento del tránsito de vehículos está en consonancia con el del resto de autopistas de peaje en quiebra ya 'rescatadas' por el Ministerio, que elevaron su tráfico entre un 4,08% y un 9,63% en enero y febrero en comparación a los mismos meses del año anterior.

El conjunto de las nueve vías que Fomento terminará de asumir en las próximas semanas saldaron los dos primeros meses de ejercicio con alzas en el número de usuarios, en su mayoría por encima del incremento medio del 4,4% que registró toda la red de vías de pago.

Las autopistas inician así al alza el ejercicio tras encadenar en 2017 su cuarto año consecutivo de aumento en el número de usuarios, según la estadística de Fomento. Aunque la autopista Cartagena-Vera cambia de gestión el mes que viene en pleno 'subidón' del tráfico diario, los usuarios no notarán cambio alguno en las tarifas.

La radial R-4 Madrid-Ocaña, la primera que 'rescató' el Ministerio, cerró febrero con un tráfico de 3.971 vehículos diarios, un 9,63% más. La radial R-2 Madrid-Guadalajara, que Fomento gestiona desde el 1 de marzo, registra unos 5.288 usuarios al día, un 8,58% más. De otro lado, la AP-36 Ocaña-La Roda, la vía que Fomento asumió el pasado 15 de marzo, contabiliza 1.653 vehículos diarios, un 4,08% más que hace un año.

La M-12 Eje Aeropuerto, la que une Madrid y Barajas, se mantiene como la vía 'quebrada' con más usuarios, con una media de 21.455 al cierre de febrero, un 4,7% más que un año antes. Por el contrario, la AP-41 Madrid-Toledo es la que menos coches registra, unos 1.008 al día, pese a que es la que más disparó el tráfico al comienzo de este año, un 14,5%.

El incremento de los tráficos en estas vías constituye un factor que podría atraer a los inversores cuando Fomento las saque a concurso para volver a ceder su explotación a empresas privadas. 

El Ministerio confía en lograr hasta 1.000 millones de euros con este proceso, con el fin de amortiguar así parte del importe que pagará a los actuales concesionarios de las vías por la inversión que realizaron en su construcción. 

En la actualidad, estas carreteras soportan una deuda de 3.200 millones.

'Seittsa' asumirá el 1 de abril la gestión de la autopista Cartagena-Vera

MADRID.- El director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), José María Piñero, dijo este martes que el próximo 1 de abril asumirá la gestión de la circunvalación de Alicante y de la autopista Cartagena-Vera (Almería).

La sociedad sigue manteniendo su intención de que la autopista AP-41 (Madrid-Toledo), cuya liquidación va más lenta, se licite de nuevo junto al grupo de radiales de Madrid.

Piñero, que ha participado en el X Encuentro del Sector Infraestructuras, organizado por Deloitte y ABC, ha recordado que Seittsa, que gestionará las autopistas que ha tenido que asumir el Gobierno por la quiebra de las concesionarias hasta que se vuelvan a licitar de nuevo, ya gestiona la R-2 (Madrid-Guadalajara) y la R-4 (Madrid-Ocaña) y el próximo jueves asumirá la de la AP-36 (Ocaña-La Roda).

Ha admitido que en el caso de la AP-41 existe "incertidumbre" y, aunque se ha iniciado el proceso de resolución del contrato, una decisión judicial podría interferir en el proceso, pero aún así "la idea es que salga en el paquete de Madrid", en el que el Gobierno agrupará siete de las nueve radiales rescatadas, por "coherencia, sinergias y economías de escala".

Tras la asunción de la gestión de la de Alicante y la Cartagena-Vera, solo le quedarán por asumir, pendiente de que los jueces fijen la fecha de traspaso, la M-12 (Madrid-Aeropuerto de Barajas), la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero).

En cuanto a la futura licitación de estas autopistas, ha indicado que esperan tener dentro del próximo mes junio el pliego para el proceso de licitación, que constará de dos fases (calificación y subasta), un proceso que durará cuatro meses para que en los dos meses finales del año se firme el contrato y se traspase la infraestructura al ganador de la concesión.

