MURCIA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y la directora general del Mar Menor de la Comunidad Autónoma, Miriam Pérez, han entregado este lunes al fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, la documentación que este les había reclamado sobre el episodio de anoxia que sufrió la laguna salada el pasado agosto.
Fuentes de la fiscalía han dicho que durante la declaración como testigos de ambos, Díaz Manzanera los ha interrogado sobre dicha documentación, aunque hasta que estudie su contenido no resolverá sobre el recorrido que tendrán las actuaciones, que son consecuencia de la denuncia presentada por el gobierno regional contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La directora general del Mar Menor, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, ha acudido a declarar a las 10.00 horas de este lunes y ha mostrado su "total colaboración" con la Fiscalía, a la que ha aportado la documentación que ha requerido. El presidente de la CHS, por su parte, declaró posteriormente.
Durante su declaración, Miriam Pérez ha insistido en la responsabilidad de la administración central, mientras que el presidente de la CHS lo ha negado con la documentación aportada, en la que se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el órgano de cuenca en los últimos años para evitar los vertidos contaminantes.
Todo ello, según ha recordado Pérez, en el contexto de la denuncia interpuesta por el Gobierno regional contra el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico "a raíz de que no han hecho las medidas que son necesarias para rebajar o eliminar los nutrientes que entran al Mar Menor a través de la rambla del Albujón y a través del acuífero".
Cabe recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las diligencias y devolvió al Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, la denuncia presentada por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la aparición de peces muertos el pasado mes de agosto.
En concreto, el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo establecía que debe ser la Fiscalía de la Región de Murcia la que abra diligencias para investigar si han incurrido en delito y, por tanto, tomar medidas legales. Esto es, devolvió el asunto a la Fiscalía de la Región de Murcia para que proceda a investigar.
De esta forma continúa el proceso judicial contra el Gobierno de España por su "inacción y falta de compromiso con el Mar Menor, la ausencia de medidas y actuaciones para su protección y recuperación", según señalaron fuentes del Ejecutivo murciano.
Estas diligencias de investigación comenzaron a raíz de la denuncia presentada por la Dirección General del Mar Menor, de la Consejería, contra el Gobierno central, el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por una presunta omisión y falta de diligencia en la actuación en el acuífero Cuaternario, así como por la no retirada de fangos en el Mar Menor.
Una vez analizados los documentos el fiscal superior decidirá si reclama
más informes y si llama a declarar a nuevos testigos, para resolver
finalmente si considera que existen indicios delictivos y si debe actuar
contra los presuntos responsables.
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