MADRID.- El Gobierno dará el pistoletazo de salida esta semana al rescate de las nueve autopistas de peaje
en quiebra. El Consejo de Ministros aprobará un convenio el próximo
viernes, en la última reunión antes de las vacaciones estivales, que
permita a a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres
(Seittsa), de titularidad pública, asumir la gestión de esas autopistas y
preparar su relicitación para que vuelvan a manos privadas a finales de
2018.
Así lo ha anunciado el ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna,
en una entrevista con
El País, en la que ha señalado que el coste de
ese proceso de reversión al Estado de las vías de peaje será
“sustancialmente menor” a los 3.500 millones de euros en los que lo
cifra el sector y otros organismos.
El titular de Fomento ha adelantado también que en 2018 pondrán en marcha el plan más “ambicioso” de compra de
trenes para la red convencional de Renfe.
que superará los 1.600 millones de euros, y que próximamente se
convocará un concurso para que Renfe Mercancías tenga un socio privado.
También explica los planes del AVE, y la fórmula de colaboración
público-privada que va usar el Gobierno para su plan de inversión de
5.000 millones en carreteras.
Pregunta. ¿Cómo se van a rescatar las nueve autopistas de peaje en quiebra?
Respuesta. No se puede hablar de rescate,
porque esas autopistas entran en liquidación judicialmente, y esa
infraestructura revierte al Estado, queramos o no. Y lo que el Gobierno
va a hacer es prepararse para cuando llegue ese momento. Para eso, el
Consejo de Ministros va a aprobar en su última reunión de julio un
convenio para encomendar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Terrestres (SEITTSA) la gestión de esas autopistas durante el periodo
desde que reviertan al Estado hasta que se vuelvan a licitar. Porque
nuestra vocación no es renacionalizar esas autopistas sino poder
volverlas a poner en el mercado.
P. ¿Y que incluye ese convenio?
R. Ese convenio permitirá que SEITTSA, que
es una sociedad pública, realice los estudios de tráfico y de demanda,
así como de viabilidad, que se someten a información pública; después
elaborará los pliegos y la auditoría de situación de cada una de las
autopistas para preparar a partir de ahí las condiciones de la
relicitación, de forma que a finales de 2018 se puedan volver a poner en
el mercado.
P. ¿Y cuánto le va a costar al
contribuyente? ¿Algunos organismos hablan de 3.500 millones? ¿Cómo se va
a hacer la nueva licitación?
R. Esa cifra es la que figura como importe
máximo en los pliegos de licitación, pero nuestra impresión es que se
situará sustancialmente por debajo. Además, la nueva licitación servirá
para aminorar el efecto de la responsabilidad patrimonial de la
administración (RPA). Aún está por decidir si lo hacemos en uno o dos
bloques, pero todas saldrán al mismo tiempo.
P. ¿Se podrán presentar las mismas empresas
que las han llevado a la quiebra? ¿Cómo se garantiza que el Estado no
tendrá que volver a rescatarlas?
R. La licitación se tiene que hacer como
marca la ley, con un procedimiento abierto y un concurso público. Pero
los pliegos de las nuevas licitaciones, van a ser muy restrictivos y,
obviamente, el riesgo de las previsiones de tráfico y el de los
sobrecostes por las expropiaciones no forman parte ya de este proceso.
Se va a hacer con unas condiciones y con un rigor y una transparencia
absoluta para que haya el mayor grado de control que evite que esa
situación se vuelva a producir. Y hay que tener en cuenta que el
Gobierno anterior de Mariano Rajoy introdujo cambios legislativos para
que este tipo de concesiones no se plantearan como se plantearon
aquellas.
P. Además de esas vías, está dar una
solución a las autopistas de peaje que se concedieron en los años 70 y
80, y que comienzan a vencer a partir del próximo año. ¿Se plantean que
dejen de ser de peaje?
R. No se va a prorrogar el contrato actual,
no se va a ampliar el periodo concesional para el concesionario actual y
a partir de ahí las autopistas revertirán al Estado. Luego tendremos
que tomar la decisión sobre qué hacer con esas vías, que aún no se ha
adoptado. El Gobierno tomará la decisión pensando en el interés general.
Es un tema que me gustaría abordar dentro del Acuerdo Nacional por las
Infraestructuras que estamos impulsando con todos los grupos políticos.
P. ¿Con el nuevo ciclo de crecimiento
económico se está recuperando la inversión pública? ¿Se están tomando
medidas para relanzar esta inversión?
R. Pretendemos incrementar las inversiones
en obra pública. En mayo hemos conseguido un incremento de las
licitaciones en relación al año pasado del 60%, y del 360% en las
adjudicaciones. Por ejemplo, en el caso de Adif y Renfe la previsión de
cierre del ejercicio 2017 es que ejecutemos obra por un valor de un 35%
más que en 2016.