Respecto al futuro de las autopistas cuyas concesiones empezarán a vencer a partir de este año y hasta 2021, indicó este martes que es un debate en el que las comunidades autónomas tienen mucho qué decir y que debe ser planteado de manera responsable.

Respecto al Plan de Inversión de Carreteras (PIC), ha indicado que espera que las primeras licitaciones puedan empezar a hacerse en la segunda quincena de abril, una vez que se apruebe el pliego, que han requerido de tiempo para hacer un pliego único que sirviera para todos y a la necesidad de adaptarlo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se aprobó en noviembre.

El director general de Seittsa ha recordado que el PIC incluye veinte proyectos, con una inversión inicial de 5.000 millones de euros, y esperan que dentro de este año ya se inviertan 2.000 millones en un primer paquete de obras, para completar el resto a lo largo de la legislatura.

Una moción municipal solicitará desde Águilas reducir al mínimo legal la tarifa de la AP-7 tras su rescate por Madrid

ÁGUILAS.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Águilas elevará al Pleno Ordinario del mes de marzo una moción instando al Gobierno de España a mantener en el sector público y no volver a concesionar la AP-7 así como a reducir al mínimo legal permitido las tarifas de la misma.

El edil socialista Tomás Consentino, firmante de la misma, manifestaba que tras el reciente anuncio de rescate de la autopista de peaje en su tramo Cartagena-Vera, que a partir del 1 de abril pasará a manos estatales, es el momento de apostar por un nuevo modelo de gestión pública. 

"Sin entrar en valoraciones sobre el ruinoso negocio que ha supuesto esta autopista, desde el PSOE creemos que es el momento de que la misma se mantenga en el sector público y no vuelva a ser concesionada. Creemos asimismo que puesto que ha sido rescatada con dinero de todos los contribuyentes lo justo es que la tarifa de la misma se reduzca al mínimo legal, máxime si tenemos en cuenta el coste de la misma en su tramo murciano casi duplica al almeriense".

Autopistas en quiebra: final infeliz para todos

MADRID.- Definitivamente, arranca el res­cate de ocho de las nueve au­to­pistas de peaje que están en quie­bra. Seis años des­pués de que se pro­du­jera el mayor fiasco de la cons­truc­ción de las grandes vías es­pañolas que trajo el boom, el Gobierno se hará cargo pro­vi­sio­nal­mente de las mismas hasta una pró­xima li­ci­ta­ción. Un final in­feliz para el Estado, los con­tri­bu­yentes y hasta para las em­presas afec­ta­das, a juicio de www.capitalmadrid.com. 

El desplome de los tráficos por la crisis y los sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos para su construcción han sido la causa real de las insolvencias. Demasiadas vías de pago para un país con muchos trabajadores en las listas del paro.

El Estado ha reconocido que deberá abonar unos 2.000 millones de euros en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una cifra que no aceptan los fondos que compraron gran parte la deuda a los bancos acreedores, pues estiman que supera los 4.000 millones de euros. El gran dilema por resolver sigue siendo este desfase entre las partes. Las constructoras insisten en que la inversión inicial fue mucho más elevada.

En el plan de estabilidad que el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió el pasado otoño a Bruselas reconoce una cifra de 2.000 millones que tendrá que compensar a las partes afectadas. El Ministerio de Fomento espera recuperar unos 1.000 millones de euros con la posterior cesión a empresas privadas, con lo que el impacto en las cuentas públicas, es decir en el déficit, alcanzaría los 1.000 millones de euros.

Baile de cifras

Desde el estallido de la amenaza de quiebra, la compensación económica que, primero, reclamaban los bancos, y ahora los fondos de inversión adquirientes de dicha deuda, ha sido y es el gran caballo de batalla. En los dos últimos años, se ha producido un baile de cifras que van, desde los 2.200 millones que ha fijado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los 3.500 millones que estima el Tribunal de Cuentas y la cifra de 5.500 millones que considera la patronal de la construcción Seopan. 

