MADRID.- El Ministerio de Fomento mantiene
la puerta abierta a relicitar las nueve autopistas de peaje quebradas
tal y como pretendía hacerlo el Gobierno anterior. "Vamos a continuar
con la tramitación", aseguran fuentes oficiales del departamento que
dirige José Luis Ábalos consultadas por elEconomista.
Ahora bien, el proceso se retrasará
irremediablemente hasta el próximo año, con lo que el Estado se anotará
un impacto sobre el déficit público de 2018 del entorno de los 2.000
millones de euros. Esta postura contrasta con la expresada por el PSOE,
que en el último año ha defendido la gestión pública de las carreteras
rescatadas.
La decisión final, en todo caso, dependerá
también de cuándo se convocarán las elecciones generales.
Por el
momento, el Ministerio prorrogará el convenio con Seittsa para que la
sociedad pública siga gestionando las autopistas en 2019 -finaliza el 31
de diciembre-.
El exministro de Fomento Íñigo de la Serna había programado lanzar la relicitación
de las autopistas de pago en quiebra (las cuatro radiales 2, 3, 4 y 5,
la AP-41, la AP-36, el Eje Aeropuerto, la Circunvalación de Alicante y
la AP-7 Cartagena-Vera) en junio, de manera que la adjudicación de los
dos lotes en que las dividió se culminara antes del 31 de diciembre de
este año.
Con ello, conseguiría compensar parcialmente el impacto sobre
las cuentas públicas de este ejercicio. En concreto, los cálculos
oficiales apuntaban a que la privatización de las carreteras que han ido
revertiendo a la Administración en los últimos meses alcanzaría un
valor de entre 700 y 1.000 millones de euros.
A su llegada al Ministerio de Fomento, Ábalos apostó en una entrevista a El País por "hacer una revisión ajustada"
del proceso de relicitación de las autopistas liquidadas, toda vez que
enfrentan una Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) que el
Gobierno de Mariano Rajoy cifraba en 1.800 millones y el nuevo ministro la eleva a entre 2.000 y 2.600 millones.
Fomento tiene que comenzar a fijar la RPA
de cada una de las autopistas a partir de agosto. El plazo legal para
establecer la compensación es de seis meses. Seittsa asumió la primera
vía, la R-4, el 21 de febrero, por lo que ese periodo concluye el 21 de
agosto. En las semanas posteriores deberá hacer lo propio con el resto
de carreteras rescatadas. Solo la AP-41 Madrid-Toledo está pendiente de
que el juez apruebe su liquidación.
Sea cual sea la cifra global, el Gobierno
tendrá que anotarla en el déficit público, en un contexto en el que
Bruselas mantiene las exigencias fiscales sobre España. Se espera que
los fondos
que tienen el grueso de la deuda (King Street, Attestor, SVP y Taconic)
litigarán con el Ministerio, por lo que el importe definitivo tardará
unos años en conocerse.
El anterior Gobierno quería relicitar las
autopistas en el presente ejercicio para limitar el impacto en las
cuentas públicas. De la Serna y su equipo preveían sacar los concursos
de los dos lotes de autopistas (las radiales y próximas a Madrid, por un
lado, y las del Levante, por otro) en junio para así poder cumplir con
ese objetivo -este tipo de procesos pueden llevar de cuatro a seis
meses-.
Fuentes oficiales de Fomento aseguran, sin embargo, que el
pliego aún no estaba definido, que todavía "tiene algunos escollos". De
hecho, señalan que el cronograma de Seittsa indicaba la necesidad de que
"estuviera aprobado a mediados de mayo
"La situación inicial de
adjudicación antes del 31 de diciembre es absolutamente inviable",
remarcan.
Fomento trabaja ahora igualmente en los
estudios económico-financieros para determinar el valor real de las
autopistas. El propio Ábalos cuestionó el valor máximo estimado de 1.000
millones.
La privatización de las radiales choca con
lo defendido por el PSOE en los últimos meses. No en vano, en febrero
apoyó una proposición no de ley de Unidos Podemos-En Comú-En Marea para
que el Gobierno recupere la gestión pública tanto de las autopistas
quebradas como de las vías de pago cuyas concesiones vayan venciendo.
Sobre estas últimas, el Ejecutivo ya ha anunciado que así lo hará.
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