La denuncia efectuada personalmente como abogado y relativa a los tránsfugas en la Región de Murcia, se presentó el martes día 23 en Madrid para sacarla de Murcia, "ya que al estar la Justicia más lejos, es mas justicia, y además me dirijo solo a los causantes o personas físicas (no a los partidos) que han cometido delitos con sus actuaciones o gestiones políticas y publicas que afectan a toda la ciudadanía", dice el denunciante.
El hecho de presentarlo en Madrid, en la Audiencia Nacional, es porque la estructura de los partidos es nacional, están en todas las 17 Comunidades Autónomas, donde existen sedes de partidos, y la política realizada afecta a todo el territorio nacional, "cometiendo un presunto delito que traiciona la confianza dada por los votantes a unas determinadas personas, que no le han autorizado a dar sus votos a partidos políticos que los votantes no lo quieren", añade.
"Aquí estamos hablando de tres tránsfugas de Ciudadanos comprados por pago en nombramiento de tres Consejerías y los disidentes de Vox, por otras Consejerías. Y todas estas negociaciones realizadas por el Partido Popular, que habrá que investigar y qué políticos murcianos y de Madrid, actuaron o no en este tipo de negociaciones de cohecho, a través de la Fiscalía anticorrupción de Madrid de la Audiencia Nacional", dice también el letrado.
"Y que si hubiera responsabilidades económicas, se exigirían contra los sueldos altamente retributivos de los culpables, con las correspondientes bajas de dichos cargos, sirviendo como ejemplo presente y futuro, como así la nulidad de los acuerdos dados en fraude de ley, del Ordenamiento Jurídico Penal", concluye el denunciante.
Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal
La denuncia de Diego de Ramón, fechada y sellada el pasado martes, se hace en base al artículo 262 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal al entender que existen suficientes indicios de criminalidad para su investigación en la conductas denunciadas.
El letrado se basa en un presunto delito de corrupción entre particulares y de un supuesto cohecho, señalando a los tres diputados regionales de C's que votaron en contra de la moción presentada por su partido después de respaldar con su propia firma la presentación de la misma. En concreto Isabel Franco Sanchez, Francisco Alvarez Garcia y Valle Miguelez Santiago.
"Los tres tránsfugas, en su condición de diputados son funcionarios públicos, que gestionan acciones políticas publicas, que afectan a todos los ciudadanos (de su propio partido y de terceros no votantes, sus acciones y conductas son públicas) y estos han aceptado un regalo en especie (nombramiento como Consejero), por realizar un acto que entra dentro de las atribuciones del cargo", se dice en la denuncia.
"Las personas responsables son las que han negociado este entramado de comprar las voluntades (que previamente se habían comprometido con su propio partido en la moción de censura, -los tránsfugas- y que después incumpliendo de forma unilateral dieron su voluntad a los responsables que negociaron; en las personas físicas del Gobierno de la Región de Murcia, y que ofrecieron a cambio el ser titulares de varias Consejerías de la Comunidad Autónoma de Murcia, vendiendo asi los deberes que tenían para su compromiso político de diputados en la Asamblea Regional en el partido de Ciudadanos", relata.
"El precio de compra de los tránsfugas era una Consejería en el Gobierno Regional de Murcia, por persona. Dicha compra es un delito previsto en el art. 420 del Código Penal", recuerda De Ramón.
"El móvil presuntamente delictivo es el regalo, que en este caso es un cohecho puro y duro. Tambien se encuadra estos hechos, sobre caso de corrupción entre particulares, tanto los tránsfugas firmantes de la moción de censura, y que incumplen por corrupción o compra de voluntades, en este caso los responsables del Gobierno Regional que llevaron a efecto estas negociaciones de "dar esos regalos en especie, los nombramientos de Consejeros”, con los tránsfugas, teniendo sus dos facetas de cargos públicos y particulares, esto ultimo en cuanto miembros de formaciones políticas entre las cuales se ha practicado el juego sucio de la corrupción por compra", argumenta el letrado murciano.
"Es de aplicación al caso, el art. 286 bis del Código Penal, el que los denunciados son particulares, como hemos dicho antes, los partidos respectivos son "asociaciones" (los partidos son asociaciones de régimen legal especial eso lo dice muchísima jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional)" a su juicio.
Finalmente suplica en su escrito de referencia "que se sigan dichas actuaciones, con la apertura de diligencias informativas, y sean llamados las personas físicas responsables de los Partidos implicados Ciudadanos -los tránsfugas, y las personas físicas del gobierno regional de Murcia, que han negociado esas conductas presuntamente punibles, pudiendo ampliar si fuera oportuno a aquellos diputados disidentes que también dieron su voto, por futuros e inmediatos nombramientos de cargos públicos en Consejerías, todo ello por ser de hacer en justicia que pido en Madrid, a veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno".
El abogado Mazón ya presentó denuncia en Murcia
El letrado murciano afincado en Madrid, José Luis Mazón, ya había presentado hace una semana denuncia ante los juzgados de Murcia acusando a
Fernando López Miras y a los tránsfugas de Ciudadanos por presuntos
delitos de cohecho y corrupción entre particulares.
Lo hacía en representación de la formación política Contrapoder. Y acusa a López Miras, en «su doble condición de presidente de la Comunidad Autónoma y jefe del partido político al que pertenece», el PP, de «aprobar el acuerdo de compra mediante cargos de consejeros».
Mazón estima que ha existido compra de voluntades del Presidente hacia Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, a quienes se refiere como «los tránsfugas, corrompidos o vendidos». El precio: una Consejería para cada uno.
Este abogado atribuye a los tres tránsfugas la aceptación de «un regalo» en su calidad de funcionarios públicos, por ser diputados de la Asamblea Regional, y de particulares, como «miembro de formaciones políticas entre las cuales se ha practicado el juego sucio de la corrupción por compara venal».
Este abogado murciano dice que lo ocurrido en Murcia no ha sido un tamayazo. Pero advierte de que en el momento en que interviene un supuesto pago o recompensa, como sería el de otorgarles un cargo público, ese hecho ya sería constitutivo de un delito.
«Sin regalo sería un 'tamayazo', pero con regalo ya es un cohecho de libro», afirma en su denuncia.
La denuncia está a la espera de que se asigne al juzgado que corresponda. Tras la reciente reforma del Estatuto de Autonomía, los miembros del Consejo de Gobierno han perdido el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia.
Mazón espera que los tribunales actúen aunque también señala la contaminación política de la justicia en Murcia, tras señalar que en la Región «la cultura de la corrupción está incrustada profundamente en el imaginario colectivo».
Por esa razón, señala, algunos cargos públicos «piensan que están actuando por su derecho a comprar voluntades».
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