Al margen de la cifra que el Estado reconoce, el Ejecutivo deberá añadir otros 550 millones de euros en concepto de préstamos participativos, que se concedieron para construir las citadas vías y que la Administración Central no cobrará.

La primera de las autopistas que será asumida por el Ministerio de Fomento el 21 de febrero será la R-4 Madrid-Ocaña que está participada por Ferrovial, Sacyr y Liberbank. El tramo de la AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante pasaran al Estado el próximo 1 de abril. 

El resto de las autopistas quebradas -las radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid Aeropuerto de Barajas y la AP-36 Ocaña-La Roda- serán asumidas en el primer semestre.

El Ministerio de Fomento prevé asumir en los próximos meses el resto de las autopistas en quiebra, aunque la fecha dependerá de los juzgados que han acordado la liquidación y de los administradores concursales. 

Respecto a la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo no ha anulado todavía el contrato al no haberse alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores.

Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por constructoras como Ferrovial, ACS, Sacyr y OHL, además por las concesionarias Abertis y Golbalvía y diversos fondos de inversión que compraron su deuda a bancos acreedores.

Seis meses para pagar la RPA

El Ministerio de Fomento dispone de un tiempo de seis meses para pagar a las concesionarias la Responsabilidad Patrimonial de la Administración a partir de la fecha en que se resuelven los contratos y el Departamento se queda con las autopistas.

Con este “rescate”, el Estado garantiza que las autopistas sigan abiertas tras la quiebra, mientras se resuelve también la cesión de su posterior explotación a empresas, mediante concurso público que se lanzará en los próximos meses. La Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las nueve autopistas que saldrán a concurso.

El Ejecutivo quiere que las nueve autopistas vuelvan a manos privadas antes que concluya 2018. En un principio, la relicitación de cada una de ellas se hará por separado pero la intención del ministro Íñigo de la Serna es colocarlas en paquetes para que la venta sea más atractiva. 

Fomento estima que el conjunto de carreteras generen en 2018 un beneficio neto de 34,4 millones de euros, una cifra que no llega para cubrir el coste que el Estado deberá asumir en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Los ingresos previstos para este año ascienden a 103,7 millones de los que 93,5 millones corresponden a peajes y 10,2 millones a ingresos de explotación de las áreas de servicio.

Una de las concesionarias que ha anunciado que espera acudir a la licitación es Abertis. “Habrá que revisar el pliego de condiciones, pero es una inversión que no descartamos en la empresa”, declaró el director general, José Aljaro, en la presentación de los resultados de la compañía. Otros fondos de inversión como Ardian han mostrado también interés en participar.

El Gobierno central da luz verde al rescate de la autopista Cartagena-Vera

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó este viernes el 'rescate' de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al autorizar la anulación de los contratos con las actuales sociedades concesionarias de las vías, entre ellas la autopista Cartagena-Vera, que pasará a manos estatales el 1 de abril.

El Gobierno también instó a que se determinen las fechas exactas en las que el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, pase a hacerse cargo de las autopistas, según informó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, el Consejo autorizó rescindir siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.

La ruptura de los contratos supone un proceso de trámites administrativos, entre ellos la consecución de informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado. Una vez que estén listos, el Consejo de Ministros volverá a ratificar la resolución contractual.

En paralelo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de las autopistas, el Ejecutivo instó al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas a determinar la fecha en que Fomento pasará a hacerse cargo de estas vías.

Primer rescate, el miércoles

Por el momento, sólo hay fecha para el 'rescate' para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.

Fomento prevé asumir el resto de vías entre lo que queda de este mes y el de marzo, si bien fijará la fecha de acuerdo con los juzgados que acordaron su liquidación y con sus administradores concursales, según destalló el Ministerio.

En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato, dado que esta vía no ha alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores en que están inmersas todas ellas desde 2012.

El objetivo de Fomento con este 'rescate' es "garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios" tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que "lanzará en los próximos meses", según recordó Méndez de Vigo.

Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.

Factura para las arcas públicas

Una vez que estos contratos de concesión de las autopistas queden definitivamente resueltos comenzará a contar el plazo de seis meses con que cuenta Fomento para calcular y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Se trata del importe que, por contrato, tiene que pagar a sus actuales concesionarios por las inversiones que realizaron para construir las autopistas, un importe que Fomento ya ha reconocido que afectará al déficit público de este año.

El Gobierno incluyó unos 2.000 millones esta 'factura' en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño, pero los fondos oportunistas que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500 millones.

Si bien el Ejecutivo asegura que su cálculo es "orientativo" y que además, espera cubrir parte del mismo con los hasta 1.000 millones que espera obtener con la relicitación de las vías, el impacto en las cuentas públicas podría ser finalmente de unos 1.000 millones.

El PP mantendrá públicas las autopistas de peaje a rescatar de su actual concesión próxima al vencimiento

MADRID.- El PP ha expresado este martes en el Congreso su apoyo a no prorrogar en un principio las concesiones de las autopistas de peaje que vencen entre 2018 y 2021 y a mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas cuya gestión empezará a asumir el Estado.

Así figura en la enmienda presentada por los 'populares' a la proposición no de ley de Unidos Podemos que se debate este martes en el Pleno de la Cámara Baja, y con la que el grupo parlamentario reclama recuperar la gestión pública de estas infraestructuras.

En ella, los 'populares' expresan su conformidad, tal y como propone Unidos Podemos, a "mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas", y piden adoptar "medidas para minimizar el impacto y la afección que la situación de las autopistas en concurso pueden producir sobre los ciudadanos".

Asimismo, en el texto de su propuesta piden garantizar la "disponibilidad" de estas infraestructuras "para quienes deseen utilizarlas y evitando que situaciones similares puedan llegar a producirse en el futuro".

En todo caso, excluyen de su enmienda la exigencia al Gobierno de renunciar "de forma explícita a volver a privatizarlas" y a dar "marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector privado, paralizando de inmediato el procedimiento de licitación de dos contratos", que sí recoge en su iniciativa Unidos Podemos.
Por otro lado, el PP apoya no ampliar los períodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del período concesional en los últimos años, aunque tampoco reclaman, como aboga Unidos Podemos, que se haga "de forma directa por el sector público".
En la rueda de prensa celebrada al finalizar la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, ha abogado por que estas infraestructuras "amortizadas por el pago del peaje reviertan al Estado" y sea el Gobierno el que "decida cómo va a implementar una nueva fórmula para su mantenimiento".
Todo ello después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mostrara su disposición a llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición ante el fin de varias de las concesiones de autopistas. Respecto a las que serán rescatadas, De la Serna ya avanzó que prevé licitar de nuevo, aunque con diferentes condiciones, las nueve autopistas en quiebra.
En la relación de autopistas el PP no incluye, como recoge la propuesta de Unidos Podemos, el tramo de la AP-6 entre Villalba y Adanero, precisamente la vía en la que una nevada acabó provocando que cientos de vehículos quedaran atrapados durante la noche del Día de Reyes. En todo caso, sí que incluyen la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-7 entre Tarragona y Valencia, la AP-7 entre Valencia y Alicante, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la AP-7 entre Montmeló y La Jonquera, la AP-7 entre Barcelona y Tarragona, la AP-7 entre Montmeló y El Papiol, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto en el Congreso de los Diputados mantener dentro del sector público las nueve autopistas de peaje quebradas, entre ellas la de Cartagena-Vera, según el diputado por Murcia Teodoro García. La propuesta del PP trata de garantizar la disponibilidad de estas autopistas para quienes deseen utilizarlas, evitando que situaciones similares pueden llegar a producirse en el futuro.
Se trata de las autopistas de peaje Cartagena-Vera, junto a las R2 Madrid-Guadalajara, R3 Madrid-Arganda, y R4 Madrid-Navlacarnero; también el Eje del Aeropuerto de Barajas; las autopistas Madrid-Toledo y Ocaña-La Roda y la circunvalación de Alicante.

Pablo Iglesias pide que sea gratis la autopista Cartagena-Vera

MADRID.- Unidos Podemos, partido que lidera Pablo Iglesias, lleva hoy a debate al Congreso de los Diputados una propuesta sobre la gestión de la red de autopistas de peaje, mediante la cual se insta al Gobierno de España a mantener la gestión de estas vías y, por tanto, no volver a ceder a empresas privadas las que terminan sus plazos de concesión en próximos años, ni tampoco las nueve que 'rescatará' el Estado. 

Entre estas últimas se encuentra la AP-7, que conecta Cartagena con la localidad almeriense de Vera, para la que exigen su gratuidad.

En el caso de las nueve autopistas rescatadas, el Ejecutivo prevé volver a sacarlas a concurso en dos lotes, una operación con la que baraja obtener entre 700 y 1.000 millones de euros paga pagar así parte de la responsabilidad patrimonial del Estado; esto es, la 'factura' de sus actuales concesionarios por la inversión que realizaron en su construcción. Podemos también pide al Gobierno que no vuelva a ceder a las empresas privadas la gestión de las nueve autopistas quebradas que rescatará este año.
La formación morada, en su propuesta, llama al Gobierno a aprovechar la «oportunidad histórica de acabar con la anomalía del negocio privado en la red de carreteras de alta capacidad», al considerar que deben formar parte de la red de carreteras públicas y no ser explotadas «por grandes grupos del 'lobby' bancario y constructor».
Por contra, la formación destaca a los más de 14.000 kilómetros de autovías y carreteras multicarril sin peajes existentes en España. «Una amplia red articulada que cubre el conjunto del territorio y tiene una lógica integrada de gestión», subrayan.
Por ello, Unidos Podemos reclama que el Estado se quede con la gestión y no vuelva a sacar a concurso la media docena de autopistas que concluyen su periodo de concesión a partir de finales de este año. Entre las más próximas a Cartagena se encuentra la AP-7 en los tramos que hay entre Tarragona y Valencia, y entre Valencia y Alicante, cuya concesión concluye en 2019.

MC exige quitar el peaje de la autopista hasta Alicante y Vera desde Cartagena

CARTAGENA.- MC acusa a los gobiernos central y regional de «seguir dando la espalda al Campo de Cartagena», esta vez con las inversiones en carreteras. 

El presidente de MC, Jesús Giménez, criticó que mientras el presidente Fernando López Miras anuncia 900 millones de euros para la circunvalación de Murcia o arco noroeste y el tercer carril entre Murcia y Alicante, «los habitantes del Campo de Cartagena siguen pagando peaje hasta Alicante, en una vía infrautilizada como la AP-7, y hasta Almería, en la autopista de Vera». 

MC sostiene que «eliminando el peaje de la AP-7 no haría falta desdoblar el carril, pues se reduciría sensiblemente el tráfico de Murcia» procedente de la zona de Cartagena.

Fomento debe 'rescatar' el 1 de abril la autopista Cartagena-Vera

MADRID.- El Ministerio de Fomento tendrá que asumir el próximo 1 de abril la titularidad y gestión de las autopistas en quiebra Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante, según fija el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid en los autos que aprueban los planes de liquidación de estas vías.

Las fechas arrojan una leve demora sobre lo programado por el Departamento que dirige Íñigo de la Serna, que estimaba que estas dos autopistas figurarían entre las que esperaba 'rescatar' en marzo.

En concreto, Fomento prevé iniciar el 'rescate' de las nueve vías de pago quebradas y en liquidación el próximo mes de febrero con la asunción de la primera de ellas, la radial R-4 Madrid-Ocaña.