Nuevo plan de carreteras
P. ¿En qué se va a concretar el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras que ha anunciado el Gobierno?
R.- El nuevo plan que ha presentado el
Gobierno de colaboración público-privada es un plan que aprovecha una
situación histórica para poder realizar inversiones y que ayudará a
impulsar al, probablemente, último sector productivo en incorporarse a
la generación de empleo y que permitirá generar muchos nuevos puestos de
trabajo, además de construir infraestructuras que van a mejorar la
calidad de vida de la gente.
Este plan se va a hacer mediante la fórmula de pago por
disponibilidad. Es decir, el Gobierno no ha planteado la fórmula de pago
por uso. De esa manera, se desvincula del modelo de tráfico, no está
afectada su estabilidad como consecuencia de una variación o un flujo en
los niveles de tráfico. Es un modelo, además, en el que se trasladan
los riesgos al contratista.
Lo que está haciendo el Gobierno en la planificación de las
nuevas fórmulas de colaboración público-privada es garantizar un modelo
que precisamente evite situaciones como las que se vivieron hace unos
años. Y esto, además, contando con el apoyo del propio Plan Juncker que
avala un proceso muy garantista y que se está utilizando con éxito en
otros países europeos.
Se va a concretar en una batería de más de 20 corredores en
los que tienen que ejecutarse las obras correspondientes en los próximos
3, 4 años y luego hay una concesión hasta los 30 años y eso se paga con
cargo al propio envolvente presupuestario y, por tanto, no computa en
el déficit, con un nivel de financiación en el que hay una aportación
del 20% por parte del concesionario y el resto, el 80% restante, la
mitad (el 40% sobre el total) iría con cargo a esos fondos del Plan
Juncker a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el otro 40%
con la entidad financiera correspondiente. Estamos hablando de unas
condiciones extraordinarias.
P. ¿Por qué ha frenado el Gobierno la opa de Aena sobre Abertis?
R. El Gobierno no ha frenado ninguna
operación porque Aena pertenece al Estado a través de Enaire, que es su
máximo accionista. Se consideró que se trataba de una operación que
podía tener cierto interés desde el punto de vista estrictamente
económico pero que, desde el punto de vista estratégico. no lo tiene.
Porque el Gobierno nunca ha tenido en su programa un proceso de
nacionalización de las autopistas. Y supondría un cambio de gestión
absolutamente diferente al que estamos impulsando, y un nivel de
endeudamiento muy superior para Aena. Incluso tendríamos que cambiar los
estatutos de Aena, que no contemplan gestionar autopistas. Además, nos
haríamos con la gestión de autopistas de otros países que no es lo que
tenemos entre nuestros objetivos y surgirían muchísimas incertidumbres
de tipo jurídico porque, por ejemplo, tenemos algunos litigios abiertos
con Abertis.
Lo que el Gobierno ha considerado es el interés general de
España, el interés estratégico y, claramente, esta era una operación que
no era viable desde ningún punto de vista.
P. ¿Y no le preocupa que Abertis pase a manos italianas siendo el accionista de referencia de Hispasat o Cellnex?
R. El Gobierno tiene que respetar, en
primer lugar, la ley de libre mercado. Evidentemente, cuando nos
solicite la CNMV las autorizaciones correspondientes introduciremos las
condiciones pertinentes para garantizar el interés general.
P. Los gestores de Aena piden más autonomía para afrontar operaciones y que el Estado deje de tener la mayoría en el capital
R. La situación actual accionarial de Aena
no impide concurrir en procesos en otros países. De hecho, tenemos
aeropuertos fuera de España como es el caso de Luton y participación en
otros aeropuertos internacionales. Nuestra intención es que se siga
produciendo en aquellos lugares en los que se vea que existe una clara
rentabilidad. Por tanto, hay que seguir trabando en ese campo, pero no
es intención del Gobierno en estos momentos hacer un planteamiento de
ampliación de la participación del sector privado, que tendría que
someterse a la aprobación del Congreso de los Diputados y no parece que
exista una voluntad política para conseguir la mayoría suficiente en esa
dirección.
El crecimiento del tráfico aéreo es espectacular, en el
primer semestre del año hemos crecido un 9,1%, sobre el récord del año
pasado que fueron 230 millones de pasajeros. Con lo cual esperamos
cifras récord, lo que refleja que estamos ante una empresa solvente con
una capacidad extraordinaria de generar actividad.
Conflictos del taxi y la estiba
P. El sector del taxi sigue en pie de
guerra por las empresas como Uber o Cabify que operan con licencias VTC.
El día 27 amenazan con volver a parar las grandes ciudades.
R. No se puede decir que esa huelga
convocada sea la del sector del taxi porque está convocada por una
asociación minoritaria porque el grupo mayoritario considera que el
Gobierno está dando pasos importantes para conseguir una mejor
regulación. Hay que insistir en que las competencias son exclusivamente
de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Con las VTC, nuestro
alcance es únicamente el ámbito normativo. Y pretendemos introducir una
medida normativa para evitar la especulación que impida que se pueda
vender una licencia VTC durante los dos primeros años.
P. El conflicto de la estiba parece que se
calmado tras el acuerdo firmado entre sindicatos y patronal pero algunos
piensan que se trata de un cierre en falso, porque algunas empresas se
han descolgado de ese acuerdo.
R. Es un asunto que se ha cerrado por
completo. Hemos aprobado un Real Decreto Ley que cumple con la sentencia
del Tribunal de Justicia Europea, que ha considerado que el Gobierno ha
actuado bien, y por eso ha reducido la multa de 24 a 3 millones de
euros. El Ministerio de Empleo considera que el acuerdo entre sindicatos
y patronal cumple la ley. Y, además, no se ha perdido ningún puesto de
trabajo, por lo que los que no votaron la convalidación del decreto
porque decían que iba a ver despidos masivos estaban equivocados y solo
querían dañar al Gobierno.
P. El PSOE se ha descolgado con la propuesta de una quita de la deuda de Cataluña.
R. El marco para establecer un nuevo marco
de financiación autonómica es el que se abrió en la Conferencia de
Presidentes, en la que, por cierto, no asistió Cataluña. Por eso es
sorprendente que Pedro Sánchez en lugar de invitar a la Generalitat a
participar en un modelo que es el establecido en la Conferencia de
Presidentes, plantee al margen de esa mesa de diálogo alternativas sin
tener en cuenta al conjunto, al resto de CCAA en un modelo que tiene que
ser el modelo de país.
P. ¿Cree que es posible entenderse con el PSOE de Sánchez?
R. Nosotros con el señor Sánchez y con el PSOE lo que
quisiéramos es mantener vías de diálogo como tantas veces se ha
producido y como desde nuestro punto de vista tendría que producirse en
el futuro. Yo creo que se necesita un PSOE que realmente se interese por
los asuntos del Estado y que trate de colaborar también en esos asuntos
con el Gobierno, por supuesto, con toda la crítica que haya que hacer a
nuestra acción de Gobierno y con todo el control que se deba hacer
sobre el mismo. Pero la postura en estos momentos del señor Sánchez
desde luego no apunta hacia la búsqueda de acuerdos, no apunta hacia
espacios en los que se va a facilitar asuntos como puede ser, por
ejemplo, el establecimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, que es una cuestión clara para poder seguir avanzando en
el crecimiento económico o la voluntad de negociar unos presupuestos.
Continúan, de momento, aferrados en el no y de ahí es difícil conseguir
sacarles si ellos no tienen voluntad de hacerlo.
Renfe aprobará la mayor compra de trenes de su historia en 2018
Pregunta. Una de las prioridades de su departamento es el AVE para todos.
Respuesta. El Gobierno lo que está haciendo es dar
un impulso determinante a la alta velocidad y además los usuarios cada
vez la están utilizando más. En este primer arranque de 2017 hemos
incrementado en casi un millón de pasajeros el número de personas que
utilizan la alta velocidad. Y es por eso que en el 2017 vamos a
conseguir invertir un 35% más de lo que invertimos en el año 2016.
¿Hacia dónde va a ir esa inversión? Pues hacia los grandes corredores:
Corredor Mediterráneo, Corredor Atlántico, con algunos hitos de obra que
van a finalizar ya en este mismo año, por ejemplo, el tramo entre
Antequera y Granada, la conexión con Murcia ya en superficie, el
Castellón-Valencia que se encuentra en pruebas. Son tres ejemplos claros
de ese avance que se está dando en la alta velocidad.
P. ¿Habrá competencia privada en el AVE?
R. De la misma manera que la habrá en Francia, en
Alemania y en el resto de países europeos. Será en 2020 cuando se
liberalice el transporte de pasajeros en la UE. Nos estamos preparando
internamente para lo que va a ser un mercado muy competitivo,
preparándonos desde el punto de vista de la estructura interna. Estamos
dando pasos que todavía tienen que ser completados y preparándonos
también para diseñar y plantear nuevos servicios con los que podamos
competir mejor con operadores, por ejemplo, extranjeros. Renfe tendrá
también la oportunidad, a partir del año 2020, de competir en otros
mercados fuera.
P. ¿Y la red convencional?
R. Además del AVE, los pasajeros de la red
convencional han crecido en lo que va de año un 4%, es un crecimiento
espectacular. Es un récord histórico de pasajeros el que tiene en estos
momentos Renfe. Estamos trabajando en el plan de renovación más
ambicioso de modernización y sustitución de material rodante que
arrancará en 2018, con la sustitución de muchos de los trenes que ya
están obsoletos de cercanías y de la red convencional, con una inversión
que superará la de 1.600 millones de euros que han costado los últimos
trenes AVE adquiridos este año.
P. ¿Y mercancías?
R. Hemos aprobado un plan de saneamiento para
Mercancías hasta 2020 que ya está dando resultados muy positivos porque
hemos aumentando los ingresos un 3% este año, frente a las caídas de
años anteriores. Y próximamente, vamos a convocar un concurso para la
asesoría y acompañamiento de lo que tiene que ser este proceso para la
incorporación de un socio privado, aunque Renfe continuará teniendo la
mayoría.