Posteriormente, el Ministerio, a través de Seittsa, confía en tomar el grueso de las autopistas en marzo, cuando prevé quedarse con las otras tres radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), la M-12 que une la capital con el aeropuerto de Barajas, y también con las dos fijadas ahora para el 1 de abril.

La última que espera asumir, previsiblemente a partir de ese mes de abril, es la AP-41 Madrid-Toledo, según indicaron en fuentes de Fomento, que atribuyen estos distintos plazos temporales al diferente ritmo de resolución que siguen los respectivos procesos de concurso de acreedores en que están inmersas.

Las autopistas Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante conforman uno de los dos lotes en los que Fomento prevé posteriormente saca a concurso las vías para volver a ceder su gestión a empresas privadas, un proceso con el que espera obtener entre 700 y 1.000 millones de euros.

Fomento se hará en marzo con las autopistas quebradas para venderlas en dos lotes este año

MADRID.- El Ministerio de Fomento va a sacar al mercado en dos lotes las autopistas quebradas por la falta de tráfico, con una previsión de ingresos que va de 700 a 1.000 millones de euros por su nueva privatización por 25 años, recuerda Cinco Días. 

La Seittsa, sociedad estatal encargada de aglutinar las nueve autopistas en liquidación, comenzará a gestionar los activos entre febrero, cuando se espera la reversión de la radial 4 de Madrid, y el mes de marzo, cuando deberían nacionalizarse las radiales 2, 3 y 5; la M-12 que enlaza la capital con el aeropuerto de Barajas; la AP-36, que presta servicio entre Ocaña y La Roda; la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la autopista Cartagena-Vera (Aucosta). El calendario final depende del juez que tramita estas liquidaciones.

Todas ellas avanzan hacia la reversión a la Administración, mientras la AP-41 Madrid-Toledo tiene sin someter a la junta de acreedores el convenio. Pese a ello, Fomento prevé la próxima resolución de los contratos concesionales en Consejo de Ministros, y la relicitación allá por el mes de junio. El montante de las adjudicaciones dependerá del marco tarifario y de los estudios de demanda, aún en elaboración. Y en el caso de la AP-41, podría anticiparse el concurso pese a no haber sido liquidada.

Las nueve autopistas han cerrado 2017 con una intensidad media 4.200 vehículos diarios, lo que implica un incremento medio del 8,6% respecto a 2016. Ese año los activos ya mejoraron un 7,6% en número de usuarios, y en 2015, punto de inflexión para el tráfico tras la crisis, la demanda media creció un 5,2%.

Faltan por estimar las cuantías con que el Estado debe compensar a las concesionarias por el lucro cesante en función de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Y es que quedará establecido que la reversión a manos públicas de estas concesiones se ha debido a causas ajenas a las operadoras. La caída de demanda por la crisis y los sobrecostos en expropiaciones son las dos grandes losas que han pesado sobre estas infraestructuras, ambos problemas inesperados por Fomento en el momento de su licitación.

El Ministerio tendrá seis meses a partir de la transmisión de los activos a la Seittsa para establecer la cifra de la citada RPA, que se antoja multimillonaria y computará en déficit. Como aproximación, el Gobierno fijó un impacto de 2.000 millones en el plan presupuestario de 2018 enviado en octubre a Bruselas. De esa cifra, que está en la mitad de lo que calculan los acreedores de las concesionarias, titulares de la RPA por la pignoración de esta garantía para cubrir los créditos de construcción, habría que restar la cantidad obtenida por la relicitación. En definitiva, Fomento quiere aglutinar todas estas operaciones en 2018 para tener un solo impacto en déficit.

Guerra de cifras entre Fomento y los acreedores por las radiales

MADRID.- El proceso de rescate de las concesionarias de autopistas en quiebra acabará costando dinero al erario público, al contrario de lo que ha sostenido repetidamente el Gobierno. Y la factura no será precisamente barata, ya que rondará los 4.000 millones de euros. Al menos, el Estado no tendrá que hacer tal desembolso de golpe. La operación de rescate protagonizará un largo recorrido por los tribunales, que contribuirá a diferir el pago. Tanto, que lo más probable es que el Gobierno que termine de pagar los costes del rescate no sea el mismo que el actual, el que comenzará a asumirlos, según razona hoy Voz Pópuli.

Las previsiones del Ministerio de Fomento sobre este proceso, que incluye asumir las nueve concesiones en situación de quiebra y volver a licitarlas pasan por ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros, en el mejor de los casos. Unas cifras que no cubrirán en ningún caso el coste que debe asumir el Estado por el rescate, encarnado en la figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). En este punto es en el que residen las diferencias entre el Gobierno y los acreedores.

El Ministerio de Fomento tendrá seis meses de plazo, desde que asuma el control de la concesiones (lo que se prevé para el próximo mes de marzo), para determinar la cuantía de la RPA, que es, en síntesis, la compensación del Estado por quedarse unos activos cuyo coste ha sido asumido por otros (en este caso, las sociedades concesionales que se adjudicaron en su día las autopistas de peaje de última generación). 

Por lo tanto, los cálculos, que deberán pasar el filtro de la Intervención General de la Administración, aún no tienen cara y ojos.

Sin embargo, de forma extraoficial el Gobierno sí ha hecho saber que no está dispuesto a pagar por este capítulo más de 2.500 millones de euros. Y que la cifra más probable estaría más próxima a los 2.000 millones.

De concretarse, ésta sería la cantidad a consignar por la RPA, que difiere en gran medida de las estimaciones de los acreedores de las concesionarias. De los actuales, mayoritariamente fondos oportunistas que han ido adquiriendo las carteras de deuda a los bancos que originalmente financiaron las concesiones; y de los anteriores, las citadas entidades financieras.

Fomento ha tratado de llegar a un acuerdo con ambos colectivos, pero en vano. Los cálculos de los acreedores, en línea con los realizados por las constructoras y las concesionarias afectadas por las quiebras, se van hasta los 5.000 millones, incluyendo la RPA y otro tipo de amortizaciones, créditos participativos, etc.

Por lo tanto, todo apunta a que la RPA que finalmente asuma el Estado será convenientemente recurrida por los acreedores. Un proceso que no tendría por qué obstaculizar la operación de relicitar las concesiones pero que dejará en manos de jueces y tribunales el importe final de la factura del rescate.

Antes de que acabe 2018

De ahí que el coste del rescate será diferido. En función de lo que determinen los tribunales, la RPA será más o menos voluminosa. En cualquier caso, el objetivo de que el proceso no suponga un coste para el erario público ha quedado netamente superado por los acontecimientos. El Gobierno únicamente conseguirá que el primer impacto sea menor.

Fomento mantiene su intención de que la reversión de las nueve autopistas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) y la adjudicación de su concesión de nuevo a empresas privadas se produzca dentro de 2018, pues la entrada y salida de fondos minimiza el impacto en el déficit.

El Gobierno quiere que todas las concesiones se liciten en el plazo máximo de diciembre de este año y que salgan a adjudicación en dos lotes: uno con la Circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera, y otro con el resto, incluida la AP-41, que se incluiría en la licitación aunque no tenga el plan de liquidación aprobado, pues en cualquier caso en el momento de la adjudicación estará en manos del Estado.

El Gobierno rescatará en febrero las autopistas de peaje asumiendo unas pérdidas de al menos 2.000 millones

MADRID.- El Estado se dispone a empezar a hacerse cargo a partir de febrero de las autopistas de peaje quebradas cuando eran gestionadas por constructoras (ACS, Abertis, FCC...), y que ahora están en su mayoría en manos de "fondos buitre", recuerda eldiario.es. 

 Según los cálculos que manejan hasta el momento las partes, el erario público asumirá en todo este proceso unas pérdidas de entre 2.000 millones (lo que espera el Estado según las estimaciones que envió a Bruselas) y 4.500 (lo que calculan los acreedores) en concepto de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA).

No obstante, el Gobierno espera recuperar entre 700 y 1.000 millones cuando vuelva a sacar a concurso las autopistas quebradas a final de este mismo año, según fuentes del Ministerio de Fomento. 

Además, como el tráfico se está recuperando, aún podría intentar rebajar lo que considera que debe pagar en concepto de RPA, según las fuentes. Si los acreedores no aceptan los cálculos del Ejecutivo (han dicho que están dispuestos a pleitear y por el momento no se ha llegado a un acuerdo) serán los jueces los que decidan la cantidad, y el proceso podría prologarse.

Pero de cumplirse los pronósticos iniciales (incluidos en el plan de estabilidad remitido a la Comisión Europea en octubre) en el mejor de los casos las pérdidas de fondos públicos serán de 1.000 millones de euros y en el peor de 3.800, siempre que se reste lo que se espera reingresar. 

En principio, salvo decisión judicial, el pago a los acreedores se produciría como máximo a los seis meses desde que la autopista pase a manos del Estado (entre febrero y marzo). Al Gobierno le interesa retrasar al máximo el proceso, porque de este modo se reducirá la factura.

Unidos Podemos ha anunciado este jueves que pedirá la comparecencia del ministro de Fomento para que dé explicaciones sobre el rescate  mientras que el PSOE a través del  portavoz de Fomento en el Congreso, César Ramos, ha anunciado que exigiran que "en las nuevas licitaciones" se contemplen garantías para "mejorar la movilidad en los zonas de influencia de estas autopistas”.    

La primera en revertir a la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres) será la R-4 Madrid-Ocaña, en febrero. El rescate continuará en marzo para la mayoría de las vías, esto es, las otras tres radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), la M-12 que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

La última vía que se rescatará y será asumida por la Administración será así la AP-41 Madrid-Toledo, según indicaron las mismas fuentes, que atribuyen estos plazos temporales al distinto ritmo de resolución que siguen los respectivos procesos de concurso de acreedores en que están inmersas. Seittsa se subrogará a los 700 trabajadores contratados en la actualidad en estas vías.

El Ministerio finalmente ha decidido relicitar las autopistas en dos lotes, uno con las dos vías del Levante, esto es la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera , y el otro con el resto.

La intención es que mantengan su titularidad pública durante este año, hasta que en diciembre de 2018 vuelvan a ser sacadas a concurso. Fomento se resiste a calcular una cifra final de pérdidas, porque aseguran que el tráfico se está recuperando y que al fin y al cabo acabarán por volver a manos del Estado cuando pasen 25 años desde su nueva licitación.

El ministro Íñigo de la Serna es el que se ha terminado haciendo cargo de esta patata caliente. 

El Gobierno de José María Aznar, allá por el cambio de milenio, firmó en cada contrato de licitación una cláusula (RPA) por la que éstas adquieren una obligación de reparar o de responder por las pérdidas de las empresas implicadas.

En 2013,  el tráfico de las radiales había caído un 48% desde su momento máximo en 2007 y todas estaban en quiebra. La última fue la R-2 que va de Madrid a Guadalajara. El Gobierno impulsor de su construcción y conexión, justificó la obra con perspectivas muy altas de tráfico que no se cumplieron.

A esto se sumaron varios casos en que hubo que pagar más dinero que el presupuestado para expropiar algunos terrenos y que se produjeron sobrecostes en las obras. Los sobrecostes en las radiales de Madrid oscilan entre el 15% de la R-3 y el 31% de la R-2. Se pretendía pagar a los propietarios con coste de terreno expropiado, pero el Tribunal Supremo obligó a que se pagase a precios de mercado en plena burbuja del suelo.

Con estas salvaguardas, no es extraño que acudieran a las licitaciones para construir y optar a la concesión de las autopistas un gran número de constructoras como Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvía. En principio, nada les impide volver a acudir a la licitación de diciembre, según  las citadas fuentes